STC9061-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9061-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02266-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se resuelve la tutela que \u00c1lvaro Carri\u00f3n Su\u00e1rez promovi\u00f3 contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, extensiva a los intervinientes en el proceso de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea No. 2020-0060-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor pretende que se ordene a la Magistratura enjuiciada que ajuste a derecho la sentencia que emiti\u00f3 el 4 de junio de 2021 dentro del tr\u00e1mite en comento. <\/p>\n
Como fundamento de su solicitud adujo que promovi\u00f3 proceso de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea en contra de la propiedad horizontal Conjunto Residencial Sauce III; no obstante, sus pretensiones no fueron pr\u00f3speras y, aunque promovi\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, la Magistratura accionada confirm\u00f3 la decisi\u00f3n (4 junio 2018). Seg\u00fan el actor, en la sentencia objeto de censura el Tribunal enjuiciado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y, en consecuencia, desconoci\u00f3 sus derechos como poseedor. Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que no se tuvo en cuenta la cosa juzgada constitucional, habida cuenta que soslay\u00f3 que su legitimidad para actuar en el proceso en comento estaba soportada en una sentencia de tutela emitida por el Juzgado 2\u00ba Civil de Peque\u00f1as Causas de Soacha (21 mayo 2018). <\/p>\n
2. La propiedad horizontal Conjunto Residencial Sauce III se opuso a la prosperidad del amparo, para lo cual adujo que la decisi\u00f3n cuestionada no obedece a v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que la decisi\u00f3n proferida por la Magistratura fustigada es razonable. <\/p>\n
La lectura del escrito introductor permite colegir que el accionante se duele de la sentencia emitida en el tr\u00e1mite de la segunda instancia del proceso en comento, por considerar que el Cuerpo Colegiado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al desconocer que, por su condici\u00f3n de poseedor, s\u00ed ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa para promover el proceso de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea referido. <\/p>\n
Revisado el fallo objeto de reproche se hall\u00f3 que para establecer la legitimidad del demandante, el Tribunal invoc\u00f3 art\u00edculo 49 de la ley 675 de 2001, norma que a su tenor literal establece que \u00ab[e]l administrador, el Revisor Fiscal y los propietarios de bienes privados, podr\u00e1n impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de la propiedad horizontal\u00bb; adem\u00e1s, luego de revisar las documentales obrantes en el plenario estableci\u00f3 que el actor no acredit\u00f3 alguna de las calidades mencionadas. Sobre el particular precis\u00f3: <\/p>\n
Acontece, sin embargo, que la calidad que exhibe el actor en este caso es la de poseedor; y si bien la \u201cposesi\u00f3n como simple relaci\u00f3n de dominio de hecho, amparada por el orden jur\u00eddico, implica la vinculaci\u00f3n de una persona a un corpus, como si esa relaci\u00f3n emanara del derecho de propiedad. Por eso se ha dicho con raz\u00f3n, que la posesi\u00f3n no es otra cosa que una exteriorizaci\u00f3n del dominio, un reflejo de este derecho fundamental, ya que el poseedor se vincula a la cosa, como si fuera un propietario\u201d (Cas. Civ. Sent. de 22 de agosto de 1957), lo cierto es que se trata de un presunci\u00f3n iuris tantum que protege al poseedor como due\u00f1o aparente de los bienes, pero no lo vincula a la copropiedad en los t\u00e9rminos en que est\u00e1 atado a ella quien tiene dominio, pues aunque el reglamento de propiedad es la sustancia que permite identificar esa nueva persona jur\u00eddica que surge por el hecho de su constituci\u00f3n, no es el dominio propiamente dicho; a \u00e9l se llega por la declaraci\u00f3n de voluntad que hace quien adquiere una de las unidades privadas que conforman la copropiedad, de aceptar los t\u00e9rminos y condiciones que \u00e9ste prev\u00e9. Y si todo esto gravita en ese \u00e1mbito, es de sind\u00e9resis que solo quien est\u00e9 obligado por esa declaraci\u00f3n de voluntad puede controvertir las decisiones que el conjunto de due\u00f1os que han adherido a esa declaraci\u00f3n, haya adoptado, no otro, lo cual explica por qu\u00e9 la norma enumera de manera restrictiva qui\u00e9nes est\u00e1n legitimados para impugnar ese tipo de decisiones de la asamblea de copropietarios del conjunto al que pertenece el bien. <\/p>\n
Dest\u00e1quese, adem\u00e1s, que la Magistratura s\u00ed tuvo en cuenta la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 2\u00ba de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Soacha (21 de mayo de 2018), para lo cual se\u00f1al\u00f3 \u00abque esa acci\u00f3n constitucional fue promovida con el objeto de que en su calidad de poseedor se le hiciera entrega de un chip de acceso al conjunto y se le adjudicara un parqueadero, que no para que se ponderara la legitimaci\u00f3n que le asiste para impugnar las decisiones de la asamblea y, en todo caso, lo que haya podido sostener el juzgado para sostener para arribar a la concesi\u00f3n del amparo, no vincula a ninguna autoridad diferente que \u201cal propio juez\u201d (Sent. T-688 de 2003)\u00bb. <\/p>\n
De lo expuesto se colige que la autoridad judicial accionada s\u00ed valor\u00f3 los medios suasorios obrantes en el plenario, los cuales fueron contrastados con lo previsto en el art\u00edculo 49 de la ley 675 de 2001. T\u00e9ngase en cuenta que, contrario a lo aducido por el gestor, con lo dispuesto en la sentencia cuestionada no se desconocen sus derechos como poseedor, sino que se distinguen de aquellas prerrogativas exclusivas de quienes tienen la calidad de propietarios, lo cual no resulta arbitrario o irrazonable. <\/p>\n
Entonces, queda demostrado que el anhelo del gestor viene sustentado sobre la base de cuestionar la apreciaci\u00f3n probatoria que el Tribunal adopt\u00f3 en la disputa, lo que revela la verdadera intenci\u00f3n de imponer su propio criterio respecto de la forma en que, a su juicio, debi\u00f3 resolverse el pleito. Reit\u00e9rese que trat\u00e1ndose de la valoraci\u00f3n probatoria, goza el juez natural de amplia discrecionalidad para la libre estimaci\u00f3n de las probanzas recopiladas, lo que limita la intromisi\u00f3n del fallador constitucional a aquellos casos en que se acredite una lesi\u00f3n ius fundamental, circunstancia inexistente en el sub lite, pues el mero inconformismo hermen\u00e9utico del querellante no ostenta la virtud de configurar el defecto f\u00e1ctico invocado. Sobre el particular la Sala ha reiterado que: <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, STC5418-2021, STC6009-2021 entre otras). (Resaltado propio). <\/p>\n
En consecuencia, al quedar establecido que la Magistratura accionada no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho alguna, no queda opci\u00f3n diferente que la de negar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por \u00c1lvaro Carri\u00f3n Su\u00e1rez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9061-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC9061-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02266-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) Se resuelve la tutela que \u00c1lvaro Carri\u00f3n Su\u00e1rez promovi\u00f3 contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55724","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55724","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55724"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55724\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55724"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55724"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55724"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}