STC9072-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9072-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01229-01\u202f\u202f <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la acci\u00f3n de tutela que Sildana Lobaton instaur\u00f3 contra el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de esta capital y la Inspecci\u00f3n 9D Distrital de Polic\u00eda \u2013 Localidad de Fontib\u00f3n \u2013, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los litigios de divisi\u00f3n ad valorem n\u00b0 2017-00038-00 y de pertenencia n\u00b0 2019-00775. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Se colige del escrito genitor que la libelista solicit\u00f3 suspender la diligencia de entrega ordenada en el proceso divisorio n\u00b0 2015-00567, \u00abhasta tanto el (\u2026) rematante NORBERTO MAR\u00cdN MAR\u00cdN no acredite en debida forma la inscripci\u00f3n de la subasta (\u2026) y que es el titular del derecho de dominio (sic.)\u00bb. <\/p>\n
En s\u00edntesis, indic\u00f3 que pertenece a la poblaci\u00f3n de la tercera edad, padece de una discapacidad y act\u00faa como demandada en el divisorio promovido por Ernesto Carranza ante el estrado convocado; no obstante, si bien le fue concedido el amparo de pobreza no tuvo una defensa t\u00e9cnica apropiada de los profesionales que le asignaron. <\/p>\n
Adujo que en el decurso hubo diferentes irregularidades por parte de la c\u00e9lula judicial encartada, entre ellas: i) admiti\u00f3 la demanda respecto de un bien inmueble que hace parte de otro de mayor extensi\u00f3n, donde el actor y ella tienen la posesi\u00f3n de unos derechos de cuota que les asign\u00f3 el Juzgado 20 de Familia de Bogot\u00e1 en un proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, por lo que, no existe t\u00edtulo de propiedad y pese a ello tramit\u00f3 el asunto en su totalidad conforme al \u00abcertificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble de mayor extensi\u00f3n\u00bb, aportado por el promotor; ii) orden\u00f3 la venta en subasta p\u00fablica y adjudic\u00f3 el predio al \u00ab\u00fanico postor\u00bb, de ah\u00ed que, desconoci\u00f3 la \u00abanotaci\u00f3n 106\u00bb, donde se halla inscrita una demanda de pertenencia que impulsa actualmente en contra de la sociedad titular del dominio, cuyo conocimiento corresponde al Juzgado 28 Civil Municipal de Bogot\u00e1; iii) comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n 9D Distrital de Polic\u00eda para que efectuara la diligencia de entrega, la cual inici\u00f3 el 28 de mayo de 2021 y se le neg\u00f3 su derecho de defensa por cuanto esa autoridad no admiti\u00f3 la oposici\u00f3n que present\u00f3 y, en cambio, le otorg\u00f3 plazo para entregar el inmueble hasta el 30 de junio de 2021; y iv) el remate no est\u00e1 inscrito en el folio de matr\u00edcula y, por tanto, no se puede celebrar la diligencia. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que en el proceso materia de escrutinio se agotaron las etapas de rigor, de ah\u00ed que, orden\u00f3 la subasta del bien ra\u00edz, con fundamento en el t\u00edtulo de dominio presentado por el demandante. A su vez, adujo que el amparo carece del presupuesto de subsidiariedad ya que las irregularidades esbozadas por la actora pudieron ser planteadas a t\u00edtulo de excepciones de m\u00e9rito durante la etapa respectiva y, en general, existen otras oportunidades donde puede cuestionar las razones o sustento de la demanda divisoria. <\/p>\n
El Director Jur\u00eddico de la Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad del reclamo ya que, seg\u00fan inform\u00f3 la Inspecci\u00f3n 9D Distrital de Polic\u00eda, el acto procesal censurado inici\u00f3 el 28 de mayo de 2021, ocasi\u00f3n donde se identific\u00f3 y alinder\u00f3 el inmueble, as\u00ed mismo, se puso de presente a la gestora la improcedencia de su oposici\u00f3n a la diligencia por haber sido el bien ra\u00edz objeto de remate, am\u00e9n de disponerse un plazo para que \u00e9sta realice \u00abla entrega voluntaria\u00bb para el 27 de junio 2021 a las 2:00 pm, de lo contrario, se llevar\u00eda a cabo con apoyo de la fuerza p\u00fablica el 30 de junio de 2021 a las 8:30 am. <\/p>\n
El Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal a que se refiere la accionante est\u00e1 archivada desde el a\u00f1o 2014, mientras que la apoderada designada en el amparo de pobreza se\u00f1al\u00f3 que ha desplegado todas las actuaciones correspondientes a su cargo. <\/p>\n
3. El a-quo desestim\u00f3 el ruego por no satisfacer el presupuesto de subsidiariedad por cuanto <\/p>\n
(\u2026) a partir de la revisi\u00f3n de la documentaci\u00f3n aportada y conforme lo manifest\u00f3 el juzgado de conocimiento, la demandada no promovi\u00f3 medios exceptivos, situaci\u00f3n que le impide, ahora que ya se remat\u00f3 el bien y se orden\u00f3 su entrega, oponerse a la misma con argumentos que debi\u00f3 plantear en las oportunidades procesales referidas, ante la expresa prohibici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 456 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone: \u201c\u2026no se admitir\u00e1n en la diligencia de entrega oposiciones\u201d trat\u00e1ndose de bienes rematados, como en este caso. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, tampoco puede evocar en esta sede constitucional presuntas omisiones o irregularidades del tr\u00e1mite procesal que se adelant\u00f3 en el juicio, pues al margen que hubieren tenido ocurrencia, conforme a su relato, se presentaron desde la admisi\u00f3n de la demanda en el a\u00f1o 2015, por lo que \u201c\u201csi existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a \u00e9l y, adem\u00e1s, pudiendo evitarlo, permite que su acci\u00f3n caduque, no podr\u00e1 m\u00e1s tarde apelar a la acci\u00f3n de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acci\u00f3n de tutela podr\u00eda hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u201d. (Subrayas del texto original) <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El ruego de Sildana Lobaton debe desestimarse y, en consecuencia, ser\u00e1 confirmado el prove\u00eddo opugnado, toda vez que en relaci\u00f3n con algunos reparos no se satisfacen los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, mientras que, respecto de otro, el razonamiento de la Inspecci\u00f3n 9D Distrital de Polic\u00eda \u2013 Localidad de Fontib\u00f3n \u2013 aqu\u00ed reprochados no lucen arbitrarios o caprichosos, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En primero lugar, acerca de los reproches concernientes a i) la admisi\u00f3n del libelo con fundamento en el \u00abcertificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble de mayor extensi\u00f3n\u00bb, aportado por el all\u00e1 promotor y ii) la venta donde se adjudic\u00f3 el bien inmueble a Norberto Mar\u00edn Mar\u00edn, desconoci\u00e9ndose la \u00abanotaci\u00f3n 106\u00bb, donde se halla inscrita una demanda de pertenencia, cabe observar que no superan el requisito de temporalidad, ya que los prove\u00eddos a que hace alusi\u00f3n datan del 10 de julio de 2015 y 14 de septiembre de 2020, respectivamente, luego entonces, hasta la formulaci\u00f3n de este reclamo (15 jun. 2021), han trascurrido m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os, en cuanto al primero y nueve (9) meses en torno al segundo, es decir, se excedi\u00f3 el lapso que esta Corporaci\u00f3n ha considerado razonable para acudir a esta senda excepcional. Tardanza que, adem\u00e1s, no fue justificada por la interesada. <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, esta Colegiatura ha enfatizado que <\/p>\n
(\u2026) aunque no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponerlo, se impone ejercerlo dentro de un \u00abplazo razonablemente prudencial\u00bb a efectos de que no se desnaturalice su objeto que no es otro que la \u00abprotecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales\u00bb de la persona. <\/p>\n
As\u00ed acontece porque aunque la ley no prev\u00e9 un l\u00edmite temporal en el cual debe operar el decaimiento del empe\u00f1o frente al quehacer jurisdiccional por falta del comentado elemento, \u00abs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u00bb, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u00abseis meses\u00bb contados a partir de que se dict\u00f3 la \u00abprovidencia\u00bb batallada en procura de que la aspiraci\u00f3n ius fundamental \u00abno pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC3156-2019, reiterada, en CSJ STC6917-2020, CSJ STC196-2021 entre otras). <\/p>\n
En segundo lugar, sobre la pretensi\u00f3n y reparo de suspender la diligencia de entrega hasta que la subasta del bien ra\u00edz no se registre en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos carecen del presupuesto de subsidiariedad que impone a quien se crea lesionado en sus derechos fundamentales agotar previamente los instrumentos ordinarios de defensa contemplados en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Se afirma lo anterior porque una vez revisado el expediente materia de an\u00e1lisis se corrobor\u00f3 que la inconforme no refut\u00f3 oportunamente a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n el auto proferido por el juzgado cognoscente, donde orden\u00f3 la diligencia de entrega y comision\u00f3 al Inspector de Polic\u00eda para practicarla (8 feb. 2021), pese a la autorizaci\u00f3n expresa que consagra el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone \u00ab[s]alvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la recurrente no puede servirse v\u00e1lidamente de esta v\u00eda residual para solventar su incuria, apat\u00eda, desatenci\u00f3n o desconocimiento de la ley, ya que sin lugar a duda era a trav\u00e9s del remedio horizontal, el escenario propicio para hacer valer los derechos cuyo desmedro hoy pregona o discutir la irregularidad denunciada. La Sala en supuestos similares al aqu\u00ed estudiado ha indicado, que <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC5524-2021). <\/p>\n
Por otro lado, debe connotarse que la desatinada gesti\u00f3n de los letrados no legitima a las partes para controvertir de manera extempor\u00e1nea las decisiones judiciales adversas o excusarse de los eventuales descuidos e inclusive desafortunada teor\u00eda del caso. En otras palabras, <\/p>\n
(\u2026) no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 00508 -01)\u00bb (CSJ STC19505-2017, CSJ STC265-2020, CSJ STC STC3173-2021). <\/p>\n
En tercer lugar, frente al reparo de la presunta conculcaci\u00f3n del derecho de defensa por parte de la Inspecci\u00f3n 9D Distrital de Polic\u00eda por rechazar la oposici\u00f3n de la actora en la diligencia iniciada el pasado 28 de mayo y, en cambio, otorgarle plazo para entregar voluntariamente el inmueble hasta el 30 de junio del presente a\u00f1o, resulta viable colegir que, tras revisar el auto de 28 de mayo emitido por esa autoridad, tampoco se advierte la configuraci\u00f3n de alguna causal especial de procedibilidad que desencadene en agravio alguno, porque no luce arbitraria, am\u00e9n de ce\u00f1irse a la normatividad que regula la materia. <\/p>\n
Esta Sala recuerda que, si bien la disposici\u00f3n 309 del C\u00f3digo General del Proceso regula las \u00aboposiciones en la entrega de bienes\u00bb, existen normas especiales que prescriben la improcedencia de la \u00aboposici\u00f3n a la entrega\u00bb cuando en el curso del mismo proceso el bien fue secuestrado, verbi gratia el art\u00edculo 308, numeral 4\u00b0, y el precepto 456 ibidem. <\/p>\n
En un caso de contornos similares esta Corporaci\u00f3n decant\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) esta Sala en reciente pronunciamiento al estudiar la procedencia de oposici\u00f3n en la diligencia de entrega de un bien rematado, de cara al art\u00edculo 456 del C\u00f3digo General del Proceso, expuso: <\/p>\n
\u2026[e]n punto al rechazo de la \u201coposici\u00f3n\u201d planteada en el acto de \u201centrega\u201d, el ruego fracasa por cuanto ninguna irregularidad se desprende de aquel prove\u00eddo, pues en contradicci\u00f3n a lo aseverado por el quejoso, la determinaci\u00f3n confutada se ajusta a los postulados normativos del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, si bien la disposici\u00f3n 309 de ese cuerpo normativo regula las \u201coposiciones en la entrega de bienes\u201d, existe norma especial contenida en el art\u00edculo 456 \u00eddem1, la cual disciplina \u201cla entrega del bien rematado\u201d, como acontece en el asunto auscultado, estipulando all\u00ed: \u201cno se admitir\u00e1n en la diligencia de entrega oposiciones\u201d. <\/p>\n
Bajo tales lineamientos, emerge diamantino la imposibilidad de viabilizar la afrenta al desalojo, como lo anhela el aqu\u00ed accionante por mandato expreso del legislador. <\/p>\n
Tales premisas se muestran acorde con lo decidido por la falladora al desde\u00f1ar la \u201coposici\u00f3n\u201d clamada por el hoy gestor. <\/p>\n
Fulgura entonces la razonabilidad de las determinaciones cuestionadas, tornando impeditiva la injerencia de esta excepcional jurisdicci\u00f3n (CSJ, STC3336-2019, 18 mar., rad. 2019-00212-01, reiterada en CSJ STC6285-2021). <\/p>\n
Finalmente, pese a que a la accionante aduce ser persona de la tercera edad con discapacidad, este resguardo tampoco prospera como mecanismo transitorio porque el planteamiento no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un simple enunciado, habida cuenta que no se advierte ni acredita una situaci\u00f3n actual de riesgo inminente ni la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
\u201c[e]l hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto. (CSJ STC 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado el 31 de octubre del mismo a\u00f1o, exp. 00426-01 y en STC6290-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el prove\u00eddo opugnado deber\u00e1 refrendarse con base en los argumentos esbozados que explicaron la ausencia de subsidiariedad e inmediatez, am\u00e9n que la providencia relacionada con la diligencia de entrega por parte de la Inspecci\u00f3n 9D Distrital de Polic\u00eda no luce arbitraria o antojadiza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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