STC9075-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9075-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 17001-22-13-000-2021-00107-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Adriana Milena Alzate Arango frente a la sentencia de 23 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1, extensiva a los intervinientes en el litigio con radicado n\u00b0 2010-00146. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pretende que se \u00ab[d]eclar[e] la nulidad (\u2026) del Auto Interlocutorio No. 14 del 25 de enero [de] 2021, notificado en el Estado Nro. 07 del 26 de enero de 2021\u00bb y, como resultado de ello, se ordene al despacho fustigado \u00abcontinuar el tr\u00e1mite procesal, restablecer las medidas cautelares que fueron levantadas y permitir la actuaci\u00f3n de un nuevo profesional del derecho que le d\u00e9 impulso al proceso\u00bb. <\/p>\n
Como sustento, se\u00f1al\u00f3 que fungi\u00f3 como demandante en proceso ejecutivo, el cual se termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito a trav\u00e9s de la providencia en cuesti\u00f3n (25 ene. 2021). Su reproche radic\u00f3 en que el abogado que la representaba renunci\u00f3 al poder, por lo que solicit\u00f3 (13 ene. 2021) al juzgado copia del expediente con el fin de buscar un nuevo apoderado, reproducci\u00f3n que solo le fue enviada hasta el 28 de enero hoga\u00f1o, sin que pudiera recurrir el prove\u00eddo porque en \u00e9l no se indic\u00f3 los recursos que proced\u00edan, aunado a que carec\u00eda de defensa t\u00e9cnica. Finalmente, adujo que su petici\u00f3n dio impulso al proceso, por ende, no era procedente su terminaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Boyac\u00e1 indic\u00f3 que \u00abel proceso (\u2026) se termin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito de las pretensiones mediante auto del 25 de enero de 2021, tras verificar que el expediente se mantuvo inactivo en la secretar\u00eda del Despacho durante dos (2) a\u00f1os, atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 317 numeral 2 literal b del C.G.P.\u00bb. Los dem\u00e1s intervinientes guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Tribunal declar\u00f3 improcedente el amparo, al considerar que la interesada no cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad porque \u00abel asunto cuestionado ten\u00eda sus medios propios para su debate dentro del proceso ejecutivo, sin que los mismos hayan sido agotados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La libelista impugn\u00f3 la decisi\u00f3n fincada en argumentos similares a los inicialmente expuestos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar, toda vez que no se cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Ciertamente, Adriana Milena Alzate Arango radic\u00f3 demanda ejecutiva cuyo conocimiento asumi\u00f3 la agencia del circuito cuestionada, quien, por medio de auto de 25 de enero de 2021, el cual fue notificado por estado al d\u00eda siguiente, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, sin que se recurriera el mismo. <\/p>\n
Con ese panorama, debe se\u00f1alarse que el ruego es improcedente porque no se dio cabal cumplimiento al requisito de residualidad que impera en esta materia, toda vez que el prove\u00eddo en comento no fue impugnado por la censora, de modo que desperdici\u00f3 la oportunidad con la que contaba para discutir, ante el juez natural, los reparos que aqu\u00ed trajo y ello se traduce en que se acudi\u00f3 a este mecanismo excepcional sin haber agotado todos los mecanismos ordinarios de defensa judicial. <\/p>\n
Al respecto esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (STC7966-2018). <\/p>\n
Ahora, las razones esbozadas por la quejosa para justificar su incuria no cambian el panorama aludido, pues, de un lado, la renuncia de su abogado no ten\u00eda la virtualidad de suspender el proceso, por lo que estaba en la obligaci\u00f3n de interponer los recursos en tiempo dado su car\u00e1cter preclusivo. Y del otro, porque la falta de defensa t\u00e9cnica no la exime, pues esta Corte ha insistido que en materia civil \u00abs\u00ed en criterio de la gestora el desenlace del juicio deriv\u00f3 de la negligencia del abogado que la asisti\u00f3, ello no resulta suficiente para acreditar la afectaci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales, aunado a que est\u00e1 facultada para denunciar tal situaci\u00f3n ante las autoridades disciplinarias respectivas\u00bb (CSJ STC7594-2021). <\/p>\n
En eventos como este, la Corte ha indicado: <\/p>\n
(\u2026) en relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (\u2026) (subrayado en texto)\u00bb (CSJ. STC, 22 en. 1999, rad. 05715, reiterado STC4850-2017, 5 ab. rad. 00772-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, deber\u00e1 convalidarse el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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