STC9080-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9080-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02283-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Flor Alba Mendoza Pulido contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 29 Civil del Circuito de esta misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice conculcados por las autoridades convocadas, por lo que pidi\u00f3 que \u00abrevocar las sentencias\u00bb dictadas en el juicio criticado. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Flor Alba Mendoza Pulido promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria contra Nubia Yaneth Villamar\u00edn C\u00e1rdenas y Samuel Su\u00e1rez Vargas, que fue desestimada con sentencia del 23 de octubre de 2019 al encontrarse probada la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria directa\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandante, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia del 10 de julio de 2020. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abno oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva del pagar\u00e9 fuente de la\u2026 ejecuci\u00f3n, por cuanto se dio estricto cumplimiento al art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, por lo que la presentaci\u00f3n de la demanda tuvo el efecto de interrumpir el mencionado plazo extintivo; y que los falladores acusados desconocieron que, en su declaraci\u00f3n de parte, la demandada \u00abse\u00f1al\u00f3 que el \u00faltimo abono que realiz\u00f3 el 31 de mayo de 2014, por lo que desde esta fecha se debe empezar a contar nuevamente el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 destac\u00f3 que \u00abno se vislumbra una vulneraci\u00f3n al debido proceso (al agotarse en debida forma cada una de las etapas, as\u00ed como en la incursi\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las leyes aplicables) y tampoco una vulneraci\u00f3n al derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Central de Inversiones SA dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del prenotado requisito de inmediatez, atendiendo que la \u00faltima de las decisiones cuestionadas data del 10 de julio de 2020. <\/p>\n
Entonces, entre dicha data (10 de julio de 2020) y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 8 de julio de 2021, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
3. Lo anterior resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
4 <\/p>\n
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