STC9081-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9081-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02305-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Vigilancia Acosta Limitada contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Segundo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se \u00abdeclare la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tutela\u2026\u00bb; y se \u00abarchive el incidente de desacato que se encuentra en curso en [su] contra\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Alexander Castillo Granda instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra Vigilancia Acosta Limitada, EPS Sanitas y Colpensiones, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Popay\u00e1n, el que en sentencia de 5 de noviembre de 2020 concedi\u00f3 el amparo, declar\u00f3 la ineficacia de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo y orden\u00f3, entre otras cosas, a Vigilancia Acosta Limitada reintegrar al all\u00ed accionante a un cargo de igual naturaleza al que ven\u00eda desempe\u00f1ando, compatible con su condici\u00f3n de salud, as\u00ed como el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir y de una indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Tras ser impugnada dicha determinaci\u00f3n por Colpensiones y EPS Sanitas, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de esta ciudad en fallo de 14 de diciembre siguiente modific\u00f3 los numerales 5 y 6 de la sentencia respecto de \u00f3rdenes dirigidas a Colpensiones. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, Castillo Granda present\u00f3 incidente de desacato, en donde Vigilancia Acosta Limitada deprec\u00f3 la nulidad por no haber sido notificada del tr\u00e1mite, la que fue denegada el 25 de enero de 2021, decisi\u00f3n que fue recurrida pero desestimados los recursos; y el 1\u00ba de febrero siguiente se declar\u00f3 en desacato a la referida sociedad y se le impuso multa de 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, empero, el Tribunal acusado decret\u00f3 la invalidez de lo actuado por falta de vinculaci\u00f3n de Jairo Humberto Acosta Mart\u00ednez. <\/p>\n
2.4. En prove\u00eddo de 19 de febrero de 2021 se decidi\u00f3 sancionar al aludido representante legal por el incumplimiento de la orden de tutela, decisi\u00f3n confirmada por el ad-quem el 26 de febrero de los corrientes. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 la sociedad accionante que el 13 de enero de 2021 el \u00e1rea de gesti\u00f3n humana recibi\u00f3 una llamada del estrado acusado, en la que le informaron de la existencia de una tutela y de un incidente de desacato en curso; que no fue notificada en debida forma; y que solo hasta el 26 de enero siguiente le remitieron el expediente respectivo. <\/p>\n
2.6. Se\u00f1al\u00f3 que se desestim\u00f3 la nulidad impetrada con fundamento en que si bien el despacho no se logr\u00f3 comunicar con la empresa, lo cierto era que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n constitucional en virtud de la comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica efectuada; que en el expediente no hay soportes de las supuestas llamadas realizadas; que pese a los requerimientos, el all\u00ed accionante no aport\u00f3 los distintos correo de contacto que conoc\u00eda; y que los oficios tampoco se enviaron a la direcci\u00f3n f\u00edsica o al correo consignado en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal. <\/p>\n
2.7. Adujo que no hab\u00eda emitido comunicado para recibir sus enteramientos en el correo que aparec\u00eda en la p\u00e1gina de facebook o en otra red social, pues no son medios reales, constantes ni directos; y que el medio usado no garantizaba que hubiera tenido conocimiento de las actuaciones, m\u00e1s cuando hubo silencio absoluto, lo que demostraba un desconocimiento de la acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
2.8. Sostuvo que el fallador acusado omiti\u00f3 su deber legal; que si bien se argument\u00f3 que efectu\u00f3 una serie de b\u00fasquedas infructuosas, dichas gestiones las realiz\u00f3 con posterioridad a la emisi\u00f3n del fallo y al incidente de desacato; que se desconocieron los precedentes jurisprudenciales atinentes a utilizar los canales m\u00e1s id\u00f3neos y expeditos; que cuando rebot\u00f3 el correo enviado a asistenteghumana@vigilanciaacosta.co no se surti\u00f3 el enteramiento ni tampoco se remiti\u00f3 a la direcci\u00f3n f\u00edsica, por lo que no se pod\u00eda entender surtido su enteramiento, sin que el despacho pudiera remitirse a una red como facebook, pues est\u00e1 permeada de informaci\u00f3n y contenido ambiguo. <\/p>\n
2.9. Afirm\u00f3 que el juzgador indic\u00f3 que ingres\u00f3 a la p\u00e1gina RUES en donde intent\u00f3 establecer el correo que reposaba en el certificado, empero, ello se hace directamente en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, en el que estaba consignada su direcci\u00f3n electr\u00f3nica; y que se emiti\u00f3 un fallo adverso, sin darle la oportunidad de contradecir y defenderse. <\/p>\n
2.10. Refiri\u00f3 que todas las acciones de b\u00fasqueda se realizaron cuando ya se hab\u00eda emitido sentencia; que las redes sociales son medios de interacci\u00f3n, empero, no se present\u00f3 la misma con el despacho criticado; y que el estrado \u00abpudo evidenciar que rebotaban los correos enviados (info@vigilanciaacosta.com.co y a asistenteghumana@vigilanciaacosta.com.co), teniendo en cuenta que de manera insistente se manifest\u00f3 que el correo de notificaciones judiciales es comercial@vigilanciaacosta.com.co\u00bb. <\/p>\n
2.11. Asever\u00f3 que se configur\u00f3 un perjuicio irremediable, por cuanto se le ocasionaba un da\u00f1o con la condena, el pago de sanciones y el reintegro del tutelante inicial, sin siquiera haber tenido la oportunidad procesal de defenderse; que el Decreto 806 de 2020 precis\u00f3 que la notificaci\u00f3n por medios digitales era una herramienta adicional, no principal, que las personas jur\u00eddicas deb\u00edan estar debidamente registradas y se ten\u00eda que constatar si la comunicaci\u00f3n le lleg\u00f3 al destinatario con la herramienta dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
2.12. Agreg\u00f3 que no solo se deb\u00eda surtir el tr\u00e1mite propio de la notificaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n que la misma deb\u00eda efectuarse en debida forma y de acuerdo a las formalidades expresamente instituidas por el legislador, es decir, agotar todos los mecanismos dispuestos para hacerla de manera personal, y s\u00f3lo cuando no sea posible, subsidiariamente, recurrir a las otras formas dispuestas en la ley. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo de Familia de Popay\u00e1n realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que su actuar era ajustado a derecho, sin que se le pueda endilgar falta diligencia en el enteramiento de los entes accionados, pues tal como dan cuenta las pruebas que obran en el expediente, busc\u00f3 por todos los canales poner en conocimiento de la ahora accionante la tutela instaurada; que en la tutela inicial se suministr\u00f3 una direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n corporativa, a la que no se pod\u00edan remitir comunicaciones, empero, en esa p\u00e1gina obtuvo el n\u00famero de contacto telef\u00f3nico, intentando comunicaci\u00f3n sin \u00e9xito alguno; que por tal raz\u00f3n opt\u00f3 por la ayuda de herramientas tecnol\u00f3gicas, hallando la direcci\u00f3n de la empresa de vigilancia en facebook; que no era posible aportar las comunicaciones fallidas, pues no quedaban registradas en las facturas de cobro; que no encontr\u00f3 direcci\u00f3n electr\u00f3nica en el RUES, en donde tampoco reposaba el registro mercantil, pues en Bogot\u00e1 no exist\u00eda y para la seccional del Cauca se encontraba cancelado; que con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria, se dio privilegio a las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n, suspendiendose el servicio de franquicia para comunicaciones; que desconoc\u00eda las razones por las que el actor Castillo Granda no inform\u00f3 todas las direcciones electr\u00f3nicas que conoc\u00eda. <\/p>\n
Precis\u00f3 que cumpl\u00eda con el deber de administrar justicia, al margen de los intereses que existieran dentro de los procesos que tramitaba; que presumir la mala fe en el juzgado, insinuando un actuar por fuera del marco legal, implicaba desprestigiar su buen nombre y honestidad; que si el abogado de la entidad actora consideraba que se hab\u00edan llevado a cabo actuaciones por fuera del marco de ley, deb\u00eda acudir a los medios dispuestos por el ordenamiento jur\u00eddico para denunciarlos; que ante los diferentes entes donde aquel solicit\u00f3 una vigilancia administrativa, guard\u00f3 silencio respecto del correo al que se remitieron las comunicaciones (info@vigilanciaacosta.com), pues no neg\u00f3 que perteneciera a la empresa, que se encontrara deshabilitado para fines de comunicaci\u00f3n con la entidad o que una vez revisado hubiese evidenciado que los mensajes remitidos no los encontraba. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el hecho de que considerara que la informaci\u00f3n contenida en su p\u00e1gina de facebook no era real, constante y directa, no era su responsabilidad, en tanto que el manejo que la entidad le daba a sus canales electr\u00f3nicos de comunicaci\u00f3n era de su absoluta responsabilidad; que desde que se emiti\u00f3 el fallo, la ahora accionante hab\u00eda limitado su intervenci\u00f3n a solicitar la nulidad de lo actuado en la acci\u00f3n de tutela y el posterior desacato, sin controvertir en modo alguno la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la acci\u00f3n o realizar el aporte probatorio que permitiera determinar que no se estaban vulnerando los derechos de su ex colaborador; y que el fallo proferido no era resultado de su percepci\u00f3n subjetiva sino de un juicioso an\u00e1lisis de hechos y pruebas recaudadas, as\u00ed como de la aplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial. <\/p>\n
2. La EPS Sanitas refiri\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues no contaba con las facultades y competencias legales para atender las peticiones de la accionante; que las actuaciones adelantadas por esa entidad se hab\u00edan ajustado a la normatividad vigente; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. Con fundamento en tales premisas, advierte la Sala que la sociedad accionante dirigi\u00f3 su queja frente a la falta de notificaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional que accedi\u00f3 al ruego propuesto por Alexander Castillo Granda contra Vigilancia Acosta Limitada, EPS Sanitas y Colpensiones, pidiendo que se declare la nulidad de dicha actuaci\u00f3n, as\u00ed como que se ordene el archivo del desacato adelantando a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En punto a la improcedencia de esta herramienta supralegal respecto a decisiones adoptadas en actuaciones de la misma naturaleza, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026el derecho de amparo constitucional no procede contra sentencias judiciales dictadas en el curso de tutela anterior, debido a que, de admitirse tal posibilidad, se permitir\u00eda una espiral sin l\u00edmite de acciones de dicha estirpe en procura de discutir las decisiones que deben cumplirse antes que someterse nuevamente a juicio de id\u00e9ntica naturaleza, pues no puede soslayarse el hecho relevante que lo considerado son garant\u00edas superiores, al extremo que, si el debate se reinicia, tales derechos y su vigencia en cada caso particular resultar\u00edan atacados y erosionada en forma profunda la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe comportar\u2026 Igualmente, ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos (CSJ STC, 2 oct. 2008, rad. 01619-00; reiterada en STC8097-2016, 16 jun., rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
En el mismo sentido se ha resaltado que: <\/p>\n
\u2026\u2018ante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela al ocuparse de la pertinente decisi\u00f3n, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u2019 (expedientes 2006-01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional (CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01; reiterada en STC8097-2016, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
2.2. Con apoyo en lo dicho, es palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una decisi\u00f3n de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n frente a la dictada por el a-quo y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una decisi\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, la petici\u00f3n elevada por la actora no puede ser atendida. <\/p>\n
3. Ahora bien, no olvida la Corte que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio…[,] para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (se destac\u00f3 – STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC, 7 abr. 2016, rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
No obstante, aunque la aqu\u00ed inconforme concentr\u00f3 su queja en ese \u00faltimo supuesto, cuesti\u00f3n que tambi\u00e9n aleg\u00f3 en el tr\u00e1mite constitucional fustigado, lo cierto es que el resguardo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto que la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 la nulidad planteada por aquella, no se muestra arbitraria, pues all\u00ed consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026En relaci\u00f3n a la nulidad invocada y acorde a los argumentos en que se sustenta la misma, este juzgado considera pertinente referirse de manera preliminar a los eventos que se realizaron con el fin de adelantar la notificaci\u00f3n de la entidad de la siguiente manera: <\/p>\n
La acci\u00f3n de tutela interpuesta se\u00f1alaba como correo electr\u00f3nico de la entidad \u201cwww.vigilancia acosta ltda.com\u201d siendo esta la denominaci\u00f3n de la p\u00e1gina electr\u00f3nica de la entidad, m\u00e1s no el correo electr\u00f3nico, de manera reiterada e infructuosa se trat\u00f3 de establecer contacto con el accionante a fin de que proporcionara alg\u00fan dato que permitiera la notificaci\u00f3n, pues verificados los anexos correspondientes a la acci\u00f3n de tutela, m\u00e1s exactamente una certificaci\u00f3n laboral y la carta que le hab\u00eda sido enviada con motivo de su desvinculaci\u00f3n, solo contaban con un n\u00famero telef\u00f3nico que no obstante insistir en varias oportunidades no se obtuvo respuesta, adicionalmente en la carta de desvinculaci\u00f3n no fue posible establecer el nombre del representante legal o del representante jur\u00eddico de la empresa por cuanto la misma no cuenta con firma alguna solo dice \u201clas directivas de la empresa\u201d. <\/p>\n
Posterior a lo indicado anteriormente, se ingresa a la p\u00e1gina del RUES (REGISTRO \u00daNICO EMPRESARIAL) para tratar de establecer el correo electr\u00f3nico que reposa en los certificados de C\u00e1mara de Comercio, encontrando el registro de varias sucursales, entre ellas la de Popay\u00e1n que figura \u201ccancelada\u201d no encontrando registro para oficina central en Bogot\u00e1. De la b\u00fasqueda en internet, se obtuvo la p\u00e1gina de Facebook, la cual se revisa constatando que registra como correo electr\u00f3nico para informaci\u00f3n sobre la empresa info@vigilanciacosta.com y de igual manera de la informaci\u00f3n corporativa contenida en la p\u00e1gina, se env\u00eda al correo m\u00e1s af\u00edn con el objeto de la tutela, esto es asistenteghumana@vigilanciaacosta.com.co, el cual rebota por no encontrar la direcci\u00f3n, no obstante, el remitido al primer correo se\u00f1alado no presenta inconveniente en su env\u00edo, adicional a ello se observa se eleva una PQR con registro 202000466 a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, solicitando se informe al juzgado que datos respecto de correo electr\u00f3nico se encuentran registrados para la entidad accionada, pero la misma no fue contestada. <\/p>\n
El d\u00eda 15 de enero del presente a\u00f1o, se admite el incidente de desacato en contra de todas las entidades tuteladas, esto es, Colpensiones, Sanitas EPS y Vigilancia Acosta, \u00faltima \u00e9sta que no hab\u00eda actuado ni en primera ni en segunda instancia, por lo que nuevamente se insiste en el n\u00famero telef\u00f3nico, marcando al \u00e1rea de talento humano, siendo atendida por la titular de dicha \u00e1rea, a quien se inform\u00f3 que se hab\u00eda interpuesto un desacato y que ellos no se hab\u00edan pronunciado, d\u00e1ndole las referencias del asunto del que se trataba, a lo cual respondi\u00f3: \u201cEs el asunto del se\u00f1or Castillo Granda, el vigilante del Sena? Ese caso lo tengo bien presente, eso ya se contest\u00f3, nosotros le dimos tr\u00e1mite, d\u00e9jeme yo averiguo, porque ese asunto lo recuerdo muy bien y ya se contest\u00f3\u201d. Al final de la llamada se le brind\u00f3 el dato del correo electr\u00f3nico del juzgado a fin de que remitiera la prueba de haber enviado la respuesta correspondiente y obrar de conformidad, pero lo que se recibi\u00f3 fue el escrito solicitando la nulidad por indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Este estrado debe reiterar, que la informaci\u00f3n respecto de la notificaci\u00f3n tanto del auto admisorio como del fallo de la acci\u00f3n de tutela que nos ocupa, fue remitido a un correo perteneciente a la empresa, puesto que tal evento no ha sido desvirtuado por la accionada, como tampoco lo ha sido el hecho de no haber recibido la comunicaci\u00f3n al correo en cita, pues ninguna prueba se alleg\u00f3 en tal sentido, adicionalmente se verific\u00f3 que una vez remitida la comunicaci\u00f3n de notificaci\u00f3n en ambos casos, la misma no tuvo problema de recepci\u00f3n, dado que el ordenador inform\u00f3 que se hab\u00edan enviado las comunicaciones el 23\/10\/2020 y el 05\/11\/2020, sin que se evidenciara yerro alguno en la remisi\u00f3n aludida. <\/p>\n
Lo anterior, se aviene con el criterio de la Corte Suprema de Justicia expuesto en Sentencia 11001020300020200102500 de fecha 03\/06\/2020, donde en uno de sus apartes rese\u00f1a la decisi\u00f3n lo siguiente: Rad. 2019-00084-01 \u201c\u2026s\u00f3lo bastaba verificar la fecha en que se hizo ese enteramiento, y en el caso examinado qued\u00f3 claro que tuvo lugar el 11 de octubre de 2019, pues seg\u00fan la constancia expedida por el servidor de correo electr\u00f3nico, \u00abse complet\u00f3 la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envi\u00f3 informaci\u00f3n de notificaci\u00f3n de entrega\u00bb (fl. 75, cd. 1), lo que significa que el mensaje se remiti\u00f3 satisfactoriamente y depend\u00eda del destinatario activar su correo, abrir y leer lo all\u00ed remitido. Lo anterior fue ratificado por la mesa de ayuda correo electr\u00f3nico del Consejo Superior de la Judicatura, al se\u00f1alar \u00abse realiza la verificaci\u00f3n del mensaje enviado el d\u00eda 10\/11\/2019 3:36:53 PM desde la cuenta tutelasscfltsarm@cendoj.ramajudicial.gov.co con el asunto: \u201cNotificaci\u00f3n Personal y con destinatario osmarose@rsabogados.co\u00bb, precisando que \u00abuna vez efectuada la validaci\u00f3n en servidor de correo electr\u00f3nico de la Rama Judicial, se confirma que el mensaje descrito \u201cSI\u201d fue entregado al servidor de correo del destino, en este caso el servidor con dominio \u201crsabogados.co\u201d (\u2026)\u00bb (fl. 86, frente y vuelto, ib\u00eddem). Situaci\u00f3n similar a la sucedida en el presente asunto. <\/p>\n
Ahora bien, respecto de la manifestaci\u00f3n de la encartada de que el correo al que se remiti\u00f3 la comunicaci\u00f3n no es el habilitado para efecto de notificaciones, la conducta a seguir al ser un correo institucional, es que deb\u00eda remitirse las comunicaciones respectivas al \u00e1rea encargada, pues dicho argumento no es de recibo para este estrado, m\u00e1xime cuando de la comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica sostenida con el \u00e1rea de gesti\u00f3n humana se manifest\u00f3 \u201cconocer el asunto\u201d y \u201chaberle dado respuesta\u201d, aunado a ello este juzgado despleg\u00f3 toda la actividad necesaria en aras a obtener un correo electr\u00f3nico alterno que permitiera dar m\u00e1s eficacia a la comunicaci\u00f3n y para ello utiliz\u00f3 todos los medios al alcance, tal como se refiri\u00f3 supra y de lo cual reposa prueba en el expediente. <\/p>\n
Tambi\u00e9n quiere referirse este juzgado acerca de la elecci\u00f3n de los correos a los cuales se enviaron las comunicaciones, esto es asistenteghumana@vigilanciaacosta.com.co, el cual fue devuelto o como usualmente se dice \u201crebot\u00f3\u201d, por lo que finalmente solo se envi\u00f3 a info@vigilanciaacosta.com, pues a criterio de este juzgado de los existentes en el directorio corporativo de manera objetiva se consider\u00f3 el m\u00e1s id\u00f3neo, todo siempre en cumplimiento del principio de buena fe que debe revestir las actuaciones judiciales. <\/p>\n
Considera a su vez esta instancia judicial, que se realizaron todas las gestiones encaminadas a poner en conocimiento a trav\u00e9s de un correo alterno al que fue ubicado en las redes sociales de la empresa accionada Vigilancia Acosta Ltda, las decisiones adoptadas, sin que ello desvirt\u00fae la idoneidad de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica a la cual se enviaron las aludidas comunicaciones y en aplicaci\u00f3n de las reglas b\u00e1sicas de manejo de correspondencia, al recibir los escritos en cuesti\u00f3n y percatarse de la falta de competencia para su tr\u00e1mite, era deber del \u00e1rea receptora de la entidad tutelada, dar traslado por competencia a la secci\u00f3n, oficina o \u00e1rea correspondiente, pues la fata de competencia no le exim\u00eda de responsabilidad frente a las notificaciones remitidas. <\/p>\n
Y en efecto, tal conducta es la llamada a desplegarse en caso de que la entidad advierta que no es la competente para resolver determinada petici\u00f3n, como as\u00ed se dispone en el art. 21 de la Ley 1751 de 2915 (sic), Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petici\u00f3n y se sustituye un t\u00edtulo del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al respecto estatuye: Art\u00edculo 21\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, considera este estrado que la vulneraci\u00f3n alegada por la encartada VIGILANCIA ACOSTA LTDA no ocurri\u00f3, por lo que se denegar\u00e1 la solicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la sociedad peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia que resolvi\u00f3 la nulidad impetrada en virtud de la notificaci\u00f3n surtida en el tr\u00e1mite constitucional; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, como el ruego se edific\u00f3 en la supuesta carencia de notificaci\u00f3n, la que no se acredit\u00f3, se entienden tambi\u00e9n derruidas las pretensiones consecuenciales propuestas en el libelo. <\/p>\n
6. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9081-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9081-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02305-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Vigilancia Acosta Limitada contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55739","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55739","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55739"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55739\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55739"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55739"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}