STC9088-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9088-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00952-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 13 de agosto de 20201 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Teresa de Jes\u00fas Luna \u00c1lvarez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00b0 4 de esta Colegiatura, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la actuaci\u00f3n procesal censurada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vida digna, m\u00ednimo vital, salud, seguridad social y \u00abprotecci\u00f3n especial a los adultos mayores\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada en el juicio ordinario laboral que ella inco\u00f3 contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones; Colpatria Administradora de Fondos de Cesant\u00edas y Pensiones S.A., la cual fue absorbida por BBVA Horizonte Pensiones y Cesant\u00edas S.A. hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A.; y el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A., con la finalidad de obtener la nulidad de los traslados a cada una de las administradoras del R\u00e9gimen de Ahorro Individual. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efectos la sentencia de 25 de marzo de 2020 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n N\u00b0 4 de esta Colegiatura y, en consecuencia, se le ordene \u00abemit[ir] un nuevo fallo en el que acate el precedente\u2026 y [se] pronunci[e] respecto del reconocimiento de [su] pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Mar\u00eda Teresa de Jes\u00fas Luna \u00c1lvarez promovi\u00f3 juicio laboral en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. y el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A., con la finalidad de que se declarara la nulidad de los traslados a cada una de las administradoras del R\u00e9gimen de Ahorro Individual y, en consecuencia, se le ordenara a Colpensiones a reconocerle la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien el 21 de abril de 2015 neg\u00f3 las pretensiones; determinaci\u00f3n confirmada el 20 de noviembre siguiente, por el Tribunal. <\/p>\n
Contra la \u00faltima decisi\u00f3n, la gestora formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n; el 25 de marzo de 2020 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral -Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4- de esta Corte, no cas\u00f3 el fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, el Alto Tribunal \u00abinsiste en seguir endilgando la carga de la prueba al demandante, cuando en sendas jurisprudencias la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema Justicia ha indicado que los fondos privados de pensiones son los que deben demostrar la calidad de la informaci\u00f3n brindada al afiliado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Anot\u00f3 que \u00abdesde la afiliaci\u00f3n inicial a Horizonte hasta la afiliaci\u00f3n final a Protecci\u00f3n estuv[o] trasladando[se] a las mismas administradoras de fondos de pensiones y en ninguno de los traslados se [le] brindo una informaci\u00f3n clara y oportuna, adicional a ello ninguna de las demandadas aport\u00f3 al proceso prueba de que esto hubiere sido de esa forma\u00bb, menos se le indic\u00f3 \u00ablas consecuencias de trasladar[se] de r\u00e9gimen pensional y que es la AFP a quien incumbe acreditar que cumpli\u00f3 con el deber de asesor\u00eda e informaci\u00f3n a quienes tienen la intenci\u00f3n de ser sus nuevos afiliados, sin importar la calidad de la persona o la carrera profesional que ejerza\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Indic\u00f3 que siempre estuvo convencida que al trasladarse a los fondos privados \u00abpod\u00eda pensionar[se] antes o con un monto superior al que [le] ofrec\u00edan en el ISS, en la \u00e9poca en que se traslad[\u00f3] de r\u00e9gimen, estaba iniciando la Ley 100, cre\u00eda y confiaba en las bondades de esta ley\u00bb, por lo que, refiere fue enga\u00f1ada; que \u00abcon el paso del tiempo se fue demostrando que todo era mentira, pero para ese entonces ya no pod\u00eda devolver[se] al r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida (ISS). Dieron la oportunidad para cambiarse de r\u00e9gimen por un tiempo limitado, de lo cual [s]e enter\u00f3 tarde\u00bb. <\/p>\n
6. Agreg\u00f3 que el juicio laboral tard\u00f3 m\u00e1s de 15 a\u00f1os despu\u00e9s de su retiro laboral; que no cuenta con pensi\u00f3n, ni empleo, sumado a que su esposo, quien ya tiene 70 a\u00f1os de edad, tampoco cuenta con ingresos. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n inform\u00f3 que no hizo parte del juicio laboral criticado; que al ser un asunto que se deriva del r\u00e9gimen de prima media en virtud de los decretos 2011 y 2013 de 2012, es un asunto que le compete a Colpensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la solicitud de amparo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues est\u00e1 ajustada a la normatividad aplicable al caso concreto, sumado a que seg\u00fan los medios suasorios allegados al plenario no existi\u00f3 enga\u00f1o ni asalto a la buena fe de la accionante. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno asume una posici\u00f3n que desconozca la importancia de la observancia del precedente jurisprudencial, sino que considera que la determinaci\u00f3n adoptada no se muestra arbitraria\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el l\u00edbelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abla honorable Sala Penal insiste en seguir endilgando al demandante la carga de la prueba, cuando en sendas jurisprudencias la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que los Fondos Privados de Pensiones son los que deben demostrar la calidad de la informaci\u00f3n brindada al afiliado, desconociendo as\u00ed que es la AFP a quien le incumbe acreditar que cumpli\u00f3 con el deber de asesor\u00eda e informaci\u00f3n a quienes tienen la intenci\u00f3n de ser sus nuevos afiliados\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el a quo constitucional no efectu\u00f3 un an\u00e1lisis de fondo respecto de su petici\u00f3n, adem\u00e1s, \u00abdesconoci\u00f3 la existencia de una l\u00ednea jurisprudencial consolidada por la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala Laboral frente a la protecci\u00f3n de los derechos de aquellas personas que resultaron enga\u00f1adas por los Fondos de Pensiones del R\u00e9gimen de Ahorro Individual, en lo que tiene que ver con la Ineficacia de los traslados de Reg\u00edmenes Pensionales frente a los tres aspectos del deber de informaci\u00f3n y la carga de la prueba en cabeza de los fondos y la insuficiencia del simple consentimiento expresado en el formulario de afiliaci\u00f3n y por ende la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, incurri\u00f3 en una violaci\u00f3n de [su] derecho\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que cuenta con 66 a\u00f1os de edad, no cuenta con trabajo ni pensi\u00f3n, menos, seguridad social, que \u00abno sa[be] c\u00f3mo sobrevivir con un salario m\u00ednimo que es lo que [le] ofrece el fondo de pensiones para pagar arriendo y mantener[se]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este caso se cuestiona la sentencia emitida el 25 de marzo de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral accionada, en el proceso laboral seguido por la accionante contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones; Colpatria Administradora de Fondos de Cesant\u00edas y Pensiones S.A., la cual fue absorbida por BBVA Horizonte Pensiones y Cesant\u00edas S.A. hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A.; y el Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A., en el que fue desestimada su pretensi\u00f3n de nulidad de los traslados a cada una de las administradoras del R\u00e9gimen de Ahorro Individual. <\/p>\n
Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria. <\/p>\n
En efecto, de manera preliminar, respecto a la orientaci\u00f3n del \u00fanico cargo formulado por la casacionista, de cara a la procedencia del remedio extraordinario, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Inicia la Sala por recordar que el proceso laboral y de la seguridad social tiene unas formas propias, establecidas en el C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que incluyen las que regulan la interposici\u00f3n y tr\u00e1mite del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Los art\u00edculos 87, 90 y 91 de aquel estatuto, junto con la normativa de la Ley 16 de 1969, instituyen las reglas m\u00ednimas a las que debe sujetarse el recurrente en casaci\u00f3n, para que la Corte pueda ejercer el estudio de legalidad de la sentencia controvertida, a trav\u00e9s de tal medio de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
La exigencia del cumplimiento de lo dispuesto en aquellas normas, por parte de quien recurre en aras de que se anule una sentencia de segunda instancia, o una de primera, en el marco de la casaci\u00f3n per saltum del art\u00edculo 89 ib\u00eddem, hace parte del respeto al debido proceso judicial, que se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional, por ello no puede aducirse que se est\u00e9 priorizando una especie de ritualismo, en desmedro de derechos de otra estirpe, como los sustantivos laborales o de seguridad social. <\/p>\n
En esta direcci\u00f3n, en la sentencia CSJ SL4281-2017, se dijo: Al Juez de la casaci\u00f3n, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisi\u00f3n de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario satisfaga las exigencias previstas en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, seg\u00fan los t\u00e9rminos del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Seguidamente, respecto de la valoraci\u00f3n probatoria en sede extraordinaria, consign\u00f3 que: <\/p>\n
Lo anterior es importante, toda vez que esta Sala ha determinado en numerosas ocasiones que, el recurso de casaci\u00f3n no es una tercera instancia en la que se discuten de manera libre los medios probatorios allegados al expediente, pues dicho an\u00e1lisis se limita a los medios de prueba calificados (CSJ SL8833-2017 reiterada en la CSJ SL5584-2018). <\/p>\n
En otras palabras, no todo medio probatorio es susceptible de ser analizado en sede de casaci\u00f3n, dado que, como lo establece el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969, \u00abEl error de hecho ser\u00e1 motivo de la casaci\u00f3n laboral solamente cuando provenga de falta de apreciaci\u00f3n o apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de un documento aut\u00e9ntico, de una confesi\u00f3n judicial o de una inspecci\u00f3n ocular\u00bb. <\/p>\n
Espec\u00edficamente, en lo que respecta a la acusaci\u00f3n de la demanda como \u00abprueba calificada\u00bb, esta Corporaci\u00f3n en la sentencia CSJ SL1665-2019, en un caso similar al presente, estableci\u00f3: <\/p>\n
Respecto de la demanda (f.\u00b0 82 a 94) y de las contestaciones por parte de la ESE Francisco de Paula Santander (f.\u00b0 196 a 241), de Caprecom EPS (f.\u00b0 125 a 134) y de Coopsanjose (f.\u00b0 144 a 152), la Corte ha se\u00f1alado que, como piezas procesales, admiten ser invocadas como prueba h\u00e1bil en casaci\u00f3n, en la medida que contengan una confesi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 195 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (hoy art\u00edculo 191 C\u00f3digo General del Proceso), vigente al momento de los hechos y aplicable por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 145 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; es decir, al menos alguna manifestaci\u00f3n \u00ab[\u2026] que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jur\u00eddicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Luego, de cara al caso concreto, precis\u00f3 que: <\/p>\n
En esta medida le asiste raz\u00f3n a los opositores en las apreciaciones de naturaleza t\u00e9cnica que realizan, puesto que, al analizar la demanda se observa que no existi\u00f3 confesi\u00f3n alguna, toda vez que tanto los hechos como las pretensiones presentadas expresan \u00fanicamente las posiciones encontradas entre la actora y las demandadas. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, el Tribunal s\u00ed comprendi\u00f3 el objeto de la controversia planteada, esto es, \u00ab[\u2026] declarar la nulidad del traslado al r\u00e9gimen de ahorro individual con solidaridad dado el \u201cenga\u00f1o y asalto en la buena fe\u201d de que fue objeto la actora por parte de los asesores de BBVA HORIZONTE hoy AFP PORVENIR S.A.\u00bb; y con fundamento en ello decidi\u00f3. <\/p>\n
Conviene recordar que a la luz del art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios del trabajo, los jueces pueden formar libremente su convencimiento, \u00ab[\u2026] inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos que informan la cr\u00edtica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes\u00bb (CSJ SL15058-2017). <\/p>\n
En este orden de ideas, si bien el art\u00edculo 60 de la misma norma impone la obligaci\u00f3n de analizar todas las pruebas oportunamente allegadas, tambi\u00e9n est\u00e1n facultados a darle mayor valor a cualquiera de ellas sin sujetarse a una tarifa legal, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en esa eventualidad \u00ab[\u2026] no se podr\u00e1 admitir su prueba por otro medio\u00bb. <\/p>\n
Haciendo uso de esta facultad, el juez colegiado declar\u00f3 que no existieron suficientes medios probatorios que dieran certeza del enga\u00f1o planteado por la impugnante, toda vez que, <\/p>\n
[\u2026] los testigos tra\u00eddos al proceso simplemente trasmitieron el querer del accionante quedando desvirtuados en consecuencia el enga\u00f1o, la presi\u00f3n y el que la actora haya sido asaltada en su buena fe que en definitiva constituyen vicios del consentimiento, pues como ya se dijo falsear la realidad es enga\u00f1ar y ejercer presi\u00f3n equivale a la fuerza, aunque no hay duda que si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara como demostrada esa presi\u00f3n no es posible otorgarle la entidad suficiente para enervar la libertad de la se\u00f1ora Luna \u00c1lvarez al momento de inclinarse por suscribir su traslado al RAIS concretamente con la AFP Horizonte. <\/p>\n
Como se indic\u00f3 anteriormente, \u00fanicamente son pruebas h\u00e1biles en la casaci\u00f3n del trabajo las indicadas en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16 de 1969. En esta medida, las declaraciones extrajuicio, acusadas por la censura como err\u00f3neamente apreciadas, no pueden fundar el error necesario para quebrar el fallo de segunda instancia. As\u00ed lo ha expresado esta Corte, entre otras, en la sentencia CSJ SL1744-2018 que estim\u00f3: <\/p>\n
En efecto, la Corporaci\u00f3n ya hab\u00eda sentado en relaci\u00f3n con las declaraciones extraprocesales, como la discutida en juicio, que \u00e9stas no son prueba apta para formular ataque en casaci\u00f3n, pues su naturaleza es testimonial y su estudio s\u00f3lo es posible si previamente se demuestra error manifiesto con base en alguna prueba calificada; conforme a la limitaci\u00f3n legal contemplada en el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969 (CSJ SL20745-2017), todo lo cual se aleja de lo visto en el sub lite. <\/p>\n
En este sentido, teniendo en cuenta que tampoco fue posible demostrar el error del Tribunal mediante las pruebas anteriormente se\u00f1aladas, no ser\u00e1 viable su estudio en casaci\u00f3n y, por ende, no fueron demostrados los errores de hecho atribuidos al Tribunal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la actora fue una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada, valor\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n formulada, concluyendo que en su planteamiento expres\u00f3 las posiciones encontradas entre la actora y las demandadas, recordando que dicho remedio extraordinario no es una tercera instancia en la que se discute de manera libre los medios suasorios allegados al plenario; asimismo, porque conforme al art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16 de 1969 en sede de casaci\u00f3n se puede endilgar un error de hecho cuando provenga de falta de apreciaci\u00f3n o apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de un documento aut\u00e9ntico, de una confesi\u00f3n judicial o de una inspecci\u00f3n ocular, empero, para el caso concreto, el fallador de segunda instancia comprendi\u00f3 el objeto de la controversia y valor\u00f3 las pruebas recaudadas sin evidenciar el enga\u00f1o alegado por la impugnante. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo del supuesto desconocimiento del precedente, es una presunci\u00f3n que se ve desvirtuada con la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador natural, de ah\u00ed que la decisi\u00f3n criticada no se muestre caprichosa, pues como se prob\u00f3 en el plenario, el enga\u00f1o y los vicios de consentimiento alegados quedaron descartados ante el conocimiento con el que contaba la actora sobre el sistema de afiliaci\u00f3n a los fondos y sus consecuencias de traslados, as\u00ed como con los dem\u00e1s medios suasorios aportados. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135-2016, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El presente asunto fue remitido a esta Sala para resolver la impugnaci\u00f3n propuesta por el accionante a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico de 12 de julio de 2021. <\/p>\n
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STC9088-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente STC9088-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00952-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55746","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55746","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55746"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55746\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55746"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55746"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55746"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}