STC9094-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9094-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2021-00028-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Eladio, Lucy y Ricaurte Arcos Delgado respecto a la sentencia de 31 de mayo pasado, emitida desde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela que aquellos impulsaron contra el Juzgado Promiscuo del Circuito y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y Privados, ambos de La Cruz, as\u00ed como frente al despacho Promiscuo Municipal de Bel\u00e9n; tr\u00e1mite al que fueron vinculadas Libia Arcos Delgado y Diana Marcela G\u00f3mez Arcos. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Los convocantes deprecaron el respeto de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso e \u00abIGUALDAD\u00bb, presuntamente conculcadas por las entidades repelidas. <\/p>\n
En concreto, que se ordene i) declarar la nulidad del auto por el cual el juzgado municipal rechaz\u00f3 su texto demandatorio; ii) devolver \u2013el estrado del circuito\u2013 el expediente al de primera instancia; iii) conferirles nuevamente un plazo para subsanar el libelo; iv) requerir a la dependencia encargada del registro a fin de que suprima la \u00abcancelaci\u00f3n\u00bb de la medida de embargo, y v) oficiar a la Fiscal\u00eda y Procuradur\u00eda Generales de la Naci\u00f3n y al Consejo Superior de la Judicatura, en aras de que se adelanten las investigaciones pertinentes \u00aben virtud a una presunta comisi\u00f3n de los delitos fraude a resoluci\u00f3n judicial(\u2026) [y] falsificaci\u00f3n de documento p\u00fablico\u00bb e, igualmente, faltas disciplinarias. <\/p>\n
Todo esto, dentro del dossier ejecutivo por obligaci\u00f3n de suscribir documentos n.\u00b0 \u00ab2019-00058\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustrato f\u00e1ctico adujeron, grosso modo, que ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Bel\u00e9n se surte el juicio descrito a espacio, por demanda de ellos contra Libia Arcos Delgado y Diana Marcela G\u00f3mez Arcos, en procura de que se efect\u00fae el otorgamiento y la suscripci\u00f3n de escritura p\u00fablica de \u00absubdivisi\u00f3n de bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
Relataron que de dicho cauce provino auto admisorio el 30 de octubre de 2019, con mandamiento de pago y decreto de embargo sobre el predio objeto de la contienda. Tambi\u00e9n, que una vez notificadas las ejecutadas, estas contestaron y propusieron excepciones previas. <\/p>\n
Sostuvieron que mediante interlocutorio de 4 de septiembre de 2020 el despacho cognoscente declar\u00f3 la \u00abNULIDAD ABSOLUTA\u00bb de lo rituado y, por ende, dispuso inadmitir el libelo, para que fuera subsanada la falencia advertida, en un t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles (aportaci\u00f3n de la \u00abminuta o el documento\u00bb previsto en el art\u00edculo 434 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Expresaron que el precitado prove\u00eddo se confirm\u00f3 el 25 del mismo mes y a\u00f1o, en senda de reposici\u00f3n intentada por ellos como extremo demandante, cuya apelaci\u00f3n subsidiaria fue concedida; empero, el respectivo superior, Juzgado Promiscuo del Circuito de La Cruz, hubo de aceptar el desistimiento a tal alzada en determinaci\u00f3n calendada el 3 de diciembre posterior. <\/p>\n
Esbozaron que la agencia judicial municipal cuestionada opt\u00f3, a trav\u00e9s de providencia de 17 de marzo de 2021, por rechazar la demanda ejecutiva dada una supuesta ausencia de subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adieron que si bien est\u00e1n pendientes de surtirse los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n frente al rechazo de la demanda, \u00abexiste un da\u00f1o irremediable\u00bb derivado de tal proceder. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En memorial allegado despu\u00e9s de que el tribunal a-quo avocara conocimiento del presente pedido de resguardo, los pretensores informaron que \u00abse ha superado parcialmente el objeto de la acci\u00f3n\u00bb a consecuencia de que en auto de 5 de abril de 2021 el estrado municipal revoc\u00f3, en v\u00eda de reposici\u00f3n por ellos intentada, el rechazo de la demanda ejecutiva. No obstante, insistieron en que \u00abel levantamiento de la medida cautelar\u00bb, dimanado del prove\u00eddo de 4 de septiembre de 2020, \u00abes contrario a derecho(\u2026) y existe una flagrante violaci\u00f3n\u00bb a sus intereses. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Cruz enunci\u00f3 que no hay vulneraci\u00f3n alguna de su lado, y que le son extra\u00f1as las censuras. <\/p>\n
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2. El ente Promiscuo Municipal de Bel\u00e9n memor\u00f3 lo acontecido en el pleito ejecutivo, se opuso al \u00e9xito de la clama por improcedente. Adjunt\u00f3 copia del mismo. <\/p>\n
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3. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y Privados de La Cruz dijo haber cumplido la orden judicial proferida en el auto de 4 de septiembre de 2020, tocante al levantamiento de la medida cautelar. <\/p>\n
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4. Libia Arcos Delgado y Diana Marcela G\u00f3mez Arcos sintetizaron una ausencia de trasgresi\u00f3n a los intereses de los gestores. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, luego de superada la anulaci\u00f3n declarada por esta Sala de la Corte en CSJ ATC640.1 <\/p>\n
Al efecto, manifest\u00f3 que el despacho municipal cuestionado repuso, en auto de 5 de abril de 2021, la decisi\u00f3n de rechazar la demanda ejecutiva y finalmente la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite con interlocutorio del d\u00eda 9 siguiente, de donde en este tema se produjo una carencia actual de objeto. <\/p>\n
Apunt\u00f3 que los accionantes desistieron de la apelaci\u00f3n contra el auto que declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y levant\u00f3 la medida cautelar de embargo (4 sep. 2020); situaci\u00f3n por la que no puede insistirse en tal ataque a esta hora. <\/p>\n
Remarc\u00f3 que el levantamiento de la cautela dispuesto por la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de La Cruz \u00abse hizo en obedecimiento a una orden judicial, seg\u00fan lo permite el art\u00edculo 62 de la Ley 1579 de 2012\u00bb, m\u00e1s all\u00e1 de que hubiera un yerro al consignarse que ello fue por \u00abVOLUNTAD DE LAS PARTES\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que los interesados deben impetrar en forma directa las denuncias o quejas ante las autoridades correspondientes, si aseguran que se han cometido conductas penales o disciplinarias dentro de la ejecuci\u00f3n disentida. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue impetrada por los convocantes, con persistencia en el reproche atinente al levantamiento de la medida cautelar, en tanto que no era legal ni jurisprudencialmente v\u00e1lido y, adem\u00e1s, tras la \u00abcancelaci\u00f3n\u00bb de la misma se inscribi\u00f3 un negocio adverso a sus prerrogativas en el folio de matr\u00edcula del inmueble sujeto a la contienda ejecutiva, a lo que a\u00f1adieron que esto \u2013el decaimiento de la cautela\u2013no fue materia del auto de 4 de septiembre de 2020. Recalcaron en que se exhorte a las investigaciones pertinentes ante la Fiscal\u00eda y Procuradur\u00eda Generales de la Naci\u00f3n y el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los instrumentos comunes de defensa. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, cada vez que sobrevenga el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Delanteramente es bueno memorar que el auto de 17 de marzo de 2021, que rechaz\u00f3 la demanda ejecutiva de los aqu\u00ed dolientes, fue revocado por el estrado municipal repelido con interlocutorio de 5 de abril siguiente, en reposici\u00f3n por aquellos incoada y, a la postre, mediante pronunciamiento del d\u00eda 9 del mismo mes y anualidad el precitado libelo acab\u00f3 por ser admitido a tr\u00e1mite, de forma que el enjuiciamiento se encuentra en curso. <\/p>\n
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3. Puntualizado lo anterior y, circunscrita la Corte al texto impugnatorio, deviene palpable la vocaci\u00f3n de improsperidad del auxilio implorado, por lo que es de dilucidarse. <\/p>\n
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1. Se tiene que, en \u00faltimas, los accionantes dejaron de rebatir en apelaci\u00f3n2 el auto de 4 de septiembre de 2020 en cuanto \u2013contrario a lo que en la impugnaci\u00f3n se adujo\u2013 orden\u00f3 levantar la medida de embargo sobre el inmueble materia del ejecutivo, como corolario de que el desistimiento que ellos presentaron sobre dicha r\u00e9plica vertical la acept\u00f3 el estrado del circuito repelido, en auto de 3 de diciembre siguiente. Por la descrita circunstancia, se entiende que hubo un repudio de la oportunidad para ventilar ante el fallador natural los embistes tra\u00eddos en esta excepcional senda, y los perjuicios que eso originar\u00eda. <\/p>\n
De ah\u00ed que cuando no se emplean los mecanismos comunes de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, los contendientes quedan atados a las consecuencias de las decisiones judiciales adversas, por ser el resultado de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si los activantes desperdiciaron los instrumentos legales establecidos: <\/p>\n
\u2026[N]o puede[n] acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023; reiterada en STC, 27 may. 2016, rad. 00401-01 y STC8508-2018, rad. 00306-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por \u00faltimo, baste con esgrimir que los promotores deben comparecer ante las autoridades competentes si estiman que los part\u00edcipes del proceso criticado han infligido conductas penal y\/o disciplinariamente reprobables, asumiendo la responsabilidad derivada de tales gestiones. <\/p>\n
No por nada, esta magistratura ha doctrinado: <\/p>\n
\u2026[E]s preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871 y STC14669 de 2016; y, STC13994-2017). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo consignado impone, por ende, revalidar el veredicto del tribunal a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados. Rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 18 may. 2021, rad. 00028-01. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. (\u2026)son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:(\u2026) 8. El que resuelva sobre una medida cautelar\u2026 <\/p>\n
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