STC9104-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9104-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00572-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jos\u00e9 Antonio Rodr\u00edguez Isaac le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y al Juzgado Treinta Laboral, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, y a los dem\u00e1s intervinientes en el juicio objeto de la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, seguridad social, salud, vida y m\u00ednimo vital\u00bb para que, se ordenara \u00abrevocar el fallo SL3861 de septiembre 18 de 2019 por no haber casado la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb y, en consecuencia, \u00abse ordene a Colpensiones reconocerle la pensi\u00f3n de invalidez a partir del 30 de agosto de 2011, liquidar y pagarle la misma, teniendo en cuenta una tasa de reemplazo del 46,50% del IBC de los aportes efectuados durante los \u00faltimos 10 a\u00f1os cotizados\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que a causa del padecimiento de patolog\u00edas cr\u00f3nicas y degenerativas desde el 2006 (artritis reumatoidea etapa V, insuficiencia renal terminal, insuficiencia renal cr\u00f3nica, diabetes mellitus insulinodependiente, hipertensi\u00f3n arterial y trastorno de adaptaci\u00f3n) que le imposibilitaron desempe\u00f1ar sus labores, fue calificado por el extinto Instituto de Seguros Sociales con p\u00e9rdida de capacidad laboral del 63.96%, con fecha de estructuraci\u00f3n 21 de septiembre de 2009. <\/p>\n
Asever\u00f3 que demand\u00f3 a Colpensiones (rad. n\u00ba 2015-339-00) con el prop\u00f3sito de obtener el \u00abreconocimiento y pago de su pensi\u00f3n de invalidez\u00bb, como quiera que le deneg\u00f3 ese beneficio a trav\u00e9s de las Resoluciones GNR 026368 y 244512 (6 mar. 2013 y 2 jul. 2014, respectivamente) bajo el argumento que \u00abno reun\u00eda el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de esta capital no acogi\u00f3 las pretensiones y absolvi\u00f3 a Colpensiones (24 nov. 2015), determinaci\u00f3n refrendada por el superior (18 may. 2016), por lo que interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero la Sala Laboral de esta Corte no quebr\u00f3 la sentencia del ad quem (18 sep. 2019). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que dicha Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho, tales como (i) \u00abdefecto material o sustantivo\u00bb, por interpretaci\u00f3n incompatible con la ley contrastada con las circunstancias f\u00e1cticas del caso concreto, en cuanto desconoci\u00f3 su excepcional situaci\u00f3n, debido a las condiciones de salud que padece y; (ii) \u00abdesconocimiento del precedente judicial\u00bb, espec\u00edficamente la SL3275-2019, en lo atinente a las enfermedades de car\u00e1cter cr\u00f3nico y degenerativo, pues dijo en aquella oportunidad que \u00abaunque la discapacidad en estas enfermedades se puede estructurar en determinada fecha, la persona puede mantener una capacidad residual de trabajo que le permita continuar activa laboralmente, con la obligaci\u00f3n de realizar los aportes para los riesgos de invalidez, vejez y muerte que ofrece el sistema, los que resultan plenamente v\u00e1lidos y con los cuales puede alcanzar el reconocimiento de una pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que, cuenta \u00abcon m\u00e1s de 50 semanas cotizadas dentro de los \u00faltimos 3 a\u00f1os inmediatamente anteriores a la \u00faltima cotizaci\u00f3n, momento en el que se configur\u00f3 [su] invalidez (sic), esto es, 115 semanas, hasta el 30 de agosto de 2011\u00bb. <\/p>\n
2.- El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n dijo que no hizo parte del pleito cuestionado, por tanto, carece de legitimaci\u00f3n para intervenir en este socorro. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el resguardo, porque no encontr\u00f3 satisfecho el requisito de la inmediatez, en tanto, desbord\u00f3 el l\u00edmite temporal que, en par\u00e1metros de proporcionalidad, fij\u00f3 la jurisprudencia y, tambi\u00e9n hall\u00f3 razonable la providencia fustigada, ya que \u00abSe trata, como se dej\u00f3 visto, de una decisi\u00f3n debidamente fundamentada, sustentada en argumentos razonables, que descartan que sea producto de la arbitrariedad o el capricho, y que hayan, consecuentemente, vulnerado o puesto en riesgo los derechos fundamentales invocados por la parte actora\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el gestor con los mismos argumentos del escrito inaugural, agregando que, frente al presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb, el a quo inobserv\u00f3 que (i) No es dable desconocer que \u00abel Estado declar\u00f3 la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, que el pa\u00eds se ha visto afectado en los \u00faltimos meses con casos de la enfermedad denominada COVID-19\u00bb y, (ii) La jurisprudencia constitucional reconoce que el \u00abderecho a la pensi\u00f3n tiene un car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable y su falta de garant\u00eda pone en riesgo el goce efectivo de los derechos fundamentales ya enunciados\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, se resalta que, aun cuando la presente \u00abtutela\u00bb se radic\u00f3 dieciocho (18) meses despu\u00e9s de haberse dictado el veredicto recriminado (18 sep. 2019), el \u00abpresupuesto temporal\u00bb establecido por la \u00abjurisprudencia\u00bb para la viabilidad del estudio de fondo de la salvaguarda se tiene por superado, dado que la controversia recae sobre \u00abderechos pensionales\u00bb que ostentan car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, cuya presunta afectaci\u00f3n se \u00abconsidera\u00bb actual. As\u00ed se predic\u00f3 en la STC20333-2017, memorando lo esbozado por la Corte Constitucional en la SU1073-2012: <\/p>\n
\u00abSi bien el prove\u00eddo atacado data de hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os, situaci\u00f3n que en principio tornar\u00eda inviable estudiar de fondo el presente resguardo por inmediatez, al vislumbrar la Corte que la cuesti\u00f3n litigiosa involucra derechos de \u00edndole pensional, se excusar\u00e1 la omisi\u00f3n en el cumplimiento del mencionado requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que la garant\u00eda deprecada en esencia, funge con el talante de irrenunciable e imprescriptible, (criterio reiterado en STC9672-2018, STC20333-2017, STC11419-2018, STC6314-2019, STC9677-2019, STC3736-2020 y STC8386-2020)\u00bb. <\/p>\n
2.- Ahora, con fundamento en los postulados de autonom\u00eda que la Carta Pol\u00edtica confiere a los administradores de justicia en su cotidiana labor, se ha establecido que el auxilio superlativo no es viable para discutir sus resoluciones, a menos que en ellas conste \u00abun error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo\u00bb (STC8733-2017). De modo que, \u00fanicamente se abre paso cuando la determinaci\u00f3n combatida comporta una equivocaci\u00f3n ostensible y configurativa de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, lesiva de las prerrogativas esenciales de los ciudadanos. <\/p>\n
3.- Precisado lo anterior, emerge el fracaso del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n de lo opugnado, toda vez que el fallo de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte (18 sep. 2019), no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige el asunto y la \u00abjurisprudencia\u00bb depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del paginario, en raz\u00f3n, a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb las exigencias consagradas en el art\u00edculo 1\u00ba del Ley 860 de 2003 de cara al \u00abreconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb y la inconformidad del censor en lo que ata\u00f1e a los aportes de empleadores morosos. <\/p>\n
En efecto, no quebr\u00f3 la sentencia del ad quem que aval\u00f3 la de primer grado, desestimatoria de los anhelos de Jos\u00e9 Antonio Rodr\u00edguez Isaac y absolvi\u00f3 a Colpensiones del reconocimiento y pago del beneficio pensional reclamado. <\/p>\n
Para ello, explic\u00f3 que el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003, establece como \u00abrequisitos\u00bb para alcanzar \u00abel derecho a la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb, acreditar una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 50% o m\u00e1s, y \u00abhaber cotizado 50 semanas en los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n\u00bb, requisito \u00faltimo que el impulsor no demostr\u00f3, en tanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al revisar la historia laboral visible a folio 21 del informativo, de la que se duele al recurrente fue apreciada con error, en ella se refleja que acredita un total de 552 aportes en toda su vida laboral, pero en el periodo de tiempo comprendido entre el 21 de septiembre de 2006 al 21 de septiembre de 2009, que es el inmediatamente anterior a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez a la que la citada norma se refiere, tan solo aparecen cotizadas 24,42 semanas entre el 1 de abril y el 21 de septiembre de 2009, lo cual es insuficiente para cumplir con este requisito de cotizaciones\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al reproche principal del recurso extraordinario, que vers\u00f3 sobre la presunta omisi\u00f3n de contabilizar aportes atribuibles a \u00abempleadores morosos\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAhora bien, en cuanto a los aportes que afirma el censor no se tuvieron en cuenta y que ata\u00f1en a empleadores morosos, debe decirse que aun acept\u00e1ndolos como efectivamente cotizados por el trabajador, pues no se allegaron elementos de juicio que dieran cuenta que efectivamente existi\u00f3 v\u00ednculo laboral con esas empresas, esto en nada influye frente a las resultas del presente asunto, toda vez que como lo confiesa el propio demandante, tanto en la demanda inaugural, como en su escrito de apelaci\u00f3n y ahora en el recurso extraordinario, esas semanas corresponden a los siguientes periodos: de la empresa Autom\u00f3vil Club de Colombia, del \u00ab19 de marzo de 1987 al 03 de junio de 1987\u00bb; y los de la sociedad IMP General de Rodamientos, entre el \u00ab1 de enero de 1991 al 30 de junio de 1987\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior se deduce f\u00e1cilmente, que los aportes en mora que el recurrente alega no se tuvieron en cuenta por el ad quem, est\u00e1n por fuera del interregno de los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez al que hace referencia el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003, por lo que con total independencia de su contabilizaci\u00f3n o no, ninguna repercusi\u00f3n tienen para efectos del estudio de la prestaci\u00f3n por invalidez deprecada, sin que se observe entonces, que el juzgador de alzada haya incurrido en yerro f\u00e1ctico alguno con el car\u00e1cter de protuberante, evidente y manifiesto, que es el que tiene la capacidad de quebrantar la sentencia fustigada\u00bb (Resaltado Adrede). <\/p>\n
En punto de la valoraci\u00f3n del medio probatorio consistente en la Resoluci\u00f3n n\u00ba 220101 de 23 de julio de 2015, puntualiz\u00f3 que, \u00abla providencia atacada no se fund\u00f3 en esa probanza, ni tampoco fue objeto de an\u00e1lisis por parte del juzgador de alzada; en esa medida, solo podr\u00eda acusarse de no valorada, mas no de haberse estimado con equivocaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ulteriormente, en cuanto a las cotizaciones realizadas por el actor \u00abcon posterioridad a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb, como embate de omisi\u00f3n efectuada en segunda instancia, esgrimi\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en manera alguna constituye un error de hecho, como equivocadamente lo aduce el censor, pues corresponde es a un aspecto jur\u00eddico, como se dijo en l\u00edneas anteriores, ya que tiene que ver es con la hermen\u00e9utica o intelecci\u00f3n de la norma llamada a aplicar (art. 1 Ley 860\/03), frente al periodo de tiempo en el que se deben efectuar los aportes v\u00e1lidos para acceder a la pensi\u00f3n reclamada, por lo que su ataque debi\u00f3 dirigirse por la v\u00eda directa. <\/p>\n
Pese a dicha deficiencia de t\u00e9cnica, no sobra hacerle saber al promotor, que como en otras oportunidades lo ha dicho esta Sala de la Corte, los aportes que sirven de base y que deben ser contabilizados para efectos de otorgar la pensi\u00f3n de invalidez, son los efectuados hasta la fecha de su estructuraci\u00f3n, por ser esa la contingencia cierta que se busca proteger, sin que sea dable sumar los realizados con posterioridad a ese hito, salvo en casos excepcionales de enfermedades cong\u00e9nitas, cr\u00f3nicas o degenerativas, en las que dadas las circunstancias particulares o especiales que las rodean, pues as\u00ed se ha admitido, situaci\u00f3n f\u00e1ctica que no es la alegada ni la que se avizora en el sub examine\u00bb (Subraya la Sala). <\/p>\n
4.- En ese orden, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, sin que dicho prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la \u00abentidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
5.- En punto al desconocimiento del precedente al que alude el quejoso, advierte la Sala que tal defecto no se configur\u00f3, puesto que: a) Dicha decisi\u00f3n se bas\u00f3 en la postura \u00abjurisprudencial\u00bb vigente a la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia reprochada y, b) La SL3275 de 14 de agosto de 2019 (rad. 77459) no guarda identidad f\u00e1ctica con el caso de Rodr\u00edguez Isaac, dado que, en tal litigio la parte demandante demostr\u00f3 la continuaci\u00f3n de aportes luego de \u00abla fecha de la estructuraci\u00f3n de invalidez\u00bb, dada la \u00abcapacidad laboral residual\u00bb que evidenci\u00f3 la Corte, y dicho debate no fue objeto de discusi\u00f3n mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, como lo puso en conocimiento la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
6.- Como colof\u00f3n, se convalidar\u00e1 el prove\u00eddo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9104-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC9104-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00572-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de abril […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55762","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55762","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55762"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55762\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55762"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55762"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55762"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}