STC9106 -2021 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9106 -2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2021-00332-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 24 de junio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Karina Margarita Angulo Hoyos contra el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el pleito n\u00b0 2012-00073. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada dentro del litigio verbal incoado por la Inmobiliaria Bustamante y C\u00eda. Ltda. contra Juana Quijano Fontalvo, Claudia y Jairo Boh\u00f3rquez Quijano. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que antes de realizarse la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, concurri\u00f3 para plantear \u00absolicitud de nulidad de lo actuado\u00bb, aduciendo (i) estar legitimada en la causa por ser \u00abla actual propietaria de los inmuebles\u00bb; (ii) configurarse excepci\u00f3n previa \u00abbasada en el no agotamiento de conciliaci\u00f3n extrajudicial como requisito de procedibilidad\u00bb; (iii) \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n alegada por la parte demandante\u00bb, y (iv) \u00abvulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 13 de enero de 2020 el juzgado resolvi\u00f3 su solicitud \u00abdenegando el incidente de nulidad e incluye a mi representada como litisconsorte cuasinecesario y por lo tanto, deb\u00eda tomar el proceso en el estado en que se encontraba al momento de su intervenci\u00f3n\u00bb; que recurri\u00f3 esa decisi\u00f3n porque la nulidad ten\u00eda por objeto \u00abestablecer la obligatoriedad o no de vincularla como parte pasiva dentro del proceso [de rescisi\u00f3n de compraventa por fraude pauliano], debido a su calidad de propietaria de los bienes inmuebles objeto de discusi\u00f3n y, por lo tanto, el acreedor ve disminuido el patrimonio de su deudor por la presunta existencia de mala fe por parte de los demandados\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, mediante prove\u00eddo del 24 de agosto de 2020, el accionado \u00abdecide no reponer la providencia recurrida y concedi\u00f3 en el efecto devolutivo el recurso de apelaci\u00f3n, pero adicionalmente expres\u00f3 que la recurrente deb\u00eda pagar las expensas suficientes y necesarias para la reproducci\u00f3n total del expediente, contando con t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, so pena de declarar desierto\u00bb, lo que \u00abconsider\u00f3 en su momento que fue un error por parte del juzgado (\u2026), toda vez que desde que el Ministerio de Salud declar\u00f3 el Covid-19 como pandemia, el Consejo Superior de la Judicatura orden\u00f3 el uso prevalente de los medios digitales en las actuaciones judiciales, por lo tanto, los formalismos consagrados en el art\u00edculo 114 numeral 4, no debi\u00f3 regular el presente caso sino por el contrario, hacer el env\u00edo del expediente digital al superior jer\u00e1rquico\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 3 de diciembre de 2020 el juzgado declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, aduciendo \u00abque no se suministraron las expensas necesarias\u00bb; que contra esa resoluci\u00f3n interpuso \u00abrecurso de reposici\u00f3n en subsidio de apelaci\u00f3n [fundados en] la utilizaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales y asuntos en curso conforme a lo planteado por el decreto 806 de 2020 [y] la adopci\u00f3n por parte del Consejo Superior de la Judicatura de medidas tendientes a fomentar la virtualidad en las actuaciones judiciales\u00bb. Empero, el 21 de mayo de 2021, mantuvo la decisi\u00f3n confutada y \u00abaplic\u00f3 irreflexiblemente las reglas procedimentales, desconociendo que las piezas procesales requeridas estaban contenidas digitalmente y que en el contexto de pandemia prevalece tanto el empleo de los medios digitales en las actuaciones judiciales, como la supresi\u00f3n de formalidades f\u00edsicas no imprescindibles\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que \u00abordene en forma perentoria al se\u00f1or Juez S\u00e9ptimo Civil de Cartagena, dar tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de fecha 13 de enero de 2020 y en consecuencia, conceder el mismo, <\/p>\n
teniendo en cuenta la normativa digital y de virtualidad vigente y enviarlo al Superior para que este decida de fondo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, tras remitirse a los fundamentos plasmados en la providencia del 21 de mayo de 2021, precis\u00f3 que \u00abcontrario a lo afirmado por el apoderado de la parte accionante, el expediente NO se encontraba digitalizado, por lo tanto, la orden de que se aportara los emolumentos necesarios para su digitalizaci\u00f3n no fue caprichosa sino el fundamento para poder darle tramite al recurso\u00bb. Aunado a que \u00abel fundamento f\u00e1ctico en que se base la acci\u00f3n de tutela no se acompase con la realidad\u00bb, dijo que no cumple el requisito de la subsidiariedad, por cuanto la actora \u00abno interpuso los recursos de ley en contra de la providencia (\u2026) en lo que respecta a la orden de aportar las expensas\u00bb. <\/p>\n
2. El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, manifest\u00f3 que revisados los hechos y argumentos de la demanda tutelar, no advert\u00eda que esa corporaci\u00f3n hubiera \u00abrealizado alguna acci\u00f3n o incurrido en una omisi\u00f3n que haya amenazado o vulnerado el derecho fundamental invocado\u00bb, y por ello pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al observar que la hoy demandante no agot\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 24 de agosto de 2020 que \u00abconcedi\u00f3 en el efecto devolutivo el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb interpuesto contra el auto del 13 de enero de esa anualidad, \u00abmanifest\u00e1ndole al recurrente que deb\u00eda pagar las expensas suficientes y necesarias para la reproducci\u00f3n total del expediente, contando con t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, so pena de declarar desierto el recurso\u00bb, y de esa manera incumpli\u00f3 el requisito de la subsidiariedad para la procedibilidad de la tutela. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante para criticar que se hubiera encontrado configurada la inercia frente al auto que concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n, siendo que la censura se dirigi\u00f3 contra el auto del 3 de diciembre de 2020 en el que se declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n, \u00absin tener en cuenta la normativa legal vigente frente al expediente digital y la virtualidad\u00bb, y en esas circunstancias \u00abse ha desatado una incongruencia por no haber resuelto lo que realmente pretendi\u00f3 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, vulner\u00f3 las prerrogativas superiores invocadas por la actora, al haber declarado desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto que deneg\u00f3 el incidente de nulidad planteado dentro del juicio ordinario n\u00b0 2012-00073. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela y en particular de la inmediatez. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Para esta Sala, la destacada exigencia temporal impide que se desnaturalice el objetivo de la tutela, el cual ha de ser efectivo e inmediato ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual, al sostener que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb en tanto que, \u00abresulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada en STC092-2021, 21 ene. 2021, rad. 03514-00, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la tutela debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados desde la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, esta Sala mantendr\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, precisando que lo ser\u00e1 porque no se satisface el requisito gen\u00e9rico de la inmediatez. <\/p>\n
3.1. En efecto, contrario a lo esbozado por la impugnante, la Sala -como tambi\u00e9n lo hizo el tribunal de primer grado-, advierte que el reproche est\u00e1 dirigido contra la decisi\u00f3n que concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n del auto que neg\u00f3 el incidente de nulidad, pues fue all\u00ed donde orden\u00f3 que deb\u00edan proporcionarse los emolumentos necesarios para compulsar las copias requeridas para tramitarlo, y como la misma data del 24 de agosto de 2020, mientras que el amparo se formul\u00f3 el 9 de junio de 2021, se excede el semestre establecido como prudente para proponer de manera tempestiva el auxilio. <\/p>\n
En este orden, la salvaguarda desatiende la constante y reiterada jurisprudencia seg\u00fan la cual el auxilio inmediato que conlleva la tutela, demanda del afectado una reclamaci\u00f3n oportuna ante la administraci\u00f3n de justicia, pues su prolongado silencio se ha entendido como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n reprochada, por lo que el an\u00e1lisis de la exigencia del presupuesto temporal debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales, al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada, entre otras en STC1143-2021, 11 feb. 2021, rad. 00121-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente a determinaciones judiciales, la urgencia para evitar o controlar una amenaza o para corregir una vulneraci\u00f3n, debe verificarse con mayor estrictez, porque lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda, ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
3.2. Ahora, aunque el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, tal condici\u00f3n le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al amparo, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente al criterio temporal que viene coment\u00e1ndose. <\/p>\n
De cara a lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad de la promotora, pues, entre otras, ha contado con la asesor\u00eda jur\u00eddica y representaci\u00f3n judicial previamente constituida en el proceso, y con ello, la inexistencia de excusa que conlleve su imposibilidad para recurrir tempranamente a este excepcional mecanismo. <\/p>\n
Sobre la inviabilidad de retomar debates sobre aspectos procesales establecidos con antelaci\u00f3n en el juicio, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026 retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]\u00bb (CSJ STC 27, may. 2011, exp, 00096-01, citada entre otras en STC4322-2021, 23 abr. 2021, rad. 00073-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, precisando que la raz\u00f3n para ello se funda en su improcedencia, al no superar el requisito gen\u00e9rico de la inmediatez y no advertirse motivo que excuse la demora en su invocaci\u00f3n, lo cual releva ahondar en otras tem\u00e1ticas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, pero por la puntual raz\u00f3n desarrollada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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