STC9125-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9125-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00251-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 11 de junio de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Federaci\u00f3n Gremial de Trabajadores de La Salud contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d adelantado por la aqu\u00ed actora a la E.S.E. Hospital Marco Fidel Su\u00e1rez. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa de \u201cpetici\u00f3n\u201d, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Sostiene, como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, que, en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello, se adelant\u00f3 el litigio objeto de esta salvaguarda, \u201cradicado bajo el n\u00famero 05088310300220160060800\u201d. <\/p>\n
Afirma que ese asunto fue acumulado \u201cal proceso No. 05088310300120150062800\u201d, el cual se tramita ante el Juzgado Primero Civil de Circuito de la citada ciudad; sin embargo, los \u201cdep\u00f3sitos\u201d producto de las medidas cautelares decretadas en el litigio subex\u00e1mine, se continuaron realizando a la cuenta judicial del despacho confutado. <\/p>\n
Esgrime que, en varias oportunidades, pidi\u00f3 al estrado convocado, \u201cexpedir una relaci\u00f3n de t\u00edtulos y realizar la conversi\u00f3n de \u00e9stos\u201d, requerimiento reiterado el 5 mayo de 2021; sin embargo, a la fecha de presentaci\u00f3n de este ruego, dicha exigencia no ha sido atendida. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, se ordene al tutelado emitir respuesta a sus solicitudes. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
El estrado querellado manifest\u00f3 que el presente auxilio \u201c(\u2026) se formul\u00f3 antes del venci[miento] de los (\u2026) t\u00e9rminos se\u00f1alados en la Ley 1755 del 2015 (\u2026), para emitir una contestaci\u00f3n a las reclamaciones que se encuentren en curso o se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3 el ruego, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a actividad procesal de la parte demandante, aqu\u00ed accionante, evidencia constante impulso tanto para lograr la conversi\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales como para obtener la entrega de los mismos; pues ello se aprecia no solo en el expediente, sino tambi\u00e9n en la informaci\u00f3n consignada y aportada con su l\u00edbelo genitor; diligencia que no se predica de la autoridad demandada, pues evidentemente se ha superado el t\u00e9rmino del art\u00edculo 120 del C.G.P., porque omiti\u00f3 resolver en oportunidad la solicitud que le formul\u00f3 el accionante, cuando su deber es velar por la r\u00e1pida soluci\u00f3n, con celeridad y diligencia los asuntos sometidos a su conocimiento, adoptando las medidas conducentes para impedir cualquier dilaci\u00f3n o retraso injustificado, tal como lo precept\u00faa el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 del mismo estatuto\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al despacho tutelado <\/p>\n
\u201c(\u2026) que, en el t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a emitir la providencia que en derecho corresponda para resolver la solicitud de conversi\u00f3n de dep\u00f3sitos judiciales formulada el 5 de mayo de 2021, relacionada con el proceso No. 05088-31-03-002-2016-00608-00 que se acumul\u00f3 al No. 05088-31-03- 001-2015-00628-00 y que actualmente se tramita en el Juzgado Primero Civil de Circuito de Bello, con plena garant\u00eda de lo previsto en el art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Disciplinario \u00danico, para lo cual, si no lo ha hecho, deber\u00e1 proceder previamente a organizar en debida forma los asuntos a su cargo\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el titular del juzgado censurado indicando que no se le puede atribuir ninguna mora judicial, porque el asunto referenciado por el tutelante se tramita en la actualidad ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello. <\/p>\n
Indica que el tribunal a quo termin\u00f3 por amparar derechos fundamentales no invocados por el gestor, por tanto, la sentencia de primera instancia desconoce el principio de congruencia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Cuando se elevan solicitudes a autoridades judiciales calificadas por los interesados como derechos de petici\u00f3n y tocantes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del procedimiento o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aqu\u00e9llas exigiendo una actuaci\u00f3n administrativa, tal como el desarchive de un expediente. <\/p>\n
Las primeras se relacionan con la ley del proceso y se rigen bajo esas reglas, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n del tr\u00e1mite jur\u00eddico de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan dentro de la prerrogativa supralegal de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional1. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha tenido la oportunidad de se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]as solicitudes para ser resueltas por los administradores de justicia en el interior de los procesos judiciales, no se rigen por el derecho de petici\u00f3n y la regulaci\u00f3n de \u00e9ste en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo [hoy C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], ya que como ha puntualizado la jurisprudencia, las peticiones que presenten las partes y los intervinientes en asuntos relacionados con la litis tienen un tr\u00e1mite en el que se aplican las reglas del proceso. Es por eso que no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
2. Examinadas las pruebas aqu\u00ed adosadas se observa que lo pretendido por la tutelante es obtener respuesta, por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello, a su requerimiento, presentado el 5 de mayo de 2021, a trav\u00e9s del cual insisti\u00f3 en su solicitud de conversi\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales consignados en ese despacho, relacionados con las medidas cautelares practicadas dentro del compulsivo sublite. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta evidente que el pedimento, en modo alguno, apareja una cuesti\u00f3n administrativa, pues lo realmente censurado es una presunta tardanza en la resoluci\u00f3n del mencionado asunto. <\/p>\n
3. Proyectadas las anteriores premisas en el decurso objeto de estudio, la Sala advierte que existe una tardanza injustificada en el impulso de la actuaci\u00f3n adelantada por la gestora. <\/p>\n
En efecto, revidadas las pruebas aportadas al ruego, se evidencia que el 5 de mayo de 2021, la interesada solicit\u00f3 al estrado confutado efectuar una relaci\u00f3n de t\u00edtulos judiciales consignados en la cuenta judicial de ese despacho, con ocasi\u00f3n de las medidas cautelares decretadas en el proceso radicado bajo el n\u00famero 2016-00608-00, y realizar la conversi\u00f3n de \u00e9stos, con destino al compulsivo identificado con el consecutivo 2015-00628-00, adelantado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello; sin embargo, dicha exigencia no ha sido atendida por la autoridad tutelada, aun cuando, seg\u00fan lo afirmado por el petente, tal requerimiento se ha insistido en varias ocasiones, sin obtener actuaci\u00f3n alguna por parte del convocado. <\/p>\n
En consecuencia, la decisi\u00f3n emitida por el juez constitucional a quo ser\u00e1 ratificada por las razones que pasan a exponerse: <\/p>\n
3.1. La mora judicial, grosso modo, tiene ocurrencia cuando el juzgador desconoce los plazos legales careciendo de motivos plausibles, probados y razonables para ello. <\/p>\n
El fen\u00f3meno en menci\u00f3n halla como presupuestos, seg\u00fan constante doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n3 y de la Corte Constitucional4, (i) la inobservancia de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) la inexistencia un m\u00f3vil razonable capaz de justificar dicha demora; y (iii) la tardanza imputable al juez por incumplimiento de sus funciones. <\/p>\n
Esta colegiatura comparte y hace suyas las opiniones de la Corte Interamericana5 y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos6, en el sentido de que, a fin de determinar la razonabilidad de los plazos en los cuales debe desenvolverse el proceso, han de tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la complejidad del caso concreto; b) la actividad de la parte interesada; y c) el comportamiento de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Fallar los negocios dentro de un plazo razonable7 no es una obligaci\u00f3n impuesta, exclusivamente, por el legislador nacional; obligaciones internacionales adquiridas por Colombia radican en los jueces, cualquiera sea su grado, el deber de solucionar oportunamente las controversias sometidas a su conocimiento. <\/p>\n
Esta Sala reprocha toda actuaci\u00f3n de los funcionarios y jueces tendientes a generar incertidumbre y zozobra a quienes acuden al sistema judicial, pues cuando el usuario debe esperar un plazo excesivo para la resoluci\u00f3n de su pleito o el diligenciamiento de sus peticiones, se estructura la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, tales como el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por tanto, es la acci\u00f3n de tutela el medio eficaz para amparar las prerrogativas quebrantadas por la demora en la tramitaci\u00f3n de su caso. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, la Corte Constitucional ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El desconocimiento del plazo razonable viola la garant\u00eda de acceso oportuno a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026). De esta forma, la carencia de una soluci\u00f3n de fondo que resuelva el asunto jur\u00eddico planteado (…), desconoce la seguridad jur\u00eddica y su derecho a que se resuelva la situaci\u00f3n. La irrazonabilidad del plazo dentro de un proceso frustra el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en el componente del derecho a obtener una decisi\u00f3n judicial. No basta con estar en presencia de una autoridad judicial, es indispensable que ella resuelva la situaci\u00f3n para que haya pleno acceso a la jurisdicci\u00f3n. (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, al juez cognoscente, como encargado de la direcci\u00f3n del proceso judicial, le asiste el deber de velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n con celeridad y diligencia, adoptando las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del decurso, por lo tanto, ser\u00e1 responsable por las demoras que ocurran por el incumplimiento a ese mandato, tal como lo precept\u00faa el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso9. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos previstos en el estatuto procesal civil no constituyen una formalidad. Se trata de una b\u00fasqueda de la justicia material para los administrados y justiciables en el Estado Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no puede ser peor que la enfermedad. <\/p>\n
S\u00f3lo hay justicia si las controversias se resuelven r\u00e1pida y cumplidamente, en lapsos razonables, de manera que la ciudadan\u00eda, crea en sus jueces y en el Estado, porque sus litigios se decidir\u00e1n prontamente y sin dilaciones. El juez del Estado contempor\u00e1neo comprende las necesidades de la ciudadan\u00eda y acata responsablemente sus deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza leg\u00edtima, de la seguridad jur\u00eddica y de la inclusi\u00f3n y reconocimiento de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad, comprometido con pol\u00edticas p\u00fablicas de soluci\u00f3n \u00e1gil de las controversias a su cargo. <\/p>\n
3.2. Por tanto, en el presente caso, es innegable que el espec\u00edfico punto de la conversi\u00f3n de t\u00edtulos judiciales le corresponde, mediante decisi\u00f3n, resolver al despacho convocado, por cuanto, es en la cuenta judicial de esa autoridad donde se encuentran consignados los dineros embargados por las medidas cautelares decretadas dentro del litigio subex\u00e1mine. La tardanza del tutelado en entender los requerimientos de la interesada, ha impedido que dicho producto sea puesto a disposici\u00f3n del proceso adelantado en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bello, al cual se acumul\u00f3 el comentado compulsivo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se ratificar\u00e1 la orden del a quo constitucional, en los t\u00e9rminos all\u00ed impartidos, con el prop\u00f3sito de conjurar la vulneraci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
4. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional propio de la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed como tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, que establece el deber a los pa\u00edses suscriptores de ese instrumento de procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro, as\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d <\/p>\n
De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir obligaciones internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n
En el presente caso, como se dijo, el juzgado tutelado, no ha cumplido con su deber de pronunciarse frente a la conversi\u00f3n de t\u00edtulos judiciales requerida por la gestora, generando con esa desatenci\u00f3n el quebranto de las garant\u00edas de aqu\u00e9lla, como se explic\u00f3 con anterioridad. <\/p>\n
El proceder del despacho accionado contraviene los c\u00e1nones 8.1 y 25 del tratado atr\u00e1s se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC 2 de agosto de 2002, rad. 00199-01, reiterada el 6 de febrero de 2008, rad. 00389-01. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. et al: Sentencias T-292 de 1999; T-220 de 2007; T-230 de 2013; T-186 de 2017; y T-052 de 2018. <\/p>\n
5\u0002 Caso Genie Lacayo, de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, p\u00e1rr 77; y Su\u00e1rez Rosero c. Ecuador, de 12 de nov. de 1997. <\/p>\n
6\u0002 Asuntos Adolf c. Austria, de 26 de marzo de 1982; Zimmermann y Steiner c. Suiza, de 13 de julio de 1983; Erckner y Hofauer c. Austria, de 23 de abril de 1987 y Kizil\u02c6z c. Turqu\u00eda, de 25 de septiembre de 2001, entre otros. <\/p>\n
7\u0002 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, art\u00edculo 8, garant\u00eda judicial 1. <\/p>\n
8\u0002 Corte Constitucional. Sentencia SU 394 de 2016. <\/p>\n
9\u0002 ART\u00cdCULO 42. DEBERES DEL JUEZ. Son deberes del juez: <\/p>\n
1. Dirigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC9125-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC9125-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2021-00251-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 11 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55767","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55767"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55767\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}