STC9128-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9128-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02099-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Agust\u00edn Alejandro Orteg\u00f3n Rey contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, espec\u00edficamente frente al magistrado Hoover Ramos Salas Buga, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario impulsado por Gilberto Alirio Garz\u00f3n Alfonso al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor implora el amparo de la garant\u00eda al debido proceso, presuntamente vulnerada por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio se tramita el litigio materia de resguardo, asunto en el cual se orden\u00f3 el remate del bien hipotecado. <\/p>\n
El aqu\u00ed actor solicit\u00f3 al despacho cognoscente la nulidad de todo lo actuado desde el traslado del aval\u00fao del predio inmiscuido, pues, en su sentir, el mismo no reun\u00eda los requisitos del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 444 del Estatuto Adjetivo Civil1. <\/p>\n
La comentada almoneda se realiz\u00f3 el 18 de febrero de 2019, adjudic\u00e1ndosele el inmueble subastado a Gilberto Alirio Garz\u00f3n. <\/p>\n
En esa misma diligencia, el estrado del circuito convocado rechaz\u00f3 de plano la invalidez procesal deprecada por el tutelante, decisi\u00f3n confirmada por la Sala Civil Familia Laboral del Distrito Judicial de Villavicencio el 16 de diciembre de 2019. <\/p>\n
Manifiesta el gestor que las autoridades confutadas incurrieron en un error, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) no es admisible que el inmueble se haya rematado por un valor inferior que no cumple ni con el 70% de [su] valor real (\u2026)\u201d. De la misma forma (\u2026), en el expediente no existe certificado de aval\u00fao catastral conforme lo dispone el numeral 4 del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Exige, en concreto, \u201c(\u2026) declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto que corri\u00f3 traslado del primer aval\u00fao allegado (\u2026)\u201d al compulsivo bajo estudio. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
Se opusieron a la prosperidad del amparo, al no existir lesi\u00f3n de garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auxilio se concreta en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de Agust\u00edn Alejandro Orteg\u00f3n Rey con el prove\u00eddo de 16 de diciembre de 2019, mediante el cual el tribunal convocado confirm\u00f3 el rechazo de la nulidad deprecada por aqu\u00e9l dentro del caso bajo estudio, pues, en el sentir del tutelante, el remate practicado en ese asunto se realiz\u00f3 con fundamento en un avalu\u00f3 sin los requisitos establecidos en el numeral 4 del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. El ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por carecer del presupuesto de inmediatez, por cuanto, entre la presentaci\u00f3n del resguardo, esto es, el 28 de junio de 2021, y la mencionada providencia, ha transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y seis (6) meses, tiempo que supera, holgadamente, el plazo de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad convocada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Ahora, si el petente se encontraba en desacuerdo con los aval\u00faos del inmueble objeto de remante allegados al proceso bajo estudio, pudo actuar conforme a lo establecido en los numerales 1\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso3; sin embargo, revisadas las pruebas aportadas al ruego, se evidencia que su actuaci\u00f3n en tal sentido fue tard\u00eda, pues la experticia por \u00e9l aportada para determinar el valor del bien a subastar, no fue tenida en cuenta por extempor\u00e1nea4. <\/p>\n
Sobre el descuido en el uso de las herramientas ordinarias y extraordinarias de defensa, esta Sala ha adoctrinado <\/p>\n
\u201c(\u2026) si [el tutelante] incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u201d5. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, se niega el amparo deprecado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Agust\u00edn Alejandro Orteg\u00f3n Rey contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, espec\u00edficamente frente al magistrado Hoover Ramos Salas Buga, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario Gilberto Alirio Garz\u00f3n Alfonso al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 444: \u201cPracticados el embargo y secuestro, y notificado el auto o la sentencia que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, se proceder\u00e1 al aval\u00fao de los bienes conforme a las reglas siguientes: (\u2026) 4. Trat\u00e1ndose de bienes inmuebles el valor ser\u00e1 el del aval\u00fao catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50%), salvo que quien lo aporte considere que no es id\u00f3neo para establecer su precio real. En este evento, con el aval\u00fao catastral deber\u00e1 presentarse un dictamen obtenido en la forma indicada en el numeral 1 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
3\u0002 \u201c1. Cualquiera de las partes y el acreedor que embarg\u00f3 remanentes, podr\u00e1n presentar el aval\u00fao dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia o del auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, o despu\u00e9s de consumado el secuestro, seg\u00fan el caso. Para tal efecto, podr\u00e1n contratar el dictamen pericial directamente con entidades o profesionales especializados\u201d. 2. De los aval\u00faos que hubieren sido presentados oportunamente se correr\u00e1 traslado por diez (10) d\u00edas mediante auto, para que los interesados presenten sus observaciones. Quienes no lo hubieren aportado, podr\u00e1n allegar un aval\u00fao diferente, caso en el cual el juez resolver\u00e1, previo traslado de este por tres (3) d\u00edas\u201d. <\/p>\n
4\u0002 El aval\u00fao presentado por el gestor fue rechazado por extempor\u00e1neo mediante auto de 17 de enero de 2018. <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC de 6 de julio de 2010, exp. 2010-00241-01; reiterada el 9 de diciembre de 2011 y 16 de febrero de 2012, exps. 2011-01459-01 y 2011-00398-01. <\/p>\n
6\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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