STC9133-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9133-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02293-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Miguel \u00c1ngel Artunduaga Guti\u00e9rrez contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Neiva, espec\u00edficamente frente a las magistrados Luz Dary Ortega Ortiz, Gilma Leticia Parada Pulido y Enasheilla Polania Gomez, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d adelantado por el Alimentos Concentrados del Sur S.A. al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor implora el amparo de los derechos al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, sostiene que Alimentos Concentrados del Sur S.A. realiz\u00f3 un contrato de \u201centrega de concentrado\u201d, con su hermano Jos\u00e9 Ignacio Artunduaga Guti\u00e9rrez, negocio en el cual se vio involucrado al firmar \u201cun documento en blanco -pagar\u00e9- en se\u00f1al de garant\u00eda\u201d. <\/p>\n
Asevera que esa obligaci\u00f3n fue respaldada, con posterioridad, con una escritura p\u00fablica de hipoteca constituida por su consangu\u00edneo a favor de dicha empresa; sin embargo, el referido t\u00edtulo valor \u201cpermaneci\u00f3 en poder\u201d de ese ente societario. <\/p>\n
Acota que, por las dificultades econ\u00f3micas de su familiar, aqu\u00e9l \u201cdecidi\u00f3 acogerse al proceso de insolvencia econ\u00f3mica regulado por la Ley 1116 de 2006\u201d, asunto adelantado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pitalito. <\/p>\n
Indica que, ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Garz\u00f3n, la referida compa\u00f1\u00eda inici\u00f3 proceso ejecutivo frente a su pariente, pretendiendo el pago de \u201c15 facturas de venta\u201d; sin embargo, ese litigio fue declarado \u201cnulo con base en lo estipulado en el art\u00edculo 20\u201d de la mencionada normatividad. <\/p>\n
Asegura que, a la par con lo anterior, Alimentos Concentrados del Sur S.A., inici\u00f3 en su contra el juicio compulsivo materia de resguardo, en el cual se present\u00f3 para su cobro, el memorado \u201cdocumento en blanco\u201d por \u00e9l firmado, asunto zanjado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n, en sentencia de 20 de agosto de 2019, declar\u00e1ndose no probadas las excepciones de fondo propuestas en ese asunto. <\/p>\n
Manifiesta que impetr\u00f3 apelaci\u00f3n frente a esa determinaci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, quien, en prove\u00eddo de 16 de junio de 2021, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, sin existir constancia del env\u00edo de las \u201cgrabaciones\u201d de la audiencia donde se profiri\u00f3 el fallo impugnado. <\/p>\n
Considera que sus prerrogativas fundamentales fueron conculcadas dentro del pleito sublite, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) dos procesos cabalgaron juntos con la misma obligaci\u00f3n durante todo el 2018 y comienzos del 2019; ii) la Juez Civil del Circuito de Garz\u00f3n (\u2026) ayud[\u00f3] a la empresa Alimentos Concentrados del Sur S.A a esquivar el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial que se hab\u00eda iniciado por parte del se\u00f1or Jos\u00e9 Ignacio Artunduaga Guti\u00e9rrez; iii) se instaur\u00f3 [una] demanda con base en [un] pagar\u00e9; sin embargo, lo que deseaba cobrar eran unos honorarios de treinta y cinco millones de pesos y uno intereses moratorios superiores a sesenta y cinco millones que nunca se causaron (\u2026), [y]; iv) la actuaci\u00f3n de la abogada [de la sociedad ejecutante fue] delictiva, as\u00ed como el desarrollo del proceso en primera instancia\u201d. <\/p>\n
Afirma que la titular del juzgado criticado actu\u00f3 con parcialidad dentro del comentado litigio, \u201c(\u2026) constituy\u00e9ndo[se] una grave afrenta al orden constitucional que (\u2026) debi\u00f3 correg[ir] el fallo del Tribunal\u201d. <\/p>\n
Indica que los convocados debieron analizar el pagar\u00e9 base de recaudo como \u201cun t\u00edtulo de car\u00e1cter complejo\u201d, dada la relaci\u00f3n comercial del negocio causal; empero, no lo hicieron, pues fallaron el asunto como si se tratara del cobro de \u201cun solo instrumento\u201d. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, \u201cordenar la revisi\u00f3n de la sentencia proferida\u201d por la corporaci\u00f3n criticada, y se apliquen \u201clos principios de publicidad que rigen el proceso\u201d. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
2. El tribunal querellado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El auxilio se concreta en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de Miguel \u00c1ngel Artunduaga Guti\u00e9rrez con el prove\u00eddo de 28 de junio de 2021, mediante el cual la corporaci\u00f3n tutelada ratific\u00f3 el fallo de primera instancia, donde se declararon no probadas las excepciones de fondo impetradas por el gestor dentro del comentado compulsivo. <\/p>\n
2. De entrada se advierte que el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por carencia del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, revisadas las pruebas aportadas a este auxilio, se constata que el promotor, dentro de los argumentos de la apelaci\u00f3n incoada frente al fallo de primer grado, no aleg\u00f3 los temas expuestos en este ruego, referentes a: (i) la parcialidad del a quo en zanjar el asunto puesto a su conocimiento, (ii) la inaplicaci\u00f3n de la Ley 1116 de 2006, iii) el haberse dictado mandamiento de pago \u201cen dos demandas ejecutivas con la misma causa\u201d, y iv) la caracter\u00edstica de \u201ct\u00edtulo complejo\u201d del documento base de recaudo; desperdiciando, de esa forma, la oportunidad de que el tribunal, en segunda instancia, estudiara las censuras impetradas por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
Veamos, el ad quem, al momento de zanjar la alzada, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sobre la decisi\u00f3n de instancia, [el recurrente] manifest\u00f3 que el a quo viol\u00f3 los principios probatorios de necesidad de la prueba, carga probatoria, apreciaci\u00f3n de la prueba, inaplicaci\u00f3n de las reglas de la sana cr\u00edtica y reglas de la experiencia, precisando en esencia que la juez desconoci\u00f3 el negocio causal y el hecho que entre la empresa ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL SUR S.A. y el deudor principal, los pagos se realizaban a trav\u00e9s de consignaciones bancarias, sin que fuera posible por parte de su representado, realizar los abonos al documento que hab\u00eda firmado en blanco\u201d. <\/p>\n
\u201cA su vez, arguy\u00f3 el desconocimiento del precedente de la Corte Suprema de Justicia, pues ninguna referencia se hizo al negocio causal, que se pretendi\u00f3 garantizar con el t\u00edtulo valor base del recaudo; as\u00ed mismo, acus\u00f3 la decisi\u00f3n de instancia de ser violatoria de las disposiciones consignadas en la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor, espec\u00edficamente el art\u00edculo 45, regulado por el Decreto 1368 de 2014, mediante el cual se regulan las operaciones de cr\u00e9dito\u201d. <\/p>\n
\u201cAgrega que el pagar\u00e9 presentado para el cobro no posee fecha de creaci\u00f3n ni lugar donde fue suscrito, habi\u00e9ndose estipulado en las instrucciones que los \u00fanicos espacios en blanco ser\u00edan los relativos a la cuant\u00eda, intereses y fecha de vencimiento. No fue entregado con la intenci\u00f3n de hacerlo negociable, pues del mismo negocio causal y lo dicho por el testigo que no fue refutado por la contraparte, se desprende que la empresa Alimentos Concentrados del Sur S.A, exig\u00eda un documento como garant\u00eda mientras se elaboraba la escritura p\u00fablica de Hipoteca, como as\u00ed sucedi\u00f3 posteriormente; a pesar de ello, jam\u00e1s se regres\u00f3 a su cliente, el documento suscrito en blanco\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta senda para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d1. <\/p>\n
3. Por otro lado, tampoco se evidencia que el actor haya utilizado el instrumento id\u00f3neo a su alcance para debatir el tema concerniente a las supuestas maniobras fraudulentas de la sociedad Alimentos Concentrados del Sur S.A. para obtener, dentro del asunto criticado, el pago del t\u00edtulo valor objeto de recaudo. <\/p>\n
En efecto, el gestor puede interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, conforme lo estatuido en el numeral 6 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso2; empero no lo ha hecho, situaci\u00f3n que le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Al respecto esta Corte ha considerado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La doctrina reiterada de esta Sala ha dicho que el recurso de revisi\u00f3n es remedio excepcional frente a la inmutabilidad de la cosa juzgada material, para combatir las decisiones judiciales contrarias a la justicia y al derecho, el cual tiene determinadas caracter\u00edsticas que lo distinguen de los dem\u00e1s medios de impugnaci\u00f3n, como quiera que es un recurso extraordinario, formalista y restringido, cuya funci\u00f3n es constatar la existencia o inexistencia de las causales taxativamente se\u00f1aladas en la ley, y para enmendar situaciones adversas que, con intervenci\u00f3n de alguno de los sujetos procesales, hubieren podido evitarse o remediarse en donde se dict\u00f3 la sentencia de la cual se implora revisi\u00f3n (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
4. Con todo, si el petente considera que dentro del caso bajo estudio las partes involucradas incurrieron en alguna conducta punible, puede realizar las correspondientes denuncias, para que sean las autoridades competentes quienes adelantes las investigaciones del caso. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se denegar\u00e1 el resguardo incoado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Miguel \u00c1ngel Artunduaga Guti\u00e9rrez contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Neiva, espec\u00edficamente frente a las magistradas Luz Dary Ortega Ortiz, Gilma Leticia Parada Pulido y Enasheilla Polania Gomez, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d adelantado por el Alimentos Concentrados del Sur S.A. al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, de 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 355. Son causales de revisi\u00f3n: \u201c(\u2026) 6. Haber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicio al recurrente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia de 3 de septiembre de 1996, Exp. No. 5231. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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