STC9135-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9135-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02319-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se procede a decidir la tutela impetrada por \u00c1ngela Mar\u00eda Arbel\u00e1ez Rold\u00e1n contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n de la causa criminal seguida a Danilo Toro Campo, H\u00e9ctor Fabio Ortega D\u00edaz y la aqu\u00ed accionante, por el delito de fraude procesal. <\/p>\n
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1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente conculcada por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja sostiene que, dentro del juicio penal criticado, se emiti\u00f3 sentencia el 14 de diciembre de 2018, mediante la cual se conden\u00f3 a los procesados por el punible se\u00f1alado a sesenta (60) meses de prisi\u00f3n, neg\u00e1ndose la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena, pero accedi\u00e9ndose a la \u201c(\u2026) prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n intramuros, previo pago de (\u2026) cauci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Apelada esa determinaci\u00f3n por todos los sancionados, el tribunal, en fallo de 19 de agosto de 2019, la confirm\u00f3 parcialmente para absolver a Danilo Toro Campo y H\u00e9ctor Fabio Ortega D\u00edaz y mantener la condena respecto de la aqu\u00ed petente. <\/p>\n
Afirma la querellante que, con esa determinaci\u00f3n, se quebrantaron sus prerrogativas, pues se incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria y se cercen\u00f3 su garant\u00eda a la \u201cdefensa t\u00e9cnica\u201d, por cuanto no existi\u00f3 \u201cprueba directa de la proclividad para actuar en el contexto del negocio jur\u00eddico\u201d materia del supuesto fraude; a su abogado no le permitieron controvertir los elementos adosados por los dem\u00e1s sujetos procesales; y aqu\u00e9l tampoco aport\u00f3 otros medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Tras cuestionar, in extenso, \u201c(\u2026) la deficiente funci\u00f3n y desempe\u00f1o del abogado Luis Felipe Valencia Orozco (\u2026)\u201d, quien fungi\u00f3 como su abogado en el tr\u00e1mite censurado, refiere que los accionados han debido remitir las copias correspondientes para surtir las respectivas investigaciones frente a dicho profesional. <\/p>\n
Advierte, aunque interpuso el recurso de casaci\u00f3n frente al fallo del ad quem, alegando las cuestiones anteriores, la Sala especializada, en auto de 28 de abril de 2021, inadmiti\u00f3 \u201clas demandas\u201d presentadas por sus representantes judiciales. <\/p>\n
En su criterio, los accionados incurrieron en v\u00eda de hecho, por defecto f\u00e1ctico y procedimental, pues tras una indebida valoraci\u00f3n del caudal demostrativo, aplicaron normas de manera \u201cinadecuada\u201d y desconocieron \u201cel principio de investigaci\u00f3n integral\u201d. Adem\u00e1s, expone, la Corte debi\u00f3 admitir el anotado instrumento extraordinario porque la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas resultaba evidente, m\u00e1xime si concurri\u00f3 a ese escenario \u201cpor v\u00eda de nulidad\u201d, ante las deficiencias en su \u201cdefensa t\u00e9cnica\u201d. <\/p>\n
3. Exige, en concreto, revocar las providencias de los convocados e imponer la emisi\u00f3n de otras favorables a sus intereses. <\/p>\n
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1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, inform\u00f3 haber definido el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la tutelante y otros, dentro del caso criticado, a trav\u00e9s de la sentencia de 19 de agosto de 2019, de la cual adjunt\u00f3 copia. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal expres\u00f3 que, en la decisi\u00f3n criticada, dictada el pasado 24 de abril, inadmiti\u00f3 \u201c(\u2026) las demandas complementarias, debido a que los cargos presentados contra la legalidad de la sentencia de segunda instancia, en su desarrollo carec\u00edan de los presupuestos de t\u00e9cnica exigidos en sede extraordinaria (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, en ese pronunciamiento, resalt\u00f3 las evidentes falencias de los dos libelos presentados, defectos que imped\u00edan su admisi\u00f3n, \u201c(\u2026) toda vez que es carga de los demandantes precisar las causales, enunciar los errores y desarrollarlos de acuerdo con la t\u00e9cnica prevista para cada uno de ellos (\u2026)\u201d; asimismo, reliev\u00f3 no haber hecho uso de la facultad oficiosa para tramitar el recurso extraordinario, por cuanto no estableci\u00f3 lesi\u00f3n de garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisada la providencia de 28 de abril de 2021, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 \u201clas demandas\u201d de casaci\u00f3n incoadas por la tutelante dentro del proceso reprochado, decisi\u00f3n con la cual adquiri\u00f3 firmeza la condena criticada, se constata el fracaso de la protecci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
Lo acotado, por cuanto, de un lado, no se encuentra desafuero en dicho prove\u00eddo, dado que se efectu\u00f3 un pronunciamiento suficiente y razonado, respecto de las alegaciones de la recurrente; y, de otro, en torno al fallo proferido por el tribunal atacado, se revela el desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad, pues el remedio extraordinario mencionado, se formul\u00f3 inadecuadamente. <\/p>\n
2. Sobre lo primero, se advierte que, en la determinaci\u00f3n criticada, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tras relatar los antecedentes del asunto, se\u00f1al\u00f3 que el abogado Juan Bautista D\u00e1vila Orjuela inco\u00f3 el libelo extraordinario, en nombre de la censora, el 15 de agosto de 2019 y, el 28 de octubre siguiente, lo formul\u00f3 el profesional Julio C\u00e9sar P\u00e9rez Chic\u00fae, tambi\u00e9n habilitado por la tutelante para ese efecto. <\/p>\n
Visto lo anterior, la accionada indic\u00f3 que proceder\u00eda al estudio de ambos escritos en aplicaci\u00f3n del \u201cprincipio de complementariedad\u201d; no obstante, de manera anticipada, anunci\u00f3 que los mismos incumpl\u00edan <\/p>\n
\u201c(\u2026) los presupuestos de t\u00e9cnica que permitan disponer su tr\u00e1mite, en la medida que los reparos postulados en cada uno de ellos contra el fallo del Tribunal son desarrollados sin la observancia de los requisitos formales y materiales previstos en el art\u00edculo 207 y 212 de la Ley 600 de 2000 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En torno a la primera demanda de casaci\u00f3n propuesta, donde se acus\u00f3 el fallo del ad quem al apreciar indebidamente los medios de convicci\u00f3n declarativos, se acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s un escrito de instancia porque si bien en alguna parte de \u00e9l acusa a los falladores de violar las reglas de la sana cr\u00edtica \u201cen lo que respeta a la l\u00f3gica\u201d, que sugerir\u00eda la proposici\u00f3n de un error de hecho por falso raciocinio, adem\u00e1s de no desarrollarlo con sujeci\u00f3n a los requerimientos de la casaci\u00f3n, falta a la precisi\u00f3n y claridad del vicio propuesto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, la manifestaci\u00f3n del recurrente de que la indagatoria no es un medio de prueba, debido a lo cual los se\u00f1alamientos de Ortega D\u00edaz no pueden ser tenidos en contra de la acusada, es una alegaci\u00f3n que no se aviene con los error insinuado inicialmente, como tampoco la afirmaci\u00f3n de no haber sido juramentado aquel cuando la sindic\u00f3, evento que mostrar\u00eda que en su recepci\u00f3n no se cumplieron los requisitos legales, en cuyo caso estar\u00eda hablando de un error de hecho por falso juicio de legalidad que no enuncia ni desarrolla\u201d. <\/p>\n
\u201cAdicionalmente, si lo que pretend\u00eda era la proposici\u00f3n de un falso juicio de identidad, recu\u00e9rdese que critica la falta de valoraci\u00f3n integral de la prueba testimonial, el recurrente en la censura no muestra de qu\u00e9 manera el tribunal tergiversa la prueba relacionada en ella ni adelanta labor tendiente alguna a desarrollarla conforme con las exigencias del recurso\u201d. <\/p>\n
\u201cEn tales condiciones, son notorias las falencias de t\u00e9cnica del reparo, en el que lo pretendido por el demandante es anteponer su visi\u00f3n personal sobre la del tribunal acerca del valor probatorio que merecen los medios de conocimiento\u201d. <\/p>\n
Luego, en relaci\u00f3n con el segundo libelo, en el cual se aleg\u00f3 la nulidad \u201cpor violaci\u00f3n del derecho de defensa\u201d se indic\u00f3 que el ataque carec\u00eda de rigor, precisi\u00f3n y claridad y, en cuanto al reproche efectuado por \u201cerror de derecho por falso juicio de legalidad\u201d, se acot\u00f3 su falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c(\u2026) limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a impugnar la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, sin agotar la refutaci\u00f3n de las pruebas desde los hechos y el derecho\u201d. <\/p>\n
\u201cSin cumplir con el deber exigible que impone las reglas de las nulidades, no menciona las pruebas que seg\u00fan \u00e9l han debido ser refutadas, ni cuales los hechos y las disposiciones jur\u00eddicas que no tuvo en cuenta y de haberlas tenido, habr\u00edan incidido favorablemente en la defensa o ayudado a mejorarla\u201d. <\/p>\n
\u201cExpresa que el profesional del derecho al que le hab\u00eda sido encomendada, no siendo un especialista en materia penal debi\u00f3 separarse del encargo y dejar a uno que lo fuera, pero como no lo hizo esto no lo relevaba de adelantar \u201cun estudio serio de las cuestiones eventualmente aptas para ser canalizadas por las v\u00edas procesales pertinentes\u201d. <\/p>\n
Frente a ello, la Corte adujo que tales manifestaciones correspond\u00edan a generalizaciones \u201csin contenido\u201d, pues no se expresaron \u201c(\u2026) las razones por las que solo un especialista est\u00e1 capacitado para intervenir en el proceso penal y cu\u00e1les las cuestiones que por ser \u201captas\u201d servir\u00edan para estructurar la adecuada defensa de la inculpada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, expuso la falta de rigor en la proposici\u00f3n de la nulidad, por cuanto no se especific\u00f3 ni precis\u00f3 o aclar\u00f3, en qu\u00e9 consist\u00edan las omisiones procesales del otrora abogado de la promotora \u201c(\u2026) y por qu\u00e9 al no ejecutar [las aducidas gestiones] afect\u00f3 el debido proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Tras se\u00f1alar que, seg\u00fan la demanda estudiada, la defensa t\u00e9cnica requiere \u201chabilidad, m\u00ednimos conocimientos jur\u00eddicos y diligencia para la utilizaci\u00f3n de los instrumentos y recursos procesales\u201d, asegur\u00f3 la ausencia de indicaci\u00f3n de los \u201c(\u2026) actos demostrativos de la falta de habilidad o de preparaci\u00f3n del representante de los intereses de la acusada (\u2026) [y] de aquellos que mostrar\u00edan su falta de diligencia durante el proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, expuso rechazar las apreciaciones \u201c(\u2026) sustentadas en opiniones del impugnante y las considera inapropiadas para estructurar el cargo propuesto en la demanda, en la medida que ellas no muestran la ausencia de la defensa t\u00e9cnica y corresponden solo a la visi\u00f3n personal de quien las alega (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Luego, en torno al alegato seg\u00fan el cual, se quebrant\u00f3 el debido proceso de la peticionaria \u201cal no hacer, [su entonces representante], uso o ejercer la facultad de solicitar pruebas y controvertir las allegadas al proceso\u201d, adujo la imposibilidad de acoger tal censura porque no se mencionaron cu\u00e1les elementos de convicci\u00f3n debieron solicitarse y controvertirse y c\u00f3mo era necesario hacerlo, todo ello, \u201c(\u2026) en orden a establecer una estrategia defensiva que ofreciera mayores posibilidades que la ejercida dentro del proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Enseguida, tras insistir en los defectos del planteamiento relativo a la ausencia de defensa t\u00e9cnica, la Sala especializada anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las generalidades con las que pretende estructurar la ausencia de defensa t\u00e9cnica, sin indicar cu\u00e1les fueron las omisiones, actos o pruebas que de no haber omitido, desarrollado y solicitado, habr\u00edan servido a la defensa o mejorado su tesis defensiva frente a la acusaci\u00f3n, ponen de manifiesto la impropiedad en la postulaci\u00f3n de la nulidad, con mayor raz\u00f3n cuando la irregularidad pretende demostrarla con fundamento en el procedimiento de la Ley 906 y no con las normas del de la Ley 600, cuyos sistemas guardan diferencias. <\/p>\n
\u201cDe ah\u00ed, que el reparo sea un cat\u00e1logo de aseveraciones del libelista, algunas inconexas, apoyadas en preceptos de la Ley 906 de 2004 y propios del sistema adversarial bajo el cual no se tramit\u00f3 este proceso\u201d. <\/p>\n
\u201cLa menci\u00f3n de los deberes y funciones de la defensa contemplados en el art\u00edculo 125 de la citada Ley, la parcialidad que su ejercicio reviste en el sistema acusatorio y todas las potestades y facultades surgidas de los art\u00edculos 267, 268, 271, 274, 284, 290, 303, 344, 357, 371 y 443 que cita en la demanda, hacen evidente el error en el discurso del casacionista, que definitivamente olvid\u00f3 que este asunto se rige por la Ley 600 de 2000, al cuestionar a la defensa por haber dejado de hacer uso de instrumentos extra\u00f1os a este sistema\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese contexto, carece de fundamento jur\u00eddico la cr\u00edtica a la defensa porque la preparaci\u00f3n del juicio no se hubiera realizado \u201cdentro del contexto avalado y permitido por la ley, para las partes enfrentadas, estaba garantizada la igual de oportunidad, el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia f\u00edsica\u201d. Su alegato desenfocado, sigue por v\u00eda equivocada\u201d. <\/p>\n
\u201cEl casacionista menciona que el defensor \u00fanicamente estuvo presente en la formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, acto que, por supuesto no es equivalente a la indagatoria, mientras advierte que ten\u00eda el deber obligaci\u00f3n de exigir a la fiscal\u00eda el descubrimiento probatorio. Sustentado en disposiciones no aplicables a este asunto, el cargo es inadmisible\u201d. <\/p>\n
\u201cNinguna consideraci\u00f3n hace acerca de la ausencia de prueba directa, enunciada como segundo vicio invalidante de la actuaci\u00f3n, por lo cual es un tema enunciado respecto del cual no cabe pronunciamiento alguno por su falta de desarrollo conforme con las exigencias requeridas en sede de casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al advertido \u201c(\u2026) error de derecho por falso juicio de legalidad (\u2026)\u201d, la Corte tambi\u00e9n sostuvo la improcedencia de admitir el libelo, al soslayarse la sustentaci\u00f3n de dicho cargo y no indicarse sobre cu\u00e1l prueba reca\u00eda. <\/p>\n
Agreg\u00f3, en dicha demanda, se efectu\u00f3, a manera de alegato de instancia, una \u201csolicitud especial\u201d para decretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, desconociendo la naturaleza del recurso extraordinario que impon\u00eda invocar tal cuesti\u00f3n como un cargo particular, desarroll\u00e1ndolo conforme a los presupuestos contenidos en la jurisprudencia. <\/p>\n
As\u00ed, sostuvo la Sala atacada, se olvid\u00f3 alegar si el punible era de ejecuci\u00f3n instant\u00e1nea y no permanente y probar que la cesaci\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos de la conducta, hubiese tenido lugar el 21 de junio de 2005 y no hasta el 9 de enero de 2013, como se determin\u00f3 en el proceso. <\/p>\n
3. En las elucubraciones anteriores no se encuentra irregularidad lesiva de garant\u00edas sustanciales, pues la Sala especializada adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n criticada, previa valoraci\u00f3n de todos los argumentos esbozados en las demandas de casaci\u00f3n formuladas en favor de la tutelante, concluyendo la imposibilidad de admitir su formulaci\u00f3n, al resultar insuficiente el planteamiento y fundamentaci\u00f3n de los cargos expresados. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
Se destaca, en la providencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal se descart\u00f3 la violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales que tornaran viable su intervenci\u00f3n de oficio, con el fin de salvaguardarlas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no hay lugar a la injerencia de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la misma se halla reservada exclusivamente para casos de evidente desafuero judicial con directa repercusi\u00f3n en postulados supralegales no siendo el presente uno de ellos. <\/p>\n
4. De igual modo, el auxilio tambi\u00e9n fracasa, al desconocer el presupuesto de subsidiariedad, en torno a los reproches endilgados a la sentencia de segundo grado, emitida por el tribunal en el caso materia de censura, pues, como viene de verse, no se efectu\u00f3 un uso id\u00f3neo de los medios de defensa para reprochar esa determinaci\u00f3n, concretamente, del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Respecto del anotado requisito, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u2018judicial\u2019 de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u201d1. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos2 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19693, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d4, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio5. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-6, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales7; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas8. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. El auxilio impetrado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por \u00c1ngela Mar\u00eda Arbel\u00e1ez Rold\u00e1n contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n del asunto penal seguido a Danilo Toro Campo, H\u00e9ctor Fabio Ortega D\u00edaz y la aqu\u00ed accionante, por el delito de fraude procesal. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC 26 de enero de 2011, exp. 00027-00; reiterada el 11 de abril de 2012, exp. 00616-00. <\/p>\n
2\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
3\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
4\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
5\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC9135-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC9135-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02319-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) Se procede a decidir la tutela impetrada por \u00c1ngela Mar\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55774","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55774","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55774"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55774\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55774"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55774"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55774"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}