STC9136-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9136-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 9 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Jos\u00e9 Jes\u00fas R\u00edos G\u00f3mez a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el precitado estrado, el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Pereira y, los abogados Isabel Cristina Berni Hoyos y Juli\u00e1n Alfonso Casta\u00f1o G\u00f3mez, con ocasi\u00f3n del juicio penal con radicado n\u00b02017-0044-00, adelantado contra el gestor por los delitos de \u201cconcierto para delinquir agravado, en concurso con tr\u00e1fico de estupefacientes\u201d y el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio originada a causa del anterior ritual. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El 7 de noviembre de 2018, en virtud del preacuerdo celebrado por el impulsor con la Fiscal\u00eda, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales lo conden\u00f3 a cincuenta y cuatro (54) meses de prisi\u00f3n y multa de 1350.5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, como coautor de \u201cconcierto para delinquir agravado, en concurso con tr\u00e1fico de estupefacientes\u201d. <\/p>\n
Asimismo, dispuso remitir copias con destino al aludido ente acusador, para que verificara la procedencia de la \u201cacci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio\u201d respecto a un inmueble, de propiedad del actor y de su hermana, \u00c1ngela Mar\u00eda R\u00edos G\u00f3mez e, igualmente, reiter\u00f3 la orden de registrar la medida cautelar de suspensi\u00f3n del poder dispositivo sobre dicho predio. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con este \u00faltimo aspecto, un \u201ctercero interesado\u201d en el bien, impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal confutado, quien, en pronunciamiento de 5 de junio de 2019, desestim\u00f3 el mecanismo de defensa vertical formulado. <\/p>\n
De forma paralela a ese tr\u00e1mite, la Fiscal\u00eda deprec\u00f3 al Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Pereira, declarar la titularidad del inmueble debatido en favor del Estado, sin contraprestaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
El 22 de agosto de 2019, la se\u00f1alada sede judicial admiti\u00f3 la demanda de \u201cextinci\u00f3n de dominio\u201d. <\/p>\n
Para el censor, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto (i) su otrora apoderado, Juli\u00e1n Alfonso Casta\u00f1o G\u00f3mez, no le dio una adecuada asesor\u00eda a la hora de aceptar cargos, concretamente, en relaci\u00f3n de la \u201cextinci\u00f3n de dominio\u201d del bien en comento; (ii) Isabel Cristina Berni Hoyos, abogada que reemplaz\u00f3 a ese mandatario, no formul\u00f3 recurso contra la sentencia condenatoria de 7 de noviembre de 2018; (iii) el inmueble controvertido nunca estuvo involucrado en las conductas que dieron lugar a la actuaci\u00f3n reprochada, ni fue adquirido fruto de ellas; y (iv) su hermana \u00c1ngela Mar\u00eda R\u00edos G\u00f3mez vive en el predio con sus hijos y es ajena a todo lo ocurrido. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, (i) anular el preacuerdo aprobado de 7 de noviembre de 2018; (ii) suspender el ritual de extinci\u00f3n de dominio reprochado; (iii) cancelar las medidas cautelares practicadas sobre el inmueble; y (iv) disponer investigar, disciplinariamente, a los abogados que lo representaron en el tr\u00e1mite penal cuestionado. <\/p>\n
4. El libelo fue presentado ante el a quo constitucional el 24 de febrero de 2020 y, en auto de 28 de febrero postrero, dicha autoridad dispuso remitir el expediente, por competencia, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. <\/p>\n
El 11 de marzo ulterior, el precitado colegiado admiti\u00f3 el pliego introductor y, al advertir que el debate tambi\u00e9n lo implicaba, el 13 de marzo siguiente, resolvi\u00f3 devolver el dossier a la Sala de Casaci\u00f3n Penal; empero, la diligencias resultaron en manos de la Corte Constitucional, quien mediante oficio OF.UT-0136-2021 de 2 de febrero de 2021, al respecto, indic\u00f3 h\u00e1rbesele allegado el proceso por \u201cequivocaci\u00f3n\u201d y, en consecuencia, las redireccion\u00f3 a la hom\u00f3loga Penal, corporaci\u00f3n que emiti\u00f3 el fallo ahora impugnado. <\/p>\n
5. Mediante auto de 28 de mayo pasado, esta Sala devolvi\u00f3 el paginario a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al observar la ausencia de varios documentos referidos en las actuaciones, entre ellos, el escrito de impugnaci\u00f3n materia de este asunto. <\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el precitado estrado, la Fiscal\u00eda Diecisiete Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Pereira y la abogada Isabel Cristina Berni Hoyos, realizaron, por separado, un recuento de los procedimientos y defendieron la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, as\u00ed como el Banco Davivienda S.A., adujeron carecer de legitimidad en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S., en calidad de administradora del FRISCO1, refiri\u00f3 que no ha conculcado prerrogativa alguna al interior del proceso de extinci\u00f3n de dominio reprochado. <\/p>\n
4. \u00c1ngela Mar\u00eda R\u00edos G\u00f3mez y Gustavo Quintero coadyuvaron las pretensiones del accionante. <\/p>\n
5. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al desatenderse los requisitos de temporalidad y residualidad; adem\u00e1s, en cuanto a lo sucedido con el expediente contentivo de esta acci\u00f3n, indic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ntre la emisi\u00f3n del auto del 13 de marzo de 2020 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales -a trav\u00e9s del cual dispuso la remisi\u00f3n del asunto constitucional por competencia a esta Corporaci\u00f3n-, y el arribo de las diligencias a esta Colegiatura -17 de febrero de 2021-, trascurri\u00f3 casi un a\u00f1o, evento que denota que la Secretar\u00eda del cuerpo judicial remitente no actu\u00f3 con la celeridad que caracteriza la acci\u00f3n constitucional, se compulsar\u00e1n copias de esta actuaci\u00f3n ante la Presidencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de ese distrito para que investigue tal situaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
1. La formularon los coadyuvantes \u00c1ngela Mar\u00eda R\u00edos G\u00f3mez y Gustavo Quintero, sin exponer los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
2. Por su parte, el magistrado C\u00e9sar Augusto Castillo Taborda, en calidad de presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, se\u00f1al\u00f3 que remiti\u00f3 los procedimientos, tempestivamente, a trav\u00e9s de la empresa 4-72, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal para que la contienda fuese defina en primera instancia. <\/p>\n
Pese a ello, indica, la mencionada compa\u00f1\u00eda entreg\u00f3 el expediente a la Corte Constitucional el 18 de marzo de 2020 y, al enterarse de lo sucedido, solicit\u00f3 a esa corporaci\u00f3n el 5 de febrero de 2021, redireccionar los tr\u00e1mites a la Sala de Casaci\u00f3n Penal y, con tales explicaciones, pide dejar sin efectos el numeral que dispuso la remisi\u00f3n de copias para su investigaci\u00f3n. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se pone al descubierto el naufragio de la salvaguarda al desatenderse los presupuestos de inmediatez y de subsidiariedad. <\/p>\n
2. El primero, porque entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, acaecida el 24 de febrero de 2021, y las providencias reprochadas, esto es, la sentencia de 7 de noviembre 2018, mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales conden\u00f3 al petente a cincuenta y cuatro (54) meses de prisi\u00f3n y, el fallo de 5 de junio de 2019, en donde la Sala la Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n relativa a la \u201csuspensi\u00f3n del poder dispositivo\u201d sobre el predio involucrado en dichas diligencias, han trascurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os y ocho (8) meses, respectivamente. <\/p>\n
Dicho lapso supera el plazo de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. Frente a tal exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las entidades confutadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Se desconoce el segundo presupuesto enunciado, por cuanto el censor no hizo uso del recurso de apelaci\u00f3n a su alcance, frente al pronunciamiento de 7 de noviembre 2018, relativo a la aceptaci\u00f3n del preacuerdo celebrado por aqu\u00e9l y la fiscal\u00eda, cuyo resultado motiv\u00f3 la condena a cincuenta y cuatro (54) meses de prisi\u00f3n contra el petente y, adem\u00e1s, amerit\u00f3 remitir copias para adelantar una investigaci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)4\u201d. <\/p>\n
4. Refuerza la improcedencia de la protecci\u00f3n exigida que el proceso de extinci\u00f3n de dominio adelantado en el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Pereira se encuentra en pleno curso, pudiendo el accionante, por tanto, concurrir al mismo y activar los mecanismos a su alcance, en aras de salvaguardar sus intereses. <\/p>\n
En una acci\u00f3n similar, la Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cDesde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la salvaguarda invocada deviene impr\u00f3spera por su condici\u00f3n subsidiaria, evento contemplado como causal de inviabilidad en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
5. Tocante a la aducida negligencia de los abogados contractuales del suplicante, al interior del decurso penal adelantado contra \u00e9ste por \u201cconcierto para delinquir agravado, en concurso con tr\u00e1fico de estupefacientes\u201d en el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, se resalta, la misma no permite estructurar esta salvaguarda, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad (\u2026) en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, ‘(\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026)’, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u201d6. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, la responsabilidad de los mandatarios no puede trasladarse a los funcionarios judiciales, como ahora lo pretende el gestor, m\u00e1xime cuando lo alegado por aqu\u00e9l es, en definitiva, la estrategia jur\u00eddica por la cual opt\u00f3 su apoderado de confianza, la cual no devela menoscabo a prerrogativa alguna; adem\u00e1s, lo acotado permite establecer que el actor estuvo asistido por un profesional del derecho en el ritual cuestionado. <\/p>\n
6. Ahora, la queja fundada en la presunta vulneraci\u00f3n de las prerrogativas de la hermana y el sobrino del censor, en virtud del tr\u00e1mite de extinci\u00f3n dominio entablado sobre un inmueble en donde ellos habitan, no prospera por falta de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque el reclamante no es el titular de los derechos de aqu\u00e9llos y tampoco aleg\u00f3 ni demostr\u00f3 las razones por la cuales no han acudido a ese ritual y, menos a\u00fan, se evidenci\u00f3 la necesidad de \u00e9stos para requerir de un agente oficioso en defensa de sus intereses al interior del procedimiento censurado. <\/p>\n
En un caso de similares contornos al aqu\u00ed debatido, esta Corporaci\u00f3n memor\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aqu\u00e9llos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u201cdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii)Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u201ccuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u201d. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
7. Atinente a las manifestaciones de los coadyuvantes, las suyas, en sede constitucional, se encuentran sujetas al destino de lo decidido respecto del demandante, sin abrirse un nuevo escenario con el fin exponer argumentos adicionales a la pretensi\u00f3n principal, como para tenerlos como propios. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [F]rente a los reproches de la coadyuvante (\u2026) los mismos no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Precisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esto implica, en principio, que con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c(\u2026) Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (Resalto de la Sala) (ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12) (CSJ, STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545) (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
8. Finalmente, en cuanto a la impugnaci\u00f3n enarbolada por la presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales frente a la remisi\u00f3n de copias dispuesta por el a quo constitucional, tal defensa no prospera al no implicar una discusi\u00f3n constitucional propiamente dicha que amerite la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n; adem\u00e1s, las reproducciones de las actuaciones se enviar\u00e1n a dicho colegiado para adelantar las investigaciones del caso, sobre la alegada mora en allegar el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, escenario id\u00f3neo en donde se podr\u00e1n exponer los argumentos aqu\u00ed tra\u00eddos. <\/p>\n
9. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
9.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
10. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha Contra el Crimen Organizado <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC11177-2018 de 29 de agosto de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ, STC de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01 <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia T- 015 de 22 de enero de 1999, exp. No. 5715; reiterada el 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
7\u0002CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. STC11096-2019, de 21 de agosto de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-02516-00. <\/p>\n
9\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
10\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC9136-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC9136-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 9 de marzo de 2021, proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55775","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55775","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55775"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55775\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55775"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}