STC9137-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9137-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00841-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 5 de mayo de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Eduardo Pineda Camacho contra la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n de Optimal Libranzas S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor requiere el amparo de las prerrogativas fundamentales a la igualdad y debido proceso, entre otras, presuntamente quebrantadas por la entidad convocada. <\/p>\n
2. Para sustentar su reproche, acota que la Superintendencia de Sociedades en auto de 13 de abril de 2018, dispuso el \u201ctr\u00e1mite de intervenci\u00f3n con toma de posesi\u00f3n\u201d de Optimal Libranzas S.A.S., empresa de la cual ostent\u00f3 su representaci\u00f3n legal desde el 2013 hasta el 2016. <\/p>\n
Afirma que dentro de ese asunto solicit\u00f3 \u201cla exclusi\u00f3n y la morigeraci\u00f3n de [su] responsabilidad\u201d, pedimento denegado en providencia emitida en audiencia de 9 de octubre de 2020, decisi\u00f3n frente a la cual present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, remedio desestimado en ese mismo acto procesal. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la tutelada incurri\u00f3 en \u201cdefecto f\u00e1ctico y sustantivo\u201d, pues <\/p>\n
\u201ci) no valor\u00f3 las pruebas oportunamente allegadas al proceso bajo la \u00f3ptica de un pensamiento objetivo y racional y, por ello, desatendi\u00f3 las reglas de la sana cr\u00edtica e inobserv\u00f3 la legalidad que se predica estrictamente en el despliegue probatorio; ii) se [le] impuso (\u2026) la misma consecuencia que a los originadores, cuando son ellos [quienes] cometieron los graves abusos del derecho al vender de manera [irregular] t\u00edtulos valores; iii) se dej\u00f3 de considerar que Optimal (\u2026) intent\u00f3 acceder a la base de datos que tiene el Estado para verificar el estado de la cartera comprada a los originadores; [empero] el Ministerio de Salud neg\u00f3 ese acceso, de manera que no se puede exigir el cumplimiento de un imposible; y iv) se [le] imponen mayores responsabilidades como representante legal de una sociedad v\u00edctima de la captaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, se ordene a la Superintendencia fustigada: \u201ci) emitir una nueva decisi\u00f3n en la que acceda a la exclusi\u00f3n o morigeraci\u00f3n de la intervenci\u00f3n del suscrito; y ii) publi[car] el acta de la audiencia surtida hace cerca de 6 meses con todas las consideraciones le\u00eddas en la audiencia por la juez\u201d. <\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
Se opuso al ruego se\u00f1alando la legalidad de su proceder e indicando que las pruebas obrantes en el comentado decurso \u201cacreditan, cuando menos, que el accionante actu\u00f3 negligentemente en el ejercicio de su cargo\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, tras indicar <\/p>\n
\u201c(\u2026) No se conceder\u00e1, entonces, el amparo suplicado, en cuanto concierne a lo que la Delegatura decidi\u00f3 en audiencia del 9 de octubre de 2020. Nada de lo entonces resuelto, es factible de tildar de yerro f\u00e1ctico o jur\u00eddico protuberante\u201d. <\/p>\n
\u201cEn ese escenario, lo planteado ac\u00e1 por el accionante, no va m\u00e1s all\u00e1 de la exposici\u00f3n de su propio criterio sobre los temas relevantes\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Finalmente, no olvida la Sala, que en la misma demanda de tutela se (\u2026) solicit\u00f3 a la Delegatura \u201cexpedir el acta de la audiencia prontamente con el fin de poder ejercer la acci\u00f3n de tutela correspondiente, [pues] al momento de presentar esta tutela, es decir cerca de 6 meses despu\u00e9s, se ha dejado de emitir ese importante documento\u201d. <\/p>\n
\u201cPor ello, y sugiriendo la incursi\u00f3n en una mora judicial, apta para comprometer su derecho a un debido proceso, el libelista solicit\u00f3 al juez de tutela que ordenara a la Superintendencia la publicaci\u00f3n del acta referida\u201d. <\/p>\n
\u201cSin embargo, tampoco, con tal motivo es factible disponer el amparo, como quiera que para la fecha en que la Delegatura rindi\u00f3 su informe, ya del expediente digital No 40068, conten\u00eda el documento que se echaba de menos, al cual pudo acceder el Tribunal\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
El actor impugn\u00f3 insistiendo en los argumentos expuestos en el libelo genitor. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El reclamante de este auxilio, censura la providencia de 9 de octubre de 2020, mediante la cual la Superintendencia de Sociedades neg\u00f3 su exclusi\u00f3n dentro tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n de Optimal Libranzas S.A.S. <\/p>\n
2. Se advierte el fracaso de la salvaguarda, porque la convocada, en la determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la providencia objeto de reproche, sostuvo razonadamente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o existe duda de que la sociedad Optimal Libranzas S.A.S. se encontraba realizando actividades de captaci\u00f3n del 12 de diciembre de 2013 al 30 de septiembre de 2016, tiempo durante el que el intervenido actu\u00f3 como representante legal de la misma. Como representante legal, est\u00e1 sujeto a los deberes fiduciarios de los administradores, consagrados en el art\u00edculo 22 de la Ley 222 de 1995, especialmente, el deber de diligencia que implica que deb\u00eda comportarse con la diligencia de un buen hombre de negocio. El intervenido no aporta prueba de haber actuado de forma diligente durante el tiempo que se desarroll\u00f3 la captaci\u00f3n, pues a pesar de existir constancia de diferentes recomendaciones que daba cuenta de las actividades de captaci\u00f3n, solamente al final del periodo determinado, adopt\u00f3 medidas para suspender la actividad de la sociedad, pero ya cuando se hab\u00edan causado afectaci\u00f3n patrimonial por lo menos a 465 personas y por lo menos por $31.000 millones de pesos. El intervenido, en su condici\u00f3n de representante legal, por lo menos debi\u00f3 haber sabido de la captaci\u00f3n, lo que configura la culpa en su gesti\u00f3n y, por lo tanto, su participaci\u00f3n, por lo menos indirecta en los hechos de captaci\u00f3n. De esta forma, no aporta prueba que desvirt\u00fae la presunci\u00f3n legal generada, en cuanto no existe evidencia de su actuar diligente durante el periodo de captaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Debe insistirse en que los elementos de la responsabilidad individual se encuentran plenamente se\u00f1alados. El da\u00f1o, es la afectaci\u00f3n patrimonial causada a 465 personas por valor que supera los $31.000 millones de pesos. La conducta que caus\u00f3 el da\u00f1o, son precisamente las actividades de captaci\u00f3n desarrolladas bajo la compraventa de pagar\u00e9s libranzas, actividad por la que la sociedad Optimal Libranzas S.A.S. recibi\u00f3 dinero de los terceros afectados. En el caso del intervenido, la conducta que caus\u00f3 el da\u00f1o fue su actuar negligente en el cumplimiento de sus deberes como representante legal, especialmente el de diligencia, pues bajo este cargo la sociedad realizo los hechos de captaci\u00f3n, es decir la compraventa de pagar\u00e9s libranzas a terceros que resultaron afectados, sin que el intervenido haya tomado medidas oportunas para evitarlo\u201d. <\/p>\n
\u201cEl nexo entre el da\u00f1o y la conducta, es evidente, pues tanto la captaci\u00f3n, como el hecho de que el intervenido no haya actuado de forma diligente para en su condici\u00f3n de representante legal evitar oportunamente la misma o prevenir una mayor afectaci\u00f3n, generaron el da\u00f1o a los terceros afectados, que compraron los pagar\u00e9s libranzas comercializados. Si el intervenido hubiera actuado de conformidad al deber fiduciario de diligencia que la ley le impone, hubiera podido dar alarma de las irregularidades en las que a dicha fecha estaba inmersa en el ejercicio de evitar as\u00ed su comercializaci\u00f3n, lo que hubiera impedido el da\u00f1o ocasionado por ella\u201d. <\/p>\n
3. Aunque el censor no comparta los argumentos anteriores, ello no convierte esa decisi\u00f3n en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitirle el paso a esta particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue adoptado teniendo en cuenta la responsabilidad del petente en la actividad desarrollada por Optimal Libranzas S.A.S., pues al ser el represente legal de dicha empresa, debi\u00f3 actuar de manera diligente para evitar una captaci\u00f3n ilegal de los recursos del p\u00fablico por parte de la intervenida; sin embargo, no lo hizo, de ah\u00ed su responsabilidad que lo involucra dentro del proceso subex\u00e1mine. <\/p>\n
4. T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida [providencia] (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Sobre la comentada figura, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha instado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados y, oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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