STC9142-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9142-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01185-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 22 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, dentro de la salvaguarda promovida por Mar\u00eda Teresa Tovar de Talero al Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio divisorio con radicado n\u00ba2009-00099-00, adelantado por Mar\u00eda In\u00e9s Tovar de K\u00f6nig (q.e.p.d.), hoy su c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig, contra la gestora. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n a las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
En 2009, estando vigente el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, Mar\u00eda In\u00e9s Tovar de K\u00f6nig demand\u00f3 a la promotora ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para lograr la divisi\u00f3n por venta de un inmueble com\u00fan. <\/p>\n
Tras var\u00edas vicisitudes procesales y administrativas, el ritual pas\u00f3 a manos del estrado del circuito confutado, en donde, mediante auto de 7 de junio de 2016, se decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del predio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Comprobado el fallecimiento de Mar\u00eda In\u00e9s Tovar de K\u00f6nig, en 2016, Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig concurri\u00f3 al decurso criticado como sucesor procesal, enarbolando su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y, en esa calidad, fue reconocido en octubre de 2019. <\/p>\n
Al dossier se alleg\u00f3 un dictamen pericial que estableci\u00f3 el precio del bien, al 2017, en $646.677.795, monto que, en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo General del Proceso, se fij\u00f3 como postura admisible en la almoneda llevada a cabo el 23 de marzo de 2018, diligencia declarada desierta por falta de interesados. <\/p>\n
El 9 de octubre postrero, por segunda ocasi\u00f3n, se efectu\u00f3 la almoneda del predio, esta vez, sobre el 70% de $646.677.795, acto infructuoso dada la ausencia de postores. <\/p>\n
La quejosa solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad, mientras se dirim\u00eda el juicio de sucesi\u00f3n de Mar\u00eda In\u00e9s Tovar de K\u00f6nig, pedimento denegado en prove\u00eddo de 26 de octubre siguiente. <\/p>\n
En junio de 2019, la parte demandante alleg\u00f3 un dictamen pericial indicativo del valor del inmueble, al 2019, en $506.345.309; empero, el 26 de agosto de esa anualidad, el estrado recriminado remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1, para que asumiera su conocimiento. <\/p>\n
Mediante auto 4 de octubre de 2019, el precitado despacho devolvi\u00f3 el dossier a la sede judicial criticada, quien el 15 de octubre ulterior, reasumi\u00f3 la gesti\u00f3n del ritual refutado y dispuso dar traslado a la aqu\u00ed inicialista por diez (10) d\u00edas, del dictamen presentado por Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig. <\/p>\n
Durante el t\u00e9rmino de contradicci\u00f3n, la tutelante cuestion\u00f3 la pericia alegando una disminuci\u00f3n del precio del bien y su falta de inspecci\u00f3n por parte del perito valuador, reparo acogido por el juzgado del circuito encausado el 26 de febrero de 2020 y, por ello, mantuvo el aval\u00fao de $646.677.795, con fines de subasta. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n, Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, exaltando que, para controvertir el dictamen por \u00e9l adosado, la reclamante deb\u00eda combatirlo con otro y, como no lo hizo, proced\u00eda la aprobaci\u00f3n del peritaje allegado. <\/p>\n
El 4 de diciembre de 2020, la precursora incorpor\u00f3 un aval\u00fao por $730.839.900, a ese a\u00f1o. <\/p>\n
El 19 de abril de 2021, la sede judicial recriminada accedi\u00f3 a revocar la providencia protestada y manifest\u00f3 que el aval\u00fao del inmueble ser\u00eda el arrimado por Wilhelm K\u00f6nig en cuant\u00eda de $506.345.309 y, program\u00f3 audiencia de remate para el 21 junio postrero. <\/p>\n
La petente deprec\u00f3 al juzgado refutado dar tr\u00e1mite al dictamen que trajo al expediente el 4 de diciembre de 2020 y, en defecto de ello, solicit\u00f3 actualizar, oficiosamente, el peritaje incorporado en 2019. <\/p>\n
En determinaci\u00f3n de 9 de junio pasado, el juzgado del circuito censurado se estuvo a lo resuelto el 19 de abril anterior. <\/p>\n
Para la gestora, se lesionaron sus garant\u00edas, por cuanto no se han atendido sus solicitudes de actualizar valor del inmueble y, en su lugar, se quiere mantener un dictamen por un precio inferior al fijado en 2017, lo cual implica un desmedro patrimonial para ella; adem\u00e1s, insiste, el perito tasador tra\u00eddo por el Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig no visit\u00f3 el predio. <\/p>\n
Asimismo, alega, de tenerse el dictamen por $506.345.309, se vulnerar\u00eda los derechos de los herederos de la finada Mar\u00eda In\u00e9s Tovar de K\u00f6nig. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, anular dicho aval\u00fao y mantener el aportado por ella en 2020, en donde se justipreci\u00f3 el inmueble objeto de divisi\u00f3n en $730.839.900. <\/p>\n
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1. El juzgado del circuito enjuiciado hizo un recuento del devenir procesal y defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
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2. Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig recrimin\u00f3 la tardanza del procedimiento, propiciada por la accionante, al punto que el caso lleva m\u00e1s de once (11) a\u00f1os sin zanjarse. <\/p>\n
Asimismo, cuestion\u00f3 la incuria de aquella respecto al dictamen que \u00e9l aport\u00f3, por cuanto no lo controvirti\u00f3 a trav\u00e9s de otro. <\/p>\n
Igualmente, enfatiz\u00f3 en la improcedencia del resguardo frente a cuestiones eminentemente patrimoniales y en la intenci\u00f3n de la precursora en dilatar el proceso, dado que ella habita el predio sin pagar arriendo y le impide usufructuar su derecho. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Concedi\u00f3 el amparo, pues, en su criterio, el despacho acusado aplic\u00f3 normas propias del decurso ejecutivo cuando se frustran las licitaciones, al permitir a Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig, unilateralmente, allegar un dictamen sin contar con la anuencia de la petente para alterar el valor del predio, \u201crequisito axial, propio de los asuntos divisorios\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, <\/p>\n
\u201c(\u2026) orden[\u00f3] (\u2026) dej[ar] sin efecto lo actuado en este proceso, a partir del [auto de] 19 de abril de 2021, a trav\u00e9s del cual acogi\u00f3 el dictamen pericial que fue presentado por el demandante [en 2019 por $506.345.309] y, en su lugar (\u2026) tener en cuenta el aval\u00fao [de $646.677.795] rendido en [2017] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
Fue formulada por Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig, reprochando la interpretaci\u00f3n de las regulaciones del remate en los tr\u00e1mites divisorios, pues las mismas remiten a los decusos compulsivos en lo referente a la almoneda y, en esa medida, no hab\u00eda lugar a otorgar el resguardo, m\u00e1xime si la censora desatendi\u00f3 el requisito de residualidad, pues no objet\u00f3 el dictamen presentado el 2019 por $506.345.309, con otra experticia. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La queja fundada en la presunta vulneraci\u00f3n de las prerrogativas de los herederos de Mar\u00eda In\u00e9s Tovar de K\u00f6nig, quienes act\u00faan en la sucesi\u00f3n de aqu\u00e9lla, no prospera por falta de legitimidad; asimismo, resulta improcedente el ruego al desatender los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Sobre el primer aspecto, es claro que la reclamante no es la titular de los derechos de los herederos de Mar\u00eda In\u00e9s y tampoco aleg\u00f3 ni demostr\u00f3 las razones por la cuales no han acudido al proceso divisorio para hacer valer sus garant\u00edas, menos a\u00fan se evidenci\u00f3 la necesidad de \u00e9stos para requerir de un agente oficioso en defensa de sus intereses al interior del procedimiento censurado. <\/p>\n
En un caso de similares contornos al aqu\u00ed debatido, esta Corporaci\u00f3n memor\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aqu\u00e9llos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u201cdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii)Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u201ccuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u201d. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En cuanto a la exigencia de la temporalidad, se advierte que entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, acaecida el 9 de junio de 2021, y el auto de 26 de octubre de 2018, mediante el cual el estrado del circuito demandado deneg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso divisorio por prejudicialidad, mientras se defin\u00eda la sucesi\u00f3n de Mar\u00eda In\u00e9s Tovar de K\u00f6nig, han trascurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, tiempo que supera, holgadamente, el plazo de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por tanto, si la petente se demor\u00f3 en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad confutada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Tocante al \u00faltimo presupuesto se\u00f1alado, se observa que la aqu\u00ed demandante no formul\u00f3 reparos frente al referido pronunciamiento de 26 de octubre de 2018. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)4\u201d. <\/p>\n
2. Ahora, sobre las prerrogativas superlativas de la accionante, la Sala debe dilucidar si el juzgado del circuito confutado las conculc\u00f3 en el prove\u00eddo de 19 de abril de 2021, al establecer como precio del inmueble disputado, el valor del aval\u00fao en $506.345.309, allegado en 2019, por Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig, aun cuando en el dossier militaba un justiprecio elaborado en 2017, indicativo de un mayor valor del predio, esto es, $646.677.795. <\/p>\n
Asimismo, corresponde constatar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n del debido proceso, al no tenerse en cuenta el peritaje que por $730.839.900 arrim\u00f3 la gestora antes de emitirse la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n y, si proced\u00eda, en subsidio de esa negativa, decretar, oficiosamente, un nuevo dictamen. <\/p>\n
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1. En el auto de 19 de abril pasado, el despacho fustigado resolvi\u00f3, favorablemente, el recurso de reposici\u00f3n incoado por Wilhelm K\u00f6nig frente al pronunciamiento de 26 de febrero de 2020 y, por ello, en vez de tener el monto de $646.677.795 del bien a 2017, acogi\u00f3 el dictamen de $506.345.309 que, en 2019, acopi\u00f3 Reinhard Franz. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto al haber fracasado dos (2) licitaciones con el aval\u00fao de 2017, aqu\u00e9l estaba habilitado para adosar un nuevo dictamen, conforme lo permiten las normas del proceso ejecutivo, aplicables al divisorio por remisi\u00f3n normativa de este \u00faltimo ritual al primero. <\/p>\n
Asimismo, destac\u00f3 que la suplicante contaba con diez (10) para refutar ese peritaje, aportando otro y, como no obr\u00f3 de esa manera, se impon\u00eda la experticia de Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, as\u00ed discurri\u00f3 la sede judicial convocada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para el presente caso, debe decirse, que tal como lo refiere el recurrente [Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig] se han realizado varias audiencias de remate fracasadas, raz\u00f3n por la que el demandante est\u00e1 habilitado para hacer uso de la facultad atribuida por el art\u00edculo 457 del C\u00f3digo General del Proceso, actuaci\u00f3n que en efecto ocurri\u00f3 pues [\u00e9]l, aporto una nueva experticia que determin[\u00f3] el precio del bien objeto del litigio, y de la misma, se corri\u00f3 traslado a [la impulsora], qui[\u00e9]n a pesar de oponerse al precio establecido en el trabajo pericial, no alleg[\u00f3] junto con sus manifestaciones, un nuevo avalu\u00f3 en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, para controvertir, en debida forma, la \u00faltima pericial allegada por [Reinhard Franz]\u201d. <\/p>\n
\u201cPor lo anterior, encuentra el [d]espacho procedente, reponer la providencia recurrida, [esto es, el prove\u00eddo de 26 de febrero de 2020 y,] en su lugar establecer que el nuevo precio sobre el cual se llevaran a cabo las futuras licitaciones del bien objeto de la lid, ser\u00e1 el determinado en el \u00faltimo avalu\u00f3 aportado por [Wilhelm K\u00f6nig en cuant\u00eda de $506.345.309, pues la tutelante] no controvirti\u00f3 dicho avalu\u00f3 en debida forma\u201d. <\/p>\n
Para la Sala, no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, por cuanto los preceptos del juicio ejecutivo, en materia del remate, son aplicables al divisorio, seg\u00fan la regla establecida en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 411 de la Ley 1564 de 20125. <\/p>\n
En esa medida, es claro que, si con la demanda no se aporta un justiprecio y\/o los contendientes no indican un monto estimado del bien ni su base para la licitaci\u00f3n (art. 411, inciso 2\u00b0 \u00eddem6), una vez surtido el secuestro, la partes tienen veinte (20) d\u00edas para allegar un dictamen (art. 444, n\u00fam. 1\u00b0 ibidem7) si consideran que, en el caso de los inmuebles, el aval\u00fao catastral incrementado en 50%, no es id\u00f3neo para determinar su precio (art. 444, n\u00fam. 4\u00b0 ej\u00fasdem8). <\/p>\n
Si en ese lapso no lo hacen, el juez tiene la obligaci\u00f3n de decretar, oficiosamente, un dictamen cuando de manera manifiesta, el valor del aval\u00fao catastral incrementado en un 50%, es precario y resulta perjudicial para las partes; incluso, si un prudente y razonado an\u00e1lisis del caso as\u00ed lo sugieren. <\/p>\n
Al punto, la Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l juez tiene el deber supralegal de disponer de los medios necesarios para que en la medida de lo posible fije el precio justo de los fundos que han de ser objeto de puja, m\u00e1xime cuando la ejecutada se quej\u00f3 desde la aportaci\u00f3n del \u201caval\u00fao catastral\u201d sobre lo desajustado a la realidad del porcentaje del predio a subastar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) As\u00ed entonces, la actividad judicial debe estar presidida por la virtud de la prudencia, que exige al funcionario obrar con cautela, moderaci\u00f3n y sensatez a la hora de emplear la ley, m\u00e1s cuando, como en el presente asunto, la aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las normas puede conducir a una restricci\u00f3n excesiva de derechos fundamentales, en especial, el debido proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De tal suerte, como lo suplica el promotor, de las observaciones hechas al \u201caval\u00fao catastral\u201d acompa\u00f1adas del informe pericial respectivo, debi\u00f3 darse traslado a la contraparte para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 2\u00ba del multicitado art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, y luego, resolver el juzgado en forma debidamente motivada cu\u00e1l de los aval\u00faos adopta, y no proceder como lo hizo, esto es, fijar fecha y hora para la diligencia de remate sin dar la oportunidad de contradecir la experticia de la pasiva dada la ostensible diferencia entre uno y otro, actuar que no dej\u00f3 a la accionante otra posibilidad que la de hacer uso de esta senda excepcional, por tratarse de providencias inapelables (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En un asunto de contornos semejantes, este Colegiado dej\u00f3 sentado que (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Aunque tal omisi\u00f3n pudiere superarse por la gesti\u00f3n del juez, \u00e9ste debi\u00f3 haberse detenido a verificar si el referido aval\u00fao era o no id\u00f3neo para los efectos del remate habida cuenta que la ejecutada puso en evidencia el detrimento patrimonial que le representar\u00eda licitar su cuota parte en los t\u00e9rminos fijados por el Juzgado, esto es, por el aval\u00fao catastral (xxx), cuando seg\u00fan el dictamen pericial que alleg\u00f3, mostraba que comercialmente el 50% del predio ascend\u00eda a (xxx) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Al convocado no le mereci\u00f3 miramiento alguno la ostensible diferencia entre los dos valores que de daban al mismo bien, siendo que la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la Constitucional, ha se\u00f1alado que ante una duda sobre el precio real del objeto a subastar, es menester esclarecerla antes de proseguir con tan definitivo paso, y m\u00e1s cuando la informaci\u00f3n exigida por la normativa procesal alude al aval\u00fao comercial (STC4861-2017, 5 abr.) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Puestas en este punto las cosas, con la indebida ex\u00e9gesis de la preceptiva aplicable a la resoluci\u00f3n de lo debatido, se vulner\u00f3 la prerrogativa al debido proceso de la reclamante por lo que se deber\u00e1 acceder al ruego para ordenar, al convocado, que, en el t\u00e9rmino de dos d\u00edas, deje sin valor los autos por medio de los cuales desestim\u00f3 el impulso de las \u00abobservaciones al aval\u00fao\u00bb presentado por la ejecutada, para que en su lugar, surta el tr\u00e1mite correspondiente, atendiendo las motivaciones aqu\u00ed expuestas (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
En ese supuesto, aun cuando no hay lugar a objeciones con un nuevo dictamen, el peritaje decretado por el juez no implica su acogimiento autom\u00e1tico, pues en \u00faltimas la experticia debe ser l\u00f3gica, congruente, detallada y exhaustiva, evento en el cual, el juzgador y los interesados, pueden pedir su aclaraci\u00f3n o, complementaci\u00f3n y, si tales actuaciones resultan infructuosas, deber\u00e1 practicarse otro y, los gastos de esos tr\u00e1mites, estar\u00e1n cargo de los extremos de la litis (inciso 1\u00b0, art. 413 in fine10) . <\/p>\n
Ahora, si transcurrido un (1) a\u00f1o o, fracasada la almoneda en dos (2) ocasiones, por falta de postores o, causa de su invalidez, el comunero puede aportar un nuevo dictamen (inc. 2\u00b0, art 457 del C. G. del P.11), del cual se dar\u00e1 traslado a los dem\u00e1s litisconsortes por diez (10) d\u00edas a trav\u00e9s de auto. <\/p>\n
En ese plazo, aqu\u00e9llos podr\u00e1n aportar un peritaje para controvertirlo y, de ese trabajo, por tres (3) d\u00edas, se pone en conocimiento a quien alleg\u00f3 el primer justiprecio para que ejerza su derecho defensa y, luego, debe adoptarse la decisi\u00f3n correspondiente, seg\u00fan lo establece el canon 444, numeral 2\u00ba de la misma obra y, cuyo tenor es el siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De los aval\u00faos que hubieren sido presentados oportunamente se correr\u00e1 traslado por diez (10) d\u00edas mediante auto, para que los interesados presenten sus observaciones. Quienes no lo hubieren aportado, podr\u00e1n allegar un aval\u00fao diferente, caso en el cual el juez resolver\u00e1, previo traslado de este por tres (3) d\u00edas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En el caso, en 2017, se ados\u00f3 un dictamen por $646.677.795 y, con ese precio, se surtieron dos (2) almonedas que fueron declaradas desiertas por falta de postores, la primera, el 23 de marzo de 2018 y, la segunda, el 9 de octubre postrero. <\/p>\n
Por tal motivo, Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig al abrigo de lo reglado en art\u00edculo 457 de la Ley 1564 de 201212, estaba facultado para aportar un nuevo peritaje, como en efecto lo hizo en 2019, allegando uno nuevo por $506.345.309. <\/p>\n
A la tutelante se le corri\u00f3 traslado, por diez (10) d\u00edas, en auto de 15 de octubre de 2019 y, durante ese lapso, sostuvo que ese valor era inferior al anterior precio y, adem\u00e1s, adujo, el perito no fue hasta el inmueble para examinarlo. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, la quejosa no acopi\u00f3 un dictamen para objetar el arrimado por Reinhard Franz. <\/p>\n
Con ese entendimiento, lo prove\u00eddo por el estrado del circuito acusado el 19 de abril de 2021, en donde acept\u00f3 la experticia tra\u00edda por Wilhelm K\u00f6nig, se encuentra acorde a la normatividad aplicable en la materia. <\/p>\n
Ahora, si bien la actora el 4 de diciembre de 2020, acopi\u00f3 un justiprecio de $730.839.900, el mismo se ados\u00f3 extempor\u00e1neamente, aspecto que devela la no utilizaci\u00f3n de los medios defensivos a su alcance para hacer valer sus intereses y, de contera, tornan frustr\u00e1nea la salvaguarda. <\/p>\n
Agr\u00e9guese, 19 de abril de 2021, el despacho demandando, al desatar la reposici\u00f3n planteada por Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig frente al auto de 26 de febrero de 2020, invoc\u00f3 argumentos nuevos y, en esa medida, la gestora ten\u00eda a su alcance el recurso horizontal para formular los reparos aqu\u00ed enarbolado, reforzando as\u00ed el naufragio del auxilio al desatender el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Sobre la idoneidad del anotado remedio, la Sala ha sido enf\u00e1tica al sostener: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
Coligiese, entonces, el desafuero del a quo constitucional al otorgar la protecci\u00f3n rogada por la promotora, pues amen de existir aspectos generales de improcedencia que imped\u00edan el progreso del resguardo, se\u00f1al\u00f3, de manera errada, la inaplicaci\u00f3n de la normativa del proceso ejecutivo al divisorio en materia del remate, aspecto que amerita corregirle, inst\u00e1ndolo a estarse a los asertos de la Corte sobre la tem\u00e1tica objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Por tanto, el cargo del impugnante prospera e impone el quiebre del fallo de primer grado. <\/p>\n
3. Ahora, sobre si la negativa del despacho encausado a tener el dictamen de la querellante por $730.839.900, suscitaba que, en subsidio, se decretara, oficiosamente, un nuevo peritaje, la Sala descarta esa posibilidad. <\/p>\n
Se destaca, el libelo se present\u00f3 en 2009 y, luego, seis (6) a\u00f1os a\u00fan no se hab\u00eda decido acerca de la procedencia de la divisi\u00f3n por venta y, tras acreditarse el deceso de la demandante Mar\u00eda In\u00e9s Tovar de K\u00f6nig, solo hasta el 2019 se tuvo a Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig como sucesor procesal, pese a las reiteradas solicitudes que \u00e9ste elev\u00f3 en ese sentido desde 2016. <\/p>\n
Ahora, cuando en 2019, aqu\u00e9l aport\u00f3 el dictamen por $506.345.309, el estrado refutado trat\u00f3 de deshacerse el conocimiento de las diligencias y las remiti\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito Transitorio de Bogot\u00e1, quien, en esa anualidad se las devolvi\u00f3 y ah\u00ed si procedi\u00f3 a dar es traslado del peritaje a la precursora. <\/p>\n
El anterior aval\u00fao no ha tenido la oportunidad de ser sometido a la almoneda, de un lado, por la controversia que se suscit\u00f3 y, de otro, dada la mora en dirimirla. <\/p>\n
En esa anomal\u00eda no tuvo incidencia importante la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos acaecida por la pandemia, pues \u00e9stos se reanudaron en junio de 2020 y la contienda solo vino a resolverse el 19 de abril de 2021. <\/p>\n
Bajo ese panorama, no resulta aceptable predicar el paso de un (1) a\u00f1o desde la presentaci\u00f3n del justiprecio allegado por Reinhard Franz Wilhelm K\u00f6nig para tener, como valor, el dictamen allegado por la quejosa, mientras se zanjaba el debate del peritaje allegado por \u00e9ste. <\/p>\n
Si bien el asunto no ha sido rituado por un mismo funcionario, la Corte llama la atenci\u00f3n del juzgado convocado para exigirle el cumplimiento oportuno de los t\u00e9rminos procesales, pues ese deber, no es una mera aspiraci\u00f3n ni tampoco una facultad, contrario sensu, es una obligaci\u00f3n que dota de eficacia a la Constituci\u00f3n, a los tratados internacionales y, a la Ley misma. <\/p>\n
Cuando un juzgador se aparta de sus responsabilidades resquebraja con su conducta omisiva todo el ordenamiento, contribuye al caos, a las injusticias y siembra incertidumbre en los destinatarios de las normas. <\/p>\n
Si deja a un lado los poderes que se la han concedido y adopta una postura complaciente respecto a los sucesos, erosiona los principios y valores que inspiran el Estado Social de Derecho14 y torna frustr\u00e1neo el anhelo de los asociados a obtener la tutela efectiva de sus prerrogativas. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos15 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196916, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d17, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio18. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-19, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales20; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas21. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se infirmar\u00e1, el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada, para NEGAR la protecci\u00f3n all\u00ed otorgada. <\/p>\n
SEGUNDO: Por secretar\u00eda rem\u00edtase copia de esta determinaci\u00f3n al a quo constitucional y al Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
TERCERO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC11177-2018 de 3 de septiembre de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
5\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 411. tr\u00e1mite de la venta. En la providencia que decrete la venta de la cosa com\u00fan se ordenar\u00e1 su secuestro, y una vez practicado este se proceder\u00e1 al remate en la forma prescrita en el proceso ejecutivo, pero la base para hacer postura ser\u00e1 el total del aval\u00fao. si las partes hubieren aportado aval\u00faos distintos el juez definir\u00e1 el precio del bien (\u2026). <\/p>\n
6\u0002 \u201c(\u2026) Si las partes fueren capaces podr\u00e1n, de com\u00fan acuerdo, se\u00f1alar el precio y la base del remate, antes de fijarse fecha para la licitaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 444. Aval\u00fao y pago con productos. Practicados el embargo y secuestro, y notificado el auto o la sentencia que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, se proceder\u00e1 al aval\u00fao de los bienes conforme a las reglas siguientes: (\u2026) 1. Cualquiera de las partes y el acreedor que embarg\u00f3 remanentes, podr\u00e1n presentar el aval\u00fao dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia o del auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, o despu\u00e9s de consumado el secuestro, seg\u00fan el caso. Para tal efecto, podr\u00e1n contratar el dictamen pericial directamente con entidades o profesionales especializados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8\u0002 \u201c(\u2026) 4. Trat\u00e1ndose de bienes inmuebles el valor ser\u00e1 el del aval\u00fao catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50%), salvo que quien lo aporte considere que no es id\u00f3neo para establecer su precio real. En este evento, con el aval\u00fao catastral deber\u00e1 presentarse un dictamen obtenido en la forma indicada en el numeral 1\u00b0 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
9\u0002 CSJ STC7094-2018 de 31 de mayo de 2018, exp. 11001-22-03-000-2018-00766-01 <\/p>\n
10\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 413. Gastos de la divisi\u00f3n. los gastos comunes de la divisi\u00f3n material o de la venta ser\u00e1n de cargo de los comuneros en proporci\u00f3n a sus derechos, salvo que convengan otra cosa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
11\u0002 \u201c(\u2026) Cuando no hubiere remate por falta de postores, el juez se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora para una nueva licitaci\u00f3n. Sin embargo, fracasada la segunda licitaci\u00f3n cualquiera de los acreedores podr\u00e1 aportar un nuevo aval\u00fao, el cual ser\u00e1 sometido a contradicci\u00f3n en la forma prevista en el art\u00edculo 444 de este c\u00f3digo. La misma posibilidad tendr\u00e1 el deudor cuando haya transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde la fecha en que el anterior aval\u00fao qued\u00f3 en firme. Para las nuevas subastas, deber\u00e1n cumplirse los mismos requisitos que para la primera (\u2026) (se destaca) <\/p>\n
12\u0002 \u201c(\u2026) Cuando no hubiere remate por falta de postores, el juez se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora para una nueva licitaci\u00f3n. Sin embargo, fracasada la segunda licitaci\u00f3n cualquiera de los acreedores podr\u00e1 aportar un nuevo aval\u00fao, el cual ser\u00e1 sometido a contradicci\u00f3n en la forma prevista en el art\u00edculo 444 de este c\u00f3digo. La misma posibilidad tendr\u00e1 el deudor cuando haya transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde la fecha en que el anterior aval\u00fao qued\u00f3 en firme. Para las nuevas subastas, deber\u00e1n cumplirse los mismos requisitos que para la primera (\u2026) (se destaca) <\/p>\n
13\u0002 CSJ. STC 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
14\u0002 \u201c(\u2026) Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 (\u2026). Art\u00edculo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci\u00f3n; facilitar la participaci\u00f3n de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econ\u00f3mica, pol\u00edtica, administrativa y cultural de la Naci\u00f3n; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pac\u00edfica y la vigencia de un orden justo (\u2026). Las autoridades de la Rep\u00fablica est\u00e1n instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y dem\u00e1s derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
15\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
16\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
17\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
18\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
19\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
20\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
21\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC9142-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC9142-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01185-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 22 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55779","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55779","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55779"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55779\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55779"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}