STC9144-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9144-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00234-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 16 de junio de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de esa municipalidad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambas Regional Risaralda, con ocasi\u00f3n de la \u201cacci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00ba 2020-00042\u201d, iniciada por el aqu\u00ed actor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, presuntamente transgredida por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo, asevera que solicit\u00f3 su reconocimiento como coadyuvante en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2020-0042, sin embargo, la titular del despacho encausado \u201cnunca\u201d resolvi\u00f3 su pedimento. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, ordenar a la juzgadora acusada i) acceder a su petici\u00f3n y ii) probar que actualmente se tramitan 1.412 resguardos colectivos ante esa judicatura \u201ctal como lo suele consignar al responder las tutelas\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. El estrado confutado inform\u00f3 que el radicado mencionado por el impulsor no pertenece al decurso objeto de esta salvaguarda, sino a uno de \u201creconocimiento y pago de mejoras\u201d, incoado por Mar\u00eda Marleny Hurtado L\u00f3pez contra Mar\u00eda Aracelly Hincapi\u00e9 V\u00e1squez. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o se entiende qu\u00e9 relaci\u00f3n tiene con la coadyuvancia presuntamente solicitada, sin embargo, de considerarlo necesario la Sala, dichos datos se encuentran debidamente informados y reflejados en la estad\u00edstica del Despacho. Adicionalmente, puede ser corroborada la cantidad de acciones populares a trav\u00e9s de los estados electr\u00f3nicos publicados en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo -Regional Risaralda-, adujo no ser el organismo competente para adelantar las pretensiones del censor, en consecuencia, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia del amparo reclamado, por sustentarse en circunstancias de hechos inexistentes. As\u00ed lo rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]eg\u00fan lo informado por la titular del despacho judicial accionado y de acuerdo con las piezas procesales incorporadas al expediente, el radicado 2020-00042 no corresponde a una demanda de acci\u00f3n popular, sino a un proceso de mejoras iniciado por la se\u00f1ora Mar\u00eda Marleny Hurtado L\u00f3pez contra Mar\u00eda Aracelly Hincapi\u00e9 V\u00e1squez. All\u00ed no se evidencia intervenci\u00f3n alguna del actor, ni relaci\u00f3n con los hechos descritos en la demanda\u201d. <\/p>\n
\u201cDe lo anterior se concluye que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que sirvi\u00f3 de sustento a la acci\u00f3n de tutela contradice la realidad, pues la actuaci\u00f3n dentro de la cual se denuncia la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales no corresponde a la clase de asunto que se refiere en la demanda, ni muestra como accionante o interviniente a quien promovi\u00f3 esta solicitud de amparo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) Respecto a la aspiraci\u00f3n de que se ordene al juzgado encartado probar que tramita actualmente 1412 acciones populares nada se dispondr\u00e1 pues no guarda relaci\u00f3n alguna con la presunta vulneraci\u00f3n de derechos que denunci\u00f3, ni se demostr\u00f3 haber elevado similar petici\u00f3n a la accionada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El aqu\u00ed inicialista pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo, se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, i) acceder a su solicitud de coadyuvancia en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2020-00042 y ii) probar que actualmente se tramitan 1.412 resguardos colectivos, en ese despacho. <\/p>\n
2. De entrada se advierte el fracaso del auxilio reclamado, por cuanto, de las pruebas adosadas a esta tramitaci\u00f3n y de lo manifestado por la titular de la judicatura encausada, el radicado n\u00ba 2020-00042 corresponde a un proceso de \u201creconocimiento y pago de mejoras\u201d, iniciado por Mar\u00eda Marleny Hurtado L\u00f3pez contra Mar\u00eda Aracelly Hincapi\u00e9 V\u00e1squez, y no a una acci\u00f3n popular que involucre al quejoso; en consecuencia, la omisi\u00f3n criticada por aqu\u00e9l, en torno al no reconocimiento como coadyuvante en el decurso relacionado, es inexistente. <\/p>\n
Bajo ese panorama, resulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n al respecto, por cuanto el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada no se gest\u00f3 ni siquiera antes de la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por el despacho accionado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda en evidencia la conducta del censor en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como sustento de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f32 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de hechos inexistentes e infundados como causa de infracci\u00f3n constitucional, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. Por otra parte, se torna improcedente, la pretensi\u00f3n del libelista de ordenar a la autoridad querellada probar que actualmente se tramitan 1.412 resguardos colectivos en ese despacho, pues, de una parte, dicho pedimento no guarda conexidad alguna con la garant\u00eda fundamental reclamada y, de otra, no se observa que el tutelante hubiese dirigido a la autoridad censurada solicitud con dicho prop\u00f3sito, adem\u00e1s, se trata de un requerimiento que desborda el objeto de esta senda constitucional, destinada a la defensa de los derechos sustanciales, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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