STC9145-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9145-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00240-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 18 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, al Juzgado Segundo Civil del Circuito esa ciudad, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular con radicado n\u00b02015-00262-00, incoada por el gestor contra el Banco Comercial AV Villas S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Al interior del resguardo colectivo entablado por el impulsor frente al Banco Comercial AV Villas S.A., el 13 de noviembre de 2020, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira revoc\u00f3 el fallo emitido por el estrado del circuito confutado, para acoger las pretensiones del actor y condenar en costas a la pasiva. <\/p>\n
En auto de 15 de diciembre postrero, el despacho fustigado se estuvo a lo resulto por el ad quem, fij\u00f3 las agencias en derecho de primer grado y dispuso la liquidaci\u00f3n de las costas de ambas instancias, las cuales se tasaron en $1.755.606. <\/p>\n
Efectuada la tasaci\u00f3n respectiva, en prove\u00eddo de 8 de febrero de 2021, se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
El Banco Comercial AV Villas S.A. constituy\u00f3 deposito judicial, a orden del despacho refutado, por $1.755.606. para cancelar las costas. <\/p>\n
El 8 de abril de 2021, el tutelante manifest\u00f3 ceder las costas a Uner Augusto Becerra Largo, pedimento acogido en determinaci\u00f3n de 9 de marzo pasado. <\/p>\n
Luego, el quejoso y Becerra Largo solicitaron librar apremio de pago por las costas y sus intereses, a partir de la ejecutoria del fallo del ad quem. <\/p>\n
El censor cuestiona la tardanza del estrado del circuito encausado en autorizar la entrega del t\u00edtulo en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3. Exige, por tanto, ordenar proceder a ello y, en caso de que as\u00ed no suceda, disponer continuar con el tr\u00e1mite ejecutivo e, igualmente, \u201ccompartir el link de la acci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
<\/p>\n
1. El despacho del circuito refutado remiti\u00f3 el enlace electr\u00f3nico de las actuaciones recriminadas, encontr\u00e1ndose, entre ellas, el prove\u00eddo de 10 de junio de 2021, en donde se dispuso suministrar el t\u00edtulo judicial respectivo al cesionario y, como corolario, se se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda lugar a iniciar un decurso compulsivo por las costas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Provincial de Pereira, la Alcald\u00eda Municipal de dicho entre territorial, la Personer\u00eda Municipal de esa ciudad y, la Defensor\u00eda Regional de Risaralda, adujeron, por separado, que no han conculcado derecho alguno al demandante. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, al advertir la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa del reclamante. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, se\u00f1alando que fue \u00e9l quien deprec\u00f3 la entrega de las costas. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Al respecto, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, estipula: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mencionado canon es desarrollo de la regla 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de la cual se colige que a dicho auxilio solo puede acudir el \u201cvulnerad[o] o amenazad[o]\u201d en sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, en el gestor del resguardo debe existir un inter\u00e9s que habilite su formulaci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de los integrantes de alguno de los extremos del asunto o de los intervinientes en el decurso como terceros interesados. <\/p>\n
2.1. En el sublite, sin dificultad se advierte la improcedencia del amparo por ausencia de legitimaci\u00f3n del actor para rebatir cuestiones atinentes a la entrega del t\u00edtulo judicial y el adelantamiento de la ejecuci\u00f3n por las costas contenidas en el dep\u00f3sito en cuesti\u00f3n, por cuanto aqu\u00e9l cedi\u00f3 el valor del pago que hizo la entidad financiera a Uner Augusto Becerrera Largo y, en esa medida, es \u00e9ste \u00faltimo y, no el tutelante quien tiene los derechos sobre el t\u00edtulo; por tanto, el inter\u00e9s en obtener el desembolso respectivo recae en Becerrera Largo, m\u00e1xime si el querellante no adujo circunstancia alguna que evidenciase una circunstancia especial, para formular tales ruegos sin la anuencia del cesionario. <\/p>\n
En casos como \u00e9ste, la Sala ha estimado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]ualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u2019 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Significa lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso (\u2026), vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Con todo, el auxilio no prospera porque se han disipado los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales el suplicante endilg\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, pues su queja se fund\u00f3 en la falta de definici\u00f3n oportuna de su solicitud de entregar a Uner Augusto Becerra Largo, el t\u00edtulo judicial de las costas, as\u00ed como en la ausencia de respuesta a su petici\u00f3n de iniciar un tr\u00e1mite ejecutivo por tal concepto, pretensiones ya resueltas en el auto de 10 de junio de 2021, en donde se acogi\u00f3 el primer ruego y se desestim\u00f3 el segundo; por tanto, administrar justicia constitucional en esos aspectos, se torna inane. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
SEGUNDO: Por secretar\u00eda rem\u00edtase el link del expediente digital al email del demandante. <\/p>\n
TERCERO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados, y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 21 de enero de 2015, exp. 08001-22-13-000-2014-00598-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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