STC9148-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9148-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00179-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 3 de junio de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro, contra el Juzgado Segundo de Familia de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo de alimentos\u201d iniciado por Rosa, en nombre de su hijo menor, \u201cJhon Jairo\u201d1, al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor procura la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por la autoridad fustigada. <\/p>\n
2. La causa petendi constitucional y las correspondientes actuaciones, admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
Ante el estrado convocado, Rosa Mazo Ayala inici\u00f3 el litigio objeto de esta salvaguarda contra el aqu\u00ed gestor, para el cobro de la cuota alimentaria adeudada por \u00e9ste, respecto de su menor hijo \u201cJhon Jairo\u201d, teniendo como base del recaudo, la sentencia de divorcio proferida el 22 de junio de 2016. <\/p>\n
El 22 de mayo de 2017, se libr\u00f3 mandamiento de pago, por la suma de $11.850.659, m\u00e1s los intereses legales del 0.5%, y por lo alimentos que en lo sucesivo se causaran, en cuant\u00eda de $1.570.822.00 mensuales. <\/p>\n
El 10 de abril de 2018, el despacho cognoscente orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
El 15 de diciembre de 2020, el censor solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n de la controversia al considerar que la obligaci\u00f3n cobrada se encontraba cancelada en su totalidad. <\/p>\n
El 9 de abril de 2021, la sede judicial confutada modific\u00f3 la \u201creliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u201d aportada por el quejoso y neg\u00f3 la culminaci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Frente a esa determinaci\u00f3n, el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n, resuelto en prove\u00eddo de 6 de mayo pasado, en el cual se excluy\u00f3 de la referida liquidaci\u00f3n, \u201cel valor de la p\u00f3liza de seguro por valor de $130.000\u201d y se corrigi\u00f3 lo relacionado con los intereses de mora de los gastos escolares de 2019 y 2020, incluy\u00e9ndose los del 2021. <\/p>\n
Sostiene el censor que el estrado fustigado incurri\u00f3 en \u201cdefecto sustantivo\u201d, pues el apremio de pago proferido en el comentado litigio <\/p>\n
\u201c(\u2026) no se libr\u00f3 por las sumas que se causar\u00e1n hac\u00eda el futuro por concepto de gastos escolares, gastos de Preicfes, uniformes, p\u00f3lizas correspondientes a vigencia 2020 y 2021, es imposible incluirlos en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito en tanto (\u2026), el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso es enf\u00e1tico en establecer que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se har\u00e1 conforme a lo dispuesto en el mandamiento de ejecutivo, norma que no se puede hacer extensiva a voluntad del juez (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Igualmente atribuye al convocado un \u201cdefecto f\u00e1ctico\u201d, por no incluir en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito el descuento de n\u00f3mina realizado en \u201cfebrero de 2021\u201d por valor de $2.779.367, aun cuando ese dinero fue consignado a \u00f3rdenes de ese despacho judicial. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efecto el auto de 9 de abril anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones desplegadas dentro del pleito sublite, solicitando declarar improcedente el ruego, por cuanto al querellante se le ha \u201cgarantizando el derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u201d dentro del comentado decurso. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el abono de $2.779.367, aducido por el actor, no se tuvo en cuenta en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, para ese momento, \u201cno se encontraba constituido t\u00edtulo judicial alguno\u201d por ese valor. <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo, tras anotar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]e la relaci\u00f3n de t\u00edtulos aportada por el despacho accionado, se observa (\u2026) dos t\u00edtulos con fecha de emisi\u00f3n del 01 de marzo de 2021, y pago el 11 siguiente, que suman un total de $2.779.367, que, por un lado, coinciden con la deducci\u00f3n realizada a la n\u00f3mina del se\u00f1or Pedro Maya Arbel\u00e1ez, el 28 de febrero de 2021, por concepto de cuota alimentaria, y que se visualiza del desprendible copiado dentro del memorial por el que se interpuso el recurso de reposici\u00f3n, y por otro, se ajustan a los t\u00edtulos 442100001002436 y 44100001002437 que figuran en los comprobantes de pago aportados con el escrito tutelar, fechados 01 de marzo de 2021\u201d. <\/p>\n
\u201cLuego entonces, si bien el descuento fue realizado en el mes de febrero al ejecutado, la emisi\u00f3n del t\u00edtulo se hizo un d\u00eda despu\u00e9s, es decir, al mes siguiente, como lo expuso la jueza cognoscente en el auto reprochado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i el actor no ten\u00eda claro qu\u00e9 conceptos cubr\u00eda el mandamiento de pago bien pudo optar por interponer recurso de reposici\u00f3n contra este o pedir aclaraci\u00f3n del mismo; de otra parte, el mandamiento de pago cobij\u00f3 las cuotas que en lo sucesivo se causen de conformidad con el canon del CGP ya citado por lo que la terminaci\u00f3n del proceso no es viable hasta que cese la deuda del alimentante o que de com\u00fan acuerdo se pida la terminaci\u00f3n del proceso\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
El gestor impugn\u00f3 insistiendo en la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas supralegales dentro del asunto cuestionado, resaltando, nuevamente, los defectos alegados en el escrito genitor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El querellante reclama dejar sin efectos los prove\u00eddos nugatorios de la terminaci\u00f3n del proceso por pago, pues, en su sentir, el juzgado convocado, al realizar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito: i) no tuvo en cuenta el descuento de n\u00f3mina por la suma de $2.779.367 efectuado en febrero de 2021, y ii) incluy\u00f3 valores relacionados con gastos de estudio no contemplados en el mandamiento de pago emitido en el litigio sublite. <\/p>\n
2. En lo concerniente al primer concepto relacionado, el ruego no sale avante, por cuanto en pronunciamiento de 6 de mayo de 2021, la autoridad confutada advirti\u00f3: \u201cla cuota correspondiente al mes de marzo que se encontraba pendiente de pago hasta que no se verificara la actualizaci\u00f3n de cr\u00e9dito, se abon\u00f3 en el mes de abril, aun sin existir pago de dicha cuota\u201d. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, emerge palmario que lo alegado por el censor no se acompasa con la realidad, pues el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta no neg\u00f3 el reconocimiento del rubro en comento, como aqu\u00e9l lo arguy\u00f3, por el contrario, se anunci\u00f3 su imputaci\u00f3n cuando se procediera a calcular, nuevamente, la acreencia reclamada. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien no es factible conceder el auxilio deprecado por el accionante, menos a\u00fan avalar la invalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n como lo se\u00f1al\u00f3 el sentenciador a-quo, la Corte considera necesario exhortar al titular del juzgado accionado, para que independientemente de la ejecutoria que hayan obtenido la liquidaci\u00f3n y sus actualizaciones, proceda a revisar minuciosamente el expediente y si de esa actividad encuentra que en el mismo existen documentos que soporten v\u00e1lidamente abonos a la deuda ejecutada, previo traslado a la contraparte para que ejerza su derecho de contradicci\u00f3n, apreciarlos conforme a las reglas de valoraci\u00f3n probatoria, de manera que quede claro si constituyen o no un elemento de convicci\u00f3n que previamente no hab\u00eda sido estimado como tal\u201d. <\/p>\n
\u201cAcerca de esa particular situaci\u00f3n, esta Sala dijo que \u00aben un caso de similares contornos jur\u00eddicos al que ahora se analiza, esta Corporaci\u00f3n respald\u00f3 la exhortaci\u00f3n que realizara el Tribunal a la funcionaria accionada \u201cen el sentido de que en el evento de que se haya pasado por alto alg\u00fan abono previamente reconocido, analice la factibilidad de aplicarlo al cr\u00e9dito muy a pesar de la firmeza de la liquidaci\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
3. En punto del segundo alegato, revisado el reparo propuesto y los soportes adosados, el auxilio tampoco sale avante, porque en ninguna irregularidad incurri\u00f3 el despacho confutado, al relacionar en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito los gastos escolares aducidos por el quejoso. Veamos. <\/p>\n
En efecto, la autoridad refutada empez\u00f3 por indicar que el art. 431 del C.G.P., establece: \u201c[c]uando se trate de alimentos u otra prestaci\u00f3n peri\u00f3dica, la orden de pago comprender\u00e1, adem\u00e1s de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen y dispondr\u00e1 que estas se paguen dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al respectivo vencimiento\u201d. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el mandamiento ejecutivo emitido en el asunto subex\u00e1mine, contiene la orden de pagar aquellos alimentos causados en lo sucesivo, los cuales fueron establecidos por valor de $1.570.822, donde se incluyeron los gastos de \u201cmercado, lonchera, servicio p\u00fablico, mensualidad del colegio y transporte, patinaje y ortodoncia\u201d, rubros determinados en la sentencia de 22 de junio de 2016, mediante la cual se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al acuerdo conciliatorio suscitado dentro del proceso de Cesaci\u00f3n de Efectos Civiles del Matrimonio Cat\u00f3lico de Pedro y Rosa, por tanto, todo gasto relacionado con el estudio deb\u00eda ser objeto de c\u00e1lculo para determinar el pago de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Desde esa perspectiva, la actuaci\u00f3n del convocado no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia, pues, aunque no se acogiera \u00edntegramente el discernimiento del enjuiciado sobre la problem\u00e1tica descrita, esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, por cuanto \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
N\u00f3tese, el despacho tutelado fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que, la orden de apremio fue emitida tambi\u00e9n por los alimentos que se causen en lo sucesivo, tasados en un valor de $1.570.822, dentro de los cuales se incluy\u00f3 los gastos de estudio del hijo de ac\u00e1 gestor, por tanto, dicho rubro deb\u00eda ser materia de liquidaci\u00f3n para determinar el pago de la obligaci\u00f3n impuesta en contra del tutelante. <\/p>\n
4. T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC391-2019, 24 en. 2019, rad. 2018-00222-01 <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
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