STC9150-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9150-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-00945-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 9 de junio de 2021, que concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la Cooperativa Financiera de Antioquia -CFA contra el Centro de Conciliaci\u00f3n Equidad Jur\u00eddica, y la Operadora de Insolvencia Mar\u00eda Alejandra Silva, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de negociaci\u00f3n de deudas que origina el reclamo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando por intermedio de apoderado judicial, la querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente conculcada por las convocadas, en desarrollo del tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas adelantado por Rosmary \u00c1vila Guevara. <\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que ante el Centro de Conciliaci\u00f3n Equidad Jur\u00eddica Rosmary \u00c1vila Guevara promovi\u00f3 el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de deudas, invocando la calidad de \u00abpersona natural no comerciante\u00bb, proceso en el que la Cooperativa Financiera de Antioquia -CFA, compareci\u00f3 como acreedor. <\/p>\n
Relata que puso en conocimiento de la Operadora de Insolvencia, Mar\u00eda Alejandra Silva Guevara, que la se\u00f1ora \u00c1vila Guevara \u00abostenta la calidad de comerciante y por lo tanto el centro de conciliaci\u00f3n no puede conocer de [ese] procedimiento por expresa disposici\u00f3n legal y por qu\u00e9 (sic) la deudora se ha dado conocer al p\u00fablico de manera reiterativa como comerciante y a su vez ten\u00eda establecimiento comercial abierto, ejerciendo actividades reguladas en el art\u00edculo 20 y 21 del c\u00f3digo de comercio\u00bb. <\/p>\n
Afirma que en repetidas oportunidades ha solicitado a la querellada que proceda a remitir las diligencias a los jueces civiles municipales, para que conforme a lo regulado en el precepto 534 del estatuto procesal vigente resuelva la controversia suscitada en torno a la calidad de comerciante de Rosmary \u00c1vila Guevara. <\/p>\n
Manifiesta que, pese a lo enunciado, la referida autoridad, mediante auto de 13 de abril hoga\u00f1o, dispuso continuar el tr\u00e1mite, sin remitir el expediente a los juzgados civiles municipales, desconociendo la citada normativa. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene al las accionadas que procedan a \u00abrealizar la remisi\u00f3n del expediente para que sea dirimida la controversia y objeci\u00f3n en cuanto a la calidad de persona comerciante de la se\u00f1ora ROSMARY AVILA GUEVARA pedida por parte de CFA Cooperativa financiera acorde con el ART\u00cdCULO 534. Del CGP. (\u2026) como consecuencia de lo anterior se decrete la nulidad de todo lo actuado, hasta tanto se resuelva por un juez civil municipal la controversia antes referida\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Operadora de Insolvencia Mar\u00eda Alejandra Silva Guevara, se\u00f1al\u00f3 que el auxilio se torna improcedente, en la medida que la gestora \u00abtuvo la oportunidad de impugnar el acuerdo en los t\u00e9rminos del Art\u00edculo 557 del C.G.P, sin embargo, guard\u00f3 silencio y no se opuso, dejando pasar esa oportunidad procesal para reprochar cualquier vicio o irregularidad, incluso, cualquier situaci\u00f3n contra la Constituci\u00f3n y la Ley\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Rosmary \u00c1vila Guevara, se opuso a la prosperidad del amparo indicando que \u00abla funci\u00f3n del operador de insolvencia y la funci\u00f3n del juez civil municipal en el proceso de negociaci\u00f3n de deudas, son diferentes, pues cada uno tiene rol definido y un papel en el proceso con funciones claras, concretas e independientes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Banco Caja Social S.A., indic\u00f3 que no ha transgredido las garant\u00edas esenciales que reclama la accionante, y solicit\u00f3 que fuese desvinculado del tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo otorg\u00f3 el resguardo arguyendo que \u00ab(\u2026) si bien el art\u00edculo 534 Cgp pareciera establecer que s\u00f3lo las controversias que expresamente est\u00e9n consagradas en ese t\u00edtulo del Cgp (\u201cT\u00cdTULO IV. INSOLVENCIA DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE.\u201d) deben ser remitidas y resueltas por el Juez Civil Municipal, lo cierto es que a dicho canon debe d\u00e1rsele un alcance y \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n amplio, de donde se sigue que la definici\u00f3n del debate que acaeci\u00f3 en el sub lite sobre la calidad de la convocante correspond\u00eda a los referidos juzgados, m\u00e1xime que tal cuestionamiento tuvo lugar en el marco de un control de legalidad que la accionada realiz\u00f3 respecto de la admisi\u00f3n inicial del tr\u00e1mite. En esa senda, no podr\u00eda d\u00e1rsele a la citada norma un car\u00e1cter restrictivo, por lo que nada imped\u00eda y por el contrario se impon\u00eda, que el Centro de Conciliaci\u00f3n, en ejercicio de su funci\u00f3n jurisdiccional, enviara las diligencias al juez municipal a efecto de que definiera tal cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, orden\u00f3 al Centro de Conciliaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n en Equidad Jur\u00eddica y la Operadora de Insolvencia que \u00aben el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, deje sin valor y efecto la decisi\u00f3n emitida en audiencia celebrada el 13 de abril de 2021 sobre la calidad de persona natural no comerciante de la convocante\u2026 \u00c1vila Guevara y las dem\u00e1s determinaciones que de ella dependan, y que conforme el art\u00edculo 534 Cgp, remita el expediente a los Jueces Civiles Municipales para la definici\u00f3n del asunto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
Rosmary \u00c1vila, afirm\u00f3 que \u00abel juez Civil Municipal conoce excepcionalmente del proceso de negociaci\u00f3n de pasivos\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abresulta suficiente la declaraci\u00f3n del conciliador, cuando en el respectivo traslado advierte la imposibilidad de un acuerdo ante una controversia suscitada por la naturaleza, cuant\u00eda y existencia de la obligaci\u00f3n y en la liquidaci\u00f3n patrimonial, por todo lo anterior, es claro que la operadora resolvi\u00f3 conforme a derecho\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, la operadora de insolvencia Mar\u00eda Alejandra Silva Guevara se\u00f1al\u00f3 que los argumentos aducidos en el fallo dictado por el tribunal a quo \u00abest\u00e1n explicados desde una \u00f3ptica que no recoje (sic) la realidad de la audiencia\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3, que \u00abes el momento de poner punto final a tantas tutelas, IMPROCEDENTES, en los procesos de negociaci\u00f3n de deudas de persona natural no comerciante y permitir que las negociaciones se realicen de conformidad a lo dispuesto en la norma especial bajo la direcci\u00f3n del conciliador en atenci\u00f3n a sus facultades y atribuciones y, se deje, \u00fanica y exclusivamente el espacio de participaci\u00f3n indicado para los jueces, que corresponde, de manera concreta a la resoluci\u00f3n de objeciones sobre la naturaleza, existencia y cuant\u00eda de las obligaciones seg\u00fan lo dicho en el Art\u00edculo 550 numeral 1 y, para el caso de los acuerdos, cuando sean impugnados por alguna de las cuatro razones expuestas en el Art\u00edculo 557 C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n en Equidad Jur\u00eddica y la Operadora de Insolvencia en el proceso de negociaci\u00f3n de deudas adelantado por Rosmary \u00c1vila Guevara vulner\u00f3 el debido proceso, por cuanto omiti\u00f3 remitir las diligencias a los jueces civiles municipales para que resolvieran la controversia suscitada en relaci\u00f3n con la calidad de comerciante de la solicitante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias jurisdiccionales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, esta Sala precisa que la concesi\u00f3n del resguardo que hiciere el tribunal a quo habr\u00e1 de refrendarse, comoquiera que se constat\u00f3 la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas por la promotora, dado que, habi\u00e9ndose presentado una controversia sobre la calidad de comerciante de la deudora dentro del proceso de negociaci\u00f3n, la convocada omiti\u00f3 remitir el asunto ante el juez civil municipal para dirimirla. <\/p>\n
Lo anterior, con la finalidad de que dicha autoridad procediera a determinar si concurr\u00edan o no las condiciones para que Rosmary \u00c1vila Guevara pudiera acogerse al procedimiento de negociaci\u00f3n de deudas y convalidaci\u00f3n de acuerdos de que trata el Libro Tercero, Secci\u00f3n Tercera, T\u00edtulo IV del C\u00f3digo General del Proceso; o si, por el contrario, se acredita su calidad de comerciante y, en consecuencia, debe someterse al procedimiento previsto en la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto esta circunstancia no es un aspecto menor, si se tiene en cuenta su estrecha relaci\u00f3n con un derecho fundamental de deudores y acreedores: el consagrado en el canon 29 de la Carta Pol\u00edtica, a cuyo tenor \u00ab[n]adie podr\u00e1 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u00bb. <\/p>\n
Por ello el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha venido relievando la importancia de acudir a las herramientas legales que facilitan la subsunci\u00f3n de cada caso concreto en los distintos reg\u00edmenes de insolvencia, y as\u00ed establecer a qui\u00e9n corresponde el conocimiento del asunto; por lo que, v.gr., en la definici\u00f3n de la condici\u00f3n de comerciante la autoridad puede hacer uso de las presunciones \u2013iuris tantum\u2013 que consagra el canon 8 del C\u00f3digo de Comercio1, y comparar la actividad de la que deriva sus ingresos el deudor con las rese\u00f1adas en los art\u00edculo 20 (que establece cu\u00e1les actos son considerados mercantiles) y 23 (actos no mercantiles) ejusdem. <\/p>\n
Por \u00faltimo, recu\u00e9rdese que el numeral 1 del canon 550 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que, en la audiencia de negociaci\u00f3n de deudas en la insolvencia de persona natural no comerciante, \u00abel conciliador pondr\u00e1 en conocimiento de los acreedores la relaci\u00f3n detallada de las acreencias y les preguntar\u00e1 si est\u00e1n de acuerdo con la existencia, naturaleza y cuant\u00eda de las obligaciones relacionadas por parte del deudor y si tienen dudas o discrepancias con relaci\u00f3n a las propias o respecto de otras acreencias (\u2026)\u00bb; lo cual no obsta para que el operador d\u00e9 el tr\u00e1mite correspondiente a las controversias que se susciten sobre otros aspectos que no est\u00e1n expresamente consagrados en dicha normativa, como podr\u00eda ser \u2013y sucede en este asunto\u2013 la calidad del deudor, con el fin de que el juez civil municipal los dirima seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 534 ib\u00eddem. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se mantendr\u00e1 la protecci\u00f3n constitucional reconocida por el tribunal a quo, en virtud de la desarrollada relevancia que tiene esclarecer este puntual asunto (la calidad o no de comerciante) para definir la normativa y procedimiento aplicable en cada caso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abPara todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos: 1) Cuando se halle inscrita en el registro mercantil; 2) Cuando tenga establecimiento de comercio abierto, y 3) Cuando se anuncie al p\u00fablico como comerciante por cualquier medio\u00bb. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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