STC9153-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9153-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00304-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga el pasado 28 de junio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo Cacua Jaimes contra los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Veinticuatro Civil Municipal de aquella ciudad, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso 2019-00121. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado, el actor acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, legalidad, igualdad ante la ley, prevalencia del derecho sustancial y\u2026 acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, que considera quebrantados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Del extenso escrito se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
Carlos Eduardo Cacua Jaimes promovi\u00f3 un proceso de responsabilidad civil contractual contra La Equidad Seguros Generales O. C., buscando hacer efectiva la p\u00f3liza AA020160 debido al hurto de su veh\u00edculo de placa HRN 826, ocurrido el 9 de noviembre de 2017. <\/p>\n
Dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bucaramanga, despacho que el 19 de diciembre de 2019 emiti\u00f3 sentencia desestimatoria. <\/p>\n
Contra la anterior determinaci\u00f3n, el demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, resuelto por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma ciudad, el 6 de octubre de 2020, en el sentido de confirmar lo decidido por el a quo. <\/p>\n
3. El actor acusa las sentencias de adolecer de defecto f\u00e1ctico pues, seg\u00fan dice, los falladores no apreciaron \u00abadecuadamente\u00bb los medios de prueba aportados, en especial, la p\u00f3liza y el interrogatorio de parte rendido en la audiencia inicial. <\/p>\n
Asimismo, se queja de la incursi\u00f3n en \u00abdefecto procedimental\u00bb por la no integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario y \u00abdefecto sustantivo por desconocimiento del precedente\u00bb, en concreto, de la sentencia SC5681 de 2018. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abdejar sin efecto las sentencias\u00bb. <\/p>\n
1. El Juez Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo por desatender el presupuesto de procedibilidad de la inmediatez y porque las decisiones cuestionadas no revelan arbitrariedad o desmesura pues tuvieron fundamento en una correcta valoraci\u00f3n probatoria e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Por su parte el Juez Veinticuatro Civil Municipal de la misma ciudad se opuso a la prosperidad del resguardo habida consideraci\u00f3n que \u00abno conculc\u00f3 derecho fundamental alguno\u2026 y la decisi\u00f3n que se profiri\u00f3 se finc\u00f3 en los medios probatorios allegados, as\u00ed como de lo anunciado en el libelo, teniendo en cuenta las diferentes decisiones proferidas por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil, en casos an\u00e1logos\u00bb. <\/p>\n
3. El apoderado de La Equidad Seguros Generales O.C. pidi\u00f3 \u00abconfirmar en su integridad\u00bb los fallos censurados, por cuanto \u00ablos jueces realizaron su labor conforme a la ley y a la jurisprudencia\u2026 hicieron un an\u00e1lisis profundo de las circunstancias objeto de la litis as\u00ed como de los argumentos defensivos\u2026 respetando los derechos fundamentales de las partes\u2026\u00bb <\/p>\n
Asimismo, refiri\u00f3 que la salvaguarda desatiende el principio de la inmediatez por cuanto desde la emisi\u00f3n del fallo de segundo grado, \u00abhan transcurrido m\u00e1s de 8 meses hasta la radicaci\u00f3n de esta tutela\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bucaramanga declar\u00f3 la inviabilidad de la salvaguarda porque fue instaurada superado el plazo considerado como razonable por la jurisprudencia de esta Corte sin que el actor justificara las razones que le impidieron acudir a ella oportunamente. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n manifestando que la acci\u00f3n de tutela no tiene t\u00e9rmino de caducidad y que, si bien se super\u00f3 el t\u00e9rmino prudencial, el requisito de la tempestividad debe examinarse con menor rigurosidad pues \u00abes evidente que contin\u00faa la vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos del accionante\u2026 por lo tanto, la protecci\u00f3n que puede dar la tutela sigue siendo inmediata\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas lesionaron las garant\u00edas fundamentales de Carlos Eduardo Cacua Jaimes dentro del juicio de responsabilidad civil contractual 2019-00121, al desestimar las pretensiones de la demanda, incurriendo, supuestamente, en defectos f\u00e1ctico por valoraci\u00f3n inadecuada de las pruebas allegadas, procedimental por no integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario y sustantivo por desconocimiento del precedente. <\/p>\n
Previamente, deber\u00e1 establecerse si el resguardo atiende el presupuesto de procesabilidad que pasa a examinarse. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye, en consonancia con la sala a quo, que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que la providencia del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, por medio de la cual resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n incoado contra la sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de la misma ciudad, en el proceso objeto de escrutinio, data del 6 de octubre 2020; mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el pasado 15 de junio; es decir, sobrepasado el semestre establecido como razonable por el precedente de esta Corte, para proponer el resguardo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la sentencia de primer grado porque el accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional; es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, asimismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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