STC9158-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9158-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2021-00129-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 29 de junio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Blanca Edith Medina Botache contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa ciudad, municipio de Neiva, Gobernaci\u00f3n del Huila, Consorcio Malec\u00f3n Neiva y la Organizaci\u00f3n Terpel S.A. tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los dem\u00e1s intervinientes en el amparo con radicaci\u00f3n n\u00b0 2021-00335. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, salud, dignidad humana, ambiente sano, m\u00ednimo vital, igualdad \u00abposesi\u00f3n, a la cultura y confianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del extenso texto de demanda se extracta que interpuso una tutela cuestionando el desalojo y demolici\u00f3n de sus locales respecto de los cuales deriva su sustento econ\u00f3mico, pero el Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva, mediante sentencia del 29 de abril de 2021 la declar\u00f3 improcedente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, empero, el 31 de mayo de 2021 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n del auxilio, incurriendo en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, adem\u00e1s, en su sentir, hubo \u00abfraude a la ley\u00bb lo que afectar\u00eda el fen\u00f3meno de la cosa juzgada, puesto que \u00abtambi\u00e9n demand\u00e9 al consorcio Malec\u00f3n Neiva que siempre ante la ley ha guardado silencio, el cual no contest\u00f3 la tutela porque sabe que no tiene como demostrar que tiene permiso para demoler un bien cultural, con columnas de arquitectura rupestre (\u2026), patrimonio cultural el cual no se pod\u00eda demoler solo restaurar la estructura (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se proceda a \u00abrevocar la[s] sentencia[s] de primera y segunda instancia de tutela (\u2026); ordenar a la Inspecci\u00f3n Segunda de Polic\u00eda y Direcci\u00f3n de Justicia de Neiva detener permanente los desalojo[s] de mis pertenencias que est\u00e1n en los locales 7D y 17D ubicados en la plazoleta de artesanos del parque hist\u00f3rico, tur\u00edstico y cultural de Neiva (\u2026); ordenar a la Alcald\u00eda Municipal de Neiva, Direcci\u00f3n de Justicia de Neiva, Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n y Ordenamiento Municipal de Neiva, Gobernaci\u00f3n del Huila, Consorcio Malec\u00f3n Neiva y a la Organizaci\u00f3n Terpel S.A., a una compensaci\u00f3n o indemnizaci\u00f3n por un valor total de los dos locales de $120.000.000 (\u2026), e igual las mejoras realizadas en dichos locales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Organizaci\u00f3n Terpel S.A., manifest\u00f3 que \u00abcelebr\u00f3 un contrato de concesi\u00f3n con la Alcald\u00eda de Neiva y Utrahuilca S.A. el 29 de diciembre de 1995, cuyo objeto exclusivo era que el concesionario deb\u00eda ejecutar la remodelaci\u00f3n y mantenimiento del \u00e1rea vial y del margen oriental del r\u00edo Magdalena(\u2026), adem\u00e1s de la construcci\u00f3n de un parque longitudinal en un plazo m\u00e1ximo de 15 a\u00f1os, dicho contrato se limitaba a un periodo de tiempo cuya fecha de finalizaci\u00f3n fue el d\u00eda 7 de febrero de 2018\u00bb, pero que a trav\u00e9s de un \u00abun otro s\u00ed\u00bb se estableci\u00f3 \u00abprincipalmente la desvinculaci\u00f3n de Terpel de todo espacio mencionado a la finalizaci\u00f3n del contrato\u00bb, pues \u00abla administraci\u00f3n o facultad de manejo sobre espacio (\u2026) fue cedido y traspasado al municipio de Neiva\u00bb, y con ello la \u00abausencia de responsabilidad\u00bb en relaci\u00f3n con las actuaciones que involucran dicho predio. <\/p>\n
2. El Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Municipal y el director de ordenamiento Territorial de Neiva, se opusieron a lo pretendido en raz\u00f3n a \u00abla improcedencia de la acci\u00f3n por no cumplir con el requisito de subsidiariedad (\u2026), por la existencia de otros mecanismos id\u00f3neos de defensa judicial (nulidades procesales, derecho de petici\u00f3n, reparaci\u00f3n directa, etc.\u00bb. <\/p>\n
3. El Inspector de Polic\u00eda Urbano y el Director de Justicia de Neiva, se refirieron al proyecto de inversi\u00f3n \u00abRehabilitaci\u00f3n de infraestructura f\u00edsica del malec\u00f3n del r\u00edo Magdalena\u00bb, llevado a cabo en 2017, y que la petici\u00f3n en aquella oportunidad \u00abvers\u00f3 sobre la socializaci\u00f3n y concertaci\u00f3n de alternativas de reubicaci\u00f3n, la vigilancia de la ejecuci\u00f3n de la obra y la prevalencia de los intereses de los ocupantes de los locales, haciendo hincapi\u00e9 en apoyar los procesos de mejoramiento y desarrollo del sector\u00bb, la cual difiere de la actual, y m\u00e1s cuando la actora conoc\u00eda que el objetivo de la intervenci\u00f3n de la administraci\u00f3n es \u00abrenovar y mejorar el estado de la infraestructura para con ello optimizar el desarrollo de diversas actividades sociales, culturales y de recreaci\u00f3n en el espacio p\u00fablico y el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica a trav\u00e9s de los bienes fiscales\u00bb. Tras recordar la \u00abprevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular\u00bb, pidi\u00f3 declarar improcedente la tutela por atacar \u00abverdaderos actos jurisdiccionales\u00bb existiendo para ello otros medios ordinarios de defensa judicial. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el amparo al descartar que se estuviera ante actuaci\u00f3n \u00abfraudulenta\u00bb por el hecho de que la Concesi\u00f3n Malec\u00f3n no hubiera contestado la presente acci\u00f3n de tutela, pues ese comportamiento \u00abno provino de una falta de integraci\u00f3n del contradictorio o alguna indebida notificaci\u00f3n al respecto, sino que por el contrario se gener\u00f3 de manera aut\u00f3noma y espont\u00e1nea por el extremo pasivo, quien opt\u00f3 por guardar silencio\u00bb, y tampoco encontr\u00f3 \u00abfraude\u00bb en lo atinente a la notificaci\u00f3n del fallo de tutela anterior. Agreg\u00f3 que la \u00abargumentaci\u00f3n\u00bb tra\u00edda en esta ocasi\u00f3n, pudo haberla presentado en la impugnaci\u00f3n del primigenio amparo, por lo no agot\u00f3 \u00abel medio id\u00f3neo y efectivo para exponer la raz\u00f3n de censura, sin ser la tutela un mecanismo que pueda utilizarse para revivir etapas o momentos procesales dejados de ejercitar, pues con ello se desconocer\u00eda el requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la querellante para insistir en los argumentos de su demanda tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, fungiendo como fallador de segunda instancia, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la actora, al ratificar la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda radicada bajo el n\u00b0 2021-00335. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, el precedente constitucional precis\u00f3 que al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, el veredicto en estos asuntos es susceptible del recurso de impugnaci\u00f3n, y \u00aben todo caso [de] su eventual revisi\u00f3n\u00bb, respecto del cual precis\u00f3 que es: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado que, <\/p>\n
\u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, citada en STC9969-2020, 12 nov. 2020, rad. 02926-00). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las premisas que anteceden, examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Corte avalar\u00e1 la denegaci\u00f3n del resguardo invocado, pero precisando que lo ser\u00e1 porque, aunado a que no se cumple el requisito gen\u00e9rico consistente en que no puede dirigirse contra una sentencia de tutela, tambi\u00e9n desatiende la causal gen\u00e9rica de la subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, el actual ataque est\u00e1 dirigido a invalidar la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva el 31 de mayo de 2021, en el marco de una acci\u00f3n de amparo promovida por la hoy demandante, por cuanto, en su criterio, las autoridades locales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales por desalojarlos de un predio donde ejerc\u00edan sus labores como artesanos, y como consecuencia pidi\u00f3 ser indemnizada por los perjuicios ocasionados por la demolici\u00f3n de la rampa que evitaba las inundaciones de los locales 7D y 17D. <\/p>\n
Al respecto, se insiste en que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese efecto, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al veredicto de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, no se cumple el requisito de la subsidiariedad, frente a lo cual esta Corporaci\u00f3n ha dicho que tal presupuesto es inherente a la tutela, pues: <\/p>\n
\u00abDe tiempo atr\u00e1s la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo al efecto lo definido sobre el particular por la Corte Constitucional en la sentencia SU-1219 del 2001, tiene decantado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para alegar la configuraci\u00f3n de arbitrariedades cometidas en una sentencia proferida en un proceso de igual naturaleza, habida cuenta de que tal decisi\u00f3n es susceptible de la eventual revisi\u00f3n que corresponde realizar a aqu\u00e9lla, tr\u00e1mite dentro del cual se pone fin al debate constitucional1. <\/p>\n
Si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. <\/p>\n
Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u201ccomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u201d [sentencia del 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00]\u00bb (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, citada entre otras en STC7950-2021, 30 jun. 2021, rad. 00863-01). <\/p>\n
En ese sentido, n\u00f3tese que respecto de la decisi\u00f3n proferida en segundo grado por el despacho judicial convocado el 16 de abril de 2021, a\u00fan est\u00e1 pendiente el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional seg\u00fan radicado T8256966 del 27 de mayo de 2021, y, por tanto, no ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional, por lo que acudir a la tutela para refutar esa decisi\u00f3n \u00abequivaldr\u00eda a suplantar la funci\u00f3n que la propia Constituci\u00f3n ha encomendado a \u00e9sta \u00faltima\u00bb (T-307\/15). <\/p>\n
En ese orden, la acci\u00f3n impetrada no supera el presupuesto de la subsidiariedad, pues es claro que para su viabilidad respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la enunciada, esto es, que previo a la reclamaci\u00f3n se hayan agotado los mecanismos de defensa judicial. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo precisado, se ratifica la improcedencia del auxilio, pues este desatiende una de las exigencias gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela por perseguir el quebrantamiento de un fallo de similar estirpe, el cual a\u00fan est\u00e1 cursando sus correspondientes etapas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, por las puntuales razones explicadas en precedencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 17 feb. 2004, exp. 2003-00076-01 y STC, 27 ago. 2004, exp. 2004-00306-01, entre otras. <\/p>\n
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