STC9167-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9167-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2021-00112-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., vintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 21 de mayo de 2021 que resolvi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jennifer Ru\u00edz Hern\u00e1ndez contra el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, y las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fabicos de Medell\u00edn Zona Norte y Zona Sur, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 2020-00228-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Obrando por conducto de apoderado judicial, el querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y petici\u00f3n, presuntamente conculcadas por las autoridades convocadas en desarrollo del precitado juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere, en s\u00edntesis, que ante el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn se tramita la sucesi\u00f3n de su padre, Nacianceno Ru\u00edz Castrill\u00f3n. <\/p>\n
Indica, que \u00abcon el fin de que se proteger los bienes\u00bb de la masa sucesoral solicit\u00f3 al despacho que decretara como cautela el embargo de los inmuebles identificados con matr\u00edcula n\u00ba \u00ab001-322787; 001-792018; 001-792019; 001-792020; 001-792021; 001-892896; 001-892897; 001- 892898; 001-892899; 001- 892900; 001-892901; 001-972462; 01N-5259141; 01N-5259142; 01N- 5259143 y 01N-5346346\u00bb, a lo cual accedi\u00f3 mediante prove\u00eddo de 17 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Manifiesta que el 8 de octubre de esa anualidad la autoridad judicial libr\u00f3 los oficios n\u00ba 715 y 716 en los cuales ordenaba a las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn Zona Norte y Zona Sur que procedieran al registro del embargo sobre los citados predios. <\/p>\n
Relata que el 10 de octubre anterior, debido a que esas entidades no estaban prestando atenci\u00f3n presencial a los usuarios, procedi\u00f3 a radicar los oficios a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, lo cual fue comunicado al juzgado el d\u00eda 30 de ese mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Refiere que, el 20 de febrero hoga\u00f1o la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn Zona Sur le comunic\u00f3 al juzgado accionado acerca de la inadmisi\u00f3n de la inscripci\u00f3n del embargo ordenado, destacando que \u00abSENOR (sic) USUARIO TIENE UN PLAZO LIMITE DE DOS MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RADICACION DEL DOCUMENTO PARA CANCELAR EL MAYOR VALOR. (RESOLUCION 5123 DEL 09-11-2000 Y DECRETO 2280 DE 2008). TODA VEZ, QUE AL PRESENTE LE FALTA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE REGISTRO, Y DE ACUERDO CON FECHA DE RADICACION Y QUE EL SISTEMA NO PERMITE GENERAR EL MAYOR VALOR DESPUES DE DOS MESES, POR LOS PARAMETROS DEL MISMO. SE SOLICITA COMEDIDAMENTE RADICAR NUEVAMENTE EL MISMO Y PAGAR EL MAYOR VALOR POR LA SUMA DE $ 138.000 Y 2% CONS. DOC. 2.800, TOTAL $ 140.800 ART 14 Y 31 LEY 1579 DE 2012\u00bb. <\/p>\n
Aduce, que \u00aben ning\u00fan momento se inform\u00f3 de que se hab\u00edan generado una cuenta de cobro por concepto de derechos de registro, cuando en los art\u00edculos 14 y 31 de la Ley 1579 de 2012, y el Decreto 2280 de 2008 no se contemplan derechos de registro para efectos de dar cumplimiento a una orden judicial de embargo\u00bb. Agrega, que \u00abpor otra parte, dispone el par\u00e1grafo 2o art\u00edculo 15 de la Ley 1579 de 2012 que \u00abNing\u00fan acto notarial ni de registro podr\u00e1 ser gravado con impuestos, tasas o contribuciones municipales o departamentales, con excepci\u00f3n del Impuesto de Registro autorizado por la Ley 223 de 1995 y las que lo modifiquen o adicionen\u00bb. <\/p>\n
Destaca, que \u00aba pesar de que la en la (sic) Oficina de Instrumentos P\u00fablicos (sic) fueron informados los datos de notificaci\u00f3n de [su] apoderado, en ning\u00fan momento fue informado, o al despacho el cobro del impuesto de registro\u00bb. <\/p>\n
Sostiene, que a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela no se ha materializado la referida cautela, por lo que considera que \u00abtiene en riesgo inminente a los bienes de la sucesi\u00f3n puesto que pueden ser objeto de actos fraudulentos que afectan los derechos de los herederos y dem\u00e1s personas que puedan tener inter\u00e9s en la herencia e impide el correcto acceso a la justicia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda se ordene a las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn Zona Norte y Zona Sur que (i) procedan de manera inmediata a cumplir con la orden de registro de la medida cautelar de embargo dispuesta por el Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, el 17 de septiembre anterior, en virtud de la sucesi\u00f3n n\u00ba 2020-00228-00, (ii) \u00abde no ser posible la anterior pretensi\u00f3n se ordene (\u2026) dar respuesta de fondo acerca de lo ordenado por el despacho\u00bb, y (iii) \u00ab(\u2026) se compulsen copias a los respectivos \u00f3rganos de control y vigilancia con el fin de que se sancionen las faltas y conductas que a su prudente juicio son contrarias a la ley\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn Zona Norte, inform\u00f3 que \u00ab(\u2026) una vez revisadas todas [sus] plataformas, bases de datos, correos electr\u00f3nicos y folio magn\u00e9tico, no fue posible localizar solicitud alguna que proviniera a nombre del Email: soluci\u00f3njuridicaestrategica@gmail.com y\/o a nombre de la se\u00f1ora JENNIFER RUIZ HERNANDEZ\u00bb <\/p>\n
Destac\u00f3, que \u00abseg\u00fan los anexos del demandante @-entrega certifica que el Dr. JOSE LUIS OCHOA ESCOBAR acusa recibo, sin embargo este no es registrador principal de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos Medell\u00edn zona norte desde el a\u00f1o 2016 y actualmente no se encuentra vinculado a la Superintendencia de Notariado y Registro, por lo que no comprende c\u00f3mo pudo acusar recibo un correo electr\u00f3nico que no se encuentra activo\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3, que Juan Santiago Valencia Bedoya, apoderado judicial de la aqu\u00ed accionante, el 10 de octubre de 2020 remiti\u00f3 a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico el oficio n\u00ba 716 emitido por el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn al cual se le asign\u00f3 el radicado 2020-29031 y frente a este se emiti\u00f3 el 20 de octubre de ese a\u00f1o nota devolutiva se\u00f1alando: \u00abs\u00edrvase indicar el objeto del proceso de la medida cautelar que se pretende registrar -para su reingreso deber\u00e1 cancelar $ 20.700 por registro de medida, $32.100 por 3 matr\u00edculas adicionales y 67.200 por los certificados. Art\u00edculos 285 y 593 del C.G.P. Art\u00edculos3, 20, 22 y 31 de la Ley 1579\/2012, la anterior inadmisi\u00f3n fue enviada al juzgado 06 de familia de Medell\u00edn el 11 de noviembre de 2020 al correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, se opuso a la prosperidad del auxilio recalcando que no ha vulnerado los derechos reclamados por la accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Juez Sexta de Familia de Medell\u00edn, defendi\u00f3 su proceder, y asegur\u00f3 que ha obrado conforme a los lineamentos legales en el proceso de sucesi\u00f3n n\u00ba 2020-00228-00. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abla tutela est\u00e1 dirigida en contra de las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn, Zona Sur y Zona Norte, que son las dependencias que no han inscrito el embargo ordenado, y ser\u00e1n esas entidades las que deber\u00e1n exponer las razones de la negativa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La curadora ad litem de Brigitte Astrid Ru\u00edz Ca\u00f1as y de los herederos indeterminados del causante Nacianceno Ru\u00edz Castrill\u00f3n, manifest\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela es improcedente \u00abdebido a que la accionante ten\u00eda otros mecanismos de defensa de sus derechos y no los interpuso y trata de aprovechar este medio para cubrir su negligencia o falta de diligencia frente al tr\u00e1mite de registro de la sucesi\u00f3n en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria de los inmuebles\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo otorg\u00f3 el amparo y orden\u00f3 a las Oficinas de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn, Zona Sur y Norte que \u00aben el t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, a la de la notificaci\u00f3n que se les hiciere de esta providencia, le notifiquen legalmente, a la se\u00f1ora Jennifer Ru\u00edz Hern\u00e1ndez, identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u2000 1.193.575.346, o a su apoderado judicial, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico o por la v\u00eda m\u00e1s expedita, la inadmisi\u00f3n y consecuentes \u201cNOTAS DEVOLUTIVAS\u201d, de 20 de octubre de 2020 y 6 de enero de 2021, sobre la no inscripci\u00f3n de las cautelas especificadas\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la registradora principal de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn Zona Sur, relievando que el enteramiento sobre el acto que niega la inscripci\u00f3n de una cautela se rige por lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 24 de la Ley 1579 de 2012, norma especial que precept\u00faa: \u00abtodos aquellos t\u00edtulos o documentos referidos a inscripciones de medidas cautelares ser\u00e1n remitidos por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos al respectivo despacho judicial, bien sea con la constancia de inscripci\u00f3n o con la nota devolutiva, seg\u00fan el caso, dentro de los t\u00e9rminos establecidos en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, indic\u00f3 que \u00abel acto administrativo que niega la inscripci\u00f3n de una medida cautelar no se notifica de conformidad con lo establecido en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo, porque ser\u00eda absurdo notificarle al titular del derecho (propietario) que no se hizo efectiva una medida cautelar, porque ser\u00eda darle un aviso para que disponga del bien, por ello no es aplicable el art\u00edculo 25 de la Ley 1579 que dice \u201clos actos administrativos que niegan el registro de un documento se notificar\u00e1n al titular del derecho de conformidad con lo establecido en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique. Y no se le notifica a quien solicito la medida cautelar porque no es \u2000titular de ning\u00fan derecho\u201d\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades accionadas vulneraron las garant\u00edas esenciales aducidas por la promotora, por cuanto, aparentemente, no han procedido al registro de la medida cautelar de embargo dispuesta por el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, en virtud de la sucesi\u00f3n n\u00ba 2020-00228-00, en las matr\u00edculas inmobiliarias n\u00ba \u00ab001-322787; 001-792018; 001-792019; 001-792020; 001-792021; 001-892896; 001-892897; 001- 892898; 001-892899; 001- 892900; 001-892901; 001-972462; 01N-5259141; 01N-5259142; 01N- 5259143 y 01N-5346346\u00bb. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Analizado el asunto sometido a consideraci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, habr\u00e1 de precisarse que se revocar\u00e1 el fallo de primera instancia, y en lugar, se negar\u00e1 el resguardo por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
<\/p>\n
1. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
En el sub j\u00fadice, la accionante, quien fue reconocida en la sucesi\u00f3n n\u00ba 2020-00228-00 como heredera de Nacianceno Ru\u00edz Castrill\u00f3n, censura la supuesta ausencia de enteramiento por parte de las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn Zona Norte y Zona Sur, de las notas que dispusieron \u00abdevolver sin registrar\u00bb la medida cautelar de embargo dispuesta por el Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn, el 17 de septiembre de 2020, en desarrollo del citado juicio, sobre los inmuebles identificados con matr\u00edculas n\u00ba \u00ab001-322787; 001-792018; 001-792019; 001-792020; 001-792021; 001-892896; 001-892897; 001- 892898; 001-892899; 001- 892900; 001-892901; 001-972462; 01N-5259141; 01N-5259142; 01N- 5259143 y 01N-5346346\u00bb. <\/p>\n
No obstante, de las pruebas obrantes en el plenario, concluye la Sala que la notificaci\u00f3n echada de menos por la gestora se surti\u00f3 conforme a lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 24 de la Ley 1579 de 2012, esto es, fue puesta en conocimiento del Juez Sexto de Familia de Medell\u00edn, quien orden\u00f3 las cautelas sobre los prenombrados inmuebles. Al respecto la citada normativa dispone: <\/p>\n
\u00abART\u00cdCULO 24. NOTIFICACI\u00d3N DE LOS ACTOS DE INSCRIPCI\u00d3N. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. Todos aquellos t\u00edtulos o documentos referidos a inscripciones de medidas cautelares ser\u00e1n remitidos por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos al respectivo despacho judicial, bien sea con la constancia de inscripci\u00f3n o con la nota devolutiva, seg\u00fan el caso, dentro de los t\u00e9rminos establecidos en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique\u00bb (Negrilla a prop\u00f3sito). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Este excepcional mecanismo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad, y su inobservancia se presenta no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos, tal y como ocurre en el presente asunto. <\/p>\n
N\u00f3tese, que la convocante en su escrito inicial, pese a que denuncia la ausencia de notificaci\u00f3n de los actos administrativos emitidos por las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, conoce el contenido de los mismos, e incluso los censura, puesto que anuncia que \u00aben los art\u00edculos 14 y 31 de la Ley 1579 de 2012, y el Decreto 2280 de 2008 no se contemplan derechos de registro para efectos de dar cumplimiento a una orden judicial de embargo (\u2026) por otra parte, dispone el par\u00e1grafo 2o art\u00edculo 15 de la Ley 1579 de 2012 que \u00abNing\u00fan acto notarial ni de registro podr\u00e1 ser gravado con impuestos, tasas o contribuciones municipales o departamentales, con excepci\u00f3n del Impuesto de Registro autorizado por la Ley 223 de 1995 y las que lo modifiquen o adicionen\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, si la gestora del ruego considera que los argumentos en que se soportan tales decisiones son contrarias al ordenamiento jur\u00eddico, deber\u00e1, de estimarlo pertinente, acudir a trav\u00e9s de los mecanismos legalmente dispuestos para proponer tal debate. <\/p>\n
En virtud de lo enunciado, habr\u00e1 de precisarse que, el juez constitucional no puede arrogarse facultades que son propias de otras autoridades, por lo tanto, el incumplimiento al presupuesto de la subsidiariedad conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que es deber de los interesados agotar todas las herramientas de defensa antes de ejercer el amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone revocar el fallo impugnado, puesto que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas reclamadas por la convocante y, porque incumple el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar NIEGA el amparo deprecado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
8 <\/p>\n
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STC9167-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC9167-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2021-00112-01 (Aprobado en Sala de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., vintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55793","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55793","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55793"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55793\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55793"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}