STC9172-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9172-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00334-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 25 de febrero de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabi\u00e1n Gabriel Ram\u00edrez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, fue condenado a la pena de 350 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abexplotaci\u00f3n sexual, comercial de persona menor de 18 a\u00f1os agravado por su perpetraci\u00f3n contra menor de 14 a\u00f1os, pornograf\u00eda con menor de 14 a\u00f1os, actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo\u00bb. <\/p>\n
Expuso que, por considerar que cumple los requisitos objetivos previstos en los art\u00edculos 146 y 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, pidi\u00f3 al Juzgado Veintisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, la concesi\u00f3n del permiso administrativo de salida del establecimiento hasta por 72 horas. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el 9 de marzo de 2020 el juzgado ejecutor neg\u00f3 el referido beneficio, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, el 27 de noviembre de 2020, ambas autoridades con fundamento en la prohibici\u00f3n legal contemplada en el canon 199 de la ley de infancia y adolescencia \u2013 ley 1098 de 2006. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las anteriores determinaciones, por desconocimiento del precedente judicial y constitucional. <\/p>\n
Para sustentar el reclamo, trajo en cita la sentencia de tutela de la Corte Constitucional T-288 de 2015 que indic\u00f3 que no resulta acertado negar beneficios punitivos \u00fanicamente considerando aspectos de la \u00abculpabilidad o personalidad\u00bb del sentenciado que no fueron tenidas en cuenta en la sentencia condenatoria. Al respecto, adujo que lo que debe prevalecer a la hora del examen del subrogado es la resocializaci\u00f3n del reo. <\/p>\n
Destac\u00f3 igualmente, un pronunciamiento en sede de tutela de la Sala de Casaci\u00f3n Penal (STP864-2017) en la que se precis\u00f3 que los mecanismos de redenci\u00f3n de penas, son aplicables incluso a los condenados por delitos contra menores de edad. <\/p>\n
Finalmente, sostuvo que, en su an\u00e1lisis el juez de ejecuci\u00f3n de penas y el tribunal interpretaron err\u00f3neamente los se\u00f1alados pronunciamientos, al indicar que aqu\u00e9llos \u00abcorresponden a un t\u00f3pico distinto a su situaci\u00f3n [y], no pueden ser consideradas como precedente para conceder el permiso de salida del establecimiento carcelario de hasta 72 horas\u00bb. Agreg\u00f3 que, en el ordenamiento jur\u00eddico nacional entr\u00f3 a regir la cadena perpetua para quienes cometan delitos contra los menores de edad, que ser\u00e1 revisable a los 25 a\u00f1os \u00abcon miras a la evaluaci\u00f3n de la resocializaci\u00f3n del condenado\u00bb, y se pregunta, \u00ab\u00bfpor qu\u00e9 [\u2026] est\u00e1 siendo sometido a un trato que le niega toda posibilidad de resocializarse [\u2026] cerr\u00e1ndole toda posibilidad para que pueda salir del establecimiento carcelario por un t\u00e9rmino de 72 horas? [\u2026] \u00bftiene entonces mayores beneficios aqu\u00e9llas personas que son condenadas a prisi\u00f3n perpetua?\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide se dejen sin efecto las providencias atacadas, y se ordene a los juzgadores resolver nuevamente la solicitud y se \u00abapliquen a cabalidad el precedente jurisprudencial de las Altas Cortes y se tenga muy en cuenta lo preceptuado en la STP864-2017 del 24 de enero de 2017\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que vigila la sanci\u00f3n impuesta al actor y que, en auto del 7 de marzo de 2020 deneg\u00f3 el permiso administrativo de salida de 72 horas, primordialmente porque al accionante \u00abfue condenado por delitos en los que fueron v\u00edctimas menores de edad y respecto de esas conductas existe prohibici\u00f3n legal, art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006\u00bb. <\/p>\n
2. En el mismo sentido, intervino el magistrado ponente de la decisi\u00f3n cuestionada del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, quien indic\u00f3 que la negativa del beneficio tuvo sustento en la gravedad de los delitos por los cuales fue condenado el peticionario, que adem\u00e1s tiene prohibici\u00f3n expresa en la ley de infancia y adolescencia. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoyaron adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto. <\/p>\n
La interpuso el apoderado del querellante, reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial. Insisti\u00f3 en que la Sala a quo debi\u00f3 auscultar los precedentes que cit\u00f3 en la demanda. Recalc\u00f3 que, el legislador le ha dado cabida a la prisi\u00f3n perpetua para quienes cometan delitos contra la vida e integridad sexual de los menores de edad, quienes \u00abtienen al menos la esperanza de que su condena pueda ser revisada en un plazo de 25 a\u00f1os\u00bb, de manera que, \u00abes m\u00e1s dr\u00e1stico el tratamiento penitenciario al que est\u00e1 siendo sometido mi representado, que el que van a enfrentar quienes sean condenados por una pena mucho m\u00e1s gravosa\u00bb. Finalmente a\u00f1adi\u00f3 que, concierne se estudie la jurisprudencia referida pues a su defendido \u00able asiste el derecho a acceder al permiso de hasta las 72 horas para salir del establecimiento carcelario\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades accionadas vulneraron las prerrogativas invocadas por el promotor del amparo (quien cumple una pena de prisi\u00f3n de 350 meses de prisi\u00f3n), al negarle el permiso administrativo de 72 horas por fuera del centro de reclusi\u00f3n previsto en el art\u00edculo 147 de la ley 65 de 1993, con fundamento en la prohibici\u00f3n legal contenida en el art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006, en desconocimiento, supuestamente, de precedentes jurisprudenciales que permitir\u00edan la aplicaci\u00f3n del beneficio para los condenados por delitos contra menores de edad. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 27 de noviembre de 2020 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala penal, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Sobre la determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de abordar la Sala se ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la determinaci\u00f3n de la magistratura censurada, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En efecto, para refrendar el auto de primer grado que neg\u00f3 el beneficio, el ad quem precis\u00f3 que, adem\u00e1s de los requisitos normativos previstos para su procedencia en el art\u00edculo 147 del c\u00f3digo penitenciario, era necesario, en el caso particular, armonizar el an\u00e1lisis con normativas complementarias teniendo en cuenta los delitos por los que fue condenado el peticionario. En dicho sentido, sostuvo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) atendiendo a precisas razones de pol\u00edtica criminal. En este sentido, la Ley 1098 de 2006 \u201cpor la cual se expide el C\u00f3digo de Infancia y la Adolescencia\u201d, manda en el canon 199 que, cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexual cometidos contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes \u201ctampoco proceder\u00e1 ning\u00fan otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva\u201d\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, al referirse a la sentencia de tutela T-288 de 2015 citada como precedente por el recurrente, puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abAl estudiar el t\u00f3pico se halla que dicho prove\u00eddo no s\u00f3lo surte efectos interpartes, lo cual no le niega su condici\u00f3n de importante insumo de apreciaci\u00f3n hermen\u00e9utica, sino que se refiere espec\u00edficamente a los casos de redenci\u00f3n de pena por trabajo y estudio que, como qued\u00f3 visto, en el presente caso se han reconocido sin discusi\u00f3n a FABI\u00c1N RAM\u00cdREZ\u00bb. <\/p>\n
Luego, sobre la alusi\u00f3n a la providencia STP864-2017 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dijo, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En este \u00faltimo pronunciamiento la Alta Corporaci\u00f3n analiz\u00f3 un caso particular en que una persona privada de la libertad present\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra de dos decisiones judiciales mediante las cuales la judicatura no le reconoci\u00f3 la redenci\u00f3n de pena, dada la expresa prohibici\u00f3n del art\u00edculo 199 numeral 8 de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
Con todo, y una vez efectuado el an\u00e1lisis propuesto, concluy\u00f3: \u201cAs\u00ed las cosas, no resulta acertado incluir la redenci\u00f3n de pena dentro de las prohibiciones previstas en el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, por cuanto no es un \u2018beneficio\u2019 o \u2018subrogado\u2019, sino que es una expresi\u00f3n de la dignidad humana y es un instrumento por medio del cual el Estado ofrece al condenado la posibilidad de resocializarse, lo cual de ninguna manera supone una medida de desprotecci\u00f3n a los menores, porque como se dijo en l\u00edneas atr\u00e1s, esta se concreta a trav\u00e9s de otros mecanismos presentes a lo largo de la intervenci\u00f3n penal. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, esta Corte afirma que los mecanismos de redenci\u00f3n de pena previstos en el ordenamiento jur\u00eddico son aplicables a los condenados por delitos contra menores de edad\u00bb. <\/p>\n
De esa forma, en torno al reclamo concreto del condenado Fabi\u00e1n Gabriel Ram\u00edrez, coligi\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abExiste prohibici\u00f3n expl\u00edcita para conceder beneficios administrativos en casos como el presente. No porque se eval\u00fae la personalidad del sujeto activo al momento de cometer la infracci\u00f3n, ni en raz\u00f3n a una supuesta intenci\u00f3n aleccionadora in genere, sino porque sus v\u00edctimas son sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional y como tales fueron amparadas por el mandato perentorio del art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006\u00bb <\/p>\n
En esa medida, concluy\u00f3 que, \u00abNo le asiste raz\u00f3n al apelante respecto al alcance de la sentencia de tutela que adujo. All\u00ed no se indic\u00f3 que las personas condenadas por delitos cometidos en contra de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes pueden acceder a los beneficios propios de la etapa de la ejecuci\u00f3n de la pena, pues lo realmente concluido por el Tribunal Constitucional es que en tales casos son aplicables los mecanismos de redenci\u00f3n de pena; determinaci\u00f3n que a todas luces diverge de lo interpretado y sostenido por el defensor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed entonces, lo adoptado por el tribunal acusado estuvo acorde con el escenario procesal evaluado y la normativa espec\u00edfica que rige la materia, en consonancia con lo contemplado en el art\u00edculo 1992 de la ley 1098 de 2006 \u2013 c\u00f3digo de infancia y adolescencia \u2013 que consagra una espec\u00edfica proscripci\u00f3n de concesi\u00f3n de todo de tipo de beneficios punitivos o administrativos para quienes hubiesen sido condenados por delitos dolosos contra la vida, libertad e integridad sexual de menores de edad, como es el caso del accionante. Adicionalmente, la magistratura tutelada, contrario a lo alegado por el apoderado del quejoso, abord\u00f3 la jurisprudencia referida en el recurso como soporte de la petici\u00f3n concluyendo que, no era aplicable al caso en estudio por diferir en su contexto. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se halla incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la negativa reprochada estuvo sustentada en una hermen\u00e9utica coherente, labor en la que no es viable interferir y, adem\u00e1s, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento no es suficiente para habilitar el amparo, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que m\u00e1s all\u00e1, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
Corolario de lo discurrido se impone confirmar el fallo que neg\u00f3 la salvaguarda porque, <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, por cuanto la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve una manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas, por el contrario, se ajust\u00f3 de manera concreta a la normativa espec\u00edfica aplicable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 7 de julio de 2021. <\/p>\n
2\u0002 ART\u00cdCULO 199. BENEFICIOS Y MECANISMOS SUSTITUTIVOS. Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales, o secuestro, cometidos contra ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se aplicar\u00e1n las siguientes reglas: <\/p>\n
1. (\u2026) <\/p>\n
8. Tampoco proceder\u00e1 ning\u00fan otro beneficio o subrogado judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
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