STC9174-2021 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9174-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-01315-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 30 de junio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Africano Garay contra el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando su propio nombre, acudi\u00f3 al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental consagrado \u00aben el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb que estima trasgredido por la c\u00e9lula judicial convocada. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n allegados se estableci\u00f3 que en el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 cursa el proceso de pertenencia 2014-00613 promovido por el aqu\u00ed quejoso contra los herederos de Irene T\u00e9llez de G\u00f3mez, cuyo conocimiento fue asignado a dicho despacho por virtud de los acuerdos PSAA15-10414 y PCSJA19-11335 del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
\u00c1lvaro Africano Garay dice que, el pasado 30 de abril, y por conducto de su apoderado, solicit\u00f3 al juzgado cognoscente \u00abenviar el expediente al juzgado de origen\u00bb sin que, a la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo, hubiera obtenido respuesta alguna. <\/p>\n
3. Por lo anterior, solicita \u00abse ordene al juez\u2026 que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia de tutela, [proceda] a dar respuesta al derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
La titular del despacho convocado dijo que \u00abmediante auto de 25 de junio de 2021, se neg\u00f3 la solicitud del extremo demandante de enviar el proceso al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la Ciudad, as\u00ed como se dispuso adoptar una medida de saneamiento para impulsar el tr\u00e1mite del asunto\u00bb, decisi\u00f3n que le fue comunicada al solicitante \u00aba trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico enviado el 25 de junio de 2021\u00bb, por lo que solicit\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo por hecho superado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la protecci\u00f3n al encontrar que la causa que origin\u00f3 la formulaci\u00f3n de la tutela despareci\u00f3 con la expedici\u00f3n, por parte del juzgado convocado, de la providencia del pasado 25 de junio. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n sin realizar manifestaci\u00f3n adicional alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 las prerrogativas del accionante, por la presunta mora en que incurri\u00f3 para resolver el pedimento formulado el pasado 30 de abril, relativo al env\u00edo de la actuaci\u00f3n \u00abal juzgado de origen\u00bb. <\/p>\n
2. El derecho de petici\u00f3n <\/p>\n
La garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, detenta estirpe fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas; por ello, al haberse presentado una solicitud en inter\u00e9s particular, surge el derecho a obtener un pronunciamiento de fondo. Sobre el tema la Corte ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita\u00bb (CSJ STC de 19 de marzo. 2014, Rad. 00053-01, reiterado en STC1336 13 feb de 2015). <\/p>\n
En otra ocasi\u00f3n esta Sala indic\u00f3 que: \u00ab(\u2026) el derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, reiterada en STC3233-2018, 8 mar. 2018, rad. 00005-01, entre otras). <\/p>\n
3. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando la solicitud versa sobre asuntos judiciales <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, se ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, entre otras). <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9112-2015, 23 abr. 2015, rad. 00304-01) <\/p>\n
4. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela y la carencia actual de objeto <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
Puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la intermisi\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es posible que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la intermisi\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
Entonces, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque la conducta violatoria fue corregida, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se itera, pierde motivo el amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama, el juez del tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
5. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
En el sub examine se observa que la queja constitucional se contrae, esencialmente, a que el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, no resolvi\u00f3 una petici\u00f3n formulada por el actor, relativa a enviar el expediente contentivo de la demanda de pertenencia de la que es promotor \u00abal juzgado de origen\u00bb, por lo que depreca la protecci\u00f3n de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, de acuerdo con lo se\u00f1alado precedentemente, no es posible invocar la lesi\u00f3n del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb por cuanto, en el caso particular, el objeto de la solicitud presentada por \u00c1lvaro Africano Garay no versa sobre alg\u00fan asunto administrativo sino estrictamente judicial, de all\u00ed que no sea posible exigir al despacho una respuesta en los t\u00e9rminos consagrados en la Ley 1755 de 2014. <\/p>\n
Empero, al margen de lo anterior, cabe mencionar que, de conformidad con el informe rendido por la titular del despacho convocado, producto del traslado de la tutela que se le hiciera, la salvaguarda deviene improcedente, por lo que la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ratificarse. <\/p>\n
Ciertamente, en la respuesta allegada, la funcionaria manifest\u00f3 que el pasado 25 de junio profiri\u00f3 un auto a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 desfavorablemente el pedimento del actor, al tiempo que adopt\u00f3 una medida de saneamiento, consistente en la correcci\u00f3n del nombre de la causante de los demandados, con el fin de darle impulso al tr\u00e1mite, decisi\u00f3n que, seg\u00fan se pudo comprobar fue notificada a trav\u00e9s del estado electr\u00f3nico 105 del 28 de junio siguiente1. <\/p>\n
Es decir, la c\u00e9lula judicial atendi\u00f3 efectivamente la solicitud, no bajo las reglas del derecho de petici\u00f3n, como lo pretende el gestor del resguardo, sino con fundamento en el estatuto procesal vigente. <\/p>\n
Queda claro entonces que, en el transcurso de la primera instancia de este tr\u00e1mite constitucional, y en todo caso antes de la emisi\u00f3n del fallo, el juzgado comprometido emiti\u00f3 el pronunciamiento extra\u00f1ado por el actor, siendo impertinente, a trav\u00e9s del amparo, formular reparos o expresar desacuerdo frente a lo decidido, pues para ello el legislador consagr\u00f3 diferentes instrumentos en el ordenamiento procedimental, que deben ser ejercidos al interior de la respectiva causa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se halla configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia, torn\u00e1ndose inane cualquier pronunciamiento del juez de tutela en el sentido reclamado, conforme lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a la figura descrita esta Sala ha dicho \u00ab[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
Entonces, por no existir una conculcaci\u00f3n actual de los derechos fundamentales suplicados, de acuerdo con lo decantado, se itera, la tutela deviene improcedente. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Al margen de la inviabilidad de invocar el derecho de petici\u00f3n cuando de asuntos judiciales se trata, deber\u00e1 confirmarse el fallo impugnado habida cuenta que el hecho que origin\u00f3 la interposici\u00f3n del amparo y en el cual se sustent\u00f3 la queja, se encuentra superado, toda vez que antes de resolverse el asunto en primera instancia, el juzgado convocado emiti\u00f3 el pronunciamiento echado de menos por el gestor lo que deviene en una carencia actual de objeto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n