STC9175-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9175-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-02264-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Arvi Group S.A.S. instaur\u00f3 contra Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de deslinde y amojonamiento con radicado n\u00b0 13-001-31-03-002-2018-00137-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pidi\u00f3 que se \u00abdeje sin efectos las decisiones unitarias contenidas en las providencias\u00bb del 4 y 22 de febrero hoga\u00f1o que dispusieron la deserci\u00f3n de su alzada. <\/p>\n
En compendio, adujo que ante el juzgado de primera instancia se tramit\u00f3 proceso de deslinde y amojonamiento que termin\u00f3 el 14 de octubre de 2020 con sentencia desfavorable a sus intereses, decisi\u00f3n que fue apelada y en contra de la cual present\u00f3 escrito de reparos concretos dirigido al fallador. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que su alzada fue admitida el 5 de noviembre de 2020 y que en el t\u00e9rmino de su ejecutoria solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas que a su vez le fue negada en auto del 13 de enero de la presente anualidad y notificado el d\u00eda siguiente. Expuso que el 4 de febrero pasado se declar\u00f3 desierta su opugnaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n y que frente a tal determinaci\u00f3n interpuso reposici\u00f3n que fue despachada desfavorablemente el 22 del mismo mes. <\/p>\n
Finalmente, consider\u00f3 que el hecho de no tener como sustentaci\u00f3n del recurso los reparos concretos (escritos) que present\u00f3 ante el a quo, lesiona sus prerrogativas. <\/p>\n
2. El Tribunal accionado defendi\u00f3 la legalidad de sus actos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por la falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020 ha sido recientemente abordado por esta Sala en busca de reflexionar sobre el ponderado raciocinio que se debe realizar, en cada caso particular, para la aplicaci\u00f3n de dicha sanci\u00f3n en atenci\u00f3n a la suficiencia argumentativa con que sean planteadas las inconformidades en contra de la sentencia criticada. En ese sentido se dijo que: <\/p>\n
(\u2026) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. (STC5790-2021). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
No significa lo anterior que se d\u00e9 v\u00eda libre para que el recurrente desconozca el t\u00e9rmino que el legislador le ha otorgado para la sustentaci\u00f3n de su alzada, pues no se discute que la anticipada actuaci\u00f3n comporta un proceder inadecuado frente a la administraci\u00f3n de justicia, empero, dicho comportamiento no es suficiente, dependiendo de la intensidad de la argumentaci\u00f3n, para desechar de plano el remedio vertical de origen constitucional. Ello se extrae del pronunciamiento en cita que al respecto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) sin duda cuando el recurrente aporta el escrito de sustentaci\u00f3n antes de la oportunidad contemplada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 act\u00faa de forma deficiente, lo que es censurable en la medida en que desatiende el mandato legal; no obstante, dada la naturaleza del error y su eventual intrascendencia frente a la carga de sustentar la alzada, es desproporcionado que se le sancione con la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la primera instancia. (Resaltado de ahora) <\/p>\n
2. En lo que respecta a las cargas procesales que ata\u00f1en al recurrente para que su apelaci\u00f3n sea atendida y que esta Corporaci\u00f3n ha identificado como i). interposici\u00f3n del recurso, ii). formulaci\u00f3n de reparos concretos y iii). sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, destacase que el Decreto Legislativo 806 de 2020 nada modific\u00f3 respecto de tales exigencias, pero si sobre la forma en que particularmente la sustentaci\u00f3n se satisface, como quiera que antes de su expedici\u00f3n se propend\u00eda por su realizaci\u00f3n hablada mientras que actualmente se impone por la senda escrita. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es propicio recordar que las expresiones reparos concretos y sustentaci\u00f3n obedecen, en \u00faltimas, a la materializaci\u00f3n de una misma instituci\u00f3n procesal adoptada por la actual legislaci\u00f3n adjetiva, esto es, la pretensi\u00f3n impugnativa, figura que implic\u00f3 la delimitaci\u00f3n de la competencia del ad quem a los asuntos que espec\u00edficamente reprocha el apelante, punto de partida del que puede colegirse que la finalidad de estas dos cargas enunciadas corresponde a delimitar el escenario en el que se deber\u00e1 desarrollar el debate de la segunda instancia. <\/p>\n
En ese orden, en el contexto de la apelaci\u00f3n de sentencias, es dable comprender al reparo concreto como aquella enunciaci\u00f3n espec\u00edfica de una inconformidad desprovista de argumentaci\u00f3n dirigida en contra de una decisi\u00f3n judicial o parte de ella y que a su vez permite delinear los contornos dentro de los que se construir\u00e1 el acto de la sustentaci\u00f3n, entendido este como el ejercicio de justificaci\u00f3n con el que se pretende soportar el disentimiento propuesto. <\/p>\n
As\u00ed pues, la existencia de estas dos figuras (reparos concretos y sustentaci\u00f3n) comportan dos aspectos dis\u00edmiles para los cuales el legislador ha se\u00f1alado formas distintas en cuanto a su realizaci\u00f3n, pero que atienden a un mismo cometido que es el de limitar la competencia del ad quem, raz\u00f3n por la que puede colegirse que a pesar de no ser la forma id\u00f3nea, pueden incluso confluir en un mismo acto escrito u oral sin que ello desconozca la naturaleza propia de cada expresi\u00f3n o conlleve a la aplicaci\u00f3n irreflexiva de la deserci\u00f3n contemplada en la ley, pues siempre que logre deducirse suficiente, anticipada u oportunamente la sustentaci\u00f3n (argumentaci\u00f3n) de la alzada ser\u00e1 procedente su correspondiente tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Por otra parte, no se pierda de vista que la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustancial y que, en tal sentido, resulta significativo diferenciar que una cuesti\u00f3n significa frente a qui\u00e9n se interpone una sustentaci\u00f3n y otra muy distinta es a qui\u00e9n se halla dirigida, de manera tal que trat\u00e1ndose del desarrollo argumentativo escrito de los reparos a la sentencia, y desde el punto de vista ius fundamental, no resta valor que tal actividad sea elevada ante el a quo o directamente a su superior funcional, pues en \u00faltimas, no queda duda que el destinatario de dicho raciocinio no es otro que el juez de segundo grado. <\/p>\n
De ah\u00ed que pueda predicarse que, si bien existe un escenario propicio para tal ejercicio de justificaci\u00f3n, su presentaci\u00f3n anticipada podr\u00e1 ser de recibo siempre que se ofrezcan los elementos necesarios para que el superior resuelva de fondo la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Establecido el anterior panorama y revisado el expediente del proceso cuestionando se observa que Arvi Group S.A.S. present\u00f3 dentro de los tres d\u00edas siguientes a la interposici\u00f3n del recurso un escrito \u00abpor medio del cual (\u2026) inform[\u00f3] los reparos concretos a la sentencia\u00bb del cual se extraen, en concreto, las inconformidades respecto de la valoraci\u00f3n probatoria desplegada por el fallador de primer grado frente a las pruebas documentales, reparo que desarroll\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) el Juzgado, en su labor\u00edo al estudiar la oposici\u00f3n ingres\u00f3 en evidentes y manifiestos errores de hecho y de derecho de valoraci\u00f3n probatoria (\u2026) <\/p>\n
En efecto, desde el inicio de la argumentaci\u00f3n que ofrece su se\u00f1or\u00eda en la sentencia, se evidencia que ex profeso, y sobre la base de su supuesta incompetencia sobre decidir sobre la idoneidad o legalidad de las dos (2) resoluciones emitidas por el IGAC, para cada uno de los predios en disputa, m\u00e1s concretamente las correspondientes a las Resoluciones N\u00b0 13 \u2013 001 – 1508 \u2013 2016 pertinente al predio de m\u00ed asistida y la No 13 – 001 -0396 – 2018 del predio 060 \u2013 265869 de propiedad de la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N y a tal suerte, no emite pronunciamiento alguno al respecto de ninguna de ellas y s\u00f3lo dice atender, el material documentario que se contiene en las escrituras p\u00fablicas que sostienen los t\u00edtulos de dominio de los predios en conflicto. Aqu\u00ed, el primer grave error probatorio, por cuanto el Juzgado, no tiene que emitir ning\u00fan concepto de legalidad de ninguna de las dos resoluciones emitidas por el IGAG, pero sobre la base de su existencia objetiva y jur\u00eddica necesariamente, y en punto de este espec\u00edfico proceso judicial, es menester y as\u00ed lo manda la ley procesal, hacer el an\u00e1lisis jur\u00eddico, que en este especifico evento, el Juzgado le ofrece a dichos actos administrativos, que ante su firmeza, y presunci\u00f3n de legalidad, deben ser atendidos, pero obviamente sopesados jur\u00eddicamente, sin que ello implique abordar competencias que no le son propias al Juzgado, pero s\u00ed, son necesarias ingresarlas a actuar, pues se evidencia su importancia en el caso debatido. La se\u00f1ora Juez, infringi\u00f3 la norma de disciplina probatoria que le indica el art\u00edculo 176 del C. General del Proceso que le informa que \u201cLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. (Resaltado propio) <\/p>\n
En similar sentido, acus\u00f3 la indebida apreciaci\u00f3n suasoria de las testificales, lo que justific\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
(\u2026) se valor\u00f3 indebidamente a un testigo sospechoso, m\u00e1s concretamente a la testigo de la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N, a la Ingeniera de Planta de la misma SONIA YUREIDES PAREDES YUCUMA, a quien no se le valor\u00f3 su testimonio sin el rigor que exige la ley procesal, pues a no dudarlo su evidente parcialidad con quien depende es notaria y adem\u00e1s, su dicho se contradice inclusive con el del otro perito de parte tra\u00eddo a cuento por la misma Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Ingeniero JORGE ELIECER GAITAN TORRES, y por cuanto la testigo sigue a seguidillas lo expresado por la Fiscal\u00eda sin soportar adecuadamente su dicho. Valga decir, que el testimonio fue debidamente tachado de sospechoso oportunamente por la circunstancia de encontrarse en relaci\u00f3n de dependencia o inter\u00e9s en relaci\u00f3n con la parte opositora. <\/p>\n
Asimismo, valor\u00f3 indebidamente el testimonio del experto JORGE ELIECER GAITAN TORRES, cuando concluy\u00f3 en contrav\u00eda a su propio dicho pues este en su discurso de sustentaci\u00f3n del dictamen y como testigo t\u00e9cnico claramente determin\u00f3 que el \u00e1rea del terreno de mi mandante el 1B, ten\u00eda un \u00e1rea, dentro de esos mismos linderos, superior a la que ten\u00eda en los instrumentos p\u00fablicos referidos en la demanda y en su oposici\u00f3n, al punto que lleg\u00f3 a afirmar que ten\u00eda aproximadamente 1630 metros cuadrados y al concluir, que el predio de la Fiscal\u00eda necesariamente se sobrepon\u00eda al de m\u00ed mandante, por cuanto al no haberse descontado, jur\u00eddica y catastralmente la calle 15 del sector, necesariamente ello, fue la causa que motiva las inconsistencias, a m\u00e1s que tal calle, se segreg\u00f3 de la franja de terreno de donde proviene el predio No 2 de la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N. (Resaltado propio) <\/p>\n
Enunci\u00f3 tambi\u00e9n su inconformidad con el tr\u00e1mite que, a su juicio, debi\u00f3 agotarse para la \u00abcorrecci\u00f3n de \u00e1reas mal calculadas\u00bb lo cual fund\u00f3 en los siguientes argumentos: <\/p>\n
(\u2026) se desconoci\u00f3 el tr\u00e1mite que legalmente corresponde realizarse para la correcci\u00f3n de un \u00e1rea mal calculada dentro de los mismos linderos tal y como se establece fundado los art\u00edculos 11 de la Resoluci\u00f3n No 1055 del 31 de octubre de dos mil doce (2012) que modifica el art\u00edculo 117 de la Resoluci\u00f3n No 0070 de emanada del 4 de febrero de 2011, ambas emanadas del NIVEL CENTRAL, del INSTITUTO GEOGR\u00c1FICO AGUST\u00cdN CODAZZI, y conforme a la INSTRUCCI\u00d3N ADMINISTRATIVA CONJUNTA, originaria de esa entidad marcada con el No 01, y de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO y REGISTRO No 11, del 20 de mayo de 2010, numeral 3, 31., inciso 1., cuando la inscrita en los documentos de catastro correspondientes que lleva a esa oficina, no responde a la que resulta de los linderos y medidas de los t\u00edtulos de dominio legalmente inscritos en el competente Registro de Instrumentos P\u00fablicos, y claramente verificables en el terreno mismo con una visita de campo., la cual se expidi\u00f3 al resolverse y expedirse la Resoluci\u00f3n N\u00b0 13 \u2013 001 – 1508 \u2013 2016 pertinente al predio de m\u00ed asistida se cumpli\u00f3 a cabalidad arrojando como conclusi\u00f3n que el predio dentro de los mismos linderos y medidas de un \u00e1rea de 1630 metros cuadrados y no de 234 metros cuadrados. (Resaltado propio) <\/p>\n
Como presuntas inconsistencias y contradicciones del pronunciamiento impugnado expuso: <\/p>\n
(\u2026) si la se\u00f1ora Juez, determina no insmiscuirse ni tener en cuenta ninguna de las dos resoluciones del IGAG, N\u00b0 13 \u2013 001 – 1508 \u2013 2016 pertinente al predio de m\u00ed asistida y la No 13 – 001 -0396 – 2018 del predio 060 \u2013 265869 de propiedad de la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N, de igual, concluye entonces en contrario a la evidencia por cuanto, si por un lado el de la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N, no tiene los 3. 617 metros que dice la Resoluci\u00f3n del IGAG, de 2018, no podr\u00eda en consecuencia estar dentro de los l\u00edmites que precisamente se encuentra actualmente por cuanto claro est\u00e1 que los que ahora detenta son 3.617 metros y no 3.321, tal y como le fue cedido. En efecto, en la licencia de construcci\u00f3n que le otorgaron y efectivamente ellos mismos solicitaron enmarcaron el \u00e1rea dentro de los 3321 y no dentro de los 3617., en consecuencia, la determinaci\u00f3n obvia que debi\u00f3 ser diferente, pues necesariamente la Fiscal\u00eda no est\u00e1 dentro de los l\u00edmites que dice debe tener en los instrumentos p\u00fablicos escriturarios. (Resaltado propio) <\/p>\n
Luego de un recuento de las zonas lim\u00edtrofes de los predios en contienda expuso lo que, a su parecer, es una adecuada estimaci\u00f3n probatoria, en tal sentido sustent\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) conforme a las escrituras p\u00fablicas arrimadas al plenario y sus anexos de planos y cartas catastrales, se conclu\u00eda que el predio era de un \u00e1rea mayor que la anunciada equivocadamente en algunos actos de registro, pero la correcci\u00f3n estuvo acorde con lo normado por la Ley y las Circulares que la reglamentan. No obstante, la Resoluci\u00f3n del IGAG de 2018, que le dan m\u00e1s metros a la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N, no fueron medidos con respecto a los actos escriturarios, sino conforme al \u00e1rea que ya ten\u00eda encerrada que justo era mayor, y en consecuencia al determinar el \u00e1rea mayor se tomaron terreno de mi mandante. Por otro lado, esa Resoluci\u00f3n, ni la actuaci\u00f3n administrativa en la que se desarroll\u00f3 cumpli\u00f3 con el debido proceso y el derecho de defensa de mi asistida, que ya contaba con un \u00e1rea asignada por la misma IGAG, y en consecuencia debi\u00f3 ser llamada a defender o representar sus intereses y as\u00ed no se hizo, lo que le resulta inoponible. (Resaltado propio) <\/p>\n
Como reproches finales adujo que: <\/p>\n
Por \u00faltimo, desech\u00f3 la Juzgadora, la facultad \u2013 deber de decretar pruebas de oficio, ante cualquier incertidumbre que le pod\u00eda producir los hechos y a efectos de aclararlos y especialmente la de designar una comisi\u00f3n con el IGAG, o determinar llamar a las personas que realizaron los trabajos de campo por parte del IGAG, al tiempo en que realizaron las dos resoluciones aqu\u00ed comentadas. (Resaltado propio) <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que lo expuesto por el precursor, m\u00e1s all\u00e1 de la denominaci\u00f3n del escrito o sus eventuales manifestaciones sobre sustentaci\u00f3n en segunda instancia, develan los elementos requeridos por el legislador para que pueda resolverse de fondo la impugnaci\u00f3n propuesta, esto es los reparos concretos a la decisi\u00f3n (indebida apreciaci\u00f3n de documentos y testimonios, contradicci\u00f3n motivacional, falta al deber de decretar pruebas de oficio, entre otras) como el ejercicio argumentativo de por qu\u00e9 considera fundadas sus inconformidades. De all\u00ed que la deserci\u00f3n decretada luzca irreflexiva de cara a lo expuesto. <\/p>\n
5. Ahora bien, no significa lo anterior que el actuar del apoderado haya sido precisamente adecuado conforme a las normas que regulan el asunto, pues como ya se dijo, omitir la realizaci\u00f3n de la sustentaci\u00f3n en la etapa prevista espec\u00edficamente por el legislador devela un actuar deficiente por parte del mandatario y un desconocimiento ostensible a su deber observancia diligente de los t\u00e9rminos procesales prestablecidos. Empero, al hallarse de alguna manera desarrollados sus reparos, mal se har\u00eda en cercenar, a la parte que representa, el derecho supralegal de impugnar las decisiones adversas. <\/p>\n
6. En definitiva, como quiera que el actor present\u00f3 reparos concretos a la decisi\u00f3n reprochada y que los mismos fueron sustentados, aun de forma anticipada a la etapa prevista por el legislador, de manera tal que resultan suficientes los argumentos para desatar la alzada, no queda alternativa diferente a la de conceder el amparo invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONCEDE la tutela instada por Arvi Group S.A.S. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto el interlocutorio de 4 de febrero de 2021, a trav\u00e9s del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que el accionante interpuso contra el fallo proferido en el proceso n\u00b0 13-001-31-03-002-2018-00137-01 y las dem\u00e1s providencias que de \u00e9l dependan, para que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, adopte las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la alzada en comento. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Con salvamento de voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Con salvamento de voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02264-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que emitieron la providencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria, conforme con la postura que sobre \u201cla particular tem\u00e1tica\u201d adopt\u00f3 en STC 5498 de 2021, concedi\u00f3 el amparo reclamado por Arvi Group S.A.S. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
En consecuencia, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 4 de febrero de 2021 de la Corporaci\u00f3n acusada, a trav\u00e9s del cual declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n que la sociedad accionante interpuso en contra del fallo proferido en el proceso n\u00b0 13001-31-03-002-2018-00137-01 y las dem\u00e1s providencias que de \u00e9l dependieran, le orden\u00f3 adoptar las medidas necesarias a fin de continuar con el tr\u00e1mite de la alzada en comento. <\/p>\n
Para ello, asever\u00f3 que si bien el Decreto 806 de 2020 nada modific\u00f3 respecto de las cargas procesales que ata\u00f1en al recurrente para que su apelaci\u00f3n sea atendida y que esta Colegiatura ha identificado como i). interposici\u00f3n del recurso, ii). formulaci\u00f3n de reparos concretos y iii). sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, s\u00ed lo hizo sobre la forma en que particularmente la \u00absustentaci\u00f3n\u00bb se satisface, \u00abcomo quiera que antes de su expedici\u00f3n se propend\u00eda por su realizaci\u00f3n hablada mientras que actualmente se impone por la senda escrita\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que la existencia de los \u00abreparos concretos y la sustentaci\u00f3n, comportan dos aspectos dis\u00edmiles para los cuales el legislador ha se\u00f1alado formas distintas en cuanto a su realizaci\u00f3n, pero que atienden a un mismo cometido que es el de limitar la competencia del ad quem, raz\u00f3n por la que puede colegirse que a pesar de no ser la forma id\u00f3nea, pueden incluso confluir en un mismo acto escrito u oral sin que ello desconozca la naturaleza propia de cada expresi\u00f3n o conlleve a la aplicaci\u00f3n irreflexiva de la deserci\u00f3n contemplada en la ley, pues siempre que logre deducirse suficiente, anticipada u oportunamente la sustentaci\u00f3n (argumentaci\u00f3n) de la alzada ser\u00e1 procedente su correspondiente tramitaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego de memorar que la finalidad de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, esboz\u00f3 que \u00abresulta significativo diferenciar que una cuesti\u00f3n significa frente a qui\u00e9n se interpone una sustentaci\u00f3n y otra muy distinta es a qui\u00e9n se halla dirigida, de manera tal que trat\u00e1ndose del desarrollo argumentativo escrito de los reparos a la sentencia, y desde el punto de vista ius fundamental, no resta valor que tal actividad sea elevada ante el a quo o directamente a su superior funcional, pues en \u00faltimas, no queda duda que el destinatario de dicho raciocinio no es otro que el juez de segundo grado. <\/p>\n
Y coligi\u00f3 categ\u00f3ricamente, que \u00abDe ah\u00ed que pueda predicarse que, si bien existe un escenario propicio para tal ejercicio de justificaci\u00f3n, su presentaci\u00f3n anticipada podr\u00e1 ser de recibo siempre que se ofrezcan los elementos necesarios para que el superior resuelva de fondo la impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ubicado en el caso concreto, concluy\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda gestora \u00abpresent\u00f3 reparos concretos a la decisi\u00f3n reprochada y que los mismos fueron sustentados, aun de forma anticipada a la etapa prevista por el legislador, de manera tal que resultan suficientes los argumentos para desatar la alzada, no queda alternativa diferente a la de conceder el amparo invocado\u00bb, no obstante que lo hizo dentro de los tres d\u00edas siguientes a la interposici\u00f3n del recurso, en escrito \u00abpor medio del cual (\u2026) inform[\u00f3] los reparos concretos a la sentencia\u00bb. <\/p>\n
No comparto tal argumentaci\u00f3n, por las siguientes razones: <\/p>\n
1.- Tal como se dijo en la sentencia de la que me aparto, la tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra resoluciones judiciales comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n \u2013 (Arts. 322 y 327 del CGP). <\/p>\n
Igualmente, se dej\u00f3 all\u00ed claro que la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, lo fue respecto de la \u00absustentaci\u00f3n\u00bb, que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito. <\/p>\n
Pero, en mi criterio, esa \u00absustentaci\u00f3n\u00bb en todo caso, debe hacerse una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita exclusivamente al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
Y, es que, si como antes qued\u00f3 dicho, \u00abla apelaci\u00f3n de sentencias comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas\u00bb, no puede concluirse como lo hace la Sala Mayoritaria, que \u00ab(\u2026) a pesar de no ser la forma id\u00f3nea, pueden incluso confluir en un mismo acto escrito u oral sin que ello desconozca la naturaleza propia de cada expresi\u00f3n o conlleve a la aplicaci\u00f3n irreflexiva de la deserci\u00f3n contemplada en la ley, pues siempre que logre deducirse suficiente, anticipada u oportunamente la sustentaci\u00f3n (argumentaci\u00f3n) de la alzada ser\u00e1 procedente su correspondiente tramitaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ello, porque con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 V. gr. SC 4855 de 2014 y STL 2791 de 2021. <\/p>\n
2.- La \u00abcarga de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, en oportunidad, ante su destinatario leg\u00edtimo, esto es, el juez de segunda instancia a quien le fue asignada la competencia para esta actuaci\u00f3n, tampoco ri\u00f1e con el principio-derecho de la doble instancia en tanto reconocido constitucionalmente el margen de \u00abconfiguraci\u00f3n legislativa\u00bb con que cuenta el legislador, cuando este le impone l\u00edmites a ese principio-derecho \u201c\u2026, es viable que consagre cargas procesales, entendidas como aquellas situaciones que exigen una conducta de realizaci\u00f3n facultativa establecida en inter\u00e9s del propio sujeto y cuya omisi\u00f3n reporta una consecuencia desfavorable como, por ejemplo, la preclusi\u00f3n de una oportunidad o un derecho procesal o inclusive hasta la p\u00e9rdida del derecho sustancial sometido a la litis. Significa lo anterior que supone un proceder potestativo del sujeto con inter\u00e9s propio y que en caso de incumplimiento acarrea una consecuencia que puede limitar derechos fundamentales\u201d (C-337 junio 29 de 2016). <\/p>\n
3.- Tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la \u00abcarga de sustentaci\u00f3n\u00bb si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su \u00abcumplimiento\u00bb y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo solicitado no debi\u00f3 ser concedido porque la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde al desacato por el recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02264-00 <\/p>\n
Con el respeto debido a todos los integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil paso a consignar las razones por las cuales no acompa\u00f1o el viraje jurisprudencial de la Sala con relaci\u00f3n a la estructura del recurso de apelaci\u00f3n en relaci\u00f3n con su tr\u00e1mite y sustanciaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias. <\/p>\n
1. Aun cuando es enorme el esfuerzo que hace la Sala por justificar su nuevo criterio para se\u00f1alar que la nueva posici\u00f3n la toma por razones de justicia material y para superar el \u201cexceso rigor manifiesto\u201d, lo cierto es, la postura ahora defendida representa un retorno a las \u00e9pocas m\u00e1s oscurantistas del proceso en el marco de la segunda instancia, porque se defiende un proceso secreto, m\u00edstico, de escrituralidad y opuesto a la transparencia judicial y a la necesaria publicidad que deben tener los juicios. Ahora en adelante, el juez puede administrar justicia lejos del ciudadano, en otro pa\u00eds, en una urna de cristal, en zonas rec\u00f3nditas. El cara a cara, el derecho a ver el juez, el derecho fundamental a ser o\u00eddo y la audiencia ha muerto para la segunda instancia, y la oralidad queda totalmente aniquilada, en \u00e9pocas donde pareciera que resurge el autoritarismo. <\/p>\n
2. Poco a poco, la Sala renuncia a un legado hist\u00f3rico de publicidad del juicio y a la construcci\u00f3n de un proceso de cara a la ciudan\u00eda con la posibilidad de control endoprocesal y extraprocesal. Queda muy poco, para que luego un ordenador, una m\u00e1quina, los robots o los algoritmos puedan ser los jueces de los hombres y de las mujeres cuando hablamos de la democracia constitucional. <\/p>\n
La apelaci\u00f3n de las sentencias en el marco del C. G. del P. se compone de dos grandes escenarios. El primero ante el juez de primera instancia donde se interpone el recurso y se concede; luego procede la formulaci\u00f3n de los reparos concretos y su remisi\u00f3n al ad quem \u201c(\u2026) una vez presentado el escrito al que se refiere el numeral 3 del art. 322\u201d (Art. 324 del C. G. del P.). Adem\u00e1s, en \u00e9l, se ejecutan los actos \u00fatiles para el diligenciamiento y preparaci\u00f3n del tr\u00e1mite en segunda instancia, tal como el suministro de las \u201cexpensas necesarias\u201d para la reproducci\u00f3n de piezas, as\u00ed como la ejecuci\u00f3n de tareas que debe desplegar el juez de primera instancia mientras se tramita la apelaci\u00f3n ante el superior jer\u00e1rquico; como lo concerniente al pago de copias, a la erogaci\u00f3n de los portes, etc. <\/p>\n
En el segundo estadio encontramos la admisi\u00f3n-inadmisi\u00f3n y la sustentaci\u00f3n. La ejecutoria del auto que la admite marca la posibilidad de pedir el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas que ser\u00e1n evacuadas en audiencia de sustentaci\u00f3n o fundamentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En esta segunda etapa la audiencia de sustentaci\u00f3n constituye la posibilidad para que las partes intervengan ante el juez, y \u00e9ste, sea singular o colegiado se interrelacione con los usuarios del sistema judicial en forma existencial y p\u00fablica. <\/p>\n
3. Ciertamente el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, se\u00f1al\u00f3 en materia de apelaci\u00f3n de sentencias en civil y familia: <\/p>\n
\u201cEl recurso de apelaci\u00f3n contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u201cSin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alados en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
\u201cEjecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto. <\/p>\n
\u201cSi se decretan pruebas, el juez fijar\u00e1 fecha y hora para la realizaci\u00f3n de la audiencia en la que se practicaran, se escucharan alegatos y se dictar\u00e1 sentencia. La sentencia se dictar\u00e1 en los t\u00e9rminos establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
Ese Decreto especial dictado por el Gobierno Nacional asest\u00f3 un terrible golpe a la oralidad; sin embargo, no representaba, uno de tanta entidad y gravedad como el que acaba de propinar la Sala con la tesis ahora defendida de la sustentaci\u00f3n escrita anticipada de la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, al autorizar su presentaci\u00f3n antes de ser remitida la actuaci\u00f3n para el tr\u00e1mite de la segunda instancia. De ese modo deja al borde de la aniquilaci\u00f3n el sistema del C\u00f3digo General del Proceso ante el superior funcional. <\/p>\n
Esa forma de interpretar el C. G. del P., implica una apropiaci\u00f3n indebida de las facultades del Congreso para expedir C\u00f3digos, seg\u00fan paso a mostrar sus falencias. <\/p>\n
El Decreto en cuesti\u00f3n, en primer lugar, tiene serios vicios de inconstitucionalidad porque la modificaci\u00f3n del tr\u00e1mite de segunda instancia como en sus consideraciones aparece, la verdad, no agiliza ni flexibiliza la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia, sino que por el contrario los afecta, para en su lugar facilitar el trabajo de los jueces de segunda instancia al margen de la ciudadan\u00eda y del principio democr\u00e1tico, porque para todas las hip\u00f3tesis donde las partes no pidan pruebas en segunda instancia durante el t\u00e9rmino de ejecutoria de la providencia que admite la apelaci\u00f3n no habr\u00e1 audiencia en segunda instancia, autorizando que un juez desde un lugar secreto donde se halle, sin saberse si sea \u00e9l o un tercero que lo sustituye e imprima su firma electr\u00f3nica, dicte sentencia escrita, remiti\u00e9ndola a la red sin ninguna obligaci\u00f3n de realizar audiencia sin que valga para nada la humanidad del justiciable. <\/p>\n
El Decreto 806 de 2020 se dict\u00f3 en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica con fundamento en las facultades conferidas por el art. 215 de la C. N, de la ley 137 de 1994 y del Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, por medio del cual se declar\u00f3 en \u201cEstado de Emergencia Social y Ecol\u00f3gica el territorio nacional\u201d. <\/p>\n
Entre ese Decreto y las causales de emergencia realmente no existe conexidad alguna, ni relaci\u00f3n de causalidad entre pandemia y modificaci\u00f3n del proceso oral en segunda instancia; constituye la materializaci\u00f3n de las quejas de sectores inconformes con la forma como se dise\u00f1\u00f3 la segunda instancia en el C\u00f3digo General del Proceso y de todos los opositores a la oralidad; as\u00ed como de una parte de jueces y abogados enemigos de la realizaci\u00f3n de la audiencia en segunda instancia o de quienes estaban inc\u00f3modos con la obligatoriedad de la misma en esta fase. Esto justamente lo reconoce la parte considerativa del Decreto cuando expresa: <\/p>\n
\u201cSe regula la segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar, en los casos en que no se decreten pruebas en segunda instancia, sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos. Igualmente, en laboral se establece que la segunda instancia se pueda adelantar sin la audiencia para alegatos de conclusi\u00f3n y sentencia, estas actuaciones se podr\u00e1n hacer mediante documentos electr\u00f3nicos\u201d. <\/p>\n
Si hubiese conexidad entre pandemia y el nuevo sistema procesal, realmente tendr\u00eda que haberse modificado el r\u00e9gimen establecido en las reglas 372 y 373 del C. G. del P. y las dem\u00e1s audiencias previstas durante la primera instancia que implementan el sistema de la oralidad. <\/p>\n
El Decreto confunde oralidad con virtualidad o expediente digital, de modo que si hay problemas de asistencia f\u00edsica a la audiencia por contacto y muertes por la inoperancia de los sistemas de seguridad social o por la brecha entre hemisferio norte y sur; no era necesario extinguir la oralidad en segunda instancia, para defender como regla general la escrituralidad y como excepci\u00f3n la oralidad. No era imperativo eliminar la oralidad en segunda instancia porque el juicio oral se puede desarrollar virtualmente, del mismo modo como se ha venido ejecutando el sistema escolar, el sistema empresarial, las salas de discusi\u00f3n de proyectos de los jueces colegiados, las asambleas de copropietarios de conjuntos, las audiencias del 372 y 373 del C. G. del P., y en general la mayor\u00eda de las actividades que no implican la ejecuci\u00f3n de actos materiales. <\/p>\n
En esa tendencia, la Sala de Casaci\u00f3n acaba de agravar el problema para cambiar inopinadamente un creciente desarrollo que ven\u00eda alcanzando el acceso a la justicia en segunda instancia, para que la ciudadan\u00eda, las partes, los usuarios expusieran as\u00ed fuera, virtualmente los motivos de reproche contra la sentencia de primera instancia en forma directa ante el juez o tribunal de segunda instancia, creyendo err\u00f3neamente que los sistemas secretos y escriturales son la forma m\u00e1s adecuada, id\u00f3nea y democr\u00e1tica de administrar justicia, dejando a un lado el derecho del usuario a ser o\u00eddo por el Tribunal o Juez competente. <\/p>\n
La nueva posici\u00f3n, pasa a confundir la elemental distinci\u00f3n de la pretensi\u00f3n impugnaticia con la fundamentaci\u00f3n y realiza una mezcla ininteligible entre reparos concretos y sustentaci\u00f3n. Modifica en ese sentido el C. G. del P. porque los confunde, invent\u00e1ndose un nuevo C\u00f3digo para la segunda instancia. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la apelaci\u00f3n de la sentencia, el 322 del C. G. del P. se halla vigente de tal modo, que ahora, con el nuevo criterio pasan a confundirse esos escenarios de la formulaci\u00f3n de los reparos concretos y de la sustentaci\u00f3n. Quien apela una sentencia no s\u00f3lo debe aducir en forma breve sus reparos concretos respecto de ese pronunciamiento, sino que debe acudir ante el superior para sustentar all\u00ed ese remedio, apoyado, justamente, en esos cuestionamientos puntuales. El inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 322 establece: \u00abal momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustanciaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior\u00bb (subrayas ex texto) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
La Sala en infinidad de decisiones hab\u00eda clarificado puntualmente que el remedio vertical contra las sentencias ten\u00eda un sendero claro: (i) su interposici\u00f3n y (ii) la formulaci\u00f3n de reparos concretos, \u00e9stas ante el a quo, y (iii) la sustentaci\u00f3n oral que corresponde a la exposici\u00f3n de las tesis o argumentos encaminados a quebrar la decisi\u00f3n, conforme a los reparos que en su oportunidad se formularon contra la providencia cuestionada, en la segunda instancia. <\/p>\n
Conforme a la disposici\u00f3n bajo estudio, para la presentaci\u00f3n de esos reparos concretos y determinados que deben realizarse para habilitar la apelaci\u00f3n de una sentencia dictada en audiencia, se establecen dos oportunidades: (i) al momento de interponer el recurso, en forma inmediata a su pronunciamiento y, (ii) dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la finalizaci\u00f3n de dicha audiencia (\u2026). <\/p>\n
De tal modo que, si la providencia se dict\u00f3 en \u201caudiencia\u201d, el interesado podr\u00e1 cumplir la referida carga i) bien \u201cal momento de interponer el recurso\u201d o ii) \u201cdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n\u201d. Empero, de haberse emitido \u00abpor fuera de audiencia\u201d, deber\u00e1 hacerlo \u201cdentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a [\u2026] la notificaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El nuevo criterio, de paso, deja sin fundamento, y\u00e9ndose en contra del inciso 4\u00ba del 322 cuando prev\u00e9 que: \u00abSi el apelante (\u2026) no (\u2026)precis[a] los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarar\u00e1 desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb (negrillas y subrayas fuera del texto) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Por tanto, deroga, sin facultad legal, la atribuci\u00f3n del juez de segunda instancia para disponer como sanci\u00f3n, la declaratoria de desierto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra una sentencia cuando: (i) no se precisan, de manera breve, los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, al momento de presentar la impugnaci\u00f3n en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia. <\/p>\n
Lo anterior, porque van a emerger muchas hip\u00f3tesis problem\u00e1ticas por la inusual e il\u00f3gica forma de configurar jurisprudencialmente el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n por parte de la Sala puesto que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n bien puede ahora equivaler a la formulaci\u00f3n de los reparos en primera instancia, como en los casos que ahora se vienen tutelando, considerando que la presentaci\u00f3n de ellos en primera instancia supone la sustentaci\u00f3n. Por otra parte, pueden dejarse de presentar reparos para pasar a sustentar directamente, transformando en inocua esa exigencia de los reparos, sea porque la fundamentaci\u00f3n tendr\u00e1 los alcances de la presentaci\u00f3n de ellos; o porque \u00e9stos equivaldr\u00e1n a la sustentaci\u00f3n. De modo que por v\u00eda de una doctrina deleznable se le usurpan las funciones al juez de segunda instancia, porque todo queda cumplido ante el a quo. <\/p>\n
<\/p>\n
En lo atinente a la sustentaci\u00f3n, el legislador previ\u00f3, espec\u00edficamente, respecto de las sentencias, que la fundamentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n deb\u00eda darse ante el ad quem a partir de los reparos concretos aducidos ante el a quo. Esto como exigencia del art. 327 del C. G. del P. queda desvertebrada ahora. <\/p>\n
Se infiere, entonces, que trat\u00e1ndose de sentencias, en primera instancia: interposici\u00f3n, formulaci\u00f3n de los reparos concretos y concesi\u00f3n; y, en segunda: admisi\u00f3n o inadmisi\u00f3n con su ejecutoria, fijaci\u00f3n de audiencia con la eventual fase probatoria, sustentaci\u00f3n oral y sentencia, quedan totalmente desintegradas del resto del sistema, y adem\u00e1s, pasa a acogerse, la forma c\u00f3mo el legislador laboral organiz\u00f3 la apelaci\u00f3n, renunciando al propio C. G. del P., para desestabilizarlo, siguiendo la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, algo realmente impertinente y absurdo. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El principal golpe que se otorga con esta nueva tesis es al principio general de la oralidad de los sistemas procesales contempor\u00e1neos para retornar a una \u00e9poca an\u00e1loga a la feudal. El vigente Estatuto Procedimental Civil, sabiamente en su T\u00edtulo Preliminar, establece sin ambig\u00fcedad la forma como deben surtirse las actuaciones judiciales, esto es, de manera \u201c(\u2026) oral, p\u00fablica y en audiencias (\u2026)\u201d, seg\u00fan lo previsto en el art. 3 all\u00ed se expresa: <\/p>\n
\u201cLas actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva (\u2026)\u201d, se trata de disposici\u00f3n basilar del sistema procesal vigente en la Ley 1564 de 2012. <\/p>\n
Al renunciar al principio de la oralidad hay afectaci\u00f3n al respeto y garant\u00eda de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. Se perturba la transparencia, la contradicci\u00f3n e inmediaci\u00f3n desarrolladas en los c\u00e1nones 4\u00b0 y siguientes de la dicha obra. Igualmente, las reglas 106 y 107 \u00eddem, que contemplan la metodolog\u00eda a seguir para el desarrollo de los litigios, dirigida, concretamente, a lograr que aqu\u00e9llos, adem\u00e1s de tener una duraci\u00f3n razonable (art. 121 del C.G.P.), comprendan solamente una audiencia inicial y, si es el caso, una de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
La contundencia de la oralidad y del derecho a ser o\u00eddos para los justiciables, partes y terceros, es tal que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 107 consagra la nulidad de la actuaci\u00f3n cuando llegare a presentarse \u201c(\u2026) la ausencia del juez o de los magistrados (\u2026)\u201d en la respectiva diligencia. A su turno, el inciso 5\u00ba de la misma preceptiva impone la convocatoria \u201c(\u2026) a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar (\u2026)\u201d cuando se presenta el cambio del juez que debe dictar el fallo y, aunado a ello, el numeral 6\u00ba \u00eddem prescribe: \u201c(\u2026) Prohibiciones. Las intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos (\u2026)\u201d; en concordancia con el numeral 7\u00ba del art. 133, donde se prev\u00e9 la invalidez del decurso si \u201c(\u2026) la sentencia se profier[e] por un juez distinto del que escuch\u00f3 los alegatos de conclusi\u00f3n o la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Soslayar la sustentaci\u00f3n oral frente al superior, impuesta en el canon 322 concordante con el art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, contradice los postulados en menci\u00f3n y, de contera, el principio democr\u00e1tico representativo, seg\u00fan el cual es el Congreso de la Rep\u00fablica, revestido de una amplia potestad legislativa, el competente para regular los decursos judiciales (art. 150, C.P.). Lo anterior, con la medida tomada en el Decreto 806 de 2020 y luego con la nueva doctrina escrituralista y secreta. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre lo enunciado, la Corte Constitucional en sentencia C- 124 de 1 de marzo de 2011, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l legislador no est\u00e1 facultado para prever, bajo el simple capricho o la arbitrariedad, las ritualidades procesales, \u201c(\u2026) pues no puede desconocer las garant\u00edas fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por (\u2026) hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicci\u00f3n, de imparcialidad del juez, de primac\u00eda de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noci\u00f3n de debido proceso (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
En torno al cambio del procedimiento escritural por el verbal en materia civil, el Alto Tribunal Constitucional al pronunciarse respecto de las distintas medidas insertas en la Ley 1395 de 2010, adoctrin\u00f3 las razones para tener por ajustado a la Constituci\u00f3n ese proceder de creciente oralidad. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, indic\u00f3 que el objetivo de dicha reglamentaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c(\u2026) es evidente: obtener la descongesti\u00f3n de los despachos judiciales a partir de reformas al procedimiento que privilegien la celeridad y la consecuci\u00f3n de decisiones sin dilaciones justificadas, de acuerdo con el mandato constitucional, sirvi\u00e9ndose para ello de un modelo procesal regido por la oralidad, de una nueva concepci\u00f3n del procedimiento civil, fundada en la preeminencia de las audiencias orales, en contraposici\u00f3n con el peso espec\u00edfico del proceso escrito (\u2026). El legislador, en ese orden de ideas, hace uso de la amplia facultad de configuraci\u00f3n legislativa, a fin de establecer a la oralidad como un instrumento de superaci\u00f3n de la inveterada congesti\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n civil en Colombia. Esta soluci\u00f3n legislativa, que est\u00e1 dirigida a garantizar un proceso eficiente y, a su vez, respetuoso de los derechos fundamentales de las partes, en especial el debido proceso, se muestra prima facie compatible con la Constituci\u00f3n. A su vez, la preferencia que [se] hace (\u2026) por la oralidad en el proceso civil significa una reconceptualizaci\u00f3n de la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia. Por a\u00f1os, el procedimiento civil ha sido arquet\u00edpicamente escrito, incluso respecto de procesos que formalmente han sido denominados por d\u00e9cadas como \u2018verbales\u2019. En tal sentido, la reforma legal en comento busca lograr que la audiencia sea el escenario preferente de desarrollo del proceso (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cEn t\u00e9rminos de autores como Chiovenda, \u2018la experiencia derivada de la historia permite a\u00f1adir que el proceso oral es el mejor y m\u00e1s conforme con la naturaleza y las exigencias de la vida moderna, porque sin comprometer en lo m\u00e1s m\u00ednimo, antes bien, garantizando la bondad intr\u00ednseca de la justicia, la proporciona m\u00e1s econ\u00f3micamente, m\u00e1s simplemente y prontamente\u2019. La instauraci\u00f3n de la oralidad, en ese orden de ideas, tambi\u00e9n es un escenario de satisfacci\u00f3n de derechos constitucionales. Ello en el entendido que la audiencia oral est\u00e1 precedida de garant\u00edas que, si bien tienen raigambre procesal, son parte integrante de los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Estas garant\u00edas refieren a la inmediaci\u00f3n, la concentraci\u00f3n y la publicidad (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
6.1. La oralidad es un postulado rector de la actual Codificaci\u00f3n Procesal Civil y demanda su respeto u observancia con \u00edmpetu dentro de los juicios de esa especialidad, pues a trav\u00e9s de ella se lograr\u00e1 la realizaci\u00f3n de prerrogativas como la contradicci\u00f3n y defensa y ante todo el derecho a ser o\u00eddo por el juez. Adem\u00e1s, se busca garantizarle a los administrados la facultad de ser atendidos directamente y sin intermediarios por los funcionarios judiciales, cuesti\u00f3n que, al final, les impone a todos los sujetos procesales intervenir con transparencia, fundamento de la democracia participativa. <\/p>\n
<\/p>\n
7. El derecho del justiciable a ser o\u00eddo p\u00fablicamente es un derecho fundamental aprobado por Colombia por Ley 74 de 1968 e incorporado tambi\u00e9n a la Constituci\u00f3n por medio de la categor\u00eda \u201cbloque de constitucionalidad\u201d. La tesis opuesta aduce err\u00f3neamente que se trata de la configuraci\u00f3n de un procesalismo a ultranza, al exigirse la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de una sentencia ante el ad quem, porque, en su criterio, esa autoridad elabora previamente su fallo de fondo, atendiendo, exclusivamente, a los \u201creparos concretos\u201d ventilados frente al a quo y pretiriendo la posterior argumentaci\u00f3n. Esta forma de proceder desconoce los principios prevalentes como la publicidad, transparencia y el derecho a ser o\u00eddo. Adem\u00e1s, pasa por alto, la Observaci\u00f3n 13 del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando dispone: <\/p>\n
Pero m\u00e1s all\u00e1 de la observaci\u00f3n citada, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidad el 16 de diciembre de 1966, y que entr\u00f3 en vigor el 23 de marzo de 1976, y aprobado por Colombia mediante Ley 74 de 1968, en su art\u00edculo 14 se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendr\u00e1 derecho a ser o\u00edda p\u00fablicamente y con las debidas garant\u00edas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n de car\u00e1cter penal formulada contra ella o para la determinaci\u00f3n de sus derechos u obligaciones de car\u00e1cter civil. La prensa y el p\u00fablico podr\u00e1n ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden p\u00fablico o seguridad nacional en una sociedad democr\u00e1tica, o cuando lo exija el inter\u00e9s de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opini\u00f3n del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa ser\u00e1 p\u00fablica, excepto en los casos en que el inter\u00e9s de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores\u201d (Subrayas ex texto). <\/p>\n
El C\u00f3digo General del Proceso concibi\u00f3 la etapa memorada no s\u00f3lo para que las partes act\u00faen p\u00fablicamente y con transparencia, exponiendo sus apreciaciones, con el fin de evitar juicios secretos provenientes de los funcionarios jurisdiccionales, y, ante todo, con el prop\u00f3sito de dar cumplimiento a la Constituci\u00f3n y ante el necesario reconocimiento de las garant\u00edas y derechos previstos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De tal manera que el nuevo criterio y los oponentes de la oralidad, abogan por el desconocimiento de los derechos fundamentales en los juicios, los cuales deben ser p\u00fablicos y orales, de otra manera se infringe el corpus iuris internacional de los derechos humanos. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed, la nueva Codificaci\u00f3n Procesal Civil pugna por lograr que los falladores definan los casos bajo su conocimiento en las diligencias establecidas, tras escuchar las aserciones de los extremos de la litis. <\/p>\n
La oralidad es un principio, es una regla general y un medio para conquistar la democracia en el ejercicio de la actividad procesal en la soluci\u00f3n de casos como desarrollo de la tutela judicial efectiva. No es el culto a la forma, mucho menos, como err\u00f3neamente se confunde con leer textos elaborados previamente; no es cuesti\u00f3n de lecto-escritura, porque en estas hip\u00f3tesis subyace las m\u00e1s de las veces una equivocada concepci\u00f3n que traslada la magna y aut\u00e9ntica misi\u00f3n de juzgamiento en cabeza del juez a los auxiliares. Es tornar p\u00fablico y cristalino el juicio y la funci\u00f3n de la judicatura, y por supuesto, la de los representantes de las partes, por cuanto los intervinientes exponen sus argumentos para que sean conocidos, para que haya contradicci\u00f3n y una defensa v\u00e1lida, todo en presencia de la jurisdicci\u00f3n. Procura que el fallo no sea secreto, ni las decisiones se tomen al margen de lo comprobado y vertido en la deliberaci\u00f3n racional e instrucci\u00f3n probatoria p\u00fablica. Es materializar el debido proceso previsto en el art. 29 de la Carta. <\/p>\n
<\/p>\n
Una providencia en esta nueva cultura del Estado constitucional no debe anclarse en lo oculto, en construcciones gramaticales escritas fr\u00edas, que inclusive atentan contra el medio ambiente porque muchas deben acudir a formas materiales contaminantes, que apartan la interpretaci\u00f3n del lenguaje humano y corporeidad, presente en los sentidos y en el proceder de los extremos del litigio. Un sistema oral no puede prescindir del todo de la escrituralidad, es cierto, pero no puede ser un debate de notas o copias o de correos electr\u00f3nicos donde el juzgador se aleja de la parte, de su rostro y de su sentimiento expresado en la conducta. <\/p>\n
<\/p>\n
La oralidad tiene su manifestaci\u00f3n en la inmediaci\u00f3n, en la publicidad del litigio y en la concentraci\u00f3n uni\u00e9ndolas \u00edntimamente al compeler al fallador para dirigir directamente la instrucci\u00f3n probatoria, los alegatos y la decisi\u00f3n; cosa que no acontece propiamente con la escrituralidad que en nuestro sistema, distancia al ciudadano del administrador de justicia y torna fr\u00edo al proceso. Lo escrito es riesgo para la desigualdad y dispersi\u00f3n del pleito, pero esencialmente para la posibilidad de que los sujetos de derecho no sean escuchados, o\u00eddos y vencidos en juicio. La audiencia como desarrollo del derecho fundamental a ser o\u00eddo p\u00fablicamente por el juez que va a juzgar la causa es un derecho constitucional que no puede ser menoscabado por los propios jueces. <\/p>\n
<\/p>\n
Un procedimiento oral y p\u00fablico, adem\u00e1s, potencia la democracia participativa y la posibilidad de que la actividad y las funciones de los jueces sea objeto de escrutinio ante la comunidad jur\u00eddica y la opini\u00f3n p\u00fablica. Es de esa forma como la ciudadan\u00eda puede de primera mano conocer su desempe\u00f1o, el modelo de juez, los esquemas de administraci\u00f3n de justicia y auscultar a quienes fallan los asuntos de la ciudadan\u00eda en el reconocimiento de prerrogativas. Por supuesto, compete a esa opini\u00f3n y a esos visores sociales respetar la autonom\u00eda e independencia judicial con enorme celo, sin interferir en tan sagrada labor. <\/p>\n
<\/p>\n
Esa posibilidad de forjar simult\u00e1neamente democracia participativa y deliberativa, es prop\u00f3sito, que \u00fanicamente se consolida procurando la concentraci\u00f3n de actuaciones para realizar el mayor n\u00famero de actos en el menor tiempo, agot\u00e1ndolos en una audiencia, en lo posible. Adem\u00e1s, ello, da identidad al juzgador que instruye, oye el alegato y resuelve; admite que evac\u00fae los interrogatorios, revise los documentos que se le presentan y analice los testigos y su reacci\u00f3n f\u00edsica y ps\u00edquica a los cuestionarios formulados por los intervinientes o por el propio juez. La audiencia permite que el juez observe directamente las cosas u objetos materia del litigio; facilita que reflexione, oiga y defina con fundamento en lo probado y alegado, en inmediatez f\u00edsica y con la activa participaci\u00f3n de los sujetos legitimados procesal y sustancialmente. Se trata entonces de la adecuaci\u00f3n de la democracia y socializaci\u00f3n del proceso civil. <\/p>\n
<\/p>\n
El citado principio tambi\u00e9n busca el desarrollo de un tr\u00e1mite p\u00fablico, dentro de un tiempo razonable, sin dilaciones injustificadas o inexplicables como ejecuci\u00f3n del debido proceso. <\/p>\n
8. Se insiste, desde la propia arquitectura del C\u00f3digo General del Proceso, la fundamentaci\u00f3n o sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n contra sentencias es durante la segunda instancia en audiencia; y no de otro modo, en desarrollo de la oralidad y de la publicidad, cual de forma puntual lo imponen las premisas insertas en el numeral 5\u00ba, art. 327 del aludido C\u00f3digo, al decir: \u201c(\u2026) ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026)\u201d, reivindicaci\u00f3n consignada en el ep\u00edlogo del 330 ib\u00edd. de la misma manera en: \u201c(\u2026) audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026)\u201d, lo anterior, como efecto directo del art. 3\u00ba del ib\u00eddem, cuando consagra: \u201cLas actuaciones se cumplir\u00e1n en forma oral, p\u00fablica y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o est\u00e9n amparadas por reserva (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto). <\/p>\n
<\/p>\n
Por esas razones el numeral 6\u00ba, art. 107 ej\u00fasdem determina: \u201c(\u2026) Las intervenciones orales no podr\u00e1n ser sustituidas por escritos (\u2026)\u201d, de tal modo que corresponde al juez o\u00edr e instruir y conducir personalmente el decurso, al punto de que \u201c(\u2026) [c]uando se produzca cambio de juez que deba proferir sentencia en primera o segunda instancia, quien lo sustituya deber\u00e1 convocar a una audiencia especial con el solo fin de repetir la oportunidad para alegar. O\u00eddas las alegaciones, se dictar\u00e1 sentencia seg\u00fan las reglas generales (\u2026)\u201d. En fin, no es presentar un escrito de sustentaci\u00f3n ante un juez diferente al que debe resolver la alzada, sino de exponer los fundamentos del disenso por el recurrente, y consecuentemente, de escuchar y o\u00edr los alegatos y la argumentaci\u00f3n por el juez a quien directamente corresponde fallar la cuesti\u00f3n, en desarrollo de la inmediaci\u00f3n, seg\u00fan se infiere cristalinamente de la nueva axiolog\u00eda procesal. <\/p>\n
9. La Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en San Jos\u00e9-Costa Rica- y aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, en su art\u00edculo 8.1 resalta el derecho fundamental a ser o\u00eddo por un juez o tribunal independiente y aut\u00f3nomo: <\/p>\n
\u201cToda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
El verbo o\u00edr seg\u00fan la RAE, es \u201c(\u2026) percibir con el o\u00eddo los sonidos (\u2026) Dicho de una persona: Atender los ruegos, s\u00faplicas o avisos de alguien, o a alguien. (\u2026) Hacerse cargo, o darse por enterado, de aquello de que le hablan (\u2026) Tomar en consideraci\u00f3n las alegaciones de las partes antes de resolver la cuesti\u00f3n debatida\u201d3. De tal modo que no se trata de leer correos electr\u00f3nicos o de leer textos escritos. Por consiguiente, el derecho fundamental a ser o\u00eddo solamente se satisface cuando se oye a las partes, cuando se observa e inmedia la conducta procesal y se atienden los reclamos del justiciable. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n espa\u00f1ola de 1978 en el art. 120, se\u00f1ala expl\u00edcitamente, tres premisas centrales sobre el principio que vengo exponiendo y frente al cual se rebela la Sala: \u201cLas actuaciones judiciales ser\u00e1n p\u00fablicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento ser\u00e1 predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Las sentencias ser\u00e1n siempre motivadas y se pronunciar\u00e1n en audiencia p\u00fablica\u201d4. <\/p>\n
10. El antecedente que ahora se adopta es una renuncia a la perspectiva de entender la labor del juez como la de un funcionario p\u00fablico integrante de un sistema democr\u00e1tico que no solamente resuelve un caso concreto cuyas decisiones son objeto de un control endoprocesal t\u00e9cnico y funcional por medio de la apelaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n hay terceros con inter\u00e9s y con legitimaci\u00f3n en la causa para ejercer control, dado el car\u00e1cter p\u00fablico y social de sus decisiones, respecto de cuya actividad tienen derecho la ciudadan\u00eda, la sociedad civil, as\u00ed como los medios de comunicaci\u00f3n a intervenir. No puede desconocerse que la actividad jurisdiccional en el Estado Constitucional y social de derecho debe ser objeto de control p\u00fablico porque la justicia no puede ser secreta, porque el poder judicial al formar parte de \u00e9l, esta tambi\u00e9n sujeto a un control difuso y democr\u00e1tico cuyo titular es la ciudadan\u00eda, la sociedad y la opini\u00f3n p\u00fablica5. La oralidad y la publicidad no atiende, por tanto, exclusivamente al inter\u00e9s de las partes o de los acusados, titulares del control endoprocesal; sino que hoy con mayor rigor comprende a toda la ciudadan\u00eda y a los jueces quienes deben rendir cuentas a la ciudadan\u00eda y exponer sus fallos en forma p\u00fablica y oral. <\/p>\n
11. Ello implica que la prueba, la responsabilidad para fallar, la transparencia, la actuaci\u00f3n del juez debe ser vista y conocida por todos dentro del marco de la democracia constitucional y esta debe ser difundida. Es necesidad hoy, juzgar el compromiso y responsabilidad de los jueces de la forma como investigan, instruyen y resuelven las controversias. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de fiscalizar la decisi\u00f3n judicial, y estos so pretexto de que los ciudadanos son pasivos o neutros, no pueden sustraerse de que los ciudadanos, sepan cu\u00e1l es su rendimiento, c\u00f3mo aplican la ley, c\u00f3mo responden los retos y problemas actuales. Este est\u00e1ndar democr\u00e1tico no lo cumple la Corte Suprema cuando aboga por sustentaciones anticipadas para que los jueces no realicen audiencias y pasen a juzgar y a decidir a espaldas del ciudadano. <\/p>\n
Es tarea de la Corte evitar juzgamientos furtivos, injustos, ocultos, escondidos y encubiertos porque la ciudadan\u00eda y su opini\u00f3n, tambi\u00e9n el periodismo investigativo debe tener puertas abiertas porque no se trata de tribunales secretos, de inquisici\u00f3n o desp\u00f3ticos sino del derecho a una democracia racional y deliberante. No hay Estado Constitucional, donde haya secretos y penumbras y los jueces como garantes del mismo son los primeros llamados a respetar el derecho fundamental a ser o\u00eddo p\u00fablica y directamente por quien va a fallar su causa. <\/p>\n
<\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 COLOMBIA, CCONST. Sentencia C-124 de 1 de marzo 2011. <\/p>\n
2\u0002 COLOMBIA, CCONST. Sentencia C-124 de 1 de marzo 2011. <\/p>\n
3\u0002 RAE, Real Academia Espa\u00f1ola de la Lengua. Diccionario esencial de la Lengua espa\u00f1ola. 22 edic Madrid: Espasa, 2006, p. 1052 <\/p>\n
4\u0002 ESPA\u00d1A, CONSTITUCI\u00d3N ESPA\u00d1OLA, del 27 de diciembre de 1978. Madrid: Colex, 1988, p.163. <\/p>\n
5\u0002 HABERMAS, Jurgen. Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democr\u00e1tico de derecho en t\u00e9rminos de teor\u00eda del discurso. Traducci\u00f3n de Manuel Jim\u00e9nez Redondo. Valladolid: Trotta 1998 Pp-407-468. <\/p>\n
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STC9175-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC9175-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-02264-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que Arvi Group S.A.S. instaur\u00f3 contra Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55801","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55801"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55801\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}