STC9182-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9182-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01267-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 30 de junio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Fernando Quijano Garz\u00f3n contra el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de la aludida localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Cuarenta de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la misma ciudad y los intervinientes en el tr\u00e1mite de tutela n\u00b0 2020-00366. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 8 de junio de 2021, mediante el cual el fallador accionado se abstuvo de tramitar el incidente de desacato que \u00e9l present\u00f3 con miras a que el Juzgado Cuarenta de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 diera cabal cumplimiento a la sentencia de tutela del 19 de enero de 2021, en la cual se le orden\u00f3 resolver nuevamente el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido en contra del aqu\u00ed accionante (n\u00b0 2019-00904). <\/p>\n
2. Pide, en consecuencia, que se deje sin efecto la fustigada providencia y que, en su lugar, se ordene tramitar su incidente de desacato. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
2. El Juez Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 desestimar la salvaguarda tras enfatizar que la decisi\u00f3n de no abrir a tr\u00e1mite el pretendido incidente de desacato, obedeci\u00f3 a que el fallador all\u00ed accionado emiti\u00f3 una segunda sentencia en la que acometi\u00f3 una valoraci\u00f3n probatoria seria, razonable y, por ende, respetuosa del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda por estimar razonable la argumentaci\u00f3n en que se finc\u00f3 el auto fustigado. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor insistiendo en sus alegaciones primigenias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n a los derechos fundamentales invocados en el escrito introductor. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra decisiones adoptadas dentro de un incidente de desacato. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de acciones de tutela contra disposiciones proferidas al interior de un tr\u00e1mite para el cumplimiento de un mandato constitucional, la Corte ha reiterado su improcedencia en la medida que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
(\u2026) reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras en STC1072-2017, 2 feb. 2017, rad. 00884-01). <\/p>\n
Pese a lo anterior, el precedente constitucional se\u00f1ala que las determinaciones adoptadas dentro de un incidente de esta naturaleza pueden ser atacadas por la misma v\u00eda tutelar en el que \u00e9ste tuvo origen, siempre y cuando se extraiga, con solvencia, la conculcaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). Por ende, solo es viable ceder al principio de la cosa juzgada, \u00abcuando se encuentra plenamente probada la ilegalidad de una decisi\u00f3n por parte de las autoridades disciplinarias competentes, como el fraude a la ley o un fraude procesal\u00bb, aunque en esos excepcionales casos es el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n el llamado a remediarlo para evitar \u00abdecisiones contradictorias que terminen en un desconocimiento masivo de la cosa juzgada constitucional\u00bb (CC T-218\/12). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, si la providencia reviste algunas de las caracter\u00edsticas vulneradoras de derechos fundamentales, luego de que el afectado hubiera agotado la instancia para hacer ver el yerro y este persiste, el mecanismo excepcional tambi\u00e9n deviene procedente (STC de 8 de febrero de 2008, exp. 00344-01, reiterada el 3 de marzo de 2010, rad. 00082-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
En el caso bajo estudio se configura una de las rese\u00f1adas excepciones que abre paso a la solicitud de amparo, puesto que el fallador accionado opt\u00f3 por desestimar, de plano, la demanda incidental formulada por quien aqu\u00ed nuevamente acciona, sin agotar primero el tr\u00e1mite que para esos efectos prev\u00e9 \u2013perentoriamente- el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Sobre estos particulares, la jurisprudencia constitucional tiene dicho que \u00abla observancia del debido proceso es perentoria durante el tr\u00e1mite incidental, lo cual presume que el juez no puede descuidar la garant\u00eda del derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Debe: (1) comunicar al incumplido sobre la iniciaci\u00f3n del mismo y darle la oportunidad para que informe la raz\u00f3n por la cual no ha dado cumplimiento a la orden del juez de tutela, y presente sus argumentos de defensa; (2) practicar las pruebas que se le soliciten y las que considere conducentes o indispensables para adoptar la decisi\u00f3n; (3) notificar la decisi\u00f3n del incidente; y, en caso de que haya lugar a ello, (4) remitir el expediente en consulta ante el superior\u00bb (Corte Constitucional, sent. T-459 de 2003). <\/p>\n
En el mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha precisado que \u00abel derrotero del incidente de desacato, cuenta con cuatro fases espec\u00edficas: a) informar al responsable que incumpli\u00f3 la orden constitucional, del inicio de la referida actuaci\u00f3n, para que explique las razones de su desatenci\u00f3n y formule sus argumentos de defensa; b) practicar las pruebas solicitadas o que de oficio considere conducentes, pertinentes y \u00fatiles el juzgador, para fundamentar su decisi\u00f3n; c) notificar al infractor del prove\u00eddo que resuelva el desacato, el que, en caso de imponer sanciones de arresto y multa, deber\u00e1 afirmarse en un an\u00e1lisis de responsabilidad subjetiva, basado en la culpa y\/o el dolo; y d) remitir al superior funcional, cuando haya lugar a ello, el expediente para que se surta el grado jurisdiccional de consulta\u00bb (CSJ STC9890-2015). <\/p>\n
A la luz de esas pautas jurisprudenciales, emerge evidente la trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, puesto que, independientemente de cual sea la suerte que deba correr la demanda incidental propuesta por el hoy accionante (asunto que, en principio, corresponde dilucidar \u00fanicamente al juez convocado), lo cierto es que para efectuar ese escrutinio, el funcionario cognoscente debe llevar a t\u00e9rmino las etapas de instrucci\u00f3n y alegaci\u00f3n legalmente previstas, para reunir los elementos de juicio necesarios para esos efectos y garantizar as\u00ed el derecho a la defensa de los intervinientes. <\/p>\n
En las condiciones descritas, la Sala encuentra que el prove\u00eddo dictado por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 8 de junio de 2021, absteni\u00e9ndose de dar curso al incidente de desacato n\u00b0 2020-00366, no se ajusta a derecho, en cuanto le correspond\u00eda dar apertura al mismo, otorgar la oportunidad a ambos extremos de la relaci\u00f3n procesal para que expusieran sus versiones y aportaran los medios probatorios en ejercicio de sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, y al cabo de ello, determinar si hubo o no incumplimiento a la orden de tutela proferida por el juzgador ad quem el 19 de enero de 2021, dentro de la salvaguarda incoada por el ac\u00e1 querellante contra el Juzgado Cuarenta y Ocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1. <\/p>\n
La postura anterior se ha expresado por esta Sala, al exponer en casos de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, que al desvirtuar de plano el eventual incumplimiento al fallo que concedi\u00f3 el auxilio, se vulneran las prerrogativas superiores de la parte incidentante, pues denota que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el juez incursion\u00f3 en un defecto material o sustantivo, toda vez que fue err\u00f3nea la interpretaci\u00f3n y por ende inadecuada la aplicaci\u00f3n de las disposiciones que contemplan el cumplimiento y el desacato de los fallos de tutela (art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
Observa la Sala que a pesar de invocar la aplicaci\u00f3n de las normas que rigen el desacato, el yerro surge cuando \u00abel contenido de la disposici\u00f3n no tiene conexidad material con los presupuestos del caso\u00bb, y tambi\u00e9n cuando \u00abse le reconocen efectos distintos a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb (CC T-774\/04, SU-1185\/01 y T-781\/11, entre otras), y de igual modo, cuando se desconoce las garant\u00edas previstas en la Carta Pol\u00edtica, el precedente constitucional y, en este caso, la propia decisi\u00f3n que se le encomend\u00f3 verificar su cumplimiento. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la actuaci\u00f3n del encartado encuentra eco en el denominado defecto procedimental absoluto, pues este acontece cuando se profiere decisi\u00f3n al margen del procedimiento establecido para imponer o absolver de las sanciones conforme al resultado de los medios de convicci\u00f3n recogidos en el expediente, previo el tr\u00e1mite que la ley adjetiva contempla para los incidentes (art\u00edculos 127 a 131 del C\u00f3digo General del Proceso), en concordancia con la normatividad especial para este tipo de asuntos en materia de tutela (Decreto 2591 de 1991)\u00bb (CSJ STC8762-2016, 30 jun. 2016, rad. 00324-01, reiterada en STC16838-2018, 19 dic. 2018, rad. 00048-01). <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que \u00abes evidente que el funcionario judicial accionado incurri\u00f3 en defecto procedimental y por ende en la vulneraci\u00f3n del debido proceso que se le imputa, porque ninguna norma lo autoriza para decidir de plano como lo hizo, como que el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, es di\u00e1fano al se\u00f1alar que el presunto incumplimiento de una orden proferida con base en dicho Decreto debe ser esclarecido mediante tr\u00e1mite incidental, sin que de ninguna manera pueda ser de recibo el argumento presentado como justificativo de su conducta, conforme al cual \u00abse juzg\u00f3 este procedimiento a fin de evitar tr\u00e1mites que congestionar\u00edan innecesariamente la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, porque las normas de procedimiento son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00bb (STC 594-2014 y STC 2229-2014). <\/p>\n
Por tanto, al tenor de lo preceptuado en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, se insiste en que para resolver los asuntos a su cargo, en relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo de primer grado y en su lugar se conceder\u00e1 el auxilio implorado; por tanto, tras dejar sin efecto el prove\u00eddo dictado por el funcionario encartado el 8 de junio de 2021, se le ordenar\u00e1 que proceda a impulsar el incidente de desacato tendiente a constatar si se produjo o no el cumplimiento del fallo de tutela proferido el 19 de enero de la misma anualidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada; en su lugar, CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Fernando Quijano Garz\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, se declara sin valor ni efecto el auto proferido por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 8 de junio de 2021, mediante el cual se abstuvo de adelantar el incidente de desacato solicitado por el accionante, y se ORDENA al titular de ese despacho, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a adoptar las decisiones a que haya lugar para impulsar hasta definir de fondo el referido tr\u00e1mite incidental, conforme a lo legalmente previsto y atendiendo las consideraciones dadas en precedencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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