STC9183-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9183-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2021-01037-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 2 de junio de 2021, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Arboleda Delgado en calidad de Director del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de la Alcald\u00eda de Santiago de Cali contra la Procuradora General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso disciplinario que origina el reclamo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en la calidad anotada, el querellante reclama la protecci\u00f3n \u00abal debido proceso disciplinario\u00bb, supuestamente vulnerado por la autoridad acusada al emitir el \u00abauto\u00bb de 31 de agosto de 2020, por medio del cual dispuso la revocatoria directa del fallo sancionatorio de primera instancia proferido el 13 de septiembre de 2017 en el proceso disciplinario adelantado por el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de la Alcald\u00eda de Santiago de Cali en contra de Leydy Johana Quiguanas Quintero, y en consecuencia, declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n a partir del 20 de junio de 2017, inclusive. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo, refiere que la agente de tr\u00e1nsito, dependiente de la Secretar\u00eda de Movilidad de la Alcald\u00eda de Santiago de Cali, Leydy Johana Quiguanas Quintero, fue investigada y sancionada disciplinariamente por obrar contrario a lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto Municipal n\u00ba 4110.20.0521 de 2008, esto es \u00abest\u00e1 prohibido a los agentes de tr\u00e1nsito portar el uniforme en los siguientes casos (\u2026) fuera del tiempo laboral (\u2026) como vestimenta norma\u00bb (sic). <\/p>\n
Relata, que mediante resoluci\u00f3n n\u00ba 4124.010.21.064 de 13 de septiembre de 2017 el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de la Alcald\u00eda de Santiago de Cali, profiri\u00f3 fallo en el que impuso a la referida servidora p\u00fablica la sanci\u00f3n consistente en \u00absuspensi\u00f3n e inhabilidad especial, (\u2026) por el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses\u00bb. Determinaci\u00f3n que no fue objeto de recursos por parte de la interesada. <\/p>\n
Inconforme, con la anterior determinaci\u00f3n, el 20 de mayo anterior, el accionante promovi\u00f3 la solicitud de amparo, reprochando, en s\u00edntesis, que \u00abse encuentra soportada en un fundamento no solo abiertamente equivocado y errado un fundamento jur\u00eddico irregularmente aplicado, sino que tambi\u00e9n se traduce en claras v\u00edas de hecho (\u2026) en el caso que nos ocupa se considera que el Procurador General de la Naci\u00f3n Fernando Carrillo Fl\u00f3rez, al expedir el auto del 31 de agosto de 2020 incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico cuando desconoci\u00f3 que no ten\u00eda apoyo probatorio alguno para considerar y determinar que la servidora p\u00fablica LEYDY JOHANA QUIGUAN\u00c1S QUINTERO, era miembro de la Instituci\u00f3n Polic\u00eda Nacional como Agente de Tr\u00e1nsito del orden municipal\u00bb. <\/p>\n
Sostiene, que \u00abse present\u00f3 un defecto material o sustantivo en raz\u00f3n a que es ilegal y violatorio de la Constituci\u00f3n, indicar que la Ley 1015 de 2006 era aplicable a la servidora p\u00fablica municipal, siendo que solo es aplicable dicha norma a los miembros de la Polic\u00eda Nacional (\u2026) La naturaleza misma del cargo de la servidora p\u00fablica, lo determinado en la Ley 769 de 2002 como ya se indic\u00f3, resulta suficiente para considerar que la decisi\u00f3n es abiertamente violatoria de la Constituci\u00f3n y la Ley\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala, que \u00ab(\u2026) no es posible rehacer o reponer la actuaci\u00f3n disciplinaria (\u2026) debido a que en virtud de la nulidad procesal que declar\u00f3 el Procurador a partir del auto de citaci\u00f3n a audiencia, inclusive, el cual hac\u00eda las veces de apertura de investigaci\u00f3n disciplinaria, y que los hechos ocurrieron el 23 de agosto de 2013, no es posible expedir el auto de apertura de investigaci\u00f3n y citaci\u00f3n a audiencia debido a que han transcurrido m\u00e1s de los cinco (5) a\u00f1os para la caducidad de la acci\u00f3n disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
Advierte, que la acci\u00f3n de tutela es procedente \u00ab(\u2026) no solo en car\u00e1cter subsidiario, sino tambi\u00e9n por estar ad portas de generarse un perjuicio irremediable (\u2026) debe tenerse en cuenta que el acto administrativo del Procurador contenido en el auto de 31 de agosto de 2020 (\u2026) no corresponde a un acto administrativo definitivo que pueda demandarse ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, por lo que la tutela es el mecanismo de defensa m\u00e1s expedito (\u2026) y que permite prevenir un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo \u00abse deje sin efecto, invalide o anule la decisi\u00f3n adoptada en el auto del 31 de agosto de 2020 por el Procurador General de la Naci\u00f3n Fernando Carrillo Fl\u00f3rez y restablezca los efectos jur\u00eddico (sic) que produjo el fallo disciplinario\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Andr\u00e9s Fl\u00f3rez Heredia, quien fungi\u00f3 como abogado defensor de Leydy Johana Quiguanas Quintero, inform\u00f3 que el origen de la solicitud de revocatoria directa se origin\u00f3 en una violaci\u00f3n cometida por el accionante consistente en el desconocimiento de lo preceptuado en la sentencia C-328- 03, por medio de la cual la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible el numeral 35 del art\u00edculo 35 de la ley 734 de 2002, eliminando la posibilidad de que un servidor p\u00fablico sea disciplinado por prohibiciones contenidas en manuales y reglamentos, por lo que precisa, que el gestor \u00abde forma ilegal y arbitraria sancion\u00f3 a [su] defendida con fundamento en una prohibici\u00f3n contenida en un manual de la administraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta, que el resguardo se torna improcedente, toda vez que al accionante no le asiste legitimaci\u00f3n en la causa, no se acredita la vulneraci\u00f3n alegada, no se dan los requisitos m\u00ednimos de procedencia del amparo, y porque existen otros mecanismos id\u00f3neos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n se opuso a la prosperidad del auxilio, destacando que el fallo cuestionado se soport\u00f3 en la verificaci\u00f3n de una indebida tipificaci\u00f3n de la falta endilgada a la disciplinada, lo cual se traduce en una infracci\u00f3n manifiesta al debido proceso y a los derechos constitucionales de la ciudadana Leydy Johana Quiguanas Quintero, raz\u00f3n por la cual esa entidad resolvi\u00f3 revocar la providencia en menci\u00f3n y decretar la nulidad de lo actuado desde la citaci\u00f3n a audiencia, en aras de que el Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno de la Alcald\u00eda de Santiago de Cali corrigiera la actuaci\u00f3n, atribuy\u00e9ndole adecuadamente la falta que le correspond\u00eda a la sancionada; raz\u00f3n por la cual, reliev\u00f3 que no es viable dejar sin efecto la determinaci\u00f3n adoptada mediante auto del 31 de agosto de 2020. <\/p>\n
Agrega, que el promotor no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, y que contrario a lo afirmado en el escrito inicial la determinaci\u00f3n censurada es susceptible de ser controvertida ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, por lo que incumple el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal constitucional neg\u00f3 la salvaguarda arguyendo que los razonamientos exteriorizados por la entidad encartada en dicha oportunidad estuvieron cimentados en argumentos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos que, en forma alguna, pueden tildarse de antojadizos o insensatos; y porque no se acredit\u00f3 la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte actora, reiterando los argumentos aducidos en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si con la expedici\u00f3n del acto administrativo de 31 de agosto de 2020, proferido por el entonces Procurador General de la Naci\u00f3n, que declar\u00f3 la revocatoria directa de la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta a Leydy Johana Quiguanas Quintero, el 13 de septiembre de 2017, en calidad de agente de tr\u00e1nsito adscrita a la Secretar\u00eda de Movilidad de la Alcald\u00eda de Santiago de Cali, se transgredieron las garant\u00edas esenciales reclamadas por el convocante. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias exclusivas de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance instrumentos ordinarios de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
3. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos. <\/p>\n
Por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente del escrito introductorio, de la impugnaci\u00f3n y los medios de convicci\u00f3n aportados al tr\u00e1mite, esta Sala confirmar\u00e1 la improcedencia del amparo invocado, pues se advierte que el mismo no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad previamente referido. <\/p>\n
Lo anterior, en tanto la demanda de tutela bajo estudio se dirige contra un acto administrativo que accedi\u00f3 a la revocatoria directa deprecada por la destinataria de una sanci\u00f3n disciplinaria, es decir, con tal determinaci\u00f3n se gener\u00f3 una nueva situaci\u00f3n jur\u00eddica frente al acto revocado, cuyo control corresponde, al menos prima facie, a los jueces contenciosos administrativos, siempre y cuando el demandante cumpla con los requisitos propios de ese medio de control (v. gr, t\u00e9rmino de caducidad, legitimaci\u00f3n, etc.). <\/p>\n
<\/p>\n
4. De la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esa modalidad para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n adoptada por el a quo, pero por las razones expuestas en esta instancia, en tanto que incumple el requisito de la subsidiariedad, y porque no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, pero por las razones arg\u00fcidas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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