STC9206-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9206-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-02311-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Margarita Sanmart\u00edn Cardona contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Oralidad de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincularon a los actores e intervinientes en el proceso de radicado 05001310301020180043400 (01 y 02). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus derechos fundamental a la dignidad, debido proceso, seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Margarita Sanmart\u00edn Cardona impuls\u00f3 proceso de responsabilidad civil contractual en contra de las sociedades Citibank \u2013 Colombia y la Aseguradora Chubb Seguros Colombia \u2013 antes ACE Seguros-. En suma, pretendi\u00f3 que se declarara que los demandados \u00abincumplieron su obligaci\u00f3n contractual de cancelar los amparos e indemnizaciones, a favor de la beneficiaria (\u2026) por la muerte accidental de su c\u00f3nyuge y tomador del seguro se\u00f1or FRANCISCO JAVIER SANTAMARIA MEJ\u00cdA, estipulado en el contrato de seguros del SEGURO INDIVIDUAL de ACCIDENTES PERSONALES, por un valor de CIEN MILLONES DE PESOS (\u2026) seg\u00fan la P\u00d3LIZA \u2013 APT901 CLASSIC, de ACE SEGUROS, seguro por cuenta tomado por CITIBANK\u00bb. En consecuencia, instaron a que se condenara al pago del valor asegurado1. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite correspondiente, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn profiri\u00f3 sentencia el 12 de marzo del 2020 mediante la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva y, en consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda2. <\/p>\n
2.3. La demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la providencia de primer grado. Chubb Seguros \u00abmanifiesta que est\u00e1 de acuerdo con lo decidido, pero hace la observaci\u00f3n respecto a la parte motiva en cuanto a que el banco no es intermediario financiero\u00bb. <\/p>\n
2.4. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dict\u00f3 fallo el 01 de diciembre del 2020, mediante el cual resolvi\u00f3 confirmar la determinaci\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2.5. La accionante denunci\u00f3 la incursi\u00f3n del Tribunal en v\u00edas de hecho comoquiera que las providencias no tienen asidero jur\u00eddico. Precis\u00f3 que \u00abextralimit\u00f3 sus funciones, en raz\u00f3n que dio lo que no hab\u00edan pedido las partes, y he sabido que el juez civil no tiene facultades ultra petita ni extra petita, si el derecho me asist\u00eda o no, era un tema que se deb\u00eda discutir dentro del proceso y era una obligaci\u00f3n de los demandados probar lo contrario y esto no sucedi\u00f3, como se puede ver en sus excepciones, para lo cual solo tratare las de la entidad bancaria ya que con buen criterio el se\u00f1or juez determin\u00f3 que era la entidad bancaria a la que est\u00e1 obligada a cancelar los amparos de la p\u00f3liza ya tratada, lo que no tuvo objeci\u00f3n alguna por parte de mi apoderado judicial, adem\u00e1s se puede observar que el se\u00f1or juez, en la etapa de la fijaci\u00f3n del litigio, fue muy claro al fijarlo y manifiesta que el problema jur\u00eddico se base, que se deb\u00eda determinar cu\u00e1l era el tipo de prescripci\u00f3n aplicable al caso en concreto, en ning\u00fan momento si el derecho de petici\u00f3n cumpli\u00f3 o no los requisitos que el se\u00f1or juez hace ver en su fallo, documento este que nunca fue objetado por las partes aqu\u00ed demandas\u00bb. <\/p>\n
Para fundamentar su postura, trajo de presentes las excepciones propuestas por la entidad bancaria. Respecto a la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, sostuvo que \u00ab la defensa va dirigida a se\u00f1alar que es otra la sociedad demanda la que tiene la obligaci\u00f3n de cancelar los amparos aqu\u00ed demandados, en ning\u00fan momento fundamentan su defensa en que a mi mandante no le asiste el derecho a acceder al pago de lo escrito en la p\u00f3liza ya identificada, brillan por su ausencia de las pruebas efectivas que soporten su defensa y la misma excepci\u00f3n y mucho menos, alegan lo que el se\u00f1or juez determin\u00f3 como falta de prueba, lo cual era responsabilidad de la parte demandada; c\u00f3mo no traer a colaci\u00f3n ese viejo adagio de que en civil el que mal paga, paga dos veces, y no es menester del se\u00f1or juez entrar a remediar lo que no se hizo, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adujo que, en cuanto a la excepci\u00f3n gen\u00e9rica, \u00ab esta acepci\u00f3n presentada sin fundamento alguno, o soporte de la misma, y mucho menos se aleg\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda por parte de la entidad bancaria (\u2026) la que consider\u00f3 fue la que el se\u00f1or pues tom\u00f3 como centro de su sentencia aqu\u00ed apelada, en el sentido de indicar que el derecho de petici\u00f3n radicado con el n\u00famero 3332806 de enero 18 de 2017, no interrumpe la prescripci\u00f3n si no se prueba, fundamento este que no comparto de ninguna manera (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3, frente a la ausencia de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n ante la falta de prueba del derecho de petici\u00f3n radicado el 18 de enero de 2017, que \u00ab el se\u00f1or juez no indica lo que \u00e9l considera se debe probar, desnaturalizando de esta manera el derecho de petici\u00f3n y sus fundamentos constitucionales, todo esto como consecuencia de una indebida apreciaci\u00f3n de la prueba dentro de los par\u00e1metros de la sana cr\u00edtica, y tomando una decisi\u00f3n sin facultades para ello, en ninguna parte de la contestaci\u00f3n de la demanda por parte de los demandados excepci\u00f3n o con argumentos v\u00e1lidos o dirigidos a demostrar que a la aqu\u00ed firmante no le asiste el derecho a la cancelaci\u00f3n a mi favor de los amparos descritos en la p\u00f3liza\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en cuanto a la prescripci\u00f3n extintiva, sostuvo que \u00ab considero que para el caso que nos ocupa la prescripci\u00f3n ordinaria, se interrumpi\u00f3 en debida forma dentro de los par\u00e1metros legales el 18 de enero del 2017, y se suspendi\u00f3 hasta el 18 de enero del 2019 y la demanda fue radicada el 23 de agosto de 2018, advirtiendo que las partes eran las obligadas a probar\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que \u00ab se deje sin valor lo decidido y fallado por JUZGADO 10\u00ba CIVIL DEL CIRCUITO ORALIDAD Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELL\u00cdN SALA PRIMERA DECISI\u00d3N CIVIL (\u2026) y revoque la sentencia de primera instancia y segunda instancia, que fueron emitidas por los despachos judiciales aqu\u00ed tutelados el d\u00eda 12 de marzo del 2020 en primera instancia y confirmado en segunda instancia el primero de diciembre del 2020 y c\u00famplase lo resuelto por el superior el d\u00eda 22 de febrero del 2021 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- Scotiabank \u2013 Colpatria se opuso a las pretensiones e indic\u00f3 que \u00abesta solicitud la que se enmarca como abierta y manifiestamente improcedente por ser claramente violatoria de los principios del debido proceso, seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, porque lo que el aqu\u00ed accionante pretende promover es una controversia sobre aspectos que ya fueron debatidos y resueltos en derecho por el SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN Y JUZGADO DECIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN, es de precisar es que lo que la accionante busca con la acci\u00f3n es que el despacho se adhiera a sus apreciaciones sobre el valor que se le debe dar al derecho de petici\u00f3n de enero de 2017 presentado ante la entidad bancaria\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, advirti\u00f3 que no se encuentra acreditado el requisito de inmediatez pues \u00abEntre el fallo de segunda instancia y la presentaci\u00f3n de la solicitud de amparo constitucional transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, plazo que se encuentra por fuera de los lineamientos que la jurisprudencia constitucional ha estimado como razonable y proporcionado para la interposici\u00f3n de una tutela contra una providencia judicial, a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado accionado remiti\u00f3 el enlace contentivo del expediente. <\/p>\n
3.- Los dem\u00e1s accionados y vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales de la accionante con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 12 de marzo del 2020, confirmado por el colegiado accionado el 01 de diciembre del mismo a\u00f1o. Ello pues, a su juicio, el Tribunal incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho que ameritan la perentoria salvaguarda. <\/p>\n
2. La Sala avizora la improcedencia del ruego incoado frente a la providencia dictada por el ad quem, por cuanto no se atiende al requisito de inmediatez, identificado por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la acci\u00f3n. Ello a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la sentencia del Tribunal, esto es, \u00ab01 de diciembre de 2020\u00bb3 y, la presentaci\u00f3n del resguardo, el \u00ab08 de julio de 2021\u00bb4; es decir, que pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
2.1. Respecto al citado principio, ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. Lo dicho cobra relevancia sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00). <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad de la accionante para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales del peticionario. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T- 033\/2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, el citado \u00f3rgano ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
2.2. Bajo tales presupuestos, la Sala observa que tampoco se propuso justificaci\u00f3n alguna frente a la tardanza en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n. Y no se diga que el t\u00e9rmino se empez\u00f3 a contabilizar a partir de la fecha en que se profiri\u00f3 el auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase el 19 de febrero del 2021, habida que este es un auto de tr\u00e1mite que en nada incide en la determinaci\u00f3n que por esta v\u00eda se cuestiona. <\/p>\n
Tal circunstancia desvirt\u00faa de entrada la urgencia alegada por la actora, quien tard\u00f3 m\u00e1s de 6 meses para solicitar la salvaguarda de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
3. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-6 del PDF \u00ab01. Demanda y anexos\u00bb del expediente 05001310301020180043400. <\/p>\n
2\u0002 Folio 48 del PDF \u00ab06. Fija audiencia fallo\u00bb ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Notificada en estado del 04 de diciembre del 2020. <\/p>\n
4\u0002 Tal fue la fecha en que la accionante remiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
<\/p>\n
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