STC9207-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9207-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-02320-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hernando Alfonso Arias Lindo contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincularon a los actores e intervinientes en el proceso de radicado 05001310301020180043400. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Dentro del tr\u00e1mite de radicado 2014-00027, adelantado ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, los se\u00f1ores Erick, Mirna, Sol Mar\u00eda, Alma Rosa, Hernando, Miriam, Pero y Ahmede Antonio Arias Lindo interpusieron incidente de reparaci\u00f3n integral a fin de que se les reparara por concepto de lucro cesante y da\u00f1o moral. Lo primero, comoquiera que \u00abhan sufrido afectaciones de tipo econ\u00f3mico, ya que los ingresos familiares se vieron disminuidos\u00bb y, lo segundo, por \u00abla angustia, el dolor, la aflicci\u00f3n y la pena que padecieron y aun padecen estas v\u00edctimas como consecuencias de la desaparici\u00f3n y muerte de su padre\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El 20 de noviembre del 2014, el aludido Tribunal profiri\u00f3 sentencia en la cual declar\u00f3 a los se\u00f1ores Salvatore Mancuso G\u00f3mez, Sergio Manuel C\u00f3rdoba \u00c1vila, Julio Manuel Argumedo Garc\u00eda, Jorge Iv\u00e1n Laverde Zapata, \u00daber Enrique B\u00e1nquez Mart\u00ednez, Hernando de Jes\u00fas Fontalvo S\u00e1nchez, Leonardo Enrique S\u00e1nchez Barbosa, Jos\u00e9 Gregorio Mangones Lugo, Miguel Ram\u00f3n Posada Castillo, \u00d3scar Jos\u00e9 Ospino Pacheco, Jos\u00e9 Bernardo Lozada Artuz y \u00c9dgar Ignacio Fierro Fl\u00f3rez, penalmente responsables de un concurso de delitos de homicidio en persona protegida, deportaci\u00f3n, expulsi\u00f3n, traslado o desplazamiento forzado de poblaci\u00f3n civil, entre otros. <\/p>\n
2.3. En dicha providencia, la Sala de Justicia y Paz, adem\u00e1s de imponer las respectivas penas del caso, se pronunci\u00f3 respecto de las pretensiones indemnizatorias de todas las \u00abv\u00edctimas indirectas\u00bb que concurrieron en el incidente de reparaci\u00f3n integral. <\/p>\n
Frente a los padres no se reconoci\u00f3 suma alguna por concepto de perjuicios materiales \u00abporque no se acredita la dependencia econ\u00f3mica\u00bb; adem\u00e1s, se estim\u00f3 que \u00aben relaci\u00f3n a las dem\u00e1s v\u00edctimas indirectas, no se presentaron solicitudes de indemnizaci\u00f3n por este concepto\u00bb. Por dem\u00e1s, se concedi\u00f3 a Hernando Arias Gonzales -padre- y a Miriam Lindo de Arias -madre-, la suma de 100 S.M.L.M.V. a t\u00edtulo de da\u00f1os morales. A los dem\u00e1s hermanos del difunto, Erick, Mirna, Sol Mar\u00eda, Alma Rosa, Pedro y Ahmede Arias lo correspondiente a 50 S.M.L.M.V. para cada uno2. <\/p>\n
2.4. El accionante manifest\u00f3, frente a tal prove\u00eddo, que se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico o error de hecho e indebida valoraci\u00f3n probatoria \u00abal no reconocer e incluir dentro de la liquidaci\u00f3n y sentencia a los padres de la v\u00edctima directa, los se\u00f1ores MIRIAN LINDO DE ARIAS, identificada con cedula de ciudadan\u00eda 22.364.561, expedida en Barranquilla, y al padre HERNANDO ARIAS GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadan\u00eda N\u00ba 3.707.836expdida en Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
2.5. El grupo familiar interpuso recurso de apelaci\u00f3n pues \u00abno se le reconoci\u00f3 lucro cesante por no acreditar dependencia econ\u00f3mica, pero en el incidente se entregaron los documentos respectivos\u00bb3. <\/p>\n
2.6. Sin embargo, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte dict\u00f3 fallo el 24 de octubre del 2016, mediante el cual resolvi\u00f3 confirmar la determinaci\u00f3n del a quo. A juicio de la Hom\u00f3loga Penal, \u00abel argumento sobre ausencia de prueba sobre la dependencia no se dio respecto de todo el grupo, sino exclusivamente respecto de los progenitores, en tanto que de los dem\u00e1s se concluy\u00f3 que no hubo pretensi\u00f3n concreta sobre ese concepto. Los dos aspectos se ratifican al leer el escrito del incidente y sus anexos\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, se decret\u00f3 la nulidad parcial del fallo impugnado, raz\u00f3n por la cual la Sala de Justicia y Paz volvi\u00f3 a proferir fallo el 23 de mayo del 2018, quedando ejecutoriado el 24 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
2.7. El accionante denunci\u00f3 que, por circunstancias involuntarias y fortuitas \u00abal manejo adecuado de la documentaci\u00f3n se dej\u00f3 por fuera al hermano mayor de la v\u00edctima directa mi poderdante el se\u00f1or HERNANDO ALFONSO ARIAS LINDO\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00aba trav\u00e9s de su apoderado en esa oportunidad, mi mandante ejecut\u00f3 las acciones posibles para aclarar o corregir la sentencia de segunda instancia, sin tener resultado positivo de ello, quedando en desventaja y desconocido dentro del tr\u00e1mite procesal de Justicia y paz\u00bb. <\/p>\n
Adujo que la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u00abrealiz\u00f3 el cumplimiento parcial de la obligaci\u00f3n subsidiaria impuesta, como quiera que profiri\u00f3 pago por valor de 30 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes a los hermanos del accionante, situaci\u00f3n que impidi\u00f3 que mi representado HERNANDO ALFONSO ARIAS LINDO, tuviera la oportunidad de recibir lo que en primera instancia se le hab\u00eda reconocido\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se ordene \u00abla revisi\u00f3n y correcci\u00f3n de la sentencia proferida por la – SALA DE CASACION PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a fin de que se garantice el debido proceso y el acceso eficiente a la Justicia y se corrija el yerro ocasionado reconoci\u00e9ndose el derecho a la verdad, justicia y reparaci\u00f3n integral que tiene mi poderdante\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que \u00abno hay registros de que la v\u00edctima indirecta Sr. Hernando Alfonso Arias Lindo de manera personal o a trav\u00e9s de representante legal, hayan solicitado ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz que presido, tr\u00e1mite tendiente a la aclaraci\u00f3n de fallo o solicitud similar, menos a\u00fan que en el momento procesal oportuno, especialmente en el recurso de apelaci\u00f3n instaurado, se hiciese menci\u00f3n a la particular situaci\u00f3n del accionante, a efectos que se corrigiera el fallo\u00bb. Por tanto, no es cierto que el accionante hubiese consumado todos los medios de defensa con los que contaba para obtener la adici\u00f3n del fallo. <\/p>\n
Aunado a ello, advirti\u00f3 que existieron errores en el \u00abreconocimiento de los perjuicios de este grupo familiar, entre ellos, queda claro que el tutelante si concurri\u00f3 al proceso. Sin embargo, en el escrito petitorio de la apoderada se se\u00f1al\u00f3 que el se\u00f1or Hernando Arias Lindo era el padre, cuando en realidad era el hermano de la v\u00edctima directa, evento \u00e9ste que pudo haber generado la confusi\u00f3n que hoy se pone de manifiesto. As\u00ed mismo, se advierte que el se\u00f1or Hernando Alfonso Arias Gonzales, quien realmente es el padre del occiso le fueron reconocidos a t\u00edtulo de perjuicios morales por la suma de 100 Salarios M\u00ednimos Legales Mensuales. Llama la atenci\u00f3n que el se\u00f1or Arias Gonz\u00e1lez no concurri\u00f3 al proceso, toda vez que ya hab\u00eda fallecido a la fecha del inicio de este proceso transicional, a pesar de ello, ni los familiares ni su apoderado manifestaron nada de esta situaci\u00f3n durante la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia estim\u00f3 que, del recurso de apelaci\u00f3n, no se observa que este \u00abhaya estado enfocado a controvertir, frente al hecho No. 345, el reconocimiento como v\u00edctima indirecta de determinado integrante del grupo familiar o el monto de indemnizaci\u00f3n, como se asegura en el hecho tres (3) de la acci\u00f3n de tutela. Se trata de un tema que debi\u00f3 abordarse en su momento en el incidente de reparaci\u00f3n integral adelantado ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y frente al cual no se activ\u00f3 la competencia de la Corte, pues no fue un asunto objeto de alzada (en atenci\u00f3n al principio de limitaci\u00f3n funcional que rige las actuaciones en segunda instancia)\u00bb. <\/p>\n
A su turno, apuntal\u00f3 que no se present\u00f3 ning\u00fan requerimiento de aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n \u00absobre la conformaci\u00f3n del grupo familiar de la v\u00edctima directa EDIVALDO SANTA ROSA ARIAS LINDO, como asegura el hecho cuatro (4) de la demanda de tutela\u00bb. <\/p>\n
3.- La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas relat\u00f3 las actuaciones realizadas en el proceso de Justicia y Paz no. 2014-00027. <\/p>\n
4.- Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales de la accionante con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 20 de noviembre del 2014, confirmado por esta Corporaci\u00f3n el 24 de octubre de 2016. Ello pues, a su juicio, tanto el Tribunal como la Corte incurrieron en v\u00edas de hecho al omitir al se\u00f1or Hernando Alfonso Arias Lindo dentro del incidente de reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas por el asesinato de su hermano. <\/p>\n
2. La Sala avizora la improcedencia del ruego incoado frente a la providencia dictada por el colegiado, por cuanto no se atiende al requisito de inmediatez, identificado por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la acci\u00f3n. Ello a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 el fallo de segunda instancia, esto es, \u00ab24 de octubre de 2016\u00bb y, la presentaci\u00f3n del resguardo, el \u00ab12 de julio de 2021\u00bb; es decir, que pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse proferido la decisi\u00f3n cuestionada4. <\/p>\n
2.1. Respecto al citado principio, ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. Lo dicho cobra relevancia sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Al respecto esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00). <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad de la accionante para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de los derechos fundamentales del peticionario. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T- 033\/2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, el citado \u00f3rgano ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
2.2. Bajo tales presupuestos, la Sala observa que tampoco se propuso justificaci\u00f3n alguna frente a la tardanza en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n. Tal circunstancia desvirt\u00faa de entrada la urgencia alegada por el actor, quien tard\u00f3 m\u00e1s de 6 meses para solicitar la salvaguarda de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
3. Ahora bien, si se pasara por alto tal circunstancia, se observa que tampoco se cumple con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que el actor no interpuso solicitud de adici\u00f3n, correcci\u00f3n o complementaci\u00f3n frente al fallo proferido por el Tribunal de Bogot\u00e1. A su turno, tampoco se adujo tal circunstancia en el recurso de apelaci\u00f3n presentado por el grupo familiar del occiso, por lo que el actor perdi\u00f3 la oportunidad para obtener, a trav\u00e9s de la v\u00eda ordinaria, las declaraciones que por este medio pretende. <\/p>\n
Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Al respecto, se ha enfatizado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si [el actor] incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (STC9546-2017). <\/p>\n
4. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-4 del PDF \u00abcarpeta Incidente de Reparaci\u00f3n Integral EDIVALDO ARIAS\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 498 del PDF \u00abLiquidaciones Sentencia\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folio 204 del PDF \u00abSentencia 2 Instancia\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Transcurrieron cinco (5) a\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9207-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC9207-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-02320-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiuno de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hernando Alfonso Arias Lindo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55811","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55811","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55811"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55811\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55811"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55811"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55811"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}