STC9389-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9389-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02372-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama por intermedio de su representante legal, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las sentencias emitidas en ambas instancias dentro de la acci\u00f3n popular que en su contra promovi\u00f3 Armando Casta\u00f1eda Garc\u00eda y otros, con radicado No. 2014-00225-00. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene \u25c4\u00abrevo[car] la sentencia del 12 de diciembre de 2019 proferida por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y la decisi\u00f3n del 15 de marzo de 2021 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 Sala Civil, mediante la cual se resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto dentro del [precitado proceso]\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que dentro de la acci\u00f3n de tutela identificada con el consecutivo No. 2014-00292-00, mediante sentencia del 29 de mayo de 2014, el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia del Juzgado Cuarenta y Dos Civil Municipal de la misma ciudad, para en su lugar, acceder a la protecci\u00f3n solicitada por varios habitantes del Conjunto Residencial Parques de Pontevedra \u2013Propiedad Horizontal, y ordenarle a Pijao Grupo de Empresas Constructoras SA, contratar un perito, identificar los da\u00f1os en la estructura de esa edificaci\u00f3n, y proceder a su reparaci\u00f3n, \u00f3rdenes que no pudo cumplir por \u00abimposibilidad (\u2026) atribuible a la copropiedad (\u2026) pues no aceptaron el estudio presentado y tampoco permitieron el inicio de las obras sugeridas\u00bb, lo cual llev\u00f3 al archivo de ese asunto. <\/p>\n
Sostiene que con el mismo prop\u00f3sito, fue iniciada en su contra la referida acci\u00f3n popular, tramitada por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, donde entre varias defensas, excepcion\u00f3 \u00abagotamiento de jurisdicci\u00f3n constitucional \u2013 sustracci\u00f3n de materia constitucional y paralelismo\u00bb\u00b8 ya que la tem\u00e1tica de la controversia hab\u00eda sido definida en la mencionada acci\u00f3n de tutela, lo cual prob\u00f3 allegando copia aut\u00e9ntica de la misma; no obstante, con sustento en un dictamen pericial decretado de oficio rendido por la Universidad Nacional de Colombia, el Despacho cognoscente dict\u00f3 sentencia el 12 de diciembre de 2019 en que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda y le orden\u00f3 la ejecuci\u00f3n de unas obras previa elaboraci\u00f3n del dise\u00f1o para el respectivo reforzamiento. <\/p>\n
Finalmente afirma, que apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, pero fue confirmada el 15 de marzo del a\u00f1o en curso por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por lo que contrat\u00f3 a la firma de ingenier\u00eda E Y R Espinoza y Restrepo S.A. para elaborar el aludido estudio, el que arroj\u00f3 las mismas conclusiones a que se hab\u00eda llegado en el que fue realizado para cumplir con lo dispuesto en la mencionada tutela, lo que, asevera, deja en evidencia que los juzgadores de la acci\u00f3n popular carec\u00edan de competencia para tramitarla, porque con la decisi\u00f3n constitucional se hab\u00eda configurado el \u00abagotamiento de jurisdicci\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s que la decisi\u00f3n en la acci\u00f3n popular se fund\u00f3 en la \u00aberrada valoraci\u00f3n\u00bb de la prueba pericial elaborada por la Universidad Nacional, ya que ese trabajo corresponde a unos \u00aban\u00e1lisis personales de los profesionales de [esa instituci\u00f3n] y sus conclusiones son meras hip\u00f3tesis no demostradas\u00bb, situaciones que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 16 de julio hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que el expediente del asunto criticado fue regresado al Juzgado de origen, y manifest\u00f3 estar atenta a la decisi\u00f3n que se profiera en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
b). La titular del Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de la misma localidad, tras hacer un recuento del objeto de la citada acci\u00f3n popular y las principales actuaciones procesales all\u00ed verificadas, indic\u00f3 que dentro del asunto se respetaron los derechos fundamentales de los intervinientes, y finalmente se protegieron los derechos colectivos de los actores, \u00abdado que el peritazgo realizado por la Universidad Nacional determin\u00f3 que por el estado de las torres, frente a un sismo, se est\u00e1 ante un riesgo de falla estructural; que ante carga s\u00edsmica \u00fanicamente el 32% de los pilotes est\u00e1 en condici\u00f3n de asumirlo y del 68% restante, un 32% fallar\u00eda y un 36% estar\u00eda en condiciones inadmisibles frente a los requerimientos previstos por el Reglamento Colombiano de Construcci\u00f3n Sismoresistente NSR-98 lo que \u201cplantea un escenario cr\u00edtico para la estabilidad del proyecto, cuyas inclinaciones observadas son un factor de riesgo para su desempe\u00f1o din\u00e1mico\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3 de cara a la alegaci\u00f3n de cosa juzgada, que no se puede equiparar el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela con el de una acci\u00f3n popular. <\/p>\n
c). La Juez Veintinueve Civil del Circuito de la misma ciudad, corrobor\u00f3 que all\u00ed curs\u00f3 la aludida acci\u00f3n de tutela, donde el 29 de mayo de 2014 se dict\u00f3 sentencia de segunda instancia, siendo remitido el asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
d). Hugo Mantilla Mateus, quien dijo ser apoderado del Conjunto Residencial Parques de Pontevedra, se opuso a la solicitud de amparo, porque en el decurso criticado no est\u00e1n dados los supuestos de la cosa juzgada se\u00f1alados en el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso; la acci\u00f3n popular y la de tutela tienen diferentes objetos de protecci\u00f3n; la salvaguarda dispensada en \u00e9sta fue respecto de quienes all\u00ed intervinieron, mientras que en aquella se cobij\u00f3 a todos los afectados; los hechos entre uno y otro tr\u00e1mite cambiaron; dentro de la acci\u00f3n popular se surti\u00f3 la contradicci\u00f3n del dictamen pericial rendido por la Universidad Nacional; y la presente tutela es utilizada como una tercera instancia. <\/p>\n
e). Al momento del registro del proyecto de fallo, no exist\u00edan m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, la sociedad Pijao Grupo de Empresas Constructoras S.A. cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, la sentencia emitida el 15 de marzo de la presente anualidad por la Sala Civil del Tribunal superior de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n del 12 de diciembre de 2019 del Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de la misma ciudad, que accedi\u00f3 a las pretensiones de la acci\u00f3n popular que contra aqu\u00e9lla promovieron Armando Casta\u00f1eda Garc\u00eda y otros, pues en su sentir, lo resuelto desconoci\u00f3 la existencia de cosa juzgada y obedeci\u00f3 a la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
3. No obstante, de los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos en la determinaci\u00f3n proferida por la Colegiatura accionada, sobre la que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis por haber cerrado el debate del referido juicio, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo reclamado, por cuanto lo decidido no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
Para confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia, el Tribunal accionado encontr\u00f3 que los problemas jur\u00eddicos demarcados por el recurso de apelaci\u00f3n presentado por la aqu\u00ed interesada contra la decisi\u00f3n del a quo, consist\u00edan en determinar (i) la procedibilidad de la acci\u00f3n popular frente al caso y si pudo operar la excepci\u00f3n de cosa juzgada, y en caso negativo, dilucidar (ii) si la prueba pericial decretada de oficio se ajusta al orden jur\u00eddico, como tambi\u00e9n (iii) analizar si la decisi\u00f3n del a quo en torno a la vulneraci\u00f3n de derechos colectivos es ajustada a los elementos de juicio, al igual que las medidas adoptadas en relaci\u00f3n con el tema\u00bb. <\/p>\n
En seguida anticip\u00f3 como respuesta a esos interrogantes, que \u00aben primer lugar, est\u00e1 carente de prueba la excepci\u00f3n de cosa juzgada; en segundo lugar, que no hubo desv\u00edo jur\u00eddico en el decreto de prueba de oficio que dispuso el a quo, en concreto, la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial con la Universidad Nacional de Colombia; y por \u00faltimo, que s\u00ed est\u00e1 acreditada la vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos invocados en esta especie de litis, as\u00ed como tambi\u00e9n son adecuadas las decisiones tomadas por el juez a quo\u00bb. <\/p>\n
Postura que desarroll\u00f3 a continuaci\u00f3n al considerar, de cara al primer problema, que los elementos de la cosa juzgada \u00abno concurren en el evento de autos en relaci\u00f3n con el fallo de tutela de 29 de mayo de 2014, en el cual el Juzgado 29 Civil del Circuito tutel\u00f3 los derechos fundamentales a la vida, ambiente sano, integridad personal, derechos de los ni\u00f1os y vivienda digna de varias personas naturales que promovieron esa acci\u00f3n constitucional (folios 417 a 429, pdf 1). <\/p>\n
En esa providencia se orden\u00f3 al Grupo de Empresas Constructoras Pijao S.A. que \u201ccontrate a un perito especializado en el estudio de suelos y estructuras f\u00edsicas para que adelante los estudios de patolog\u00eda, vulnerabilidad, interacci\u00f3n, suelo y estructura y reforzamiento estructural de la totalidad de las construcciones del Conjunto Residencial Parques de Pontevedra, sugeridos por el FOPAE\u2026\u201d, y una vez obtenido el resultado, lo socialice, y luego inicie las reparaciones a que hubiere lugar; orden\u00f3 a la Secretar\u00eda Distrital de Planeaci\u00f3n que eval\u00fae la idoneidad del perito que contrate la accionada, adem\u00e1s de que ejerza la vigilancia y control de las \u00f3rdenes de tutela, mientras que la Secretar\u00eda Distrital del H\u00e1bitat hace acompa\u00f1amiento. <\/p>\n
Debe recordarse que los litigios declarativos y las acciones de tutela surten efectos inter partes, es decir, efectos para quienes en ellos intervinieron, diferente a las acciones populares, pues el art\u00edculo 35 de la ley 472 de 1998, en su parte pertinente ense\u00f1a \u201cla sentencia tendr\u00e1 efectos de cosa juzgada respecto de las partes y del p\u00fablico en general\u201d (se resalta)\u00bb, a lo cual agreg\u00f3, lo que al respecto ha considerado la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los efectos de las decisiones tomadas en las acciones de tutela y en las populares, para en seguida se\u00f1alar, que Dentro de ese contexto, no puede admitirse la cosa juzgada, por ausencia de la identidad de partes, dado que el fallo de tutela solo cobij\u00f3 a los que promovieron esa acci\u00f3n (efecto inter partes), aspecto que limita el alcance de protecci\u00f3n no restringido en la acci\u00f3n popular. Tanto menos que en este proceso hay varias coadyuvancias por el inter\u00e9s que suscita el peligro o riesgo de los defectos constructivos de los edificios tema del litigio, como el caso del Banco Davivienda S.A., quien descorri\u00f3 el traslado de la apelaci\u00f3n, a lo cual no sobra agregar que los derechos colectivos tienen diferencias con los fundamentales, situaci\u00f3n que var\u00eda el objeto del litigio y que no permite de cualquier forma la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada. <\/p>\n
Se aportaron las copias de la acci\u00f3n de tutela 2014-292 que curs\u00f3 en el Juzgado 42 Civil Municipal, cuyo fallo de segunda instancia adopt\u00f3 unas medidas para el resguardo de derechos fundamentales. Tambi\u00e9n fue promovido incidente de desacato, el cual ha tenido m\u00faltiples vicisitudes que han dilatado e impedido ejecutar las labores que hagan cesar el riesgo o la amenaza por los defectos constructivos de los edificios en cuesti\u00f3n, al punto que la propia parte apelante resalt\u00f3 el hecho de que dicho tr\u00e1mite de desacato fue archivado, sin haber podido realizar los trabajos pertinentes. <\/p>\n
Circunstancia adicional para desestimar la cosa juzgada por supuesto agotamiento de la jurisdicci\u00f3n constitucional, en la medida en que a la postre la tutela no fue eficaz para salvaguardar los derechos colectivos, lo que es entendible, pues nunca podr\u00e1 tener el mismo \u00e1mbito de protecci\u00f3n de una acci\u00f3n popular, cuyos efectos son ultra partes, adem\u00e1s de brindar medios espec\u00edficos para seguimiento y ejecuci\u00f3n de las \u00f3rdenes encaminadas a que cese la vulneraci\u00f3n o amenaza. <\/p>\n
As\u00ed mismo puso de presente, \u00aben torno a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el agotamiento de la jurisdicci\u00f3n, cuya citaci\u00f3n no se concret\u00f3 en la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, es un planteamiento que no puede acogerse, pues antes bien, conforme a la Corte Constitucional sobre la cosa juzgada en acciones populares, es factible una nueva acci\u00f3n popular por los mismos hechos pese a que haya una sentencia negativa anterior, por cuanto los formalismos probatorios y procesales de ning\u00fan modo pueden primar sobre la necesidad de salvaguardar derechos colectivos que a\u00fan est\u00e9n amenazados, en peligro o riesgo. <\/p>\n
As\u00ed, en la acci\u00f3n de tutela se trataron derechos como la vida, vivienda digna, integridad personal, entre otros, mientras que este juicio se centr\u00f3 en los derechos colectivos previstos en los literales l), m) y n) de la ley 472 de 1998, alusivos a \u201cel derecho a la seguridad y prevenci\u00f3n de desastres previsibles t\u00e9cnicamente\u201d; \u201cLa realizaci\u00f3n de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jur\u00eddicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes\u201d; \u201cLos derechos de los consumidores y usuarios\u201d, circunscritos a los defectos constructivos del conjunto Parques de Pontevedra, por haberse presentado varias fallas que impiden el adecuado uso de las edificaciones y han puesto en riesgo la seguridad de sus habitantes, por ejemplo, el desprendimiento de emplastos de cemento en los techos de los parqueaderos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en vista de no haber identidad de partes ni de objeto, infructuosa es la excepci\u00f3n planteada por la demandada, seg\u00fan fue resuelto en la sentencia de primera instancia <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, la Colegiatura anot\u00f3 frente a la prueba oficiosa decretada por el juzgador de primera instancia, que es \u00abuna potestad-deber del juez, que aparte de lo previsto en el estatuto procesal (arts. 41, 169 y 170), est\u00e1 dispuesta de manera especial en el art\u00edculo 28 de la ley 472 de 1998, cuyo texto contempla, previo examen de conducencia, pertinencia y eficacia, que el funcionario decrete las pruebas pedidas \u201cy las que de oficio estime pertinentes\u201d (inc. 1\u00ba), adem\u00e1s de poder ordenar \u201co practicar cualquier prueba conducente\u201d (inc. 2\u00ba), al igual que \u201cordenar a las entidades p\u00fablicas y a sus empleados rendir conceptos a manera de peritos, o aportar documentos u otros informes que puedan tener valor probatorio…\u201d otros (inc. 3\u00ba). Pero la ley 472 tambi\u00e9n matiz\u00f3 y complement\u00f3 la carga probatoria del actor popular, al establecer que en caso de poderla cumplir por razones econ\u00f3micas o t\u00e9cnicas, el juez \u201cimpartir\u00e1 las \u00f3rdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de m\u00e9rito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad p\u00fablica cuyo objeto est\u00e9 referido al tema materia de debate\u2026\u201d (inciso 1\u00ba art. 30). <\/p>\n
Lo que le permiti\u00f3 a la Colegiatura criticada se\u00f1alar, que \u00abno puede afirmarse parcialidad del a quo al subsanar falencias probatorias de los demandantes mediante el decreto de pruebas de oficio, toda vez que es la ley quien le ordena adoptar esos correctivos ante la prevalencia e importancia de las acciones populares, para evitar decisiones donde no se protejan derechos colectivos amenazados o en riesgo por dificultades o carencias de distinto linaje: t\u00e9cnicas, econ\u00f3micas u otras. 7. Fue por eso que, previo a dictar sentencia, como la funcionaria de primer grado observ\u00f3 que el dictamen del ingeniero Fernando Cajiao Pab\u00f3n (a solicitud de la demandante), no brindaba la convicci\u00f3n suficiente para resolver de m\u00e9rito el asunto, en auto de 21 de abril de 2017 (folios 258-260, pdf 03), orden\u00f3 de oficio un segundo dictamen a cargo de la Universidad Nacional, \u201cpara que designe a los ingenieros civiles con especialidad en Ingenier\u00eda Geot\u00e9cnica, suelos, estructuras y concretos, con miras a determinar el estado de las vigas y pantallas as\u00ed como las especificaciones del hierro y concreto as\u00ed como el estado actual de la estructura que compone la unidad residencial Parques de Pontevedra ubicada en Av. Calle 80 No. 70 A-48 de la ciudad de Bogot\u00e1 D.C.; asimismo deber\u00e1 determinarse cualquier riesgo actual o sobreviniente de la edificaci\u00f3n que pueda comprometer la seguridad de quienes habitan dicha Propiedad Horizontal, y en caso de existir tal afectaci\u00f3n, establecer que debe hacerse para eliminar el riesgo\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, tras hacer el recuento de la oposici\u00f3n y debate que recibi\u00f3 ese medio de convicci\u00f3n de parte de la aqu\u00ed accionante, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben este caso, la parte demandada utiliz\u00f3 los mecanismos a su alcance no solo para evitar el decreto del dictamen, sino tambi\u00e9n para su pr\u00e1ctica (entre ellos el pago de expensas) y manifest\u00f3 su desacuerdo con las conclusiones de los expertos, inconformidades resueltas por el a quo mediante las providencias ejecutoriadas tra\u00eddas a colaci\u00f3n, motivo por el cual, no es viable volver en torno a esos temas con el objeto de que ese elemento de juicio sea excluido del acervo probatorio, el que, ins\u00edstese, fue legalmente decretado y practicado para el proceso, acorde con las reglas especiales del art\u00edculo 32 de la ley 472\/98\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la valoraci\u00f3n del medio suasorio en comento, expuso que \u00abno se advierte equivocaci\u00f3n, ni que las conclusiones de los peritos sean meras hip\u00f3tesis subjetivas parcializadas, porque al contrario, el trabajo denota solidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n y calidad en sus fundamentos, adem\u00e1s de no haber prueba que ponga en entredicho la idoneidad de los profesionales; los ingenieros Ismael Santamar\u00eda, Camilo R\u00edos Fresneda, Julio Esteban Colmenares Monta\u00f1ez, Ricardo Le\u00f3n Parra Arango, Juan Manuel Rafael Lizarazo Marriaga, Juli\u00e1n David Puerto Su\u00e1rez y Carlos Alberto Moncada Aristiz\u00e1bal, son miembros de la referida instituci\u00f3n educativa p\u00fablica, que ostenta innegable reconocimiento por sus calidades acad\u00e9micas. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, el claustro explic\u00f3 ampliamente cu\u00e1l fue la metodolog\u00eda aplicada, contest\u00f3 las preguntas del juzgado e hizo las observaciones complementarias y relevantes del caso. Verific\u00f3 la informaci\u00f3n de las etapas de dise\u00f1o y construcci\u00f3n del proyecto, la normatividad aplicable al tiempo de la licencia de construcci\u00f3n, realiz\u00f3 un levantamiento topogr\u00e1fico, la determinaci\u00f3n de da\u00f1os e identificaci\u00f3n de la patolog\u00eda estructural, para determinar el comportamiento de la estructura y la cimentaci\u00f3n en condiciones normales y de eventos s\u00edsmicos, y examin\u00f3 las propiedades mec\u00e1nicas de los materiales empleados, actividades realizadas con an\u00e1lisis de distintas especialidades de la ingenier\u00eda civil. <\/p>\n
El trabajo pericial concluy\u00f3 que los materiales empleados (acero y concreto), cumplen con la resistencia establecida en normas nacionales, seg\u00fan ensayos en probetas. Precis\u00f3 que los asentamientos promedio exceden aproximadamente 25 veces la magnitud esperada los estudios de suelos, adem\u00e1s las pantallas soportan presiones laterales del suelo del s\u00f3tano que est\u00e1n en \u00e1rea de influencia de los pilotes de las torres, situaci\u00f3n que genera el desplazamiento de las torres y tiende a hundir las pantallas preexcavadas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo resalt\u00f3, que \u00abfrente a los reparos y las objeciones presentadas por la demandada, la Universidad Nacional las contest\u00f3 de manera clara y t\u00e9cnica en escrito visto en los folios 572 a 602 del pdf 3, en donde dej\u00f3 claro que las conclusiones no son meras hip\u00f3tesis, sino que se trata de evidencias en campo recopiladas, anex\u00f3 fotograf\u00edas y explic\u00f3 en forma detallada cada defecto con c\u00e1lculos de ingenier\u00eda y gr\u00e1ficas. Prec\u00edsase que ese dictamen es el m\u00e1s completo y reciente que se ha practicado sobre el conjunto Parques de Pontevedra, mientras que los dem\u00e1s informes t\u00e9cnicos son anteriores y est\u00e1n desprovistos de los estudios pormenorizados que s\u00ed practic\u00f3 la Universidad Nacional, incluidas pruebas de laboratorio, para lo cual se destin\u00f3 una alta suma de expensas necesarias, superior a los $400.000.000, monto que fue destinando de manera puntual seg\u00fan detall\u00f3 en la relaci\u00f3n de gastos que present\u00f3 junto con la experticia\u00bb. <\/p>\n
4. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por la sociedad gestora del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de la normatividad adjetiva y sustancial aplicable, y el atendible an\u00e1lisis de los medios de prueba por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa realizada por el juzgador convocado, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
Y ello es as\u00ed, porque tal y como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, el Tribunal expuso los motivos para descartar la cosa juzgada respecto de una acci\u00f3n de tutela tramitada con anterioridad, circunscritos a la diferencia de partes, efectos de la decisi\u00f3n, y derechos objeto de protecci\u00f3n, para en seguida encontrar acertado el decreto probatorio oficioso de un dictamen pericial realizado por el a quo, y la valoraci\u00f3n que de ese medio de convicci\u00f3n se realiz\u00f3, del cual resalt\u00f3 el amplio debate que recibi\u00f3 durante la primera instancia y la solidez de las conclusiones que aport\u00f3, todo lo cual le permiti\u00f3 soportar adecuadamente la decisi\u00f3n finalmente tomada. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pueda ser de la postura del juzgador convocado, como la sola divergencia conceptual expuesta por la actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9389-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC9389-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02372-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Pijao […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55821","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55821","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55821"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55821\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55821"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55821"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55821"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}