STC9402-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9402-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02333-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Armando Rodr\u00edguez \u00c1ngel contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abde igualdad y\u2026 debido proceso\u00bb que estima lesionados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
Dice que dentro del \u00faltimo inmueble mencionado, se encuentra otro \u00abde unas 50 hect\u00e1reas\u00bb llamado \u00abEl Quind\u00edo\u00bb, sobre el cual, \u00e9l junto con sus hermanos, formularon demanda de pertenencia 2018-00081 que actualmente cursa en el Juzgado Promiscuo Municipal de Ubaque. <\/p>\n
Comenta que para la restituci\u00f3n del predio \u00abHoyo de Cruz Verde\u00bb la c\u00e9lula judicial de C\u00e1queza comision\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Ubaque, despacho que llev\u00f3 a cabo la diligencia el 27 de febrero de 2020, dentro de la cual uno de los demandantes del proceso 2018-00081 formul\u00f3 oposici\u00f3n \u00abargumentando que tramita proceso de pertenencia en contra de Roberto Antonio\u2026 solicitando que se declarara la prescripci\u00f3n adquisitiva de una franja de terreno\u2026 con una extensi\u00f3n de 49 hect\u00e1reas\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que con auto del pasado 3 de febrero el Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza neg\u00f3 la oposici\u00f3n \u00abaduciendo la inexistencia de pruebas que demuestre la posesi\u00f3n del bien y que evidencien el animus y el corpus propios de la pertenencia del predio\u00bb. <\/p>\n
Afirma que contra la anterior determinaci\u00f3n se formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, resuelto por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca el 28 de abril siguiente, en el sentido de confirmar lo decidido. <\/p>\n
3. El actor considera que los juzgadores, tanto de primera como de segunda instancia, omitieron \u00abtener en cuenta que la presentaci\u00f3n y aceptaci\u00f3n de la demanda de pertenencia\u2026 N\u00b0 2018-00081, constituye sin dida prueba sumaria de los actos que derivan en el ejercicio de la posesi\u00f3n con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, m\u00e1xime cuando en los anexos\u2026 existen pruebas documentales que dan cuenta de los actos de posesi\u00f3n\u00bb <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, y sin atribuir defecto alguno a las providencias, solicita \u00abse conceda la oposici\u00f3n a la entrega del bien rural denominado \u201cEl Quind\u00edo\u201d\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Civil del Circuito de C\u00e1queza, luego de informar brevemente las actuaciones surtidas con relaci\u00f3n a la entrega del bien restituido, pidi\u00f3 negar el auxilio constitucional por cuanto \u00aben las actuaciones\u2026 no se vulner\u00f3 el derecho de defensa por cuanto los se\u00f1ores Rodr\u00edguez \u00c1ngel sab\u00edan de la diligencia\u2026 toda vez que estaban preparados con abogado\u2026\u00bb dijo que si no valor\u00f3 las pruebas existentes al interior del proceso de pertenencia en el que el aqu\u00ed actor funge como demandante, fue porque \u00abno fueron allegadas en el tr\u00e1mite de oposici\u00f3n, ni el d\u00eda de la diligencia, ni posteriormente [pues] lo \u00fanico aportado fue una certificaci\u00f3n de dicho proceso sobre su existencia y el estado en el que se hallaba\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, la Juez Promiscuo Municipal de Ubaque solicit\u00f3 no acceder al amparo en lo que a ese despacho respecta comoquiera que su intervenci\u00f3n, dentro del tr\u00e1mite procesal fustigado, se limit\u00f3 a auxiliar una comisi\u00f3n emanada del Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza para la entrega del predio \u00abHoyo de Cruz Verde\u00bb. <\/p>\n
3. Roberto Antonio Garz\u00f3n Guevara, vinculado al presente tr\u00e1mite como tercero con inter\u00e9s, se limit\u00f3 a dar cuenta de lo que considera es la \u00absituaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb de los predios objeto de disputa (lo que debe ser examinado por los jueces naturales), pero sin referirse en concreto a las decisiones sobre las que se cierne el presente amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si el Tribunal Superior de Cundinamarca vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas por Armando Rodr\u00edguez \u00c1ngel, al confirmar el auto por medio del cual el Juzgado Civil del Circuito de C\u00e1queza desestim\u00f3 la oposici\u00f3n formulada frente a la entrega del predio denominado \u00abHoyo de Cruz Verde\u00bb, desconociendo, supuestamente, la existencia de un proceso de pertenencia iniciado por \u00e9l, junto con sus hermanos, sobre una franja del terreno de dicho inmueble. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Si bien Armando Rodr\u00edguez \u00c1ngel extiende el reclamo a cuestionar las decisiones adoptadas en ambas instancias, el examen que har\u00e1 la Corte se circunscribir\u00e1 exclusivamente al auto de segundo grado proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca el pasado 28 de abril, por cuanto fue el que defini\u00f3, en sede ordinaria, la cuesti\u00f3n planteada por el quejoso, habida cuenta que, tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de la providencia de primer nivel pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
Aclarado lo anterior, se advierte la improcedencia del resguardo, comoquiera que la determinaci\u00f3n de la aludida colegiatura, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n aducidos para el estudio de la oposici\u00f3n a la entrega formulada por dentro de la actuaci\u00f3n en la que el quejoso es codemandante. <\/p>\n
En efecto, el tribunal accionado luego de un breve recuento procesal identific\u00f3 los motivos de disenso, se\u00f1alando que el opositor, hermano del aqu\u00ed convocante, \u00abaleg[\u00f3] que en la diligencia\u2026 se recepcion\u00f3 su declaraci\u00f3n que deb\u00eda reposar en el despacho comisorio y presentado pruebas sumarias que demostraban que exist\u00eda \u201cpleito sin resolver\u201d, siendo entonces inaceptable que se entregara el inmueble sin que se fallara el proceso de pertenencia por \u00e9l iniciado\u00bb de Comercio, por lo que no ha fenecido la oportunidad para impetrar la acci\u00f3n judicial\u00bb <\/p>\n
Indic\u00f3 que el referido interviniente aport\u00f3 como pruebas del tiempo que dice llevar poseyendo el predio, \u00abel poder otorgado\u2026 copia de la demanda y el auto admisorio, certificaci\u00f3n del estado del proceso y planos del \u00e1rea de la cuota parte reclamada\u00bb, aduciendo que \u00absi fue aceptada [la] demanda de pertenencia\u2026 y se le est\u00e1 dando el tr\u00e1mite es porque existen los elementos necesarios para aceptarla y tramitarla y que solamente cuando se defina esta demanda, estas pruebas ser\u00edan fehacientes o contundentes y no antes\u00bb. <\/p>\n
Sobre dichos cuestionamientos y luego de referirse a la carga de la prueba, la corporaci\u00f3n querellada dijo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Correspond\u00eda al ac\u00e1 recurrente, en orden de lograr el \u00e9xito de la oposici\u00f3n a la entrega, a la luz de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 509 del C.G.P. [sic], demostrar que ejerc\u00eda posesi\u00f3n sobre una franja de terreno del inmueble a cuya entrega se opon\u00eda, probando al menos sumariamente, actos de los cuales pudiera derivarse que ejerc\u00eda posesi\u00f3n con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
Pero ocurre que, como \u00e9l mismo lo admite, aport\u00f3 copia de la demanda de pertenencia que inici\u00f3\u2026 poderes y plano de la franja reclamada y dem\u00e1s anexos presentados en el proceso\u2026 que se tramita ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Ubaque y una certificaci\u00f3n del estado del mismo; sin ninguna otra prueba adicional, pues ni se oy\u00f3 en interrogatorio al opositor en la diligencia de entrega ni se pidi\u00f3 prueba alguna en el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n que el a quo adelanto para decidir la incidencia, conforme lo regulado en los numerales sexto y s\u00e9ptimo del art\u00edculo 509 [sic] ib\u00eddem. <\/p>\n
(\u2026) esos medios de prueba son insuficientes para derivar que se cumple la carga que al opositor incumb\u00eda, la existencia de la posesi\u00f3n alegada, siendo entonces el \u00fanico sustento de su afirmaci\u00f3n el dicho del opositor y su reiteraci\u00f3n en la demanda formulada. <\/p>\n
Para la colegiatura ad quem la postura del recurrente (opositor), de que los insumos aportados con la oposici\u00f3n eran suficientes para sustentarla, no fue de recibo pues lo que con ellos se acreditaba era: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que se formul\u00f3 una demanda de pertenencia que reuni\u00f3 los requisitos legales y que por ello fue admitida, pero no que sea el all\u00e1 actor y ac\u00e1 opositor poseedor de la franja del inmueble que all\u00e1 pretende, pues ese asunto sustancial en el debate que all\u00e1 propone, si es o no poseedor, solo se resolver\u00e1 en la sentencia que en el mismo se emita. <\/p>\n
Y si bien es cierto que el pedir pruebas en el tr\u00e1mite incidental, seg\u00fan lo reglado en los numerales sexto y s\u00e9ptimo del art\u00edculo 309 ibidem, no es un deber procesal para el opositor, tambi\u00e9n lo es que s\u00ed constituye una carga procesal, que como tal no puede exigir coercitivamente su observancia, pero que su no ejercicio \u201cacarrea consecuencias procesales desfavorables que pueden repercutir tambi\u00e9n desfavorablemente sobre los derechos sustanciales que en el proceso se ventilan\u201d\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, con la refrendaci\u00f3n de la decisi\u00f3n discutida al no evidenciar \u00aben las alegaciones del apelante sustento que demerite la providencia apelada\u2026 pues no se demostr\u00f3 que [el opositor] ejerciera la posesi\u00f3n de la franja de terreno del predio de mayor extensi\u00f3n objeto de la entrega\u00bb <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n se encuentra debidamente sustentada y contiene un criterio razonable, en tanto que en ella se decantaron los fundamentos jur\u00eddicos que sirvieron de soporte para negar la oposici\u00f3n formulada frente a la entrega del predio vinculado a la actuaci\u00f3n, por incumplimiento de la carga probatoria m\u00ednima que ten\u00eda el opositor, de acuerdo con el art\u00edculo 167 del Estatuto Procesal General; observ\u00e1ndose que las discrepancias planteadas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que se busca es anteponer la propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica por encima de la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela pues no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
En el presente asunto, el gestor del resguardo no atribuye defecto alguno a las determinaciones que cuestiona y lo que en realidad hace es insistir en puntos que fueron estudiados y resueltos al interior de la actuaci\u00f3n ordinaria por los funcionarios facultados para ello, en las instancias respectivas, con apoyo en los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial, de all\u00ed que, no se evidencie la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone negar el amparo porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda y lo pretendido por el demandante es desconocer la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional, al buscar imponer su particular comprensi\u00f3n jur\u00eddica, sustituyendo a los funcionarios de instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9402-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC9402-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02333-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Armando Rodr\u00edguez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55824","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55824","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55824"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55824\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55824"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55824"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55824"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}