STC9403-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC9403-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02366-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Yonaira del Carmen Fern\u00e1ndez Bernier contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, y el Juzgado Primero Penal del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2011-00036. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Riohacha el 19 de febrero de 2020 la conden\u00f3 a la pena de 90 meses de prisi\u00f3n y multa de \u00ab$33\u2019827.000\u00bb por el delito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n\u00bb, sanciones confirmadas por la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial en fallo del 22 de septiembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n del tribunal; empero, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en providencia del 17 de febrero de 2021 lo inadmiti\u00f3, aunque, de oficio, redujo la multa impuesta. <\/p>\n
Acusa las anteriores determinaciones de incurrir en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria. As\u00ed mismo, afirma que se vulner\u00f3 su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n dado que no fue notificada de la realizaci\u00f3n de varias de las audiencias surtidas ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Riohacha, pues las citaciones se dirigieron a una direcci\u00f3n \u00aberrada\u00bb; adicionalmente se queja porque no cont\u00f3 con un abogado de su confianza que la representara en el juicio, ya que el despacho le design\u00f3 uno de oficio que \u00abno se comunic\u00f3 [\u2026] ni realiz\u00f3 gesti\u00f3n alguna (\u2026) a pesar que en el proceso se encontraban registrados mis datos\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, a\u00f1adi\u00f3 que, \u00abla designaci\u00f3n de un defensor de oficio no es un acto potestativo del juez, deben darse las condiciones espec\u00edficas y agotarse el requerimiento al enjuiciado para que designe a su apoderado de confianza. En mi caso el Juez debi\u00f3 ser diligente, pues no se percat\u00f3 que la comunicaci\u00f3n que me enviaron no iba a llegar porque nunca he residido en la ciudad de Riohacha, sino en la ciudad de Maicao [\u2026] y es a esta ciudad a la que corresponde la direcci\u00f3n que suministr\u00e9 en mis indagatorias\u00bb. <\/p>\n
Relata entonces que la investigaci\u00f3n penal tuvo su origen en los pagos irregulares de cesant\u00edas que se efectuaron a varias personas, ajenas todas ellas a la secretar\u00eda de educaci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n de La Guajira, y, en su condici\u00f3n de directora administrativa de la oficina de talento humano de ese ente territorial, suscribi\u00f3 los actos administrativos de reconocimiento y aprobaci\u00f3n de dichos emolumentos pero, asevera, no haber actuado con dolo, pues desconoc\u00eda las anomal\u00edas detr\u00e1s de ellos. <\/p>\n
Finalmente, de la actuaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, recrimina que, \u00ab(\u2026) no se [hizo] justicia cuando [\u2026] solo se limit[\u00f3] a revisar si la dosificaci\u00f3n de la pena fue adecuada, dejando de lado el an\u00e1lisis de los hechos y las pruebas con base en las cuales fui condenada a 90 meses de prisi\u00f3n [\u2026] las motivaciones de los jueces no fueron m\u00e1s que interpretaciones subjetivas propias de una responsabilidad objetiva\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00ab(\u2026) dejar sin efectos la sentencia de fecha 17 de febrero de 2021 que cas\u00f3 oficiosamente el fallo del tribunal respecto al monto de la multa que se me hab\u00eda impuesto, y ordenarle que revise integralmente la sentencia del tribunal y produzca un nuevo fallo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que efectivamente, en decisi\u00f3n del 17 de febrero de 2021 cas\u00f3 oficiosamente el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Riohacha \u00abpara modificar la multa fij\u00e1ndola en $29\u2019901.407 monto se\u00f1alado por la fiscal\u00eda en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n [\u2026] en esa medida la Sala procedi\u00f3 a hacer congruente los cargos de la acusaci\u00f3n con la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Riohacha relacion\u00f3 las incidencias de la actuaci\u00f3n penal surtida ante ese despacho bajo el rito procesal de la ley 600 de 2000, donde dict\u00f3 fallo condenatorio el 19 de febrero de 2020 por el delito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n\u00bb y declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal de los punibles de \u00abprevaricato por acci\u00f3n y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
3. El jefe de la oficina jur\u00eddica de la Gobernaci\u00f3n de la Guajira inform\u00f3 que, esa entidad territorial fue reconocida como v\u00edctima en el tr\u00e1mite penal en cuesti\u00f3n y, sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, manifiesta atenerse a las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, refrendadas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
4. El fiscal 13 Especializado de la Unidad Nacional Anticorrupci\u00f3n manifest\u00f3 que, en lo que le correspondi\u00f3 actuar dentro de la causa adelantada contra Fern\u00e1ndez Bernier, la etapa de instrucci\u00f3n \u00abfue desarrollada dentro del rigor de la ley\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala Penal, del Tribunal Superior de Riohacha, por intermedio de uno de sus magistrados defendi\u00f3 la sentencia que profiri\u00f3 esa colegiatura en el juicio penal que involucr\u00f3 a Fern\u00e1ndez Bernier, la cual se limit\u00f3 a resolver los reparos concretos de la apelaci\u00f3n, que se fundaron en la teor\u00eda de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y la falta de prueba que demostrara la responsabilidad penal \u00ab(\u2026) los cuales fueron debidamente contestados en la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 este tribunal, por lo tanto, no puede alegar en estos momentos una falta de defensa t\u00e9cnica y material, cuando ello no fue alegado dentro del interior del proceso penal, adem\u00e1s, la procesada siempre estuvo atenta a las decisiones y notificaciones que se dieron en el transcurso del proceso, en donde se le respet\u00f3 en todo momento su debido proceso y derecho a la defensa, lo cual se vio reflejado cuando se concedi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y el traslado para que lo sustentara su defensor de confianza\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron la prerrogativa fundamental denunciada dentro del proceso penal radicado n\u00ba 2011-00036, al condenarla a la pena de 90 meses de prisi\u00f3n y multa de \u00ab$29\u2019901.407\u00bb, por el delito de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n\u00bb, incurriendo en v\u00eda de hecho, supuestamente, por indebida valoraci\u00f3n probatoria; as\u00ed mismo, por desconocerse que no fue notificada de la realizaci\u00f3n de varias audiencias en la primera instancia y de la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. La actora plante\u00f3 discrepancias contra las determinaciones proferidas por los jueces de instancia y la Hom\u00f3loga Penal, criticando con \u00e9nfasis la valoraci\u00f3n probatoria y apreciaci\u00f3n del contexto de los hechos punibles, por cuanto, asegura, no se logr\u00f3 desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia que la cobija ni, especialmente, demostrar que actu\u00f3 con dolo o \u00abmala fe\u00bb al suscribir los actos administrativos irregulares que dieron lugar al inicio de la investigaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, sostuvo que actu\u00f3 \u00abasaltada en la buena fe [\u2026] convencida que el se\u00f1or Carlos Alberto D\u00edaz Daza [profesional universitario de la secretar\u00eda de educaci\u00f3n, encargado de recibir, revisar y proyectar los actos administrativos] obraba conforme a la ley cuando me presentaba los soportes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 en tal sentido que, \u00abCuando se labora como funcionario p\u00fablico trabajando por tantos a\u00f1os en una misma Entidad y, compartiendo tareas con otros funcionarios a los que se le ha depositado la m\u00e1xima confianza, uno no tiene porqu\u00e9 partir de la mala fe o presumir que lo que est\u00e1 haciendo la otra persona viola la ley. Lo expliqu\u00e9 en mis indagatorias y en el proceso se demostr\u00f3: ninguno de los documentos era creados por la suscrita, todo el proceso de verificaci\u00f3n y auditaje sobre el cumplimiento de los requisitos para el retiro de cesant\u00edas se constru\u00eda antes, yo solo firmaba, y mi gran pecado fue firmar convencida de la autenticidad de la documentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Recalc\u00f3 que, \u00ab(\u2026) el derecho moderno ha creado en los \u00e1mbitos de divisi\u00f3n de funciones el principio de confianza, que se refiere a que quien cumple con las reglas de la actividad que est\u00e1 realizando tiene derecho a confiar en que los dem\u00e1s que participan en la misma tambi\u00e9n lo hagan. Yo no ten\u00eda porqu\u00e9 desconfiar del se\u00f1or CARLOS ALBERTO D\u00cdAZ DAZA, sin embargo, cuando me di cuenta de que hab\u00eda sido asaltada en mi buena fe lo denunci\u00e9, y as\u00ed est\u00e1 probado en el expediente\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, Cuestiona de la determinaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que omitiera analizar ese aspecto de la culpabilidad, es decir, que fuera m\u00e1s all\u00e1 de la correcci\u00f3n del monto de la pena de multa y que revisara \u00ab(\u2026) los elementos estructuradores del delito, pues no valor\u00f3 mi condici\u00f3n de v\u00edctima por haber cre\u00eddo de buena fe en el se\u00f1or CARLOS ALBERTO D\u00cdAZ DAZA. Parece que en nuestro pa\u00eds solo es posible valerse de una prueba diab\u00f3lica para desvirtuar el dolo y fundar el principio universal de la buena fe\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, n\u00f3tese, alegatos as\u00ed formulados son incompatibles con este auxilio, pues son clara evidencia que la gestora del amparo pretende anteponer su propia comprensi\u00f3n a la de los funcionarios accionados y atacar, por esta senda, decisiones que le fueron desfavorables, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que, dada su naturaleza excepcional no fue establecido para erigirse como una instancia m\u00e1s o paralela del juicio ordinario. <\/p>\n
Adem\u00e1s, incumbe a quien ejercite la acci\u00f3n de amparo contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la valoraci\u00f3n probatoria o aplicaci\u00f3n de una normativa espec\u00edfica, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando el labor\u00edo del fallador, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Entonces, observa la Corte que en realidad lo que hace la tutelante es insistir en puntos agotados y resueltos de fondo en los escenarios rese\u00f1ados por los jueces de la causa en virtud de sus espec\u00edficas competencias, es decir, lo que contienen sus argumentos es un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En este evento, la intenci\u00f3n de la querellante es que se otorgue validez a su personal apreciaci\u00f3n sobre los hechos en los que result\u00f3 involucrada y la forma en que debieron estimarse de cara a establecer su responsabilidad penal en los mismos; en todo caso, un examen que implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Finalmente, cabe se\u00f1alar que con suficiencia la Corte ha dicho que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
3.2. Pese a lo que viene de considerarse para determinar el fracaso del auxilio, es pertinente agregar que, los reparos sobre la valoraci\u00f3n probatoria fueron abordados en sede de casaci\u00f3n por la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n (AP420-2021, 17 febrero de 2021, rad. 58931), concluyendo que no fueron adecuadamente formulados conforme la t\u00e9cnica exigida; tras examinar los aspectos cr\u00edticos del \u00fanico cargo planteado manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl casacionista propone como \u00fanico cargo un error de hecho por falso juicio de existencia por omisi\u00f3n de la prueba que mostrar\u00eda la ausencia del dolo propio de la coautor\u00eda\u00bb. <\/p>\n
El recurrente olvida que el falso juicio de existencia, en la especie de omisi\u00f3n se configura cuando la prueba legal y oportunamente practicada e incorporada a la investigaci\u00f3n, es omitida integralmente en el fallo. <\/p>\n
Entonces, se equivoca al proponer dicha clase de error en relaci\u00f3n con el Decreto 344 de 1998 y las injuradas de Dinelson Meza Aguilar y Mario Antonio Acosta Hern\u00e1ndez. En la demanda, el recurrente cita la parte de la sentencia en la que el tribunal aprecia el contenido de la citada disposici\u00f3n legal, mientras los juzgadores se refieren a la participaci\u00f3n de aquellos en los hechos investigados, tal como se aprecia en el fallo de primera instancia, que conforma una unidad jur\u00eddica inescindible con el de segunda. <\/p>\n
En este caso, lo pertinente era acudir al falso juicio de identidad y mostrar que el juzgador tergivers\u00f3 la prueba al adicionar, mutilar o alterar su expresi\u00f3n literal, debiendo confrontar esta con la sentencia para hacer patente el vicio. <\/p>\n
Al margen de esta equivocaci\u00f3n, aunque acredita que los testimonios de Luis Eduardo Medina, Yimmi Walter Mesa L\u00f3pez, Alexis Marina Aguilar Cort\u00e9s y Esmel Enrique Peralta Castillo no fueron apreciados ni valorados por los juzgadores, a pesar de haber sido practicados e incorporados al proceso, no ense\u00f1a su eficacia probatoria para modificar la sentencia atacada en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es preciso advertir que el error se estructura no por la omisi\u00f3n de cualquier prueba, sino de aquella que por su entidad y fuerza persuasiva incide en el fallo atacado, toda vez que de haberse tenido en cuenta lo modificar\u00eda en su sentido\u00bb. <\/p>\n
Frente al t\u00f3pico del grado de culpabilidad y el principio de confianza que se aleg\u00f3 prevaleci\u00f3 en su actuar, dijo la Sala Especializada, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De otro lado, la invocaci\u00f3n del principio de confianza a partir de lo dicho por Mesa L\u00f3pez, sin confrontarlo con las pruebas documentales y testimoniales que los juzgadores tuvieron en cuenta para sustentar la condena de la acusada, es un ejercicio insular del alcance que el casacionista le otorga a dicha prueba pero que no acredita su importancia frente a las conclusiones de la sentencia. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el libelista invoca la sana cr\u00edtica y expresa que como la indagatoria es un medio de defensa y de prueba a la vez, la de la procesada \u201cest\u00e1 en concordancia con todas las tomadas en la investigaci\u00f3n, excepto la de Carlos D\u00edaz Daza\u201d, del mismo modo admite que \u201cYONAIRA FERN\u00c1NDEZ firm\u00f3 las resoluciones en conflicto, pero que tuviera conciencia de la ilicitud, no est\u00e1 probado y es que el Tribunal de Riohacha no mira el aspecto subjetivo de la conducta\u201d. <\/p>\n
Esta forma de argumentar revela una vez m\u00e1s su disentimiento con el criterio de los juzgadores respecto del valor probatorio reconocido a la versi\u00f3n de la inculpada y a la prueba que acredita su participaci\u00f3n en la ilicitud, sin mostrar que la declaraci\u00f3n omitida tenga la capacidad de desvirtuar los sustentos probatorios del fallo impugnado. <\/p>\n
En este sentido, el casacionista se equivoca cuando pretende mostrar el m\u00e9rito suasorio de la prueba ignorada con su propio an\u00e1lisis de la que a su juicio merece la tenida en cuenta por los juzgadores, desconociendo que en el sistema de persuasi\u00f3n racional prevalece el de estos mientras no se aparte de las reglas de la sana cr\u00edtica, en cuyo caso el error ser\u00eda de otra naturaleza. <\/p>\n
Por eso, las cr\u00edticas al tribunal por no tener \u201cen cuenta que las resoluciones falsas salieron de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n, hechas por Carlos Alberto D\u00edaz Daza\u201d, y la supuesta omisi\u00f3n de aspectos f\u00e1cticos demostrativos del actuar \u00e9tico de la acusada, para lo cual el casacionista acude al hecho relacionado con Dayana Catherine Plata Daza y mencionado por Luis Eduardo Medina, el cual es atribuido \u00fanicamente a D\u00cdAZ DAZA e investigado en otro proceso, muestran su inconformidad con la condena y la irrelevancia de la prueba omitida.\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, puntualiz\u00f3 la Hom\u00f3loga, que las postulaciones de la ac\u00e1 accionante en realidad constitu\u00edan alegatos propios de instancia, con el prop\u00f3sito de que su criterio prevalezca por sobre el del juzgador. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, se reitera, no encuentra esta Sala configurada la v\u00eda de hecho que se denuncia, ya que las consideraciones expuestas, tanto por el Tribunal Superior de Riohacha al refrendar la sentencia del a quo como de la Sala Especializada acusada al inadmitir la demanda de casaci\u00f3n, resultan razonadas, sin que devenga pertinente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno a esas conclusiones. <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales. La subsidiariedad. <\/p>\n
De los reproches relacionados con la supuesta falta de notificaci\u00f3n por parte del juzgado de primer grado respecto de varias de las diligencias que se adelantaron en el juicio, y de la afectaci\u00f3n de su derecho a la defensa t\u00e9cnica por no haber contado con un apoderado de su confianza, habr\u00e1 de indicarse que fueron aspectos que debieron ser objeto de oportuna invocaci\u00f3n a trav\u00e9s de los recursos empleados en cada una de las instancias, inclusive en sede de casaci\u00f3n, a fin de que, tanto el ad quem como la corporaci\u00f3n de cierre de la jurisdicci\u00f3n penal, tuvieran la posibilidad de abordarlos en su oportunidad. <\/p>\n
Es decir, sin haberse puesto de manifiesto tales circunstancias, los jueces de la causa no estar\u00edan llamados a responder por alegaciones que no se formularon dentro de los cauces normales del proceso, sino que, vinieron a exponerse a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
De manera que, aspirar a que por esta v\u00eda se acojan motivos ajenos a la discusi\u00f3n procesal que se resuelve en cada una de los escenarios judiciales, implica la desnaturalizaci\u00f3n de esta herramienta constitucional dado el eminente car\u00e1cter subsidiario y residual que la gobierna, lo que impide al juez de tutela inmiscuirse en las decisiones proferidas bajo los supuestos f\u00e1cticos y de derecho que tuvieron lugar en el proceso o emprender debates que no fueron suscitados por los interesados en la etapa pertinente. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Lo pretendido por la accionante resulta improcedente, toda vez que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, ya que lo que persigue es imponer una determinada tesis sustituyendo al fallador de la causa, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
5.2. No es ante el juez constitucional sino ante el de conocimiento, donde deben plantearse las alegaciones en torno a los presuntos vicios de los que pueda adolecer el proceso, puesto que la improcedencia del resguardo se aviene no solo por el concreto desaprovechamiento de los recursos o medios de impugnaci\u00f3n, sino por omitir en ellos los argumentos que se traen v\u00eda tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9403-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA STC9403-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02366-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Yonaira del Carmen Fern\u00e1ndez Bernier contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55825","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55825","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55825"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55825\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55825"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55825"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55825"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}