STC9408-2021 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9408-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02392-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Enrique Ardila Franco contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el incidente de desacato dentro de la tutela n\u00b0 2020-00120. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre como director de Reparaciones de la Unidad Administrativa Especial para la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre, libertad y \u00abpatrimonio\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, al resolver el tr\u00e1mite incidental antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que mediante sentencia proferida en segunda instancia por la sala enjuiciada el 7 de septiembre de 2020, revoc\u00f3 la que hab\u00eda dictado el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva el 17 de julio de la misma anualidad, y como consecuencia ampar\u00f3 \u00ablos derechos al debido proceso administrativo y de petici\u00f3n de la se\u00f1ora Luisa Fernanda Molano Losada\u00bb, orden\u00e1ndole a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV, \u00abque en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de [esa] decisi\u00f3n, informe [a la accionante] el monto y la fecha, plazo o turno probable en el que se pagar\u00e1 la indemnizaci\u00f3n reconocida mediante resoluci\u00f3n N\u00b0 04102019-137185 del 14 de diciembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
Que el 8 de septiembre de 2020 inform\u00f3 sobre \u00abla no favorabilidad conforme al m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, el cual concluy\u00f3 que para la se\u00f1ora Luisa Fernanda Molano Losada no era procedente materializar la entrega de la indemnizaci\u00f3n\u00bb; no obstante, el juzgado dio tr\u00e1mite a incidente de desacato que el 26 de octubre de 2020 \u00absancion\u00f3 por primera vez al suscrito, con arresto de un (1) d\u00eda y multa de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb, decisi\u00f3n que no aval\u00f3 el ad quem porque \u00abdecidi\u00f3 declarar la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, a partir del auto del 18 de septiembre de 2020\u00bb. Empero, renovada la actuaci\u00f3n, con auto del 11 de diciembre de 2020, impuso la misma sanci\u00f3n que hab\u00eda sido invalidada, al considerar que \u00aba\u00fan no se hab\u00eda dado cumplimiento al fallo de tutela (\u2026), sin tener en cuenta los informes detallados y entregados en distintas oportunidades al despacho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que en sede de consulta, las sanciones fueron confirmadas por el tribunal mediante providencia del 18 de diciembre de 2020, ante lo cual el hoy accionante elev\u00f3 solicitud de \u00abinaplicaci\u00f3n de las sanciones\u00bb, explicando que del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n surg\u00eda \u00abLA IMPOSIBILIDAD DE DAR FECHA CIERTA Y\/O PAGAR LA INDEMNIZACI\u00d3N ADMINISTRATIVA, toda vez que la entidad deb\u00eda ser respetuosa del procedimiento establecido en la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019 y del debido proceso administrativo\u00bb, lo que fue desestimado con auto del 26 de enero de 2021; luego pidi\u00f3 \u00absuspender la sanci\u00f3n hasta tanto se diera aplicaci\u00f3n nuevamente al m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n. Sin embargo, el juzgado, en auto del 04 de febrero de 2021, no accede a la suspensi\u00f3n de la sanci\u00f3n, por considerar que la Unidad para las V\u00edctimas ha incurrido en peticiones reiterativas, que trata el art\u00edculo 19 de la ley 1755 de 2015\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene a la autoridades querelladas \u00abmodular los efectos del fallo en cumplimiento de la sentencia SU-034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional en la medida que se cumpli\u00f3 con la orden al expedir la Resoluci\u00f3n No. 04102019-137185 del 14 de diciembre de 2019, con fundamento en la Resoluci\u00f3n No. 01049 de 2019, que reconoci\u00f3 el derecho a la entrega de la indemnizaci\u00f3n a LUISA FERNANDA MOLANO LOSADA y dispuso la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n (\u2026); ORDENAR declarar cumplido el fallo proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela presentada por la se\u00f1ora LUISA FERNANDA MOLANO LOSADA\u00bb. De igual modo, se \u00abdeje sin efectos los autos fechados el 26 de enero de 2021 y 04 de febrero de 2021 proferidos por el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, los cuales niegan las solicitudes de inaplicaci\u00f3n de las sanciones de arresto y multa (\u2026), y se imponga a los accionados acatar los precedentes jurisprudenciales \u00abfrente a la procedencia del levantamiento de la sanci\u00f3n, previa acreditaci\u00f3n del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n de segundo grado objeto de controversia, inform\u00f3 que la decisi\u00f3n mediante la cual esa colegiatura confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta al hoy accionante, \u00abse fundament\u00f3 en que, durante el tr\u00e1mite del incidente de desacato (\u2026), no cumpli\u00f3 el fallo de tutela de 7 de septiembre de 2020, mismo que fue confirmado por esta Corporaci\u00f3n\u00bb, e indic\u00f3 que si bien \u00abes necesario para el caso particular la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n, esta circunstancia no era excusa para desobligarse del obedecimiento de la orden, atendiendo lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional, [seg\u00fan la cual] en garant\u00eda del debido proceso de la indemnizaci\u00f3n administrativa, es deber indicar el plazo razonable o turno para hacer efectivo el pago, por lo que ser\u00eda necesario establecer de manera concreta cu\u00e1ndo se le pagar\u00eda a la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Cuarta de Familia de Neiva, remiti\u00f3 copia digitalizada del expediente y explic\u00f3 que conforme a lo dispuesto por su superior funcional, procedi\u00f3 a ejecutar el fallo de tutela, observando para ello \u00abel debido proceso y el derecho de defensa y contradicci\u00f3n al demandado\u00bb, y en atenci\u00f3n a ello solicit\u00f3 \u00abse despachen desfavorablemente las pretensiones de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas superiores invocadas por el accionante, porque: (i) la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, confirm\u00f3 las sanciones por desacato a fallo de tutela, impuestas al tutelante como funcionario responsable de la Unidad Administrativa Especial para la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013 UARIV, y (ii) el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, deneg\u00f3 la inejecuci\u00f3n a las sanciones en comento. <\/p>\n
2. De la tutela contra actuaciones surtidas dentro de un incidente de desacato. <\/p>\n
La reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que, en principio, la salvaguarda no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial, y que s\u00f3lo excepcionalmente puede acudirse a ella, en los casos en los que el funcionario profiera alguna decisi\u00f3n caprichosa o arbitraria, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y no disponga de otros medios efectivos de defensa judicial. <\/p>\n
A tono con lo anterior, cuando la tutela se enfila contra lo resuelto al interior de un incidente de desacato de fallo proferido en acci\u00f3n de similar rango constitucional, por regla general su abordaje se muestra impertinente, ya que: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos (\u2026), [ya que] es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, citada entre otras en STC5665-2021, 21 may. 2021, rad. 01435-00). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la decisi\u00f3n que define el tr\u00e1mite incidental, puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, cuando se extraiga con solvencia la violaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05), y que \u00abla procedibilidad del amparo contra las providencias proferidas en el curso del incidente de desacato es entonces de car\u00e1cter excepcional, y para que se configure es preciso (i) que se verifique el cumplimiento de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, y (ii) que se acredite la existencia de una causal espec\u00edfica de procedibilidad\u00bb (CC T-482\/13). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente queja constitucional y cotejados con la actuaci\u00f3n de que dan cuenta las piezas procesales allegadas al expediente, se conceder\u00e1 el amparo de manera parcial, porque si bien el procedimiento y definici\u00f3n del incidente de desacato no configura yerro espec\u00edfico de procedibilidad capaz de quebrantar lo decidido, la protecci\u00f3n que har\u00e1 de prodigarse se ce\u00f1ir\u00e1 exclusivamente a la orden de arresto que fuera decretada, atendiendo el precedente jurisprudencial de esta Sala surgido de las actuales circunstancias excepcionales como adelante se explicar\u00e1. <\/p>\n
3.1. En efecto, la razonabilidad de la decisi\u00f3n adoptada en sede de consulta el 18 de diciembre de 2020, consistente en avalar las sanciones contra el director t\u00e9cnico de reparaciones de la UARIV y el director general de esa entidad, fue antecedida del tr\u00e1mite procedimental contemplado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, al cabo del cual el ad quem coincidi\u00f3 con el despacho de primer grado, en el sentido que en los sancionados se evidenciaba la responsabilidad subjetiva exigida por la jurisprudencia para sostener la declaraci\u00f3n de desacato. <\/p>\n
Respecto de la responsabilidad del infractor, se ha sostenido que es subjetiva, \u00aben la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb (CSJ ATC, 14 sep. 2009, rad. 01417-00), esto es, que est\u00e9 plenamente demostrada la desatenci\u00f3n a la orden de tutela y que no medie eximente como fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra justificaci\u00f3n que revista la condici\u00f3n de razonable o insuperable. <\/p>\n
Bajo ese entendimiento, las razones para ratificar las sanciones las expuso el tribunal de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la salvaguarda constitucional concedida en providencia de 7 de septiembre de 2020, orden\u00f3 que en plazo de tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia, informara a la se\u00f1ora Luisa Fernanda Molano Losada, el monto y la fecha, plazo o turno probable en el que pagar\u00e1 la indemnizaci\u00f3n reconocida mediante Resoluci\u00f3n 04102019-137185 de 14 de diciembre de 2019. <\/p>\n
V\u00e9ase que en el tr\u00e1mite de la consulta del desacato, la accionada manifest\u00f3 que dio respuesta de fondo a la accionante con la resoluci\u00f3n que reconoci\u00f3 la indemnizaci\u00f3n administrativa y adem\u00e1s advirti\u00f3 que, \u201cno es posible realizar el desembolso de la medida de indemnizaci\u00f3n en la presente vigencia 2020, la Unidad proceder\u00e1 a aplicarle el m\u00e9todo durante el segundo semestre del a\u00f1o 2021, con el fin de determinar la priorizaci\u00f3n para el desembolso de la indemnizaci\u00f3n administrativa\u201d, anexando copia de la comunicaci\u00f3n 202045022253051 de 7 de septiembre de 2020 en la que, asegura, puntualiz\u00f3 fecha exacta y monto a pagar, pero que discurre de lo afirmado porque se limit\u00f3 a explicarle nuevamente la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n y c\u00f3mo se determina el valor o monto de la indemnizaci\u00f3n seg\u00fan sentencia SU-254 de 2013, sin dar respuesta concreta sobre el monto espec\u00edfico asignado al n\u00facleo familiar de la promotora, motivo por el cual contrario sensu de lo razonado por la juzgadora de instancia, esa Sala considerar que ni siquiera en lo que corresponde al valor a pagar la entidad accionada ha sido conteste\u00bb. <\/p>\n
Entonces, aunque seguidamente el sancionado manifestara haber dado cumplimiento al fallo de tutela, habida cuenta los resultados del \u00abM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u00bb, el fallador acusado encontr\u00f3 que lo que deb\u00eda aplicarse en este evento era cumplir una orden judicial de tutela que ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional, por cuanto la misma, radicada bajo el n\u00b0 T8047058, el 26 de febrero de 2021 no fue seleccionada para revisi\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Ahora, como la petici\u00f3n de inejecuci\u00f3n formulada por el funcionario encartado al juez llamado a determinar si hubo o no cumplimiento al fallo, no dista de la argumentaci\u00f3n planteada al descorrer el incidente de desacato, la decisi\u00f3n desestimatoria no merece reparo en esta excepcional sede. Esto, porque para ello se adujo que seg\u00fan el precitado m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n \u00abse estableci\u00f3 que la accionante no cuenta con ninguno de los criterios de ser priorizad[o] de acuerdo con el art\u00edculo 4 de [la resoluci\u00f3n 1049 del 15 de marzo de 2019]\u00bb, lo cual se le hizo saber oportunamente. <\/p>\n
Ciertamente, en el auto del 26 de enero de 2021, el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, tras abordar los antecedentes f\u00e1cticos, normativos y jurisprudenciales (en particular la sentencia SU-034 de 2018 emanada de la Corte Constitucional, y concretamente lo atinente a la finalidad del incidente de desacato, una vez revisadas las \u00f3rdenes impartidas y la actuaci\u00f3n posterior, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abDe lo anterior se colige que la parte motivacional para la salvaguarda constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva fue concedida orden\u00e1ndose a la accionada que en el plazo de tres d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de la sentencia, procediera a informar a la se\u00f1ora LUISA FERNANDA MOLANO LOSADA el monto y la fecha, plazo o turno probable en el que se le pagar\u00e1 la indemnizaci\u00f3n administrativa reconocida, as\u00ed lo hizo saber el ad quem al momento de resolver la impugnaci\u00f3n propuesta por la parte accionante contra la sentencia de primera instancia y confirmar el auto que termin\u00f3 sancionando a la persona que deb\u00eda cumplir la orden impartida. <\/p>\n
Del caso bajo examen se tiene que a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 041102019-137185 del 14 de diciembre de 2019 se decidi\u00f3 otorgar a la accionante la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa, situaci\u00f3n que no est\u00e1 en discusi\u00f3n, dando aplicaci\u00f3n a la Resoluci\u00f3n N\u00b0 01049 de 2019, es decir aplica para aquellos que no est\u00e1n en una condici\u00f3n de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, acudiendo al m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, con el fin de determinar el orden de la asignaci\u00f3n de turno para el desembolso de la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa, de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal tal como se resolvi\u00f3 en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Resoluci\u00f3n, pasando por alto lo dispuesto en la orden que consist\u00eda adem\u00e1s de dar una respuesta de fondo al derecho de petici\u00f3n y el monto a cancelar, cosa que si ocurri\u00f3, empero no sucede lo mismo con la fecha, plazo o turno probable para el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa, se aclara que no es capricho del juzgado sino por el contrario como lo ha manifestado la Corte Constitucional, la imposici\u00f3n de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su aut\u00e9ntico prop\u00f3sito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada (\u2026). <\/p>\n
Se evidencia entonces, que a pesar de haberse reconocido la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa al incidentalista, no se ha realizado en los t\u00e9rminos contemplados en la sentencia del 7 de septiembre de 2020, emitida por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, pues a pesar que la UARIV insiste haber brindado respuesta clara y de fondo al derecho de petici\u00f3n por medio de la comunicaci\u00f3n con Radicado N\u00b0 202045022253051 del 7 de septiembre de 2020, y la Resoluci\u00f3n N\u00b0 04102019-137185 del 14 de diciembre de 2019, lo cierto es que hasta el momento no indica la fecha, plazo o turno probable en el que pagar\u00e1 la indemnizaci\u00f3n reconocida, con ello est\u00e1 contrariando lo dispuesto en la sentencia y la prueba incidental, sin que \u00e9ste sea el estadio procesal pues el l\u00edmite de acci\u00f3n del juez radica en verificar el acatamiento de la orden constitucional, lo cual, como se expuso, no se ha dado de forma completa en el caso particular. <\/p>\n
En ese orden de ideas, es acertado concluir que no es plausible acceder a la inejecuci\u00f3n y\/o suspender la sanci\u00f3n en todas sus partes de la decisi\u00f3n contenida en la providencia proferida dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia hasta que se aplique el M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n en el primer semestre del a\u00f1o 2021, en primer lugar porque con lo actuado se ha brindado todas las garant\u00edas procesales respetando el debido proceso, en segundo lugar porque con la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico no se garantiza que en la presente vigencia se pueda tener la certeza de dar la fecha probable de pago de la indemnizaci\u00f3n lo que por contera ser\u00eda alargar el vilo y mantener la penumbra respecto de las circunstancias claras de desembolso de la reparaci\u00f3n y la materializaci\u00f3n del pago efectivo; m\u00e1xime cuando si no resulta beneficiaria en la valoraci\u00f3n que se har\u00e1 en la siguiente vigencia a la parte actora para conocer la fecha probable de cancelaci\u00f3n de la medida ya reconocida. <\/p>\n
De lo anterior se colige que se debe aplicar la sanci\u00f3n impartida en auto interlocutorio calendado el 11 de diciembre de 2020, confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 18 del mismo mes y a\u00f1o, en raz\u00f3n a que la entidad – UARIV no ha informado si quiera fecha aproximada para el pago de indemnizaci\u00f3n administrativa reconocida a la se\u00f1ora LUISA FERNANDA MOLANO LOSADA teniendo en cuenta el hecho v\u00edctimizante de desplazamiento forzado, m\u00e1xime cuando a la fecha ya casi han transcurrido m\u00e1s de cuatro meses desde el momento de la sentencia proferida, con ello transgrediendo el derecho de igualdad y debido proceso, m\u00e1s a\u00fan cuando al momento del tr\u00e1mite incidental la persona encargada de cumplir la orden impartida por el juzgado guard\u00f3 silencio demostrando la inobservancia de lo decidido por omisi\u00f3n, sin dar una fecha posible para materializar la entrega de la indemnizaci\u00f3n, soporte suficiente para refrendar la decisi\u00f3n primigenia\u00bb. <\/p>\n
3.3. Conforme a lo que acaba de verse, tanto la actuaci\u00f3n del ad quem que ratific\u00f3 la imposici\u00f3n de sanciones por desacato adiada el 18 de diciembre de 2020, como las del a-quo que mantuvo su ejecuci\u00f3n el 26 de enero y el 4 de febrero de 2021, no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada; esto, en la medida en que la actuaci\u00f3n censurada no evidencia desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
Sobre el particular se ha dicho y reiterado que si las providencias judiciales atacadas cuentan con una motivaci\u00f3n que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable, no es dable pretender por esta excepcional v\u00eda reabrir la discusi\u00f3n que se culmin\u00f3 en las instancias pertinentes, puesto que \u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, rad. 00142-01, citada entre otras en STC2156-2021, 4 mar. 2021, rad. 00436-00). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n sobre la medida de arresto y de la concesi\u00f3n parcial del resguardo. <\/p>\n
Pese a la razonabilidad de las resoluciones confutadas, para esta Sala -como lo hizo en precedentes ocasiones (ver sentencias STC1129-2021 y STC7126-2021, entre otras)-, no pasa desapercibido que la determinaci\u00f3n de imponer al accionante, sanci\u00f3n de arresto de un (1) d\u00eda, contraviene el criterio de esta Corte en punto a la naturaleza de las amonestaciones aplicables habida cuenta las particulares circunstancias de salud p\u00fablica ocasionadas por la pandemia del Covid\u201319. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido que la autoridad judicial debe ponderar la finalidad de las medidas a adoptar en el tr\u00e1mite incidental \u2013cuando se advierta el desacato\u2013, con las prerrogativas esenciales a la salud y vida del sancionado, especialmente vulnerables en contextos como el actual; toda vez que, de ser soslayada dicha pauta, eventualmente podr\u00eda ocasionarse una afectaci\u00f3n injustificada y desproporcionada al obligado, como en el sub ex\u00e1mine: <\/p>\n
\u00abAl margen de las anteriores consideraciones y atendiendo a la situaci\u00f3n actual en virtud de la pandemia generada por el virus Covid-19, es de advertirse que el juzgador de primer grado atacado debe efectuar una revisi\u00f3n de la orden de arresto impuesta al accionante. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed que, pese a la legalidad de imponer la privaci\u00f3n de la libertad como instrumento coercitivo para garantizar la observancia de las decisiones de tutela, el hecho de que una situaci\u00f3n sanitaria afecte el funcionamiento de la sociedad como hasta ahora se hab\u00eda conocido, debe ser objeto de ponderaci\u00f3n para que la finalidad propia del desacato no resulte gravosa de los derechos a la salud y la vida del ahora promotor. <\/p>\n
(\u2026) Luego, como al gestor (\u2026) se le impuso una orden de arresto por dos (2) d\u00edas, en lugar de detenci\u00f3n, es menester sopesar la finalidad loable de esta sanci\u00f3n con las consecuencias que la misma puede derivar para la sociedad en su conjunto y el promotor, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 al acusado fallador de primer grado que la modifique por cualquier otra medida alternativa, atendiendo lo atr\u00e1s mencionado\u00bb (CSJ, E-2020-00075-01, 6 may. 2020, en el mismo sentido E-2020-00035-01, 27 may. 2020; citada en STC4294-2020; ATC610-2020; STC6691-2020, STC1129-2021, y STC7126-2021, 17 jun. 2021, rad. 01735-00, entre otras). Resaltado y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Entonces, como el caso objeto de estudio se ajusta a similares contornos f\u00e1cticos de aquellos que ya fueron analizados por esta Sala, al mantenerse la situaci\u00f3n excepcional que dio origen a la definici\u00f3n descrita, este habr\u00e1 de resolverse en los mismos t\u00e9rminos. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo discurrido, aunque las providencias proferidas en el incidente analizado se advierten razonables, se otorgar\u00e1 parcialmente el auxilio para ordenar al juzgado que tiene a cargo la ejecuci\u00f3n del fallo de tutela, que, en atenci\u00f3n al precedente jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, proceda a conmutar la referida orden de arresto en establecimiento carcelario o penitenciario, por cualquier otra medida que se ajuste a los est\u00e1ndares rese\u00f1ados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE PARCIALMENTE la protecci\u00f3n invocada por Enrique Ardila Franco mediante la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, que en el t\u00e9rmino de veinticuatro (24) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda a conmutar la sanci\u00f3n de arresto en establecimiento penitenciario o carcelario, por otra medida, de acuerdo con las consideraciones expuestas en precedencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9408-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC9408-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02392-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Enrique Ardila Franco contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55830","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55830","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55830"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55830\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55830"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55830"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55830"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}