STC9416-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9416-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02421-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Thelmo Augusto Alfonso M\u00e9ndez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso ejecutivo a que alude el escrito de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abcosa juzgada\u00bb y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso ejecutivo que tramit\u00f3 contra Realco Ltda, Adiela Mej\u00eda Villa y Pedro Antonio Molina Cuellar, con radicado No. 2017-00298-01. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, \u00abdeclar[ar] la nulidad absoluta de la sentencia acta No. 124 de fecha 7 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Superior de Cali \u2013 Sala Civil\u00bb; y en consecuencia, \u00abnegar la apelaci\u00f3n contra la sentencia No. 045 del 6 de septiembre de 2019\u00bb del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali; y adem\u00e1s, \u00aborden[ar] al Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Cali proceder con la inmediata ejecutoria de la sentencia No. 183 del 18 de octubre de 2016, materializando la decisi\u00f3n de restituci\u00f3n del bien inmueble al demandante\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que mediante la precitada decisi\u00f3n de segunda instancia, la Colegiatura accionada revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, para en su lugar, no seguir adelante con la referida ejecuci\u00f3n por c\u00e1nones de arrendamiento, con lo cual, dice, \u00abadicionalmente revoca adem\u00e1s (sic) la sentencia del 18 de octubre de 2016 [del Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Cali] con la cual se termina el contrato de arrendamiento y se ordena la restituci\u00f3n del bien inmueble; as\u00ed como la sentencia judicial No. 2013-00126 de fecha 19 de mayo de 2015 proferida por el Juzgado Doce Civil Municipal de Escrituralidad de Cali, mediante la cual se reconoce la legitimidad, vigencia y obligatoriedad de las cl\u00e1usulas contractuales del contrato de arrendamiento\u00bb, ello porque \u00abequivocadamente\u00bb se consider\u00f3 que los c\u00e1nones cobrados no se causaron por \u00abuna presunta orden [de tutela] del Tribunal Superior de Cali \u2013 Sala Penal y por la presunta terminaci\u00f3n anticipada del contrato de arrendamiento realizada por la Superintendencia de Sociedades \u2013 Seccional Cali\u00bb. <\/p>\n
Asevera que el fallo de la ejecuci\u00f3n fue emitido por \u00abausencia de causalidad por terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento\u00bb, lo que es, en \u00faltimas, \u00abdiscutir la propia legitimidad y validez del contrato de arrendamiento\u00bb, siendo un tema ajeno a ese tr\u00e1mite, el cual tampoco pod\u00eda ser definido por la Superintendencia de Sociedades, porque en la aludida tutela la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali le orden\u00f3 entregar a Paola Gonz\u00e1lez la tenencia del bien arrendado, cuyos c\u00e1nones son cobrados en la referida ejecuci\u00f3n, m\u00e1s no declarar terminado el contrato de arrendamiento; adem\u00e1s, ninguna de las precitadas autoridades pod\u00eda disponer del bien, ya que \u00e9l lo administraba dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad Proquim, dentro del cual fue entregado a los acreedores como pago, pero antes hab\u00eda obtenido su restituci\u00f3n en un proceso que para ese efecto adelant\u00f3 ante el Juzgado Treinta y Uno Civil Municipal de Cali, el que culmin\u00f3 con sentencia del 18 de octubre de 2016, situaci\u00f3n que, aunada a su condici\u00f3n de persona de la tercera edad, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 21 de julio hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digital del expediente de la ejecuci\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
b). La Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad inform\u00f3, que el legajo del asunto hab\u00eda sido devuelto a la oficina de origen. <\/p>\n
d). A la fecha de registro del proyecto no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela es, seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, ante la consumaci\u00f3n o inminencia de violaci\u00f3n de \u00e9stos por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas, o en ciertos eventos, de los particulares. <\/p>\n
Su procedencia contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En el presente caso, el se\u00f1or Thelmo Augusto cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, en lo fundamental, la sentencia de 7 de diciembre de 2020 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, notificada en estado electr\u00f3nico del d\u00eda 9 siguiente, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del 6 de septiembre de 2019 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, para entonces, \u00ababstenerse de continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb que \u00e9l promovi\u00f3 contra la Realco Ltda., Adiela Mej\u00eda Villa y Pedro Antonio Molina Cuellar, pues seg\u00fan su dicho, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de los medios de prueba allegados. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por las siguientes razones a saber: <\/p>\n
3.1. En el presente asunto sin duda, se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Cali data del 7 de diciembre de 2020 y fue notificada en estado virtual del d\u00eda 9 del mismo mes, anex\u00e1ndose el respectivo prove\u00eddo; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 19 de julio de 2021, es decir, transcurridos m\u00e1s de siete (7) meses, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito del actor es reprochar la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3 de revocar la decisi\u00f3n de primera instancia para en su lugar con continuar con la ejecuci\u00f3n antes individualizada, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de esa actuaci\u00f3n, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para que aquel haya tardado en reclamar por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, bajo el entendido que, como se anot\u00f3, desde el 9 de diciembre de 2020 \u00e9l pudo tener acceso al contenido del fallo, al haber sido anexado a la notificaci\u00f3n en estado vitual que del mismo se hizo en esa fecha. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, de los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos en la sentencia de segundo grado en comento, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo reclamado, por cuanto lo decidido no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, que por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales del promotor de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.2.1. Para adoptar la decisi\u00f3n que el gestor no comparte, el Tribunal Superior de Cali comenz\u00f3 por precisar, que \u00aben el caso de marras, se est\u00e1 frente a la ejecuci\u00f3n de un contrato de arrendamiento celebrado el 28 de enero de 2008 entre Thelmo Augusto Alfonso M\u00e9ndez y la sociedad Realco Ltda., la cual aduce el ejecutante se adeudan los c\u00e1nones de arrendamiento desde septiembre de 2008 a octubre de 2016. En contrav\u00eda la parte ejecutada, dice que el extremo pasivo pretende el cobro de unos c\u00e1nones que no se causaron en virtud a la orden dada en la sentencia de tutela proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali quien dispuso la entrega de la tenencia de dicho inmueble a la se\u00f1ora Paola Gonz\u00e1lez Varona desde junio de 2008. <\/p>\n
En ese sentido, encuentra la Sala que por decisi\u00f3n administrativa, se dispuso la entrega de la tenencia a la se\u00f1ora Paola Gonz\u00e1lez Varona, coligi\u00e9ndose que a partir de dicha orden, el se\u00f1or Pedro Antonio Molina Cuellar le empez\u00f3 a cancelar a la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez los c\u00e1nones de arrendamiento por la bodega que inicialmente le hab\u00eda arrendado el se\u00f1or Thelmo Augusto Alfonso, pues se itera, a este \u00faltimo se le orden\u00f3 la entrega de la tenencia del inmueble a la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Varona. En atenci\u00f3n a lo dicho, no se pod\u00eda imponer una doble carga al se\u00f1or Pedro Antonio Molina sobre el goce de un mismo inmueble, ello es, cancelar canon de arrendamiento tanto al se\u00f1or Thelmo Augusto como a la Se\u00f1ora Paola Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
S\u00edguese de lo anotado, que dentro del plenario quedo demostrado que el se\u00f1or Pedro Antonio Molina Cuellar manten\u00eda relaci\u00f3n contractual de arrendamiento con la se\u00f1ora Paola Gonz\u00e1lez, pues, n\u00f3tese que, pese a que el se\u00f1or Thelmo Augusto inicio proceso de restituci\u00f3n de inmueble en contra de los aqu\u00ed demandados donde el Juez 31 Civil Municipal de Cali dispuso la terminaci\u00f3n de contrato en sentencia de 18 de octubre de 2016, lo cierto es que dicha orden no se pudo materializar, teniendo en cuenta que el 24 de junio de 2015, el se\u00f1or Pedro Antonio Molina Cuellar hab\u00eda realizado la entrega del inmueble al se\u00f1or Pedro Nel Duque, tal como se otea del acta del entrega; signific\u00e1ndose con ello que, para la data de la sentencia de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, los demandados ya hab\u00edan restituido la tenencia de dicho inmueble. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n, que \u00abel ejecutante reconoce en el interrogatorio de parte que el aqu\u00ed ejecutado Pedro Antonio Molina Cuellar tuvo que firmar un nuevo contrato con la se\u00f1ora Paola Gonz\u00e1lez sobre el inmueble que inicialmente le hab\u00eda dado en arrendamiento, en cumplimiento a la orden de tutela, lo cual concuerda con lo manifestado por el se\u00f1or Molina Cuellar y con las documentales obrantes dentro del expediente. <\/p>\n
Bajo los par\u00e1metros referidos, se encuentra que por decisi\u00f3n administrativa -Superintendencia de Sociedades y judicial -Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, era imperativo el nacimiento de una nueva relaci\u00f3n comercial, entre la se\u00f1ora Paola Gonz\u00e1lez y aqu\u00ed demandado Pedro Antonio Molina, lo que a la postre se puede concluir que sucedi\u00f3 seg\u00fan la prueba documental y la declaraci\u00f3n de parte en el que incluso el propio ejecutante afirma sobre la existencia de ese nuevo contrato. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que reforz\u00f3 al referir, que \u00abesta inferencia, sobre la existencia del nuevo contrato de arrendamiento se sustenta adem\u00e1s en el r\u00e9gimen de libertad probatoria, que permite tener por probado dicha especie de contrato incluso sumariamente-inciso primero art. 384 C.G.P- <\/p>\n
Cumple precisar que el art\u00edculo 1634 del C\u00f3digo Civil dispone que: <\/p>\n
\u00abPara que el page sea v\u00e1lido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el cr\u00e9dito aun a t\u00edtulo singular), o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por \u00e9l, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro. El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesi\u00f3n del cr\u00e9dito, es v\u00e1lido, aunque despu\u00e9s aparezca que el cr\u00e9dito no le pertenec\u00eda\u201d. <\/p>\n
Por su parte, el canon 1635 de la misma obra, reza: \u201cEl pago hecho a una persona diversa de las expresadas en el art\u00edculo precedente, es v\u00e1lido, si el acreedor lo ratifica de un modo expreso o t\u00e1cito, pudiendo leg\u00edtimamente hacerlo; o si el que ha recibido el pago sucede en el cr\u00e9dito, como heredero del acreedor, o bajo otro t\u00edtulo cualquiera. Cuando el pago hecho a persona incompetente es ratificado por el acreedor, se mirar\u00e1 como valido desde el principio.\u201d <\/p>\n
Coligi\u00f3 a continuaci\u00f3n, que \u00abaplicadas las anteriores nociones, se observa que la se\u00f1ora Paola Gonz\u00e1lez Varona estaba autorizada para recibir el canon de arrendamiento que efectuaba el se\u00f1or Pedro Antonio Molina, pues, se reitera, por decisi\u00f3n administrativa se le orden\u00f3 que le restituyera la tenencia del inmueble dado en arrendamiento y que es objeto del litigio. <\/p>\n
Para la Sala las disquisiciones precedentes son suficientes para declarar probada la excepci\u00f3n de ausencia de relaci\u00f3n de causalidad, signific\u00e1ndose con ello que, los demandados no adeudan los c\u00e1nones de arrendamiento reclamados al ejecutante, pues estos estaban siendo cancelados a la tenedora-Paola Gonz\u00e1lez del bien dado en arrendamiento, y que la tenencia del inmueble se encuentra en poder de los propietarios-hecho que fue aceptado por las partes\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. De este modo, no cabe duda que, a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali se soport\u00f3 en el atendible an\u00e1lisis de las pruebas del proceso y el razonable entendimiento de la normatividad sustancial, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y probatoria realizada por la autoridad jurisdiccional convocada, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, siendo evidente en este caso, que lo expuesto por el gestor es su particular manera de analizar los hechos ocurridos dentro y en torno al juicio cuestionado, sin que solo por ello se pueda descalificar la misma labor que realiz\u00f3 el juez cognoscente. <\/p>\n
Y es que, como qued\u00f3 visto, la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Cali, de no continuar con el cobro judicial de c\u00e1nones de arrendamiento promovido por el aqu\u00ed interesado, obedeci\u00f3 a la prueba de que, a \u00e9ste la Superintendencia de Sociedades le orden\u00f3 restituir la tenencia del bien a favor de una tercera, con quien el ejecutado celebr\u00f3 un nuevo contrato de arrendamiento, por virtud del cual estuvo pagando a ella las mensualidades pactadas, lo que implicaba la inexistencia de deuda a favor del aqu\u00ed interesado. <\/p>\n
3.2.3. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por el actor no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
3.3. Finalmente, debe decirse que aunque el actor es una persona de la tercera edad, dicha situaci\u00f3n por s\u00ed misma no es suficiente para que se conceda el amparo, ni siquiera como medida transitoria, toda vez que, no solo se descart\u00f3 la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia del amparo contra decisi\u00f3n judicial, sino que, en todo caso, no se advierte una situaci\u00f3n actual de peligro inminente, ni se demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas las necesidades b\u00e1sicas de aquel. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha indicado que \u00abel hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (STC-4541-2021) <\/p>\n
4. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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