STC9419-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9419-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01198-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Iv\u00e1n Vel\u00e1squez Tangarife contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del juicio especial a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, al negar el decreto de los medios de convicci\u00f3n que solicit\u00f3, en desarrollo del proceso de intervenci\u00f3n por captaci\u00f3n de la sociedad ABC For Winners S.A.S., identificado con el radicado No. 76745. <\/p>\n
Requiere entonces, que se ordene a la Superintendencia de Sociedades, i) invalidar la mentada determinaci\u00f3n, pronunciada el 29 de marzo de los corrientes, para que en su lugar, se decreten las distintas pruebas solicitadas; adem\u00e1s, que ii) \u00abdefin[a] exactamente cu\u00e1l es el motivo que justifica la intervenci\u00f3n en [su] caso particular\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce el accionante en lo esencial, luego de realizar un resumen de la actuaci\u00f3n desplegada en el proceso de intervenci\u00f3n administrativa por captaci\u00f3n de la sociedad ABC For Winners S.A.S, dentro del cual, bajo la medida de toma de posesi\u00f3n, se cautelaron sus bienes junto con los de otras 19 personas naturales, que con el fin de resolver las peticiones que \u00e9stos elevaron para la cesaci\u00f3n de tal proceder en su contra, \u00ab[m]ediante Auto 2021-01-101941 de 29 de marzo de 2021, tras [haber sido] agotada la etapa procesal establecida en el art\u00edculo 29 de la ley 1116 de 2006, (\u2026) la Superintendencia de Sociedades resolvi\u00f3 tener como pruebas exclusivamente las documentales aportadas por las partes, tanto al formular las objeciones, como en los escritos de exclusi\u00f3n, as\u00ed como las allegadas durante los traslados y todos los dem\u00e1s documentos que reposan en el expediente\u00bb, siendo rechazados los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n que hab\u00edan solicitado en pro de su defensa, determinaci\u00f3n notificada en estado 2021-01-102139 del 30 de marzo postrero. <\/p>\n
Comenta que algunos de los intervenidos elevaron solicitudes de aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n y recurso de reposici\u00f3n, accedi\u00e9ndose \u00fanicamente a la segunda, en el sentido de \u00abadicionar el Auto 2021-01-101941 de 29 de marzo de 2021, incluyendo los memoriales que se relaciona[ron] a continuaci\u00f3n, advirtiendo que se tendr\u00e1n como pruebas, las documentales aportadas en los mismos y se rechazar\u00e1n las dem\u00e1s solicitadas, conforme lo dispone el art\u00edculo 29 de la Ley 1116 de 2006\u00bb, ello comoquiera que mediante auto del 28 de mayo siguiente, fueron desestimadas las r\u00e9plicas horizontales, convoc\u00e1ndose a las partes e intervinientes a la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones al inventario valorado y resoluci\u00f3n de solicitudes de exclusi\u00f3n programada para el 25 de junio hoga\u00f1o, circunstancias que estima vulneradoras de los bienes jur\u00eddicos primarios invocados, pues seg\u00fan su dicho, no es posible adelantar dicha diligencia hasta tanto no sean decretadas y practicadas todas las probanzas solicitadas con el prop\u00f3sito que se levante la intervenci\u00f3n que en su contra fue dispuesta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Superintendencia de Sociedades solicit\u00f3 desestimar la salvaguarda inquirida por incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad que la gobierna, como quiera que el gestor guard\u00f3 silencio frente a la determinaci\u00f3n de la que se duele, pronunciada el pasado 29 de marzo y aclarada mediante providencia del 15 de abril postrero; de otra parte puso de presente, que la causa por la cual el se\u00f1or Vel\u00e1squez Tangarife result\u00f3 intervenido, no fue otra distinta que por obrar como accionista de ABC for Winners S.A.S. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, \u00aben tanto esta v\u00eda constitucional est\u00e1 llamada a utilizarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite no logra protegerse el derecho fundamental invocado, pero en ning\u00fan momento la tutela se puede entender instituida para desplazar o sustituir los procedimientos legales, menos cuando no se ha acreditado la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ni se advierte de la lectura del expediente. <\/p>\n
En ese orden de ideas, el accionante no puede buscar un pronunciamiento del juez constitucional dirigido a que se ordene revocar la decisi\u00f3n que deneg\u00f3 el decret\u00f3 de pruebas distintas a las documentales, cuando no disput\u00f3 la decisi\u00f3n de la Superintendencia que le fue desfavorable, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, ni le es dable pretender que este requisito se encuentre satisfecho con la presentaci\u00f3n de los escritos de impugnaci\u00f3n por parte de otros intervenidos como Martha Patricia Tarazona, Ada Janeth Castillo, Carlos Alberto Ante y Gabriel Talero Fandi\u00f1o, que fueron resueltos en prove\u00eddo de 27 de mayo de 2021. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no puede pasarse por alto que el actor, al interior del tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n, se encuentra representado por un profesional del derecho, quien dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona radic\u00f3 escrito contentivo de \u2018alegatos de conclusi\u00f3n\u2019 sin elevar reparo, conforme los mecanismos previstos en la ley, frente a la negativa probatoria. <\/p>\n
Tambi\u00e9n puso de presente, que \u00ab[a]unque se pasara por alto la anterior exigencia, en realidad la tutela tampoco podr\u00eda prosperar porque la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el decret\u00f3 de las pruebas distintas a las documentales no concitan el reproche de la Sala, toda vez que no son caprichosas o antojadizas. V\u00e9ase que la decisi\u00f3n se profiri\u00f3 en aplicaci\u00f3n a lo establecido el Decreto 1074 de 2015, que se\u00f1ala que la solicitud de exclusi\u00f3n no sigue el tr\u00e1mite incidental y debe ser propuesta y resuelta como objeci\u00f3n al inventario, en concordancia con el art. 29 de la ley 1116 de 2008 que prev\u00e9 que: \u2018la \u00fanica prueba admisible para el tr\u00e1mite de objeciones ser\u00e1 la documental, la cual deber\u00e1 aportarse con el escrito de objeciones o con el de respuesta a las mismas\u2019, por lo que al juez constitucional le est\u00e1 vedada cualquier intervenci\u00f3n para modificar el pronunciamiento, as\u00ed lo comparta o no, pues \u2018la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como un escenario paralelo a las actuaciones judiciales, dado su apuntado car\u00e1cter y, mucho menos, fue prevista como una tercera instancia mediante la cual se pueda, sin que medien razones para as\u00ed proceder, antelar y suplantar las decisiones que han de emerger, como no, dentro de cada litigio, y por intermedio del funcionario judicial que est\u00e1 investido legalmente para lo propio\u2019 (CSJ STC 1 feb. 2011 rad. 2010-00958-01, reiterada entre otras en STC 20 ene. 2012 rad. 00375-01 y 23 oct. 2013 rad. 00263-01). <\/p>\n
En lo que respecta a la solicitud de acceso al memorando 301-008702 del 27 de septiembre de 2017, que desde su perspectiva es el que contiene los motivos por los cuales fue intervenido, se advierte que el accionante no ha solicitado ante la autoridad encartada el documento reclamado; sin embargo, la Sala al revisar su texto observa que con este se remiti\u00f3 al Grupo de Intervenciones copia de la resoluci\u00f3n por medio de la cual se adopta la medida de intervenci\u00f3n para que diera aplicaci\u00f3n a alguna de las medidas consagradas en el art. 7 del Decreto 4334 de 2008, por lo que se trat\u00f3 de un acto interno de mero tr\u00e1mite y no el que dio origen a la intervenci\u00f3n, sin que su falta de publicidad constituya vulneraci\u00f3n al derecho aqu\u00ed reclamado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el proceso de intervenci\u00f3n en contra de ABC for Winners SAS tiene su fundamento en la Resoluci\u00f3n 300-003195 de 29 de agosto de 2017, proferida por la Delegatura de Inspecci\u00f3n Control y Vigilancia de la Superintendencia de Sociedades en el marco de funciones administrativas previstas en el Decreto ya se\u00f1alado, en la que incluy\u00f3 a sus socios o accionistas de conformidad con el art. 5 ibidem que se\u00f1ala qui\u00e9nes son sujetos de la intervenci\u00f3n y que fue debidamente notificada al representante legal de la sociedad. De manera que no es procedente solicitar, por v\u00eda constitucional, que se definan los motivos por los cuales fue intervenido el accionante, pues dicho reparo deb\u00eda elevarse ante la autoridad mencionada cuando se emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n de agosto de 2017\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante se mostr\u00f3 inconforme con la anterior decisi\u00f3n, luego de esgrimir como motivo de su descontento, que lo cierto es que en contra de la providencia objeto de queja, otros de los sujetos intervenidos s\u00ed presentaron recurso de reposici\u00f3n, sin que a la fecha cuente con otro mecanismo de defensa distinto a la presente acci\u00f3n constitucional, m\u00e1xime cuando \u00abla resoluci\u00f3n de intervenci\u00f3n nunca [le] fue notificada y nunca pud[o] recurrirla\u00bb; adem\u00e1s, que el a quo constitucional pas\u00f3 por alto que \u00abya no puedo oponer[se] a la resoluci\u00f3n y por ello es pertinente la acci\u00f3n de tutela\u00bb, pues lo cierto es que, asegura, nunca ha debido estar intervenido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para alcanzar la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, pero de car\u00e1cter subsidiario y residual, dado que solamente puede acudirse a ella en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando existiendo \u00e9stos, el amparo se tramita como mecanismo transitorio de defensa judicial para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
De lo anterior se desprende entonces, que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda judicial adicional o paralela a los mecanismos judiciales previstos por el legislador, y tampoco puede ser empleada como un recurso de \u00faltimo minuto al que se puede acudir para corregir sus propios errores, o para revivir t\u00e9rminos ya fenecidos a consecuencia del propio descuido procesal. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que el se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n se duele a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, concretamente, de la providencia adiada 29 de marzo de 2021, a trav\u00e9s de la cual la Superintendencia de Sociedades decidi\u00f3 tener como medios de prueba, \u00fanicamente las documentales que alleg\u00f3 al interior del juicio especial de intervenci\u00f3n por captaci\u00f3n adelantado frente a la sociedad ABC For Winners SAS, pues en su criterio, era necesario decretar las dem\u00e1s probanzas solicitadas, a efectos de poder demostrar que nada tiene que ver con el asunto, y as\u00ed solicitar el levantamiento de la intervenci\u00f3n de bienes de su propiedad. <\/p>\n
3. Sin embargo, circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n presentada, se anticipa con vista en los elementos de juicio obrantes en el expediente, que el fallo de instancia habr\u00e1 de ser ratificado, por las siguientes razones, a saber: <\/p>\n
3.1. Por una parte, t\u00e9ngase en cuenta que el se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n Vel\u00e1squez Tangarife, en una conducta constitutiva de incuria, desaprovech\u00f3 la oportunidad procesal de cuestionar la determinaci\u00f3n de la cual aqu\u00ed se duele, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, a fin de exponer ante la autoridad competente, es decir, ante la Directora de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades que conoce del tr\u00e1mite judicial donde se orden\u00f3 la toma de posesi\u00f3n de ABC for Winners SAS como medida de intervenci\u00f3n y otros, por lo que cerrada qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito del ruego tuitivo, m\u00e1xime cuando, a diferencia de lo esgrimido por el gestor, su negligencia no se supera con el hecho que los otros intervenidos s\u00ed hubieran hecho uso de tal herramienta defensiva. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC6580-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de la r\u00e9plica horizontal, se ha indicado que, \u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, sin duda, como el reclamante no hizo uso de la posibilidad procesal que le brind\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico para tratar de resolver la situaci\u00f3n aqu\u00ed expuesta, no se puede ahora proveer la soluci\u00f3n pretendida, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discute, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3.2. Por otra parte, se advierte que parte del descontento del censor al momento de replicar el fallo constitucional del instancia, se cimienta en hechos nuevos relativos a la supuesta falta de notificaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 300-003195 de 29 de agosto de 2017, mediante la cual se dispuso la intervenci\u00f3n se ABC for Winners S.A.S, as\u00ed como la de sus socios, circunstancia que no puede ser analizada por la Corte, pues la autoridad querellada no pudo defenderse en su debida oportunidad en tanto que con la demanda inicial, el punto nodal de la queja se centr\u00f3 fue en la falta de decreto de todos los medios de convicci\u00f3n instados, motivo por el cual ahora no puede ser sorprendida con una decisi\u00f3n al respecto, pues, de ser as\u00ed, se le desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso\uff0e <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (\u2026) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ STC1468-2021). <\/p>\n
3.3. Finalmente, y acerca de la petici\u00f3n del actor tendiente a que se ordene a la Supersociedades especificar las razones por las cuales orden\u00f3 su vinculaci\u00f3n al memorado tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n, basta con se\u00f1alar que no est\u00e1 demostrado que aqu\u00e9l haya elevado directamente esa solicitud ante la encartada, lo que tambi\u00e9n torna improcedente el amparo, pues como esta Sala ha sido reiterativa en se\u00f1alar, la tutela no fue instituida con prop\u00f3sitos consultivos ni investigativos, sino para determinar la existencia o no de vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales; de ah\u00ed entonces, que corresponde al actor presentar sus peticiones ante el juez del conocimiento, \u00abpues el de tutela no est\u00e1 investido de facultades para reemplazar al competente ni es esta v\u00eda excepcional un mecanismo para evitar el uso de los instrumentos ordinarios previstos en los correspondientes tr\u00e1mites; tampoco es esta una tercera instancia ni un medio consultivo para orientar las actuaciones de las partes en los asuntos judiciales\u00bb (CSJ STC1543-2021). <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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