STC9422-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9422-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00049-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de mayo de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Augusto Castillo V\u00e9lez contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Oralidad de Concordia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con la decisi\u00f3n proferida en segunda instancia en el marco del proceso de enriquecimiento sin causa que Gloria V\u00e9lez Jim\u00e9nez promovi\u00f3 en su contra y de Santiago Castillo V\u00e9lez, con radicado No. 2015-00125-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, para que se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de Oralidad de Concordia, \u00abrevocar totalmente la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de noviembre de 2020\u00bb, y como consecuencia de ello, \u00ab[c]onfirmar la sentencia de primera instancia\u00bb calendada 22 de enero de 2020; o en su defecto, \u00abcorregir el procedimiento de la demanda, encaus\u00e1ndola declarando la nulidad, de conformidad con el numeral 3 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, al interior del referido litigio. <\/p>\n
2. En apoyo de tales reparos aduce en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que pese a que no solo el referido juicio se reanudo, aun cuando est\u00e1 en tr\u00e1mite la denuncia penal que formul\u00f3 en contra de la demandante, sino que adem\u00e1s, las versiones de \u00e9sta resultan contradictoras en relaci\u00f3n a la entrega de dineros para la adquisici\u00f3n de un inmueble y las mejoras que all\u00ed se plantaron, el Despacho del Circuito convocado sin decretar pruebas en segunda instancia, y apoyado \u00aben una sola declaraci\u00f3n\u00bb de la mentada ciudadana, revoc\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n proferida por el Juez Promiscuo Municipal de Betulia, para en su lugar, condenar a los demandados al reintegro de la suma de $30.000.000,oo. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en la anterior determinaci\u00f3n, a m\u00e1s que se omiti\u00f3 la denuncia por falso testimonio y fraude procesal en curso, \u00absolo tuvo en cuenta una sola respuesta de la demandante cuando indic\u00f3 que NO celebr\u00f3 alg\u00fan tipo de negocio con los se\u00f1ores Santiago y Germ\u00e1n Castillo, pudi\u00e9ndose configurar el enriquecimiento sin causa, pero meses despu\u00e9s la demandante dijo que SI celebr\u00f3 negocio con los demandados\u00bb, dejando de lado tambi\u00e9n que estaba probada la \u00ab\u201cMALA FE\u201d\u00bb de aqu\u00e9lla, razones todas, que dice, vulneran su debido proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Oralidad de Concordia precis\u00f3, que \u00abel proceso adelantado se realiz\u00f3 de conformidad con la ley y la Constituci\u00f3n sin vulnerar el derecho al debido proceso de las partes, aspecto que se acredita con el escrito tutelar de donde se desprende una inconformidad con la decisi\u00f3n adoptada y no una trasgresi\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante, pretendiendo as\u00ed someter el proceso a m\u00e1s instancias. Manifest\u00f3 que en el proceso hubo carencia de pruebas de la parte demandada quienes se limitaron a la refutaci\u00f3n de las pruebas aportadas por la demandante y que, contrario a lo que esboza el tutelante, la se\u00f1ora GLORIA V\u00c9LEZ no incurri\u00f3 en contradicciones pues sus declaraciones deben analizarse dentro del contexto en que se emitieron, raz\u00f3n por la que no acogi\u00f3 la tesis de falsedad presentada por la parte demandada en su momento\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo deprecado, luego de revisar el contenido de la decisi\u00f3n criticada por esta v\u00eda y sostener, que no incurri\u00f3 \u00e9ste en considerar que \u00ablas pruebas deben ser valoradas con base en el contexto en el que son practicadas, pues a\u00fan cuando la se\u00f1ora GLORIA pudo incurrir en una aparente contradicci\u00f3n, clara qued\u00f3 la afirmaci\u00f3n de que, a su juicio, existi\u00f3 un contrato de mandato entre ella y quienes fueran demandados\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abpor v\u00eda de tutela, el accionante pretende reabrir el proceso probatorio de cara a acceder a otras instancias que le permitan sacar avante sus medios exceptivos habida cuenta de que sali\u00f3 desfavorecido con el fallo de segunda instancia. Ello se evidencia de la vehemencia con que se ataca la valoraci\u00f3n probatoria realizada en contraste con la ausencia de argumentaci\u00f3n frente a la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental deprecado; afectaci\u00f3n que no logra ser evidenciada\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en punto de la suspensi\u00f3n del litigio endilgado, destac\u00f3 que dicha queja incumple con el requisito de la subsidiariedad, pues el actor en una conducta constitutiva de incuria, reanudado el juicio, de manera alguna aleg\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, luego \u00abno puede el descuido procesal de la parte convertirse en el fundamento para atacar, v\u00eda tutela, el proceso declarativo que contaba con mecanismos propios de defensa judicial a los cuales no se acudi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela en punto de la valoraci\u00f3n probatoria de la sentencia criticada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure un actuar que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, se observa que la censura del se\u00f1or Castillo V\u00e9lez est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo dictado el 12 de noviembre del 2020 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Oralidad de Concordia, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3, \u00abREVOCAR\u00bb el fallo del 22 de enero del mismo a\u00f1o proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Betulia, para as\u00ed, ordenar a los demandados \u00abdevolver\u00bb a la demandante \u00abla suma $30\u2019000.000 de pesos, indexados desde el 14 de enero de 2009\u00bb, en el marco del proceso de enriquecimiento sin causa que Gloria V\u00e9lez Jim\u00e9nez promovi\u00f3 en su contra y otro, pues en su criterio, se incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Oralidad de Concordia para dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n del Juez cognoscente, y en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, luego de relacionar los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n in rem verso, advirti\u00f3 que err\u00f3 el a quo al descartar la prueba testimonial recaudada, y a afirmar que \u00ab\u201c(\u2026) no se desprende que los accionados se enriquezcan a expensas de la se\u00f1ora Gloria V\u00e9lez Jim\u00e9nez ya que no fue posible demostrar el negocio jur\u00eddico inicial entre las partes, compra de la finca El Le\u00f3n, as\u00ed se deja ver dentro del proceso la se\u00f1ora demandante al parecer no tuvo negocio con los se\u00f1ores Germ\u00e1n y Santiago Castillo V\u00e9lez, tampoco existe un recibo o documento que sustente la entrega de la suma de $30.000.000,oo en favor de la demandante, aunque deviene un testimonio del se\u00f1or Marlon Casta\u00f1eda portero del edificio (\u2026) que indica que a los demandados se les entreg\u00f3 un dinero, empero no se tiene certeza de para que se iba a utilizar el dinero, ni se data la entrega a trav\u00e9s de un recibo, por el contrario existe prueba testimonial e interrogatorios que indican que los demandados no recibieron la suma (\u2026) entre los que se destacan sus propios interrogatorios\u201d\u00bb. <\/p>\n
De este modo, puntualiz\u00f3 seguidamente que \u00abcomparte el postulado de que no se demostr\u00f3 negocio jur\u00eddico alguno entre la se\u00f1ora Gloria V\u00e9lez Jim\u00e9nez y los hermanos Santiago y Germ\u00e1n Castillo V\u00e9lez, pues aunque qued\u00f3 establecido que se realiz\u00f3 la compra de la finca El Le\u00f3n, no se tiene certeza en qu\u00e9 t\u00e9rminos se realiz\u00f3 (\u2026), pero a diferencia del a quo, (\u2026) no [se] encuentra argumentos para desacreditar al testigo se\u00f1or Marlon Casta\u00f1eda \u00c1lvarez quien manifest\u00f3 que \u00e9l fue quien de manera personal le entreg\u00f3 la suma de $30.000.000,oo a los hermanos Castillo V\u00e9lez, pues la contraparte, no logr\u00f3 desvirtuar lo narrado por el testigo de cargo, ya que lo \u00fanico con lo que se confront\u00f3 la versi\u00f3n de este por parte del juez de conocimiento fue con el interrogatorio realizado a los demandados quienes de manera reiterada negaron haber recibido la suma de dinero ya indicada\u00bb. <\/p>\n
Ahora, siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, indic\u00f3 que contrario a lo sostenido por el Juez Promiscuo Municipal de Betulia, Antioquia, no hab\u00eda lugar tampoco para \u00abdesestimar el testimonio del se\u00f1or Marlon Casta\u00f1eda \u00c1lvarez por no haber rendido su versi\u00f3n en un proceso anterior, pues ellos no es \u00f3bice para que una persona pierda su corabilidad (sic), m\u00e1s a\u00fan cuando no hay prueba que indique que su versi\u00f3n es falsa, pues asombra (\u2026) la pasividad probatoria en la que incurre la parte demandada, quienes s\u00f3lo solicitaron el interrogatorio de parte a la demandante y que se oficiar\u00e1 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia el traslado del proceso reivindicatorio en el cual, entre otras cosas, se debe hacer \u00e9nfasis que las pretensiones de la demanda, como de la demanda de reconvenci\u00f3n fueron negadas. <\/p>\n
Es claro que la carga probatoria en el caso de marras recae sobre la parte demandante quien con su prueba testimonial logr\u00f3 demostrar la entrega del dinero a los hermanos Castillo V\u00e9lez, y, estos \u00faltimos en su carencia probatoria s\u00f3lo se radicaron a refutar sin sustento alguno m\u00e1s all\u00e1 de su versi\u00f3n las pruebas presentadas por la demandante, y, consecuencialmente no lograron demostrar lo contrario, entonces se tiene en primer lugar el testigo del se\u00f1or Marlon Casta\u00f1eda \u00c1lvarez quien asegura que el 14 de enero del 2019 les entreg\u00f3 a los hermanos Castillo V\u00e9lez la suma de $30.000.000,oo y en segundo lugar se tiene, el otro testigo se\u00f1or Iv\u00e1n Dar\u00edo \u00c1lvarez Montoya quien asegura que ese mismo d\u00eda recibi\u00f3 $30.000.000,oo de parte de los hermanos Castillo V\u00e9lez para lograr la compra de la finca El Le\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En tal orden, insistiendo en la pasividad probatoria de los demandados, entre ellos el aqu\u00ed interesado, se\u00f1al\u00f3 que de la prueba trasladada lo \u00fanico que se pod\u00eda concluir por los hechos expuestos en la demanda reivindicatoria, era que \u00e9stos reconocieron la calidad de poseedora de la se\u00f1ora Gloria V\u00e9lez Jim\u00e9nez de una franja de terreno del tan mentado predio, y en relaci\u00f3n a las dem\u00e1s pruebas documentales, como los recibos, precis\u00f3 que \u00abse comparte lo manifestado por el a quo, pues si bien en algunos de estos se observa que dice finca El Le\u00f3n, no hay elementos que den certeza que efectivamente dichos implementos se hayan utilizado en dicha finca o en la franja de terreno que la se\u00f1ora Gloria posey\u00f3, pues ello, se debi\u00f3 determinar en este proceso mediante un perito experto quien mediante un estudio juicioso determinar\u00e1 sin duda alguna que mejoras fueron incorporadas y el valor de estas\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces, que \u00abes claro que se cumplen los postulados exigidos para el enriquecimiento sin causa, como lo es el enriquecimiento de los se\u00f1ores Castillo V\u00e9lez con la entrega de los $30.000.000,oo por parte de la se\u00f1ora (\u2026) V\u00e9lez Jim\u00e9nez, el empobrecimiento de esta \u00faltima, pues no ha logrado la devoluci\u00f3n de dicho dinero y que debido a la inexistencia del contrato o acuerdo probado, no cuenta (\u2026) con la posibilidad de instaurar proceso alguno diferente al que hoy nos ocupa para lograr sacar avante sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
3.2. De esta forma, con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el ad quem criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende el peticionario del amparo (all\u00ed demandado), es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir el an\u00e1lisis y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda el m\u00e1s adecuado. <\/p>\n
3.3. T\u00e9ngase en cuenta que para arribar a la conclusi\u00f3n rese\u00f1ada, a diferencia de lo considerado por el tutelante, el Juez Primero Promiscuo del Circuito de Oralidad de Concordia, Antioquia, tuvo en cuenta los hechos expuestos, las normas aplicables asunto y los distintos medios de prueba recaudados, los que le permitieron advertir precisamente, analizados en conjunto, que deb\u00edan acogerse las pretensiones de la demanda, al no estar acreditado de manera alguna el negocio jur\u00eddico alegado como existente entre las partes, pero por el contrario, s\u00ed el enriquecimiento sin de los demandados a costa del empobrecimiento de la se\u00f1ora Gloria V\u00e9lez Jim\u00e9nez, por cuenta de los dineros que les fueron entregados, sin que, en consecuencia, tal y como lo sostuvo el Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia, Antioquia, el aqu\u00ed interesado hubiese cumplido con las cargas probatorias de que trata el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso; as\u00ed las cosas, sin duda, argumentos como los presentados por el peticionario son incompatibles con el amparo, pues pretende revivir un debate que fue debidamente superado en el escenario propicio para ello, y con exclusividad ante los jueces competentes, no as\u00ed ante el juez constitucional, porque su labor no consiste en oficiar como un instrumento m\u00e1s de la justicia ordinaria. <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb ( CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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