STC9423-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9423-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-13-000-2021-00117-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra el Juzgado Civil del Circuito de La Ceja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda esencial al debido proceso, que considera vulnerada por la autoridad convocada, al interior de la acci\u00f3n popular que, asegur\u00f3, radic\u00f3 bajo el consecutivo n.\u00ba \u00ab2021-00013\u00bb. <\/p>\n
Entonces pide, concretamente, que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente se protejan sus garant\u00edas esenciales y, en consecuencia, se ordene al Juzgado Civil del Circuito de La Ceja, Antioquia, admitir la acci\u00f3n constitucional por \u00e9l promovida. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas relat\u00f3, que tras inadmitir el libelo de la acci\u00f3n popular en comento, el Despacho convocado rechaz\u00f3 su solicitud, sin reparar en que este tipo de acciones se sustentan en \u00abla celeridad, econom\u00eda procesal, efectividad, derecho sustantivo\u00bb, razones por las cuales, en su particular criterio, es innecesario requerir de su parte una direcci\u00f3n f\u00edsica o aportar certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad demandada, por ser requisitos no previstos en la ley, y en su lugar, admitir de plano su petici\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de La Ceja, Antioquia, precis\u00f3, que el radicado indicado en el escrito tutelar \u00abcorresponde a una acci\u00f3n de tutela que present\u00f3 la se\u00f1ora PATRICIA RIOS RAMIREZ, el d\u00eda 21 de enero del corriente a\u00f1o, contra el DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL, la cual sali\u00f3 con sentencia el d\u00eda 3de febrero de 2021\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia desestim\u00f3 la salvaguarda instada, al advertir que \u00ablos hechos expuestos en el libelo tutelar no son concretos, sino indeterminados, pues les falta precisi\u00f3n para identificar el tr\u00e1mite sobre el que recae su queja\u00bb. Con todo, dijo que haciendo un esfuerzo interpretativo, y aun cuando se asumiera que \u00abla actuaci\u00f3n de la que se duele el accionante, (\u2026) solo pudo producirse dentro de los radicados Nro. 05-376-31-12-001-2021-00134-00, 05-376-31-12-001-2021-00133-00o 05-376-31-12-001-2021-00135-00 (\u2026) mediante los cuales se dispuso el rechazo de tales acciones constitucionales, por la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en el auto inadmisorio dictado en dichos tr\u00e1mites\u00bb, f\u00e1cil se llega a la conclusi\u00f3n que la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe no satisface el requisito de la subsidiariedad, instituido como causal gen\u00e9rica de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor del resguardo, solicitando que a trav\u00e9s de este mecanismo preferente se disponga \u00abfrenar el abuso de los juzgadores en mi acci[\u00f3]n Constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente caso observa la Corte, que lo pretendido concretamente en esta oportunidad por el se\u00f1or Herrera Hoyos, es que se ordene al Juzgado Civil del Circuito de La Ceja, admitir y dar tr\u00e1mite a la acci\u00f3n popular que dice haber promovido y cuyo radicado correspondi\u00f3 al consecutivo No. 2021-00013, sin exigirle requisitos previos no previstos por el legislador en la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
3. Sin embargo, examinado el expediente digital contentivo del asunto en comento, no cabe duda para la Sala acerca de la improcedencia de la protecci\u00f3n reclamada, si en cuenta se tiene que, a diferencia de lo considerado por el actor, el tr\u00e1mite aqu\u00ed cuestionado es inexistente, conforme lo asegur\u00f3 la sede judicial convocada, pues \u00abel Rad.-2022-00013 no corresponde en este despacho a una acci\u00f3n popular\u00bb, raz\u00f3n por la cual, no existe prueba siquiera sumaria que la sede convocada haya quebrantado las prerrogativas superiores del gestor del amparo, situaci\u00f3n que conlleva a respaldar la negativa del resguardo. <\/p>\n
4. Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abEl objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
5. En consecuencia, se impone el fracaso de la protecci\u00f3n excepcional pretendida, por lo que se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume el fallo confutado, conforme las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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