STC9424-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9424-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01978-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de diciembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alfonso Angulo Angulo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso penal a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco del procedimiento judicial seguido en su contra por el delito de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os en concurso homog\u00e9neo y sucesivo\u00bb. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, \u00abse anule todo lo que se hizo y se [l]e vuelva a dar otra oportunidad con otro abogado y se [l]e practiquen las pruebas que el mismo Tribunal dijo que [su] abogado no hizo y que se anule la condena en [su] contra, porque si el mismo Tribunal dijo que no hab\u00eda tenido defensa, entonces porque [lo] conden\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que por el referido punible fue condenado a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura, pese a que, dice, no tuvo participaci\u00f3n en los hechos investigados, y le correspondi\u00f3 un abogado que \u00abno hizo nada por [\u00e9l]\u00bb y en cambio le dec\u00eda que todo estaba bien, situaci\u00f3n de la cual se percat\u00f3 el Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, quien \u00abdijo en la condena que ese abogado no hab\u00eda hecho nada\u00bb; no obstante, no lo dej\u00f3 en libertad, con sustento en \u00absentencias falsas y erradas, porque debieron aplicar la constituci\u00f3n en su art\u00edculo 29 del debido proceso por falta de defensa\u00bb, situaci\u00f3n que, asegura, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. No se presentaron intervenciones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, porque \u00abel demandante tuvo la oportunidad de plantear su inconformidad con el fallo de primera instancia a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, pero debido a fallas en su sustentaci\u00f3n fue declarado desierto. Esto torna la solicitud de amparo improcedente, a tenor de lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por no haberse agotado en debida forma el medio de defensa disponible, y porque este error, atribuible exclusivamente a la parte accionante, no puede intentar suplirse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Adem\u00e1s inform\u00f3, que \u00abla Sala no encuentra que la decisi\u00f3n cuestionada haya incurrido en un defecto constitutivo de una v\u00eda de hecho, susceptible de ser enmendado por v\u00eda constitucional. El accionante califica las providencias emitidas por los falladores de arbitrarias e injustas, y afirma que desconocieron su derecho a la defensa t\u00e9cnica, pero no demuestra en qu\u00e9 consistieron las fallas defensivas que denuncia, ni de qu\u00e9 manera afectaron este derecho fundamental <\/p>\n
Se limita a pedir que se anule lo actuado y se le vuelva a dar otra oportunidad procesal con otro abogado, con el que se practiquen las pruebas dejadas de recaudar, sin precisar en concreto en qu\u00e9 radic\u00f3 el defecto procedimental o f\u00e1ctico que se present\u00f3 en el curso de la actuaci\u00f3n o en el que incurrieron los juzgadores de instancia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el gestor, insistiendo en similares motivos a los que expuso en su escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En el presente caso, el ciudadano Alfonso Angulo Angulo se queja, en lo fundamental, i) del fallo de 5 de junio de 2019 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buenaventura, con que fue condenado a la pena principal de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n como autor responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce a\u00f1os agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, y, ii) de la decisi\u00f3n del 9 de octubre siguiente de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, de \u00ababstenerse de resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u00bb contra la precitada decisi\u00f3n, pues en sentir de aqu\u00e9l, lo decidido carece de validez no haber contado con una real defensa t\u00e9cnica dentro del juicio. <\/p>\n
3. Bajo este panorama, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por incumplir con el presupuesto general de procedibilidad de la prontitud, pues como qued\u00f3 visto, la \u00faltima de las decisiones cuestionadas, correspondiente a la del Tribunal Superior de Buga, data del 9 de octubre de 2019; mientras el amparo constitucional s\u00f3lo fue presentado hasta el 27 de noviembre de 2020, es decir, transcurridos un (1) a\u00f1o y un (1) mes, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Ciertamente, como el prop\u00f3sito del actor es reprochar la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3 dentro del referido juicio, es evidente que su reclamo no guarda razonable cercan\u00eda en el tiempo con la fecha de la \u00faltima actuaci\u00f3n all\u00ed adoptada, por lo que queda patente la improcedencia del resguardo solicitado, sin que medie explicaci\u00f3n alguna para que aquel haya tardado en reclamar por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, revisado el escrito de tutela y las documentales allegadas al expediente digital, no cabe duda para la Sala que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, teniendo en cuenta que tambi\u00e9n se incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, el actor dej\u00f3 de aprovechar el medio que proced\u00eda ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque si el descontento del se\u00f1or Angulo Angulo se soporta, b\u00e1sicamente, en lo determinado por el juez cognoscente al interior de la causa penal donde result\u00f3 condenado, seg\u00fan su dicho, por hechos que no cometi\u00f3, ha debido haber formulado con la t\u00e9cnica de rigor, el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia, pero en vez de ello, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga concluy\u00f3, que se absten\u00eda de resolver el mecanismo, en raz\u00f3n a que \u00abno adquiri\u00f3 competencia por falta de integraci\u00f3n de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, al no trabarse el litigio por ausencia de colisi\u00f3n entre los argumentos plasmados en la sentencia y los expuestos en el escrito de impugnaci\u00f3n\u00bb; por consiguiente, como le correspond\u00eda al actor exponer dentro del proceso criticado la inconformidad que trae a esta sede excepcional, mediante el uso efectivo de los medios ordinarios con que all\u00e1 cont\u00f3, pero no procedi\u00f3 as\u00ed, mal podr\u00eda ahora el juez de tutela entrar a modificar o invalidar lo resuelto dentro del proceso, pues, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite especial\u00edsimo se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el aqu\u00ed inconforme no utiliz\u00f3 con la t\u00e9cnica necesaria, las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el quejoso ha desaprovechado debido a su incuria. <\/p>\n
La Sala, en supuestos similares ha indicado que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC3803-2021). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, aunque el actor alega, en lo fundamental, que careci\u00f3 \u00abde defensa t\u00e9cnica\u00bb al interior del litigio en comento, las diligencias informan que desde el momento mismo en que se le vincul\u00f3 a la actuaci\u00f3n penal, el tutelante cont\u00f3 con un profesional del derecho que defendi\u00f3 sus intereses, con quien no solo se agotaron las diversas etapas procesales, sino que se realizaron acciones de participaci\u00f3n y contradicci\u00f3n que se consideraron pertinentes; de este modo, para la Sala afirmarse que existe vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa t\u00e9cnica que se ejerce mediante abogado, no puede simplemente se\u00f1alarse la ausencia de actos tales como la interposici\u00f3n de recursos, la presentaci\u00f3n de alegatos, la solicitud de pruebas, etc., con un absoluto abandono del cargo, pues si bien \u00e9stas suelen coincidir con aquellas manifestaciones de la actividad defensiva, no constituyen en estricto sentido, en la mayor\u00eda de los casos, m\u00e1s que aparentes expresiones del ejercicio de la defensa que no siempre es posible confundir con el derecho mismo, ya que \u00e9ste puede presentarse de diversas formas como estrategia defensiva, sin que ello de modo alguno pueda compararse con la evidente desatenci\u00f3n irresponsable de los compromisos inherentes al defensor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cabe precisar que el concepto de derecho de defensa no se puede construir en la abstracta anticipaci\u00f3n del resultado absolutorio del juicio, sino que se soporta en las posibilidades reales de contradicci\u00f3n de los cargos imputados, lo que adem\u00e1s, depende en buena medida de la informaci\u00f3n que sobre el asunto le suministre el procesado, o de un silencio que impida la deducci\u00f3n de situaciones, a la espera entonces de que sea el Estado quien cumple cabalmente con la carga de probar el hecho y la responsabilidad, por lo que, entonces, la garant\u00eda de una defensa id\u00f3nea no siempre se materializa bajo la apariencia de inactividad, m\u00e1xime cuando la observancia de dicha garant\u00eda no se garantiza \u00fanicamente con la participaci\u00f3n activa que el defensor despliegue, sino tambi\u00e9n con la actividad del procesado, quien dentro de sus conocimientos en derecho, puede intervenir al interior de la causa adelantada en su contra interponiendo los recursos procedentes. <\/p>\n
Entonces, no cabe duda que el gestor del amparo adem\u00e1s de denunciar las omisiones del defensor, debe demostrar la trascendencia que la conducta de \u00e9ste tuvo en la decisi\u00f3n final, o c\u00f3mo una distinta implicar\u00eda una suerte tambi\u00e9n diferente para \u00e9l, an\u00e1lisis que el se\u00f1or Alfonso Angulo no efectu\u00f3, por lo que al quedar hu\u00e9rfana de sustentaci\u00f3n la censura elevada por el gestor frente al abogado, vedado queda el juez constitucional para intervenir, dado que no puede asumir como propio la misi\u00f3n encomendada al abogado en cuanto a decidir de manera aut\u00f3noma qu\u00e9 acciones debe desplegar en cada asunto en aras de garantizar la defensa y el derecho de las garant\u00edas superiores de quien es objeto de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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