STC9425-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9425-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2021-00360-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 6 de julio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Hern\u00e1n Pineda Guerra contra el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Momp\u00f3s, tr\u00e1mite al cual fueron citados Electricaribe S.A. ESP, E.S.E Hospital Local de San Fernando, Luis Eduardo Castillo, Karin C\u00e1rdenas Torres y la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada en el tr\u00e1mite de la demanda ejecutiva de Electricaribe S.A. E.S.P. contra la ESE Hospital Local de San Fernando (rad. n\u00b0 2017-00192). <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que tras la pandemia por el Covid-19 y con ello la implementaci\u00f3n de medidas restrictivas de movilidad debido a la emergencia sanitaria, no pudo tener acceso al expediente pese a que hubo movimiento procesal que afect\u00f3 los intereses de su representada, ante lo cual interpuso sendos recursos e incidentes de nulidad. <\/p>\n
Que a comienzos de 2021 se enter\u00f3 que el 4 de diciembre de 2020, el accionado \u00abdeclar\u00f3 de oficio la nulidad de todo lo actuado en el proceso por indebida notificaci\u00f3n de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado \u2013 ANDJE, pues seg\u00fan lo manifiesta debi\u00f3 notificarse de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 612 del CGP que modifica el art\u00edculo 199 del CPACA\u00bb, e inadmiti\u00f3 la demanda; decisi\u00f3n que considera \u00abes equivocada, toda vez que dicha notificaci\u00f3n solo es obligatoria trat\u00e1ndose de litigios donde se encuentren de por medio intereses de la Naci\u00f3n (\u2026). No bastando lo anterior (\u2026), se extralimita en su orden, pues en lugar de declarar la nulidad desde el momento en que supuestamente se gener\u00f3, esto es desde la notificaci\u00f3n (\u2026), declar\u00f3 nulo incluso el auto que libra mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Que, con prove\u00eddo del 18 de enero de 2021, del nuevo estudio realizado a la demanda, el juzgado la \u00abrechaza (\u2026) argumentando que el apoderado de la parte actora hizo caso omiso al juez frente a las \u00f3rdenes emitidas en el auto de fecha 4 de diciembre de 2020\u00bb, pese a que contra el mismo \u00abno se pudo presentar recurso\u00bb. En cuanto a la nulidad que present\u00f3 por indebida notificaci\u00f3n, el 15 de febrero de la misma anualidad, la \u00abrechaza de plano\u00bb. <\/p>\n
Que impetr\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la anterior providencia, poniendo de presente que nuevamente las notificaciones se realizaron \u00aben la plataforma TYBA\u00bb y no se publican \u00aba trav\u00e9s de la plataforma \u201cconsulta de estados\u201d dispuesta dentro de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial\u00bb, pero mediante auto del 5 de marzo de 2021 \u00abrechaza de plano los recursos presentados por la parte ejecutante (\u2026), sin esgrimir ning\u00fan argumento de fondo (\u2026), sino simplemente indicando que la notificaci\u00f3n de la providencia se surti\u00f3 en legal forma, quedando debidamente ejecutoriada, por lo que la petici\u00f3n es extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se proceda a \u00abdejar sin efecto la providencia del 18 de noviembre de 2020 que declara la nulidad de todo lo actuado\u00bb, del mismo modo, que se invaliden los autos del 18 de enero y 15 de febrero de 2021 \u00abpor haber incurrido en v\u00edas de hecho\u00bb. En consecuencia, ordenar a la autoridad querellada \u00abque contin\u00fae con el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo en la etapa procesal en que se encontraba antes de proferir el auto de fecha 18 de noviembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. El Juez Segundo Promiscuo del Circuito de Momp\u00f3s, inform\u00f3 que \u00aben la plataforma TYBA consulta de fijaci\u00f3n de estado, no hay recuadro para redireccionar a la providencia que se notifica, sino que se debe ingresar por consulta de procesos judiciales [por tanto] no es cierto lo se\u00f1alado por el actor al indicar que la providencia notificada se encontraba restringida, sino que no ingres\u00f3 a trav\u00e9s del procedimiento antes descrito\u00bb, y se refiri\u00f3 a los argumentos planteados en cada una de las providencias criticadas. <\/p>\n
Precis\u00f3 que ha garantizado los derechos a la seguridad jur\u00eddica, debido proceso y derecho a la defensa y no ha incurrido en v\u00edas de hecho, pues todas las providencias se encuentran debidamente notificadas a trav\u00e9s de la plataforma TYBA y se han resuelto las solicitudes presentadas\u00bb, y acot\u00f3 que la providencia que rechaz\u00f3 la demanda, \u00abse encuentra debidamente ejecutoriada y en firme, por no haber sido objeto de recursos, tal como se ha explicado ampliamente, por lo que no se puede tomar las nulidades ni la acci\u00f3n de tutela para revivir instancias procesales dilapidadas por el ahora ejecutante atribuibles a su propia culpa\u00bb. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, a trav\u00e9s de la Oficina Asesora Jur\u00eddica, dijo que como de los hechos y pretensiones que originan la acci\u00f3n no evidenciaba \u00abrelaci\u00f3n con alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n\u00bb en que hubiera incurrido frente al caso concreto, \u00abno puede pronunciarse\u00bb y por ello pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al advertir que la tutela la impetr\u00f3 el abogado \u00aben nombre propio\u00bb cuando \u00ablas actuaciones judiciales que se reprochan (\u2026), afectar\u00edan exclusivamente los intereses de la parte demandante dentro del proceso referenciado, es decir, ELECTRICARIBE S.A., quien ser\u00eda el legitimado para promover esta acci\u00f3n constitucional\u00bb, y las gestiones que pone de presente lo hace \u00abcomo apoderado\u00bb de la referida empresa, quien es parte ejecutante en el proceso en cuesti\u00f3n y la llamada a fungir como actora, por ello, el peticionario \u00abcarecer\u00eda de legitimaci\u00f3n para obrar en el presente asunto, toda vez que no se evidencia documento alguno que lo autorice como apoderado judicial para adelantar la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el solicitante, aduciendo que el fallo emitido por el tribunal a-quo \u00abno fue una decisi\u00f3n de fondo, y ello encuentra asidero en que se vincul\u00f3 err\u00f3neamente a ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., cuando dicha entidad no es la legitimada para acudir a la presente acci\u00f3n, sino la empresa CARIBE MAR S.A. E.S.P., que es el sucesor procesal de la misma, y quien no fue vinculada [pese a] tener inter\u00e9s en las resultas de la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el accionante est\u00e1 facultado para interponer la presente salvaguarda, y en caso de superarse lo anterior, si el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Momp\u00f3s, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas, al declarar la nulidad de lo actuado y tras ello, rechazar la demanda ejecutiva radicada bajo el n\u00b0 2017-00192, en la que el aqu\u00ed promotor act\u00faa como mandatario judicial de la parte actora. <\/p>\n
2. Del poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando \u00e9sta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la acci\u00f3n \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resalta la Sala. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto: \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). <\/p>\n
Esta Corte, adem\u00e1s de compartir la anterior postura, en repetidas oportunidades ha venido sosteniendo que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC1792-2021, 25 feb. 2021, rad. 00013-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, se\u00f1al\u00f3 que: \u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (\u2026). La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el auxilio se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada en STC17519, 30 nov. 2016, rad. 00547-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Conforme a las premisas que acaban de verse, de la revisi\u00f3n que la Corte realiza al presente asunto, prontamente advierte que el fallo desestimatorio de primera instancia habr\u00e1 de confirmarse, porque ciertamente el abogado solicitante carece de poder para actuar en este caso y en tal virtud ninguna decisi\u00f3n de fondo puede adoptarse. <\/p>\n
En efecto, es claro que el inter\u00e9s aludido a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, no es personal del abogado sino de quien fuera su poderdante, es decir, de la firma Electricaribe S.A. E.S.P., quien, para cuando se promovi\u00f3 la demanda y se desarrollaron las actuaciones que ahora son objeto de censura, fung\u00eda como parte actora en el compulsivo adelantado contra E.S.E. Hospital Local de San Fernando (rad. 2017-00192), sin que el mandato otorgado en ese asunto resulte suficiente para los efectos de este auxilio. <\/p>\n
Sobre el particular, aunada a la decantada jurisprudencia constitucional y de esta Corte que se destac\u00f3 en precedencia, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. <\/p>\n
(\u2026) El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada en STC9978-2020, 12 nov. 2020, rad. 00494-01, entre otras). Se resalta. <\/p>\n
As\u00ed, el hecho de que el abogado Pineda Guerra funja o hubiese sido mandatario judicial de la empresa demandante en el referido juicio, no lo faculta para actuar en su nombre frente a la tutela por los presuntos yerros atribuidos al juez de la causa, pues siendo su cliente la directamente afectada con la actuaci\u00f3n criticada, para la refutaci\u00f3n en sede constitucional requer\u00eda demostrar el poder especial conferido, o en su defecto, invocar su calidad de agente oficioso, pero nada de eso acredit\u00f3 y por ello debe ratificarse la desestimaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso, no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que, sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2011, exp. 2010-00573-01); as\u00ed mismo, que: \u00abla acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, el hecho novedoso que trae en sede de impugnaci\u00f3n, en nada var\u00eda la conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 la colegiatura de primer grado y que esta Sala avalar\u00e1, porque para cuando se produjeron los supuestos yerros, la parte ejecutante era Electricaribe S.A. E.S.P. Ahora, si posteriormente se reconoci\u00f3 a otra empresa como sucesora de la ejecutante, lo cual no fue acreditado por el interesado, de ella tampoco alleg\u00f3 poder especial que lo habilitara para promover la tutela como su representante judicial, por ende, la situaci\u00f3n sigue siendo la misma, es decir, el abogado accionante carece de derecho de postulaci\u00f3n para obrar en el presente asunto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo antes explicado, se confirmar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia de la salvaguarda, porque el solicitante no justific\u00f3 la imposibilidad de la parte afectada para interponer por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado especial el tr\u00e1mite tutelar objeto de estudio, y tampoco invoc\u00f3 que actuaba como agente oficioso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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