STC9429-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9429-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2021-00053-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 22 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Flor Mar\u00eda Pazos Mera contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, la Inspecci\u00f3n Cuarta de Polic\u00eda Urbana de la citada urbe, y, Lourdes Patricia Recalde Portillo y Carlos Emilio Santiusti Solarte, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la vivienda \u00abdigna\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, al haber ordenado la entrega del inmueble objeto del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Carlos Emilio Santiusti Solarte promovi\u00f3 frente a Lourdes Patricia Recalde Portillo, con radicado No. 2019-00151-00. <\/p>\n
Solicita entonces, en suma, que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto, \u00abDECRET[AR] LA SUSPENSION PROVISIONAL\u00bb de la diligencia de entrega del inmueble ubicado en \u00abla carrera 42 No. 17A-126\u00bb de la misma ciudad, y como consecuencia de lo anterior, \u00abDECLARAR LA NULIDAD CONSTITUCIONAL del PROCESO DE RESTITUCION DE INMUEBLE (\u2026) bajo la causal prevista en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que pese a que celebr\u00f3 un contrato de anticresis anual por valor de $19.000.000,oo con la se\u00f1ora Lourdes Patricia Recalde Portillo, all\u00e1 demandada, respecto de una de las habitaciones que componen el inmueble referido en l\u00edneas anteriores, para que ah\u00ed residiera su hija, quien adelanta estudios superiores en la ciudad de Pasto, aqu\u00e9lla aprovech\u00f3 la emergencia sanitaria para solicitar \u00abv\u00eda WhatsApp\u00bb el desalojo \u00abinmediato de la habitaci\u00f3n y cesar todas las obligaciones contra\u00eddas en el contrato de anticresis, exigiendo el trasteo de las pertenencias a una bodega dispuesta en otra casa diferente al inmueble objeto del contrato de anticresis y requerida en un t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas contados al recibo de la comunicaci\u00f3n\u00bb, incumpliendo as\u00ed con el citado acuerdo de voluntades, raz\u00f3n por la cual la primog\u00e9nita y su sobrina presentaron una querella de polic\u00eda en contra de aqu\u00e9lla \u00abcon el fin de lograr el amparo de la tenencia de la habitaci\u00f3n y cesar definitivamente los actos de perturbatorios\u00bb; sin embargo, la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda, \u00absin imprimir el tr\u00e1mite respectivo\u00bb, no atendi\u00f3 \u00abla perturbaci\u00f3n\u00bb de la que eran v\u00edctimas. <\/p>\n
Se\u00f1ala de otra parte, que aunque la convenci\u00f3n aludida se encuentra vigente, el 24 de mayo de los corrientes la deudora anticr\u00e9tica, no solo insisti\u00f3 en la entrega de la mentada habitaci\u00f3n concediendo el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas, sin devolver la aludida suma de dinero, sino que, puso de presente la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento del predio1 y orden\u00f3 la entrega del inmueble al titular del dominio, tr\u00e1mite al que asegura, no fue vinculada como \u00ablitisconsorte necesaria en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 61 del C.G.P.\u00bb, aun cuando las partes eran conocedoras \u00abde la titularidad del derecho de tenencia que detent[a]\u00bb. <\/p>\n
Indica que la convocatoria al juicio era obligatoria, pues desde los hechos de la demanda se expuso que \u00abel contrato de arrendamiento suscrito (\u2026) ten\u00eda como finalidad el funcionamiento de residencias estudiantiles, raz\u00f3n por la cual la deudora [a]nticr\u00e9tica [c]elebr\u00f3 numerosos contratos de arrendamiento y anticresis con diferentes familias que enviaron a sus hijos a estudiar una carrera profesional en esa [c]iudad\u00bb; de all\u00ed que la orden de desalojo emitida le cause un perjuicio irremediable. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones que conoci\u00f3 en el proceso de restituci\u00f3n criticado, precis\u00f3 por una parte, que \u00abla parte pasiva, pese a estar debidamente notificada, no compareci\u00f3 al proceso a oponerse a las pretensiones en el t\u00e9rmino legalmente previsto en la ley\u00bb; y de la otra, que la accionante \u00abse limita a mencionar que el Juzgado emiti\u00f3 sentencia de primera sin integrar en debida forma el contradictorio, al no ser convocada al proceso, sin embargo, pasa por alto que no fue parte de la relaci\u00f3n contractual celebrada el d\u00eda 25 de enero de 2016 entre Carlos Emilio Santiusti Solarte y Lourdes Patricia Recalde Portillo\u00bb. <\/p>\n
b. El Inspector Cuarto de Polic\u00eda Urbano de la misma ciudad, remiti\u00f3 copia de las actuaciones relacionadas con la querella policiva. <\/p>\n
c. Tatiana Alejandra Figueroa Pazos y \u00c1ngela Camila Erazo Pazos, aunque en escritos separados, corroboraron los hechos expuestos por la quejosa, advirtiendo que con anterioridad \u00e9sta ya present\u00f3 una acci\u00f3n de igual raigambre, la que result\u00f3 infructuosa dada la \u00abarbitrariedad\u00bb de la se\u00f1ora Recalde Portillo en cuanto la desaloj\u00f3 de su habitaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues la promotora, por un lado, \u00abtodav\u00eda tiene a su alcance un medio de defensa en el que puede exponer las razones que ahora esgrime como vulneratorias de sus derechos fundamentales, es decir alegar la nulidad en la diligencia de entrega, no siendo posible para el juez de tutela inmiscuirse en aspectos que debe dilucidar el juzgador competente toda vez que no le est\u00e1 permitido invadir la \u00f3rbita del juez natural, dado el car\u00e1cter residual de este mecanismo excepcional\u00bb; y por el otro, en relaci\u00f3n a la querella policiva, en un acto de incuria dej\u00f3 de interponer el recurso de reposici\u00f3n procedente contra el auto que orden\u00f3 el archivo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela; adem\u00e1s de agregar, que no solo no es parte en el juicio criticado, raz\u00f3n por la cual no puede invocar la nulidad de lo actuado, sino que en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n administrativa, \u00e9sta no le fue notificada de manera alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es posible acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el presente asunto se advierte, que lo pretendido por la se\u00f1ora Pazos Mera, en lo fundamental, es que se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto, suspender la diligencia de entrega, y, declarar la nulidad de todo lo actuado, dentro del proceso verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Carlos Emilio Santiusti Solarte promovi\u00f3 frente a Lourdes Patricia Recalde Portillo, pues seg\u00fan su dicho, al haber celebrado un contrato de anticresis con la citada ciudadana, debi\u00f3 ser vinculada al aludido juicio como acreedora anticr\u00e9tica. <\/p>\n
3. Sin embargo, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, de cara a las inconformidades aducidas respecto omisi\u00f3n endilgada a la Juez convocada, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. No cabe duda que las cuestiones planteadas en este escenario resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que el reclamo se dirige, b\u00e1sicamente, frente a la orden de entrega dispuesta al interior de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado donde, tal y como la misma gestora lo reconoce, \u00e9sta no integra ninguno de los extremos de la litis, luego es incontrovertible entonces, que no ostenta legitimaci\u00f3n en la causa para tal cometido, raz\u00f3n por la cual no est\u00e1 autorizada para elevar el reclamo constitucional, indistintamente de que seg\u00fan su dicho, haya celebrado un contrato de anticresis con la all\u00e1 demandada, respecto de una de las habitaciones del inmueble objeto de restituci\u00f3n para que ah\u00ed residiera su hija, pues se tiene por averiguado que, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb (CSJ STC7545-2021). <\/p>\n
Igualmente, esta Corte ha sostenido de vieja data que, \u00aben punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CSJ STC903-2021). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, y sin perjuicio de lo expuesto, observa la Corte de cara a las inconformidades aducidas por la se\u00f1ora Flor de Mar\u00eda respecto a la supuesta invalidez de lo actuado al interior del proceso verbal objeto de revisi\u00f3n constitucional, que las cuestiones planteadas resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado litigio \u00e9sta no ha hecho uso de las herramientas de defensa que ha tenido a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicita, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues no est\u00e1 demostrado dentro de las diligencias, que la accionante haya expuesto en el escenario correspondiente, es decir, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto, la supuesta indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio de la que se duele, para que de acuerdo a la causal de nulidad prevista en el art\u00edculo 133-8 del C\u00f3digo General del Proceso, mediante el tr\u00e1mite incidental correspondiente, se verifique la tem\u00e1tica relacionada con la necesidad de haber sido vinculada al litigo, a m\u00e1s que de resultar nugatoria dicha actuaci\u00f3n, cuenta con la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisi\u00f3n, de conformidad a lo preceptuado en el art\u00edculo 354 \u00eddem, alegando la causal 7\u00aa prevista en el art\u00edculo 355 ejusdem, para ventilar ante la autoridad competente, claro est\u00e1, siempre y cuando se cumplan los presupuestos previstos por el legislador para el efecto, lo que torna improcedente la tutela, por incumplir con el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad. <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, y en relaci\u00f3n a la querella policiva que fue presentada por su hija \u00c1ngela Camila Erazo Pazos y su sobrina Tatiana Alejandra Figueroa Pazos, frente a la all\u00e1 demandada, Lourdes Patricia Recalde Portillo, ante la Inspecci\u00f3n Cuarta de Polic\u00eda de Pasto, t\u00e9ngase en cuenta que igualmente se incumple con el presupuesto de la subsidiariedad, en raz\u00f3n a que si la decisi\u00f3n del 4 de agosto de 2020 mediante la cual se rechaz\u00f3 tal mecanismo, no fue le ciertamente notificada de manera alguna, tiene o tuvo la posibilidad de alegar la nulidad de la misma de conformidad con las previsiones de la Ley 1801 de 2016 y el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal, puesto que la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que, \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC062-2021). <\/p>\n
5. Ahora, en lo que tiene que ver con la queja dirigida frente a Lourdes Patricia Recalde Portillo y Carlos Emilio Santiusti Solarte, extremos procesales del litigio endilgado, por no haberla citado al mismo para que ejerciera su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, dado que \u00abde la lectura de los hechos que motivaron la demanda se puede extraer claramente, que en el hecho sexto el demandante ha manifestado que el contrato de arrendamiento suscrito (\u2026) ten\u00eda como finalidad el funcionamiento de residencias estudiantiles\u00bb, debe se\u00f1alarse que frente a aqu\u00e9llos no se dan las especiales circunstancias previstas por el art\u00edculo 42 del Decreto 2591 de 1991 para que proceda la acci\u00f3n de tutela contra particulares2, raz\u00f3n por la cual ning\u00fan pronunciamiento puede proferirse al respecto. <\/p>\n
6. Finalmente, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela atacar una diligencia de entrega, so pretexto del acaecimiento de un da\u00f1o irreparable: \u00abtampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019\u00bb (CSJ STC838-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Contrato de arrendamiento de inmueble suscrito entre Carlos Emilio Santiusti Solarte y Lourdes Patricia Recalde Portilla, respecto del inmueble ubicado en la carrera 42 No. 17A-126. <\/p>\n
2\u0002 ART. 42. La acci\u00f3n de tutela proceder\u00e1 contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de educaci\u00f3n para proteger los derechos consagrados en los art\u00edculos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonom\u00eda. <\/p>\n
3. Cuando aqu\u00e9l contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos (domiciliarios). <\/p>\n
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organizaci\u00f3n privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situaci\u00f3n que motivo la acci\u00f3n, siempre y cuando el solicitante tenga una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n con tal organizaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace el art\u00edculo 17 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas corpus, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
7. Cuando se solicite rectificaci\u00f3n de informaciones inexactas o err\u00f3neas. En este caso se deber\u00e1 anexar la transcripci\u00f3n de la informaci\u00f3n o la copia de la publicaci\u00f3n y de la rectificaci\u00f3n solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. <\/p>\n
8. Cuando el particular act\u00fae o deba actuar en ejercicio de funciones p\u00fablicas, en cuyo caso se aplicar\u00e1 el mismo r\u00e9gimen que a las autoridades p\u00fablicas. <\/p>\n
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n respecto del particular contra el cual se interpuso la acci\u00f3n. Se presume la indefensi\u00f3n del menor que solicite la tutela. <\/p>\n
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