STC9432-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9432-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00213-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Nam\u00e9n Escrucer\u00eda contra el Juzgado Civil del Circuito de Funza, la Fiscal\u00eda Seccional de esa localidad, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, y, la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial y como representante legal de Troyal CI Ltda en liquidaci\u00f3n, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, presuntamente quebrantados por las autoridades convocadas, al interior de la ejecuci\u00f3n seguida a continuaci\u00f3n de la restituci\u00f3n de inmueble arrendado adelantada por Urbanos Log\u00edstica S. en C. en contra del primigenio ente societario aqu\u00ed referido, radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2011-00408-00. <\/p>\n
Entonces, pide en lo medular para salvaguardar sus prerrogativas, que se ordene al (i) Juzgado Civil del Circuito de Funza, la suspensi\u00f3n del \u00abremate o p\u00fablica subasta de la maquinaria justipreciada (\u2026) objeto jur\u00eddico material del proceso Ejecutivo\u00bb; (ii) a la Fiscal\u00eda Seccional de la misma localidad, le brinde \u00abinformaci\u00f3n (\u2026) sobre la investigaci\u00f3n adelantada contra GERMAN GUITIERREZ TORRES y otros\u00bb; a (iii) la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, \u00absu gesti\u00f3n para el cobro de impuestos adecuados por la Sociedad TROYAL C.I. Ltda. en liquidaci\u00f3n\u00bb; y, (iv) a la Superintendencia de Sociedades, \u00abinformaci\u00f3n sobre gesti\u00f3n de la entidad en garant\u00eda del pago de la deuda prestacional con los empleados y trabajadores de la Sociedad representada por mi mandante\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado explic\u00f3, que en el juicio de restituci\u00f3n que se adelant\u00f3 en contra de la persona jur\u00eddica de la cual es gerente y representante legal, se orden\u00f3, entre otros aspectos, librar \u00abdespacho comisorio para la restituci\u00f3n de la bodega, diligencia a la que se a\u00f1adi\u00f3 el embargo y secuestro de una maquinaria litogr\u00e1fica, de cuantioso valor econ\u00f3mico\u00bb, sin reparar que la sociedad demandada \u00abse hallaba en liquidaci\u00f3n y a \u00f3rdenes de la Superintendencia de Sociedades \u2013 GRUPO MIPYME-\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el justiprecio de la maquinaria se estim\u00f3 \u00absin fundamento valido\u00bb, e incluso por parte del secuestre designado en la causa se impidi\u00f3 que compradores interesados en esta la \u00abapreciaran\u00bb para su posterior adquisici\u00f3n; que por una \u00abexorbitante\u00bb deuda fiscal puso a \u00abdisposici\u00f3n de la DIAN la maquinaria litogr\u00e1fica, en calidad de bien patrimonial perteneciente a la deudora de fisco nacional\u00bb; no obstante, \u00abhasta la fecha el organismo fiscal nada ha hecho en pro del Estado como beneficiario\u00bb, raz\u00f3n que lo impuls\u00f3 a formular una denuncia por \u00abfraude procesal (\u2026) orquestado por el Juzgado Civil Circuito de la misma municipalidad, y las maniobras artificiosas del apoderado de la Empresa ejecutante, en dolosa connivencia del secuestre-perito avaluador\u00bb, pero a la fecha \u00abno ha tenido eco ni conclusi\u00f3n alguna en favor de una sana administraci\u00f3n de justicia y de la v\u00edctima, all\u00ed denunciante\u00bb, situaciones \u00e9stas que, asegura, hacen viable la intervenci\u00f3n constitucional para evitar, principalmente, la pr\u00e1ctica de la diligencia de remate. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Juzgado Civil del Circuito de Funza, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a aportar el enlace de acceso del proceso aqu\u00ed cuestionado. <\/p>\n
b.) Por su parte, la Fiscal\u00eda Segunda Seccional de la misma localidad refiri\u00f3, que la \u00abnoticia criminal citada en al asunto bajo el CUI terminado en 202017022, (\u2026) se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n pendiente de librar \u00f3rdenes a polic\u00eda judicial\u00bb. <\/p>\n
c.) A su turno, la Sociedad Urbanos Log\u00edstica S. en C. pidi\u00f3 denegar el amparo, en la medida que el juicio cuestionado \u00abse sujet\u00f3 fiel y estrictamente a legalidad, con total apego de las garant\u00edas y procedimientos a los sujetos intervinientes y con el direccionamiento por parte de operador jurisdiccional aqu\u00ed infundadamente accionado, de manera que fueron adoptadas decisiones in iure y con pleno respeto de la constituci\u00f3n y la Ley\u00bb, recabando adem\u00e1s, en la ausencia del requisito de inmediatez que gobierna este tr\u00e1mite preferente y expedito. <\/p>\n
d.) Entretanto, la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN anot\u00f3, que al interior del cobro coactivo que adelanta en contra de Troyal CI Ltda en liquidaci\u00f3n, \u00abha llevado a cabo las etapas necesarias y consagradas en la normatividad para ejercer el cobro coactivo de la obligaci\u00f3n\u00bb, y ha permitido \u00abal administrado en toda la secuencia de etapas, ejercer su derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
e.) Finalmente, la Superintendencia de Sociedades reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n dentro del tr\u00e1mite, tras considerar que carece de \u00abcompetencia dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia, por cuanto la liquidaci\u00f3n adelantada por la sociedad TROYA CI LTDA. EN LIQUIDACI\u00d3N, es de car\u00e1cter voluntario\u00bb, am\u00e9n de no estar obligada a remitir comunicaci\u00f3n personal a cada uno de los acreedores frente al inicio de dicho proceso liquidatorio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir sobre la improcedencia absoluta \u00abde la solicitud de amparo, como quiera que la sociedad demandada TROYAL S.CI. LTDA., representada por el se\u00f1or RICARDO NAM\u00c9N ESCRICER\u00cdA, no ha hecho uso de los medios de defensa que ha tenido a su alcance, al punto que al parecer desconoce el tr\u00e1mite del proceso, pues la revisi\u00f3n del expediente digital remitido como prueba dentro del presente acci\u00f3n constitucional, permite establecer que dicha sociedad no contest\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n\u00bb, y tampoco propuso medios exceptivos dentro de la ejecuci\u00f3n que seguidamente all\u00ed se adelant\u00f3. Asegur\u00f3, adem\u00e1s, que la citada compa\u00f1\u00eda tampoco combati\u00f3 de modo alguno la diligencia de remate que finalmente se aprob\u00f3 el 28 de mayo de 2014, \u00abpor lo que puede decirse que se trata de un proceso legalmente concluido\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, frente a las pretensiones perseguidas respecto a las dem\u00e1s entidades convocadas, dijo que nada obsta para que el actor acuda directamente a cada uno de los tr\u00e1mites all\u00ed adelantados a fin de exponer de forma puntual sus pedimentos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 el anterior fallo insistiendo en las primigenias alegaciones, enfatizando en la exigua estimaci\u00f3n dada a la maquinaria embargada al interior del juicio ejecutivo seguido de la restituci\u00f3n que se adelant\u00f3 en contra de la sociedad que representa, pues esa particular situaci\u00f3n, dijo, permiti\u00f3 la transgresi\u00f3n de sus garant\u00edas supra legales, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el caso puesto a consideraci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, anticipadamente se advierte que la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia por el cuerpo colegiado est\u00e1 llamada a respaldarse, pero por las particulares razones que seguidamente pasan a exponerse: <\/p>\n
3. En primer lugar, porque aunque el ciudadano Ricardo Nam\u00e9n Escrucer\u00eda present\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado judicial la presente acci\u00f3n de tutela para cuestionar, en \u00faltimas, la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Civil del Circuito de Funza se\u00f1al\u00f3 fecha y hora para la pr\u00e1ctica de la subasta de los bienes embargados, al interior del proceso coercitivo que la sociedad Urbanos Log\u00edstica S en C adelant\u00f3 frente a Troyal C.CI ltda, pues seg\u00fan su dicho, el Juzgado Civil del Circuito de Funza no repar\u00f3 en que el justiprecio otorgado a los mismos es irrisorio, exigiendo de forma consecuencial, la suspensi\u00f3n de la almoneda, no cabe duda que las cuestiones planteadas resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que no solo el titular de las garant\u00edas esenciales supuestamente all\u00ed vulneradas no es \u00e9l como persona natural, sino la citada persona jur\u00eddica, raz\u00f3n por la cual \u00e9l no integra ninguno de los extremos de la litis; luego es incontrovertible que no ostenta legitimaci\u00f3n en la causa para tal cometido, raz\u00f3n por la cual no est\u00e1 autorizado para elevar el reclamo constitucional aqu\u00ed pretendido, pues se tiene por averiguado que, \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb (CSJ STC1733-2021). <\/p>\n
Por otra parte, aunque en el escrito de tutela el abogado del gestor se\u00f1ala que su mandante es el representante legal de Troyal C.CI ltda, revisado el certificado de existencia y representaci\u00f3n del ente en cuesti\u00f3n pudo verificar la Sala, que la representaci\u00f3n legal de \u00e9stas se encuentra en cabeza de Vilma Soledad Buitrago, liquidadora designada en acta del 7 de junio de 2011. <\/p>\n
4. Y no se diga entonces, que el amparo constitucional solicitado por el pretensor en su condici\u00f3n de socio de la compa\u00f1\u00eda Troyal C.CI ltda puede prosperar, comoquiera que la misma per se, no lo habilita para cuestionar las decisiones adoptadas por las autoridades jurisdiccionales encartadas en el citado proceso mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que al tenor del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Comercio, aplicable por analog\u00eda a la citada agrupaci\u00f3n, \u00ab[l]a sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jur\u00eddica distinta de los socios individualmente considerados\u00bb; luego entonces, solo el representante legal de \u00e9sta se encuentra legitimado para cuestionar las decisiones que considera arbitrarias, ya sea promoviendo directamente una acci\u00f3n de tutela o coadyuvando las que un tercero hubiera formulado en su nombre. <\/p>\n
En un caso de similares supuestos a los que ahora son objeto de escrutinio por parte de esta Sala, se indic\u00f3 que la \u00absociedad es persona distinta de sus socios individualmente considerados (Arts. 2079, inc. 2, c.c. y 98, inc. 2, c. de co.), que act\u00faa por medio de sus representantes, que los socios no pueden confundirse con ella, que mientras la sociedad no se liquide, ninguno de los socios, o el socio \u00fanico, por cuya raz\u00f3n aquella se haya disuelto, puede considerar propio derecho o inter\u00e9s alguno de la sociedad, y que en caso extremo, por actos y omisiones de los administradores de la sociedad, un socio \u2013que se considere perjudicado por tal comportamiento- podr\u00eda actuar paralelamente o en vez de aquellos administradores, pero no iure propio, sino iure societario, es decir, no para s\u00ed, sino para la sociedad\u00bb (CSJ STC, 11 sep. 1998, rad. 5238; reiterada en STC11306-2019, STC9349-2020, entre otros). <\/p>\n
5. Por otra parte, y sin perjuicio de lo expuesto, t\u00e9ngase en cuenta que ante la existencia de un hecho consumado resulta improcedente la solicitud de protecci\u00f3n, de conformidad con lo dispuesto en numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, pues, si la diligencia de remate que pretende el quejoso se suspenda por esta v\u00eda tuvo lugar el 26 de febrero de 2014, tal y como se desprende de la revisi\u00f3n del expediente digital, la acci\u00f3n de tutela perdi\u00f3 eficacia y raz\u00f3n de ser frente a dicha censura, por lo que no procede impartir orden alguna sobre el particular, pese a que lo que pretende el accionante es que se retrotraigan las actuaciones ya definidas por el funcionario competente. <\/p>\n
En la materia, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado, que \u00abel supuesto del da\u00f1o consumado impide el fin primordial de la acci\u00f3n de tutela, cual es la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, para evitar precisamente los da\u00f1os que dicha violaci\u00f3n puede generar, y no una protecci\u00f3n posterior a la causaci\u00f3n de los mismos (\u2026). Tal interpretaci\u00f3n se desprende de lo dispuesto en el art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1992 en el sentido de que la acci\u00f3n de tutela es improcedente (\u2026) cuando sea evidente que la violaci\u00f3n del derecho origin\u00f3 un hecho consumado, salvo cuando contin\u00fae la acci\u00f3n u omisi\u00f3n violatoria del derecho (Sentencias T-138 de 1994 y T-612 de 2008) (\u2026)\u00bb (CSJ STC5514-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, en lo que respecta a las quejas expuestas frente a la Dian, la Superintendencia de Sociedades y la Fiscal\u00eda Seccional acusada, cabe precisar que nada obsta para que el gestor del amparo acuda de forma directa ante esas autoridades con el fin de obtener el tr\u00e1mite y la informaci\u00f3n por esta v\u00eda reclamada, pues, como es bien conocido, el presente mecanismo est\u00e1 instituido para la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, m\u00e1s no para prop\u00f3sitos informativos como los pretendidos. <\/p>\n
7. En consecuencia, conforme se anticip\u00f3, se impone el fracaso de la protecci\u00f3n excepcional pretendida, por lo que se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume el fallo confutado, conforme las breves razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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