STC9434-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9434-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2021-00552-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 28 de junio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael Eduardo Arciniegas Venegas contra el Juzgado Noveno de Familia y la Comisar\u00eda Primera de Familia Usaqu\u00e9n 1 de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Claudia Fern\u00e1ndez Camacho y los dem\u00e1s intervinientes en la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar n\u00b0 419-2020 \/ 2020-00408. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas al resolver el asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que el 21 de julio de 2020 su esposa interpuso \u00abuna medida de protecci\u00f3n en contra \uf05bsuya\uf05d, ante la Comisar\u00eda Primera de Familia Usaqu\u00e9n 1\u00bb, refiriendo unos supuestos actos violentos acaecidos \u00abentre julio y agosto de 2019\u00bb, los que, en su sentir no ocurrieron, no obstante, en audiencia del 19 de agosto de 2020, la Comisar\u00eda \u00abconcluye que hay violencia psicol\u00f3gica emocional\u00bb, y el 15 de septiembre de 2020 \u00abfall\u00f3 en \uf05bsu\uf05d, contra\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el Juzgado Noveno de Familia de Bogot\u00e1, mediante providencia \u00abdel 06 de noviembre de 2020 confirm\u00f3 la medida de protecci\u00f3n (\u2026), a trav\u00e9s del estudio del recurso de apelaci\u00f3n presentado [contra el fallo del 15 de septiembre del mismo a\u00f1o], sin realizar una correcta valoraci\u00f3n probatoria (\u2026)\u00bb.Tambi\u00e9n indic\u00f3 que contra esa resoluci\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n \u00abpor evidenciar que en la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda no se tuvieron en cuenta los chats de WhatsApp con la se\u00f1ora Claudia Fern\u00e1ndez por m\u00e1s de 2 a\u00f1os y que son mi principal prueba para demostrar mi inocencia respecto de la supuesta violencia que ejerzo en su contra (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 sobre el requisito de la inmediatez del auxilio invocado, que el t\u00e9rmino para interponer la tutela \u00abes razonable teniendo en cuenta las dificultades propias de la pandemia del Covid-19 que han dilatado y dificultado todos los procesos relativos a la administraci\u00f3n de justicia a nivel nacional\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que \u00abse anule el fallo del 15 de septiembre de 2020, proferido por la Comisar\u00eda de Familia de Usaqu\u00e9n 1 que impone una medida de protecci\u00f3n en mi contra, y en su lugar se decida nuevamente (\u2026), al no demostrarse ning\u00fan acto de violencia en contra de la se\u00f1ora Fern\u00e1ndez Camacho. Que como consecuencia (\u2026), se anule la decisi\u00f3n del auto [del] 06 de noviembre de 2020, proferido por el Juzgado Noveno de Familia sobre la apelaci\u00f3n que presente (\u2026), y en su lugar se decida nuevamente, garantizando mis derechos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Noveno de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que con prove\u00eddo del 6 de noviembre de 2020 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda de Familia del 15 de septiembre de la misma anualidad, en el cual consta \u00abel fundamento de car\u00e1cter legal (\u2026), as\u00ed como el an\u00e1lisis probatorio respectivo en el que el despacho se bas\u00f3 para considerar lo acertado de la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda [consistente en] que est\u00e1n probados los hechos de violencia intrafamiliar en contra de la se\u00f1ora Claudia Patricia Fern\u00e1ndez Camacho\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisaria Primera de Familia Usaqu\u00e9n, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno es la primera vez que el hoy tutelante acude al mecanismo de tutela para dilatar y desconocer \u00f3rdenes dadas por esta Comisar\u00eda, especialmente las proferidas en fallo de fecha 15 de septiembre de 2020 donde se orden\u00f3 (\u2026) DESALOJAR de manera inmediata la casa ubicada en (\u2026); PROHIBIR volverse a involucrar en los aspectos econ\u00f3micos, f\u00edsicos y privados de la se\u00f1ora Claudia Fern\u00e1ndez, y se abstenga de realizar cualquier tipo e agresi\u00f3n f\u00edsica, verbal, emocional o psicol\u00f3gica en contra de la se\u00f1ora Claudia Fern\u00e1ndez\u00bb, las cuales ratific\u00f3 el Juzgado Noveno de Familia el 6 de noviembre de 2020. Pidi\u00f3 denegar el amparo porque no se cumple el requisito temporal ni se avizora defecto espec\u00edfico de procedibilidad. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, pidi\u00f3 \u00abtener en cuenta los fundamentos y peticiones que ser\u00e1n expuestos por la Comisar\u00eda de Familia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio por desatender el requisito de la subsidiariedad, pues en la audiencia del 19 de agosto de 2020, adem\u00e1s de no evidenciar que el hoy demandante \u00abhubiera solicitado que se tuvieran en cuenta como pruebas los mensajes cruzados con su esposa mediante chats (\u2026), pese a que estaba representado en la diligencia por su apoderado judicial debidamente reconocido, no interpuso recurso alguno tendiente a obtener el decreto de dichos medios probatorios\u00bb, y fue \u00absolo hasta el 11 de septiembre de 2020, luego de haber vencida la oportunidad para solicitar, aportar y decretar pruebas, que el aqu\u00ed accionante anunci\u00f3 aportar (\u2026), documentos relacionados en cinco numerales que refieren en su mayor\u00eda a mensajes por v\u00eda electr\u00f3nica entre \u00e9l y su esposa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que en salvaguarda anterior -conocida en primera instancia por el Juzgado 58 Penal Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas, la sentencia \u00abfue revocada parcialmente para negar por improcedencia la acci\u00f3n de tutela, y confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s el Juzgado 50 Penal del Circuito con funci\u00f3n de conocimiento el 11 de mayo de 2021, pues se determin\u00f3 que contrario a lo afirmado por el accionante, este si obtuvo las copias del proceso, tuvo acceso al mismo. Que \u00abaparece escrito fechado 13 de agosto de 2020, en el que el accionante certifica con destino a la Comisar\u00eda de Familia haber recibido copia del expediente (\u2026), por tanto, no es cierto que el actor no hubiese podido tener acceso a las copias del expediente con el fin de ejercer su derecho a la defensa\u00bb. Por lo dem\u00e1s, \u00abdel an\u00e1lisis de la actuaci\u00f3n resumida, se observa que tanto la Comisar\u00eda como el Juzgado demandados, tomaron sus decisiones con base en los preceptos legales que rigen la materia y para tal efecto tuvieron en cuenta las pruebas oportunamente allegadas, sin que se observe en sus actuaciones v\u00eda de hecho ostensible que comprometa los derechos fundamentales aqu\u00ed invocados\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante aduciendo que contrario a lo indicado por el tribunal, no tuvo acceso al expediente del proceso seguido en su contra, porque para el 13 de agosto de 2020 cuando recibi\u00f3 las copias solicitadas, el plenario solo contaba con 20 folios \u00aby en la actualidad cuenta con 379\u00bb, y que fueron varias las peticiones que elev\u00f3 ante la Comisar\u00eda sin que obtuviera respuesta; que \u00abes completamente equivocada\u00bb la afirmaci\u00f3n en cuanto a que los mensajes de whatsapp se presentaron \u00abextempor\u00e1neamente\u00bb, porque ello no lo advirtieron los jueces de instancia, y que debi\u00f3 analizarse lo atinente a los defectos f\u00e1ctico y sustantivo enrostrados al definir el proceso de medida de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Noveno de Familia de Bogot\u00e1 -como fallador ad quem del proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar n\u00b0 2020-00408, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el ac\u00e1 accionante y all\u00ed querellado, al imponer el desalojo de la casa de habitaci\u00f3n que compart\u00eda con su esposa y prohibir cualquier tipo de agresi\u00f3n hacia ella. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable y, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 el fallo desestimatorio de primera instancia, pero por cuanto no alcanza a superar el presupuesto gen\u00e9rico de la inmediatez. <\/p>\n
3.1. En efecto, al estar dirigido el reproche a invalidar la providencia que desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la decisi\u00f3n dictada por la Comisar\u00eda Primera de Familia Usaqu\u00e9n el 15 de septiembre de 2020, prontamente se advierte que la acci\u00f3n desatiende el requisito temporal, habida cuenta que dicha decisi\u00f3n -confirmatoria de la medida de protecci\u00f3n de desalojo del lugar de residencia-, data del 6 de noviembre de 2020, mientras la queja constitucional la radic\u00f3 el demandante para su respectivo tr\u00e1mite ante el tribunal el 15 de junio de 2021, es decir, transcurridos m\u00e1s de siete meses, lapso que excede el semestre que la jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
En este orden, la salvaguarda desatiende la constante y reiterada jurisprudencia constitucional y de esta Corporaci\u00f3n sobre dicha tem\u00e1tica, en el sentido de que su prosperidad se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar los seis (6) meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Sobre el particular se ha reiterado que el citado principio debe exigirse con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada en STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, citada en STC5483-2020, 12 ago. 2020, rad. 01584-00, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea se ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC1456-2021, 18 feb. 2021, rad. 2020-00658-01). Se subraya. <\/p>\n
3.2. Ahora, por cuanto el querellante adujo que su demanda s\u00ed cumpl\u00eda el principio de temporalidad que ac\u00e1 se ha echado de menos, porque, en su criterio, no le fue posible presentarla antes debido a las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura con ocasi\u00f3n de la pandemia del Covid-19, para la Sala tal excusa no configura situaci\u00f3n que afectara estrictamente al interesado para acudir oportunamente a la administraci\u00f3n de justicia, por el contrario, se muestra infundada por no constituir un motivo v\u00e1lido para justificar su inactividad, pues, el demandante, adem\u00e1s de encontrarse representado en el desarrollo procesal por abogado, no prob\u00f3 motivos ajenos a su voluntad que impidieran acudir tempranamente a la salvaguarda. <\/p>\n
Igualmente, para adoptar la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, como medida transitoria por motivos de salubridad p\u00fablica, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020, precis\u00f3 que \u00abse except\u00faa el tr\u00e1mite de acciones de tutela\u00bb, y con Acuerdo PCSJA20-11518 -expedido al d\u00eda siguiente-, la ratific\u00f3 y ampli\u00f3 a las acciones de habeas corpus, manteni\u00e9ndose en las disposiciones posteriores (Acuerdos PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556, PCSJA20-11567 y PCSJA20-11597 de 2020, entre otros). <\/p>\n
En este orden, por cuanto la medida temporal de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales no se extendi\u00f3 a las acciones de tutela, y aunado a que la informalidad en la presentaci\u00f3n es una de sus caracter\u00edsticas y a que las distintas instancias judiciales han abierto y conservado los canales virtuales para su instauraci\u00f3n y tr\u00e1mite, la situaci\u00f3n excepcional de la pandemia no tuvo efecto frente al requisito de inmediatez; por ende, no fue demostrada la existencia de motivo o circunstancia que justifique la tardanza del accionante para recurrir a este instrumento constitucional. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Bajo el contexto discurrido, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la inmediatez, el cual ac\u00e1 no se satisface, sin ahondar en otras tem\u00e1ticas, ser\u00e1 ese criterio el que se impondr\u00e1 para confirmar la improcedencia del auxilio, ya que no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que excusara la demora en su invocaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, pero por la puntual raz\u00f3n expuesta en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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