STC9436-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9436-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00594-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Floresmiro Su\u00e1rez Le\u00f3n contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y, el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y los intervinientes en el tr\u00e1mite constitucional a que alude la demanda de amparo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en causa propia, el actor reclama la protecci\u00f3n supralegal de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la confianza leg\u00edtima, a la \u00abtutela judicial efectiva\u00bb y al \u00abnon bis in idem\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas, con la decisi\u00f3n proferida en el marco de la salvaguarda que promovi\u00f3 en contra de la Cartera Ministerial de Relaciones Exteriores y otro, con radicado N.\u00ba 2021-00013-00. <\/p>\n
Reclama, entonces, que para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, se revoque la decisi\u00f3n del 12 de febrero actual proferida en primera instancia por el Juzgado Cuarenta y Uno Penal de Bogot\u00e1, confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma localidad mediante prove\u00eddo del 15 de marzo siguiente, a trav\u00e9s de la cual \u00abneg\u00f3 los derechos fundamentales que le asisten al actor en el t\u00e9rmino del proceso de la referencia de primer (sic) por indicarse que hay un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja, y del denso escrito tutelar se extrae, que el quejoso promovi\u00f3 un auxilio constitucional por la vulneraci\u00f3n de su \u00abderecho a la administraci\u00f3n de justicia consagrado en el art. 229 de la CP, cuando vincul\u00e9 a trav\u00e9s de la v\u00eda petitoria al ministerio de relaciones exteriores que es un derecho, y no un deber (\u2026) por considerarse que, se le solicit\u00f3 a trav\u00e9s de la v\u00eda petitoria del correo electr\u00f3nico al comit\u00e9 internacional de la cruz roja, sobre la informaci\u00f3n adecuada y hasta la presente fecha se desconoce la ausencia que en reiteradas ocasiones se les hizo solicitud a trav\u00e9s de la v\u00eda virtual a esta organizaci\u00f3n, por considerarse que, los sujetos de especial protecci\u00f3n como somos las v\u00edctimas de desplazamiento forzado tenemos un statu constitucional\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, y en sede de impugnaci\u00f3n, a la Sala Penal del Tribunal Superior de esta capital, quienes despacharon de forma adversa sus pretensiones, al considerar que exist\u00eda un hecho superado, sin estar acreditado el mismo, situaci\u00f3n que, dice, quebranta flagrantemente sus derechos fundamentales, raz\u00f3n por la cual reclama nuevamente la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Cuarenta y Uno Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 anot\u00f3, que conoci\u00f3 \u00abde la acci\u00f3n de tutela incoada por el mismo en contra del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, con Radicado No. 11001310090412021-013, por presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n\u00bb; que mediante decisi\u00f3n del 12 de febrero del a\u00f1o en curso puso fin a la instancia negando el resguardo, tras advertir que la respuesta a la petici\u00f3n echada de menos por el accionante fue otorgada dentro del tr\u00e1mite, circunstancia que \u00abcondujo a que se estimara que la vulneraci\u00f3n fundamental deprecada por el accionante, se hubiera superado\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, consider\u00f3 que con su actuaci\u00f3n no quebrant\u00f3 ninguna de las garant\u00edas reclamadas por el interesado, siendo lo pretendido por aqu\u00e9l usar el resguardo como \u00abuna tercera instancia ante esa Honorable Corporaci\u00f3n, lo cual es a todas luces improcedente\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, la Sala Penal de Tribunal Superior de Bogot\u00e1 de esta ciudad explic\u00f3, que mediante decisi\u00f3n del 15 de marzo de la calenda que avanza confirm\u00f3 el fallo constitucional de primer grado en comento, determinaci\u00f3n que fue \u00abadoptada conforme a los par\u00e1metros legales, a lo reportado en el expediente y en observancia a los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional relativos al n\u00facleo b\u00e1sico del derecho de petici\u00f3n y en especial, los presupuestos que debe atender la respuesta ofrecida por la receptora de la solicitud para considerar debidamente contestada la petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
c. A su turno, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana asegur\u00f3, que la respuesta dada al promotor del amparo \u00abse fundament\u00f3, en indicar claramente que el programa sobre el cual se solicita informaci\u00f3n, es desarrollado por la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogot\u00e1\u00bb, por lo que pidi\u00f3 declarar temeraria la actuaci\u00f3n del actor, pues ha promovido \u00abnumerables acciones de tutela e impugnaciones (\u2026) basado en los mismos hechos y pretensiones\u00bb. <\/p>\n
d. Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, tras advertir que no ha quebrantado ninguna de las garant\u00edas esenciales reclamadas por el pretensor, am\u00e9n que el hecho que origin\u00f3 el resguardo se super\u00f3 en el decurso de la actuaci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras considerar, en suma, que no era procedente \u00abintentar un nuevo amparo contra la providencia que ha fallado otra acci\u00f3n similar, pues ello alterar\u00eda la naturaleza jur\u00eddica de este mecanismo y frustrar\u00eda su objeto funcional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el anterior fallo, y pidi\u00f3 la revocatoria del mismo, bajo el argumento que \u00abla decisi\u00f3n de primera instancia, [carece] de las condiciones necesarias a la sentencia congruente, teniendo en cuenta que: a) No se ajusta a los hechos antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho, en el examen y consideraci\u00f3n de mi petici\u00f3n ; b) Se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, como lo establece la ley; c) Se funda en consideraciones inexactas cuando no totalmente err\u00f3neas; d) Incurre el fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio dela acci\u00f3n de tutela, que resulta insignificante a las pretensiones como actora, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de sus principio\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Floresmiro Su\u00e1rez Le\u00f3n recae, concretamente, en la decisi\u00f3n constitucional del 15 de marzo de los corrientes, por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 mantuvo en sede de impugnaci\u00f3n, el fallo proferido el 12 de febrero anterior por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma urbe, que le deneg\u00f3 por hecho superado, el amparo reclamado frente a distintas autoridades estatales, por no estar de acuerdo con lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
4. Visto lo anterior, se aprecia sin asomo de duda, que el resguardo ahora reclamado es improcedente, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es, en \u00faltimas, atacar las providencias dictadas en ambas instancias procesales por las sedes judiciales convocadas, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, cuesti\u00f3n que desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, sin que adem\u00e1s, se evidencie la ocurrencia de las hip\u00f3tesis previstas en el numeral 4.6.2.2. de la providencia citada en l\u00edneas anteriores, para que de manera excepcional\u00edsima se autorice la intervenci\u00f3n de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
5. Ahora, de la revisi\u00f3n de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial se advierte, que el expediente contentivo de la acci\u00f3n tuitiva en comento fue remitido el 20 de abril del a\u00f1o que corre a la Corte Constitucional, encontr\u00e1ndose pendiente de definir si procede o no su eventual revisi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual la parte aqu\u00ed interesada est\u00e1 en la posibilidad de acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del memorado compendio1, en caso que el asunto no sea seleccionado para revisi\u00f3n, para pedir a la referida Colegiatura su escogencia para dicho tr\u00e1mite, \u00fanico mecanismo procesal que puede interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Sala: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC3841-2021). <\/p>\n
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la v\u00eda id\u00f3nea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisi\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC8262-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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