STC9439-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9439-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 44001-22-14-000-2021-00081-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha el 12 de julio de 2021, que neg\u00f3 la tutela de Roberto Ram\u00edrez D\u00edaz frente a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, la Defensor\u00eda Nacional del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Procuradur\u00eda Regional de La Guajira y los intervinientes en el proceso disciplinario radicado n\u00ba 2018-00162. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, miembro de la comunidad \u00e9tnica afrodescendiente de Roche, obrando en su propio nombre y como representante legal de la Asociaci\u00f3n \u00abAsorocheros\u00bb del municipio de Barrancas, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, defensa, consulta previa y, derechos colectivos de \u00abautonom\u00eda, autoreconocimiento, autodeterminaci\u00f3n, principio de juez natural\u00bb, presuntamente vulnerados por la convocada. <\/p>\n
2. Se extrae del escrito inicial y los anexos que la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, abri\u00f3 investigaci\u00f3n disciplinaria contra el abogado Pablo Segundo Ojeda Guti\u00e9rrez, con ocasi\u00f3n de la queja presentada por los se\u00f1ores Eder Aurelio Arregoc\u00e9s Pinto y Jaime Alonso Arregoc\u00e9s Torres (radicado n\u00ba 2018-000162), originada, presuntamente, por incumplir con algunos de sus deberes profesionales en el proceso de Consulta Previa en el que se encuentra inmersa la Comunidad \u00c9tnica Afrodescendiente de Roche con la empresa \u00abCarbones del Cerrej\u00f3n Limited\u00bb. <\/p>\n
El 16 de junio de 2021, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina de La Guajira desestim\u00f3 el requerimiento del peticionario, esencialmente porque aqu\u00e9l no cuenta con \u00ab(\u2026) legitimaci\u00f3n para solicitar la nulidad del proceso disciplinario, no est\u00e1 facultado para ello\u00bb; a lo que agreg\u00f3 que, con la investigaci\u00f3n adelantada respecto del abogado Ojeda Guti\u00e9rrez \u00abno se est\u00e1 vulnerando los derechos de ninguna \u00edndole de la Comunidad Afrodescendiente de Roche, que tampoco como un colectivo interviniente en el proceso disciplinario\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 el gestor del amparo el pronunciamiento que rechaz\u00f3 su solicitud de nulidad por carecer de \u00abargumentos jur\u00eddicos v\u00e1lidos (sic)\u00bb; en tal sentido afirm\u00f3 que, contrario a lo indicado por la comisi\u00f3n, \u00abfui vinculado legalmente al proceso disciplinario n\u00ba 2018-00162-00 por la magistrada Ana Tulia Lamboglia Rodr\u00edguez, desde el a\u00f1o 2019 mediante auto, vinculado en calidad de testigo, donde declar\u00e9 bajo la gravedad de juramento el d\u00eda 7 de junio de 2019 sobre el proceso disciplinario de la referencia, por ser en esa \u00e9poca el representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caser\u00edo de Roche, donde present\u00e9 testimonio y pruebas documentales para demostrarle al despacho que los se\u00f1ores Eder Aurelio Arregoc\u00e9s Pinto y Jaime Alfonso Arregoc\u00e9s Torres no pertenecen a la Comunidad \u00c9tnica Afrodescendiente de Roche sino que pertenecen es a la Comunidad de Chancleta [\u2026] por lo tanto [\u2026] no est\u00e1n legitimados para presentar denuncias en nombre de nuestra comunidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo tambi\u00e9n que, en el proceso de consulta previa que involucra a la comunidad que dice representar, \u00abnunca han encontrado irregularidades (\u2026) por esas razones present\u00e9 el recurso de nulidad para que el proceso disciplinario [\u2026] se base en hechos que no tengan relaci\u00f3n con [la] consulta previa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se ordene \u00aba la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, tramitar el recurso de nulidad de fecha 11 de junio de 2021 presentado por Roberto Ram\u00edrez D\u00edaz en representaci\u00f3n de la Comunidad Afrodescendiente de Roche, Municipio de Barrancas (\u2026) ordenar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda Nacional del Pueblo, garantizar los derechos humanos de la Comunidad \u00c9tnica de Roche, vulnerados por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado Jorge Rafael Isaza Jim\u00e9nez, integrante de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, relacion\u00f3 lo acontecido en la causa recriminada, y se\u00f1al\u00f3 que el curso normal del tr\u00e1mite se ha visto afectado por las constantes solicitudes de aplazamientos y de otro tenor por parte del disciplinado, motivo por el cual la audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n se ha postergado de diversas ocasiones. <\/p>\n
Sobre la presente demanda destac\u00f3 que, en efecto, \u00abse neg\u00f3 el tr\u00e1mite del denominado \u201crecurso de nulidad\u201d por cuanto el se\u00f1or Roberto Ram\u00edrez D\u00edaz no figura como quejoso dentro del radicado 2018-00162, tampoco es el investigado ni su defensor, mucho menos ostenta la calidad de agente del ministerio p\u00fablico (\u2026) el actor al interior del proceso [\u2026] es solo un tercero a quien se le solicit\u00f3 su colaboraci\u00f3n con la administraci\u00f3n de justicia para esclarecer los hechos inherentes a la investigaci\u00f3n disciplinaria\u00bb; y finalmente, a\u00f1adi\u00f3 que la investigaci\u00f3n, \u00abno tiene por objeto indagar, tomar decisiones ni inmiscuirse en el tr\u00e1mite de la consulta previa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La procuradora regional de La Guajira, resalt\u00f3 que ninguna intervenci\u00f3n ha realizado en el juicio disciplinario en discusi\u00f3n, pues \u00absolo hasta este momento tuvo conocimiento del asunto\u00bb; sin embargo, manifest\u00f3 que el accionante \u00abpodr\u00eda\u00bb no tener \u00ablegitimidad en la causa por activa [\u2026] porque carece de la condici\u00f3n de sujeto procesal\u00bb. <\/p>\n
3. La defensora regional de La Guajira, inform\u00f3 que no existe registro alguno que contenga solicitud de acompa\u00f1amiento o apoyo que provenga del accionante en el proceso de la referencia. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante, replicando la argumentaci\u00f3n del escrito introductorio, e insisti\u00f3 en que s\u00ed fue vinculado al proceso disciplinario en el cual solicit\u00f3 la nulidad de esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el querellante, al desestimar la solicitud de nulidad que impetr\u00f3 respecto de la investigaci\u00f3n disciplinaria que cursa contra el abogado Pablo Segundo Ojeda Guti\u00e9rrez (radicado n\u00ba 2018-00162) por establecer que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa para actuar. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 La providencia atacada. <\/p>\n
Del examen del pronunciamiento cuestionado (16 de junio de 2021) y de los argumentos en que el promotor del amparo fund\u00f3 su inconformidad, no se advierte vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados, habida cuenta que la posici\u00f3n de la autoridad acusada se aprecia razonable. <\/p>\n
En efecto, tras relacionar la normativa aplicable al asunto, los art\u00edculos 65 y 661 de la ley 1123 de 2007, la corporaci\u00f3n acusada precis\u00f3 que el peticionario no contaba con legitimaci\u00f3n en la causa para deprecar la invalidez del juicio disciplinario, por cuanto no funge como interviniente en ninguna de las calidades previstas en las citadas disposiciones; en lo atinente, puntualiz\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn cuanto al objeto de su petici\u00f3n denominado \u201crecurso de nulidad\u201d, se advierte que el se\u00f1or Roberto Ram\u00edrez no figura como quejoso en ese caso, ni siquiera ha sido llamado a rendir declaraci\u00f3n jurada y por supuesto que tampoco ostenta la calidad de interviniente. Como no se trata de un interviniente, al tenor del art\u00edculo 100 de la ley 1123 de 2007 ya citado, entonces carece de legitimaci\u00f3n para solicitar la nulidad del proceso [\u2026] no est\u00e1 facultado para ello\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, para absolver el segundo de los reproches planteados en la petici\u00f3n, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abPasando a su segunda solicitud, advierte el suscrito magistrado [\u2026] que este despacho no ha vulnerado los derechos de ninguna \u00edndole de la Comunidad Afrodescendiente de Roche, que tampoco figura como un colectivo interviniente dentro del proceso disciplinario (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Y agreg\u00f3, \u00abfrente al reproche que se hace sobre estarse fundamentando la investigaci\u00f3n disciplinaria en \u201chechos, peticiones, asuntos, acuerdos, reuniones, conciliaciones y dem\u00e1s de lo que ha ocurrido durante el proceso de consulta previa\u201d, debe aclararse que la actuaci\u00f3n que los quejosos reprochan al profesional del derecho al parecer tuvo ocurrencia en el marco de ese proceso de consulta previa o en relaci\u00f3n con ello, y por esa raz\u00f3n las solicitudes probatorias y el decreto de pruebas se han orientado a obtener informaci\u00f3n al respecto. <\/p>\n
(\u2026) las autoridades judiciales en cumplimiento de sus funciones est\u00e1n facultadas para obtener informaci\u00f3n a trav\u00e9s de la orden correspondiente aun cuando dicha informaci\u00f3n se considere privada o semiprivada; am\u00e9n que no se considera que se trate de una informaci\u00f3n sometida a reserva a la que no se pueda acceder. <\/p>\n
De igual manera, al tenor del cap\u00edtulo VII de la ley 1123 de 2007, especialmente los art\u00edculos 84, 85, 87 [\u2026] la actividad probatoria desplegada por este operador disciplinario est\u00e1 amparada y encuentra sustento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y de acuerdo con lo rese\u00f1ado, la anterior decisi\u00f3n contiene un criterio razonable, en tanto que en ella, la corporaci\u00f3n accionada expuso motivos jur\u00eddicos suficientes para desestimar la solicitud del accionante, esencialmente por no tener la calidad de sujeto procesal en el disciplinario en cuesti\u00f3n; de manera que, no puede calificarse de desfasada o caprichosa considerando que auscult\u00f3 pertinentemente las disposiciones que determinan los roles de quienes tienen facultad de intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite, no siendo uno de ellos el del testigo, como lo pretendi\u00f3 alegar el peticionario. <\/p>\n
Por lo tanto, esas deducciones no pueden ser desaprobadas de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1[n] demostrado[s] [los] defecto[s] apuntado[s] en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Al respecto, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Entonces, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la autoridad aqu\u00ed demandada tom\u00f3 esa decisi\u00f3n, pues lo resuelto, constituye una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El amparo es inviable frente al proferimiento dictado por la autoridad accionada, porque se advierte fundamentada con criterio de razonabilidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 ART\u00cdCULO 65. INTERVINIENTES. Podr\u00e1n intervenir en la actuaci\u00f3n disciplinaria el investigado, su defensor y el defensor suplente cuando sea necesario; el Ministerio P\u00fablico podr\u00e1 hacerlo en cumplimiento de sus funciones constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
ART\u00cdCULO 66. FACULTADES. Los intervinientes se encuentran facultados para: <\/p>\n
1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en su pr\u00e1ctica. <\/p>\n
2. Interponer los recursos de ley. <\/p>\n
4. Obtener copias de la actuaci\u00f3n, salvo que por mandato constitucional o legal estas tengan car\u00e1cter reservado. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO. El quejoso solamente podr\u00e1 concurrir al disciplinario para la formulaci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de la queja bajo la gravedad del juramento, aporte de pruebas e impugnaci\u00f3n de las decisiones que pongan fin a la actuaci\u00f3n, distintas a la sentencia. Para este efecto podr\u00e1 conocerlas en la Secretar\u00eda de la Sala respectiva. <\/p>\n
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