STC9477-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9477-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00620-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 4 de mayo de 2021, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela incoada por Aristalco Jos\u00e9 Ram\u00edrez P\u00e9rez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario, promovido por el aqu\u00ed actor a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante exige la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del libelo tutelar y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se sintetizan, en lo relevante, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
Aristalco Jos\u00e9 Ram\u00edrez P\u00e9rez promovi\u00f3 demanda ordinaria en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, solicitando el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez a la luz del Acuerdo 049 de 1991. <\/p>\n
En el compendio f\u00e1ctico de ese asunto se aleg\u00f3 que el aqu\u00ed actor tiene en su haber 828,55 semanas cotizadas, de las cuales 652 se encuentran dentro de los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad para acceder a la referida prestaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
Ese litigio fue zanjado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo, quien, mediante providencia de 9 de julio de 2015, concedi\u00f3 las pretensiones invocadas. <\/p>\n
El 25 de julio de 2016, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada ciudad, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia, al establecer que el petente no contaba con la densidad de semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1991, para acceder a la jubilaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
En sentencia SL4392 de 4 de noviembre de 2020, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, decidi\u00f3 \u201cno casar\u201d el fallo de segundo grado. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, se ordene \u201cdictar un nuevo fallo que se ajuste a la jurisprudencia\u201d aplicable al caso bajo estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
Se opuso al ruego se\u00f1alando que la intenci\u00f3n del promotor es la de \u201c(\u2026) crear, a trav\u00e9s de esta v\u00eda, una instancia adicional en la que se reexaminen los elementos de juicio obrantes en el expediente (\u2026)\u201d contentivo del litigio sublite. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo tras anotar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La interpretaci\u00f3n que entreg\u00f3 la autoridad judicial demandada para dejar inc\u00f3lume el fallo que emiti\u00f3 el Tribunal Superior de Sincelejo es razonable, avalada por su propia doctrina. Por ejemplo, en la CSJ SL4165 dictada el 19 de agosto de 2020, en el radicado 62265, se reiter\u00f3 que, si se pretende la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, en virtud del beneficio de transici\u00f3n, es necesario contar con este r\u00e9gimen pensional desde antes del inicio de la ley de seguridad social (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la petente insistiendo en la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aristalco Jos\u00e9 Ram\u00edrez P\u00e9rez pretende que, a trav\u00e9s de este instrumento de protecci\u00f3n excepcional, se deje sin efecto la sentencia SL4392 de 4 de noviembre de 2020, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
2. Examinado el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se zanj\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, interpuesto en el litigio bajo estudio, no emerge irregularidad alguna con fuerza suficiente como para permitir el paso a esta excepcional justicia. <\/p>\n
En efecto, la corporaci\u00f3n criticada empez\u00f3 por indicar que, para el caso del actor, era viable la acumulaci\u00f3n de tiempos cotizados tanto en el fondo privado como en el p\u00fablico para acceder a la pensi\u00f3n de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, a la luz del cambio jurisprudencial que esa Corte realiz\u00f3 sobre ese tema. Al respecto, infiri\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sobre el tema objeto de escrutinio la Sala, en sentencia CSJ SL1981-2020, modific\u00f3 la tesis existente de la improcedencia de la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados para acceder a la pensi\u00f3n de vejez de conformidad a lo consagrado el Acuerdo 049 de 1990 y acogi\u00f3 por mayor\u00eda que los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n a los que les sea aplicable el mencionado acuerdo, la procedencia de la acumulaci\u00f3n de las semanas prestadas en el sector p\u00fablico con independencia si fueron o no cotizadas al ISS hoy Colpensiones, con las efectivamente aportadas a dicha entidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, si bien los cargos expuestos en la demanda de casaci\u00f3n eran fundados, dada la equivocaci\u00f3n del ad quem al considerar que no era procedente acumular tiempos p\u00fablicos y privados para acceder a la memorada prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, lo cierto era, al actor no le asist\u00eda el derecho de acceder a la pensi\u00f3n de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto no estructur\u00f3 ninguna \u201cexpectativa leg\u00edtima\u201d bajo los postulados de esa norma. <\/p>\n
En efecto, actuando como tribunal de instancia, la corporaci\u00f3n criticada valor\u00f3 las pruebas practicadas dentro del litigio, de las cuales concluy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (i) que el actor naci\u00f3 el 5 de mayo de 1944; (ii) que al 1 de abril de 1994 contaba con m\u00e1s de 40 a\u00f1os de edad; (iii) que seg\u00fan la historia laboral el demandante en calidad de servidor p\u00fablico realiz\u00f3 a aportes a Cajanal y Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Sucre (04-04-83 a 14-05-96); (iv) que ingres\u00f3 al sistema de pensiones por primera vez administrado por el ISS el 1 de mayo de 2006, esto es con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; (v) que su primer aporte al ISS, fue realizado con posterioridad al cumplimiento de los 60 a\u00f1os de edad\u201d. <\/p>\n
\u201cDe lo expuesto, conforme a lo regulado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, el demandante es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n al haber prestado sus servicios al sector p\u00fablico y realizado aportes a las cajas de previsi\u00f3n antes de la entrada en vigencia de la normatividad se\u00f1alada, lo que le permitir\u00eda acceder a su derecho pensional a la luz de la Ley 33 de 1985 o en su defecto la Ley 71 de 1988\u201d. <\/p>\n
\u201cComo puede verse, aunque el accionante es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, no pod\u00eda ampararse en el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto no estructur\u00f3 en \u00e9l una expectativa leg\u00edtima, en tanto empez\u00f3 a cotizar solo tras la vigencia del sistema general de pensiones creado por la Ley 100 de 1993, as\u00ed pues, hasta el advenimiento de esta ley, el actor \u00fanicamente ten\u00eda cierta confianza de que pod\u00eda pensionarse con apego a la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988, pero jam\u00e1s con los reglamentos del ISS, donde nunca estuvo afiliado\u201d. <\/p>\n
\u201cEn armon\u00eda con lo expuesto, la Sala en la sentencia CSJ SL2129-2014, reiterada en las decisiones SL13154-2016, SL21790-2017, ha expresado para que una persona pueda ser beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, rigurosamente debe haber estado afiliada al sistema precedente con el que pretende pensionarse, que genere una expectativa leg\u00edtima susceptible de protecci\u00f3n legal, que es por dem\u00e1s la garant\u00eda de remisi\u00f3n, preservaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de reg\u00edmenes pensionales anteriores que subyace a esa figura legal (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Lo pretendido por el promotor es obtener un pronunciamiento diferente al emitido por la corporaci\u00f3n accionada en la sentencia mediante la cual se zanj\u00f3 el memorado recurso de casaci\u00f3n, la cual, se infiere, est\u00e1 soportada en fundamentos l\u00f3gicos y razonables, fruto de la valoraci\u00f3n de los medios de prueba militantes en el expediente y del an\u00e1lisis de las normas y la jurisprudencia aplicables al caso. <\/p>\n
N\u00f3tese, el colegiado convocado fue enf\u00e1tico en se\u00f1alar que, si bien Aristalco Jos\u00e9 Ram\u00edrez P\u00e9rez es beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es, no pod\u00eda valerse del Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensi\u00f3n de vejez all\u00ed establecida, por cuanto, empez\u00f3 a cotizar en el I.S.S. solo hasta el a\u00f1o 2006, por tanto, no ten\u00eda ninguna expectativa de pensionarse con un r\u00e9gimen anterior a la primera de las mencionadas normas. <\/p>\n
Lo anterior desvirt\u00faa la aseveraci\u00f3n del tutelante referente al supuesto desconocimiento por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral del precedente constitucional relacionado con la posibilidad de acumular tiempos cotizados en el fondo p\u00fablico y privado para acceder a la jubilaci\u00f3n consagrada en el Acuerdo 049 de 1990; por el contrario, la convocada enfatiz\u00f3 que, para el caso del actor, dicha sumatoria era procedente a la luz del cambio jurisprudencial realizado por esa Corte frente a ese espec\u00edfico tema; empero, el derecho reclamado no pod\u00eda concederse dada la carencia de expectativa leg\u00edtima de pensionarse bajo un r\u00e9gimen al cual el petente nunca estuvo afiliado. <\/p>\n
5. T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
6. Al margen de lo discurrido, debe decirse que a pesar de ser el actor un adulto mayor, no se advierte una situaci\u00f3n actual de peligro inminente que posibilite conceder el resguardo, a\u00fan como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
7.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado el 31 de octubre del mismo a\u00f1o, exp. 00426-01. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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