STC9516-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9516-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00063-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de enero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngela del Pilar S\u00e1nchez Antivar en calidad de \u00abapoderada general\u00bb del Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales y el Juzgado Penal del Circuito de Aguadas, Caldas, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante en la condici\u00f3n referida, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su mandante al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb y al \u00abprincipio de legalidad\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias pronunciadas en ambas instancias, a la luz de la acci\u00f3n que de esta misma naturaleza adelant\u00f3 Wilson Ra\u00fal G\u00f3mez Vargas en contra del Consorcio por ella representado, identificada con el consecutivo 2020-00019-00. <\/p>\n
Por tal motivo, solicita para la protecci\u00f3n de tales prerrogativas, que i) se revoquen tanto el fallo de primer grado \u00abde fecha 25 de agosto de 2020, [pronunciado por el] Juzgado Penal del Circuito de Aguadas\u00bb, como el \u00abde segunda instancia, de fecha 30 de septiembre de 2020, del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales \u2013Sala Penal\u00bb; y que ii) se modifiquen \u00ablas decisiones adoptadas conforme a lo dispuesto en Ley 1709 de 2014, Decreto 1069 de 2015 y Decreto 2245 de 2015 frente a la destinaci\u00f3n de los recursos del Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la Libertad, as\u00ed como las competencias en materia de atenci\u00f3n en salud y afiliaciones de las personas que recobran la libertad a cargo del ente territorial y posterior a la EPS, absteni\u00e9ndose de requerir su cumplimiento al Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL, as\u00ed como a la sociedad integrante Fiduprevisora S.A. y sus representantes legales\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de lo pretendido y en cuanto resulta relevante para la definici\u00f3n de la instancia, aduce en lo esencial la accionante, que el se\u00f1or Wilson Ra\u00fal G\u00f3mez Vargas instaur\u00f3 una acci\u00f3n de tutela frente al Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019, quien al ejercer su derecho de defensa, puso de presente que aqu\u00e9l se encontraba en libertad desde el 22 de julio de 2020, motivo por el cual su atenci\u00f3n en salud le correspond\u00eda asumirla al INPEC y al ente territorial; que no obstante lo anterior, el Juzgado Penal del Circuito de Aguadas concedi\u00f3 la salvaguarda inquirida mediante sentencia adiada 25 de agosto de 2020, orden\u00e1ndole al USPEC y al Consorcio que dentro de sus funciones, garanticen le garanticen a \u00e9ste el procedimiento m\u00e9dico denominado \u00aburetroplastia con injerto de mucosa oral + cistoscopia + uretrograf\u00eda retrograda\u00bb; y a la Secretar\u00eda de Salud de Aguadas, afiliarlo al sistema general de seguridad social en salud, en el r\u00e9gimen subsidiado. <\/p>\n
Refiere que en vista de tal decisi\u00f3n la impugn\u00f3, pero de manera infructuosa, pues la Sala Penal del Tribunal Superior Manizales la mantuvo inc\u00f3lume en prove\u00eddo del 30 de septiembre siguiente, tras ignorar el argumento relativo a la \u00abimposibilidad jur\u00eddica y f\u00e1ctica de dar cumplimiento a lo ordenado\u00bb, en tanto que el se\u00f1or G\u00f3mez Vargas ya no se encuentra privado de la libertad. <\/p>\n
Aduce que aunque ya en tr\u00e1mite del respectivo incidente de desacato, insisti\u00f3 en la dificultad del acatamiento de la orden constitucional, nuevamente su manifestaci\u00f3n fue pasada por alto, sancion\u00e1ndose a Jaime Abril Morales, Juan Pablo Su\u00e1rez y Gloria In\u00e9s Cort\u00e9s Arango; que as\u00ed las cosas, y con el fin de que se evitara la aplicaci\u00f3n de las condenas impuestas, se adelantaron las gestiones pertinentes para la realizaci\u00f3n del procedimiento que requer\u00eda el amparado, la cual finalmente se practic\u00f3 el 18 de noviembre de 2020 en el Hospital Universitario de Manizales. <\/p>\n
Comenta que aunque el a quo constitucional invalid\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta a los incidentados, acude a la presente acci\u00f3n excepcional en vista que su representada tiene como objeto el de administrar los recursos del Fondo Nacional de Salud para las personas privadas de la libertad a cargo del INPEC, los cuales provienen del presupuesto general de la naci\u00f3n, y como el accionante ya no la ostentaba el otrora actor, en \u00faltimas, podr\u00eda calificarse dicha apropiaci\u00f3n en un uso inadecuado el erario p\u00fablico, para que el juez constitucional tome una decisi\u00f3n a favor del Consorcio que representa judicialmente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El apoderado judicial del Hospital Universitario de Caldas E.S.E. inform\u00f3, que luego de expedida la autorizaci\u00f3n el 30 de octubre del a\u00f1o anterior por el Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019, el 18 de noviembre de ese mismo a\u00f1o se realiz\u00f3 la cirug\u00eda urol\u00f3gica que requer\u00eda el paciente Wilson Ra\u00fal G\u00f3mez Vargas. <\/p>\n
b. A su turno, el titular del Juzgado Penal del Circuito de Aguadas, dijo oponerse a la prosperidad de la salvaguarda impetrada, luego de esgrimir al efecto que si bien el se\u00f1or G\u00f3mez Vargas ya hab\u00eda recuperado su libertad al momento en que se le brind\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, el tratamiento que se le orden\u00f3 suministrar estaba autorizado desde mucho antes, por lo que le correspond\u00eda al Consorcio y a la Fiduprevisora su reconocimiento. <\/p>\n
c. La Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Manizales, luego de resumir las actuaciones qu adelant\u00f3 en sede de impugnaci\u00f3n al interior del amparo objeto de an\u00e1lisis, hizo \u00e9nfasis en que la decisi\u00f3n adoptada all\u00ed tuvo en cuenta el principio de continuidad en la prestaci\u00f3n del servicio de salud, tras considerarse que las accionadas ten\u00edan el deber de brindar la atenci\u00f3n m\u00e9dica que el gestor requer\u00eda, el que por dem\u00e1s, hab\u00eda sido suministrado y autorizado por el Consorcio antes que \u00e9ste obtuviera la libertad condicional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que \u00abla discusi\u00f3n gira en punto a controvertir el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Aguadas respecto del cual no se re\u00fanen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia Constitucional para la procedencia de la petici\u00f3n de amparo contra decisiones de la misma naturaleza. Como se vio, la \u00fanica posibilidad para la pertinencia de este nuevo reclamo es que se est\u00e9 frente a un hecho fraudulento, circunstancia que no est\u00e1 acreditada en el sub examine, pues lo afirmado por el demandante referido a que la acci\u00f3n no fue debidamente notificada a ASMET SALUD EPS S.A., como responsable de la prestaci\u00f3n del servicio de salud demandando, se trata de una circunstancia que se desvirt\u00faa a partir de los mismos hechos de esta tutela. <\/p>\n
Se destaca que, la acci\u00f3n promovida por Wilson Ra\u00fal G\u00f3mez Vargas en contra del Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019 fue fallada en primera instancia, con sentencia de amparo el 25 de agosto de 2020, fecha que si bien es posterior al d\u00eda en que recobr\u00f3 la libertad (22 de julio de 2020), la afiliaci\u00f3n de G\u00f3mez Vargas a la referida entidad prestadora de salud se produjo desde el 1\u00ba de septiembre de 2020, por lo que no hab\u00eda necesidad de vincular a dicha entidad a la acci\u00f3n de tutela primigenia y, en todo caso, no hab\u00eda informaci\u00f3n que al momento de admitir la acci\u00f3n le resultara \u00fatil al Juzgado Penal del Circuito de Aguadas para hacerlo. Es decir, si bien se trata de un aspecto anterior a la emisi\u00f3n de la sentencia, no resulta discutible en esta sede en tanto que, no exist\u00eda posibilidad material ni pr\u00e1ctica, ni tampoco m\u00e9rito, para que el juzgado cuestionado vinculara a ASMET SALUD EPS S.A. en el tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
6. Adem\u00e1s, lo que intenta por esta senda, es reabrir una discusi\u00f3n respecto de la protecci\u00f3n concedida y las cargas impuestas como responsables de la prestaci\u00f3n del servicio de salud a la poblaci\u00f3n privada de la libertad y las posibles circunstancias que pueden dar lugar a que se le excluya de tal deber ante una eventual liberaci\u00f3n del interno o su afiliaci\u00f3n al sistema general de Salud, tema respecto del cual, es de suma importancia resulta indicar que el accionante tiene abierta la oportunidad de presentar sus argumentos a trav\u00e9s del instrumento que se ofrece a su alcance, que no es otro que acudir ante la Corte Constitucional, como \u00f3rgano de cierre de la materia, para que eventualmente sea revisado el fallo que es objeto de reproche en el presente tr\u00e1mite, toda vez que examinado el aplicativo web de consulta de procesos de esa Corporaci\u00f3n, la actuaci\u00f3n fue radicada el 20 de noviembre de 2020 para que se surta el tr\u00e1mite citado. <\/p>\n
Significa lo anterior que, si todav\u00eda tiene activos los mecanismos de defensa la intervenci\u00f3n del juez de tutela se torna a todas luces improcedente, puesto que invadir\u00eda la competencia atribuida, en este evento, a la citada C\u00e9lula Judicial, atinente con la eventual revisi\u00f3n de los fallos de tutela, sin que tampoco sirva de excusa que dicho tr\u00e1mite de revisi\u00f3n sea muy prolongado o demorado, pues, por el contrario, se trata de un procedimiento preferente, r\u00e1pido y sumario, caracter\u00edsticas que, precisamente, identifican a la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante se mostr\u00f3 descontenta con lo resuelto, tras esgrimir similares argumentos a los expuestos en la demanda inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas1. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela; mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C. C. T-878 de 2007). <\/p>\n
3. En este asunto, \u00c1ngela del Pilar S\u00e1nchez Antivar, aduciendo la condici\u00f3n de apoderada general del Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019, cuestiona a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, las sentencias estimatorias de primera y segunda instancia emitidas en el marco de una acci\u00f3n que de esta misma naturaleza adelant\u00f3 el se\u00f1or Wilson Ra\u00fal G\u00f3mez Vargas en contra de \u00e9ste, identificada con el consecutivo 2020-00019-00, pues seg\u00fan su criterio, no le correspond\u00eda a su representada responder por los servicios m\u00e9dicos requeridos por el peticionario, teniendo en cuenta que ya no estaba preso en un centro de reclusi\u00f3n, pues hab\u00eda sido beneficiado con la libertad condicional. <\/p>\n
4. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al tr\u00e1mite y los informes rendidos al interior del mismo, no cabe duda del fracaso de lo reclamado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, teniendo en cuenta que el poder general otorgado por el representante legal del \u00abCONSORCIO FONDO DE ATENCI\u00d3N EN SALUD PPL 2019 CONFORMADO POR FIDUCIARIA LA PREVISORIA S.A. Y LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA S.A. ACTUANDO EN CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD\u00bb a la se\u00f1ora S\u00e1nchez Antivar mediante escritura p\u00fablica No. 0353 de 1\u00b0 de abril de 2019, otorgada en la Notar\u00eda Veintiocho del C\u00edrculo Notarial de Bogot\u00e1, no habilita a \u00e9sta para cuestionar la actuaci\u00f3n adelantada por los Despachos accionados mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no \u00abpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC3076-2021). <\/p>\n
5. Sobre el particular, en un caso similar esta Sala expres\u00f3, que \u00abal verificar la documentaci\u00f3n obrante en el plenario, advierte que si bien la titular de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se invoca, es decir, Jessica P\u00e9rez Bedoya, otorg\u00f3 poder general a favor de Luz Estela Bedoya Murillo, con el fin de que la represente \u00abante cualquier corporaci\u00f3n, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; en la rama judicial, y de la rama legislativa, del poder p\u00fablico, en cualquier petici\u00f3n, actuaci\u00f3n, diligencia, o proceso, sea como demandante, sea como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su terminaci\u00f3n, los procesos, actos diligencias y actuaciones respectivas\u00bb\u2026, dicho mandato no habilita a esta \u00faltima para cuestionar las decisiones emitidas por las autoridades accionadas mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, ha sido criterio de esta Corte de tiempo atr\u00e1s, que cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa\u00bb (CSJ STC4661-2020). <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha precisado que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017)\u00bb (CSJ, STC163-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo de tutela atacado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
CON SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00063-01 <\/p>\n
Disiento de la decisi\u00f3n acogida en la providencia objeto de este pronunciamiento, porque como lo he expuesto en anteriores oportunidades2, un poder general habilita, salvo prohibici\u00f3n expresa, la promoci\u00f3n de acciones judiciales, incluyendo las constitucionales, por parte de quien ostenta la calidad de mandatario, apoderado o, m\u00e1s abstractamente, de representante de otro. <\/p>\n
1. En concepto de la Sala Mayoritaria, para participar en ruegos como el actual, por intermedio de mandatario, menester es que \u00e9ste: (i) sea abogado y (ii) allegue poder especial para el efecto, otorgado por el titular de las prerrogativas presuntamente lesionadas. <\/p>\n
Con respaldo en semejante tesis, la sentencia de la cual me aparto, concluy\u00f3 que \u00c1ngela del Pilar S\u00e1nchez Antivar, ac\u00e1 impugnante, no pod\u00eda acudir a esta sede excepcional en defensa de las garant\u00edas del Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud P.P.L. 2019, a pesar de aportar a las diligencias la escritura p\u00fablica p\u00fablica n\u00b00353 de 1\u00b0 de abril de 2019, otorgada en la Notar\u00eda Veintiocho del C\u00edrculo Notarial de Bogot\u00e1, en donde el mencionado consorcio le otorg\u00f3 a la primera, poder general para su representaci\u00f3n, invisti\u00e9ndola de facultades para procurar <\/p>\n
\u201c(\u2026) la representaci\u00f3n del consorcio (\u2026) en tr\u00e1mites judiciales (\u2026) y, oponerse a las acciones constitucionales que se notifiquen contra el patrimonio aut\u00f3nomo Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y, las consorciadas, siempre que guarden relaci\u00f3n con el contrato de fiducia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. La antelada posici\u00f3n se apoya en la l\u00ednea jurisprudencial que la Corte empez\u00f3 a consolidar en el a\u00f1o 2006, pues previamente hab\u00eda reconocido legitimaci\u00f3n para intervenir en este tipo de tr\u00e1mites, a quien verificara la condici\u00f3n de vocero judicial, especial o no3, siempre y cuando fuese abogado titulado4. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la vigente tesitura de la Sala frente a este aspecto, para la instauraci\u00f3n del resguardo consagrado en el canon 86 superior, y\/o la impugnaci\u00f3n de su decisi\u00f3n, en armon\u00eda con el precepto 10 del Decreto 2591 de 19915, fuera de los eventos de representaci\u00f3n legal \u2013de menores de edad, personas jur\u00eddicas y sujetos en situaci\u00f3n de discapacidad mental absoluta o relativa-, y de aquellos en los cuales es viable la agencia oficiosa, se torna indispensable conferir \u201cpoder espec\u00edfico\u201d a un profesional del derecho, pues, se aduce, quien as\u00ed act\u00faa, lo hace dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio del indicado empleo6, siendo, por ende, aplicable la regulaci\u00f3n prevista para \u00e9ste en el ordenamiento jur\u00eddico, vale decir, por el Decreto 196 de 19717, hoy d\u00eda, por la Ley 1123 de 20078. <\/p>\n
Esta intelecci\u00f3n del asunto se ha fincado adem\u00e1s, de forma expresa, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien ha pregonado, con las anotadas salvedades, la necesidad de que la representaci\u00f3n en esta materia sea confiada a un abogado, en virtud de poder especial9, entendi\u00e9ndose por \u00e9ste, el otorgado por \u201cuna sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u201d10. <\/p>\n
Desde tal perspectiva, esa Alta Corporaci\u00f3n, al discurrir acerca de los \u201c(\u2026) requisitos del apoderamiento judicial para interponer la acci\u00f3n de tutela\u201d, expuso que \u201cel poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar [ha de contar] con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En mi opini\u00f3n, la doctrina atr\u00e1s expuesta es equivocada, por cuanto, estimo, el poder general es suficiente para promover herramientas como la examinada. <\/p>\n
3.1. En su acepci\u00f3n lata, mandato viene del lat\u00edn mandatum, de mando, as, are, mandar, encargar. Mandatum, a su turno, proviene de manus datio, pues seg\u00fan la opini\u00f3n generalizada, el estrechamiento de manos era entre los hombres antiguos symbolum fidei datae, suponiendo la confianza rec\u00edproca entre quien lo confiere y a quien se le otorga12. <\/p>\n
3.1.1. En punto a su origen hist\u00f3rico, en Caldea13 se conoci\u00f3 la figura con las mismas caracter\u00edsticas que hoy reviste en el Derecho Moderno. El C\u00f3digo de Hammurabi no se refiri\u00f3 a la misma, si bien pueden apreciarse sus rasgos en las \u201ccartas de negocios\u201d. <\/p>\n
La fuente m\u00e1s fidedigna y abundante es, sin duda, la del Derecho Romano14, al cual se le debe su construcci\u00f3n t\u00e9cnica y su consagraci\u00f3n como contrato aut\u00f3nomo y t\u00edpico, como pas\u00f3 luego, aunque con algunas \u2013y sensibles- variaciones, a las codificaciones europeas del Siglo XIX y principios del XX, entre ellas al C\u00f3digo franc\u00e9s de 180415 (arts. 1984-2010); al Burgerlijk Wetboek holand\u00e9s (BW) de 183816 (arts. 1829-1856); al Codice del Reino de Italia de 186517 (arts. 1737-1763); al C\u00f3digo Civil de Portugal, sancionado en 186718 (arts. 1318-1369); al C\u00f3digo espa\u00f1ol de 188919 (arts. 1709-1739); al Burgeliches Gesetzbuch alem\u00e1n (BGB) entrado en vigor en 190020 (p\u00e1rs. 662 y ss.); y al Code suizo de las obligaciones de 191121 (arts. 394-418). <\/p>\n
Lo propio pudo apreciarse en la Am\u00e9rica de la \u00e9poca, donde, de la mano de los juristas integrantes del movimiento codificador22, se introdujeron en los diversos cuerpos legales numerosas disposiciones tendientes a reglar dicho contrato, yendo desde su contenido y pasando por su forma, hasta sus efectos y las obligaciones que genera. <\/p>\n
As\u00ed ocurri\u00f3 en Hait\u00ed en 182523 (arts. 1748- 1774 C.C.); el Per\u00fa en 1852 (arts. 1921-1950 C.C.); Argentina en 1869-1871 (arts. 1869-1940 C.C.); en el Estado de M\u00e9xico en 187124 (arts. 2474-2532 C.C.); Cuba y Puerto Rico en 1889, cuando acogieron el C\u00f3digo espa\u00f1ol de ese mismo a\u00f1o25. Y en los posteriores c\u00f3digos de Honduras de 190626 (arts. 1888-1918); de los Estados Unidos del Brasil de 191627 (arts. 1288-1330) el de Panam\u00e1 del mismo a\u00f1o (arts. 1400-1430); y el de Venezuela de 192228 (arts. 1742-1769). <\/p>\n
3.1.2. Fue la Rep\u00fablica de Chile una de las primeras en poner en marcha el proceso de su Codificaci\u00f3n nacional. As\u00ed pudo, en ella, promulgarse con relativa prontitud \u2013el 14 de diciembre de 1855- la ley que aprob\u00f3 el C\u00f3digo Civil, cuya redacci\u00f3n se encomend\u00f3 a un solo hombre: Don Andr\u00e9s Bello (1781-1865). <\/p>\n
Como en tantas otras \u00e1reas del Derecho Civil, el genial codificador de las Am\u00e9ricas no se content\u00f3 con reproducir en bloque las normas del Code franc\u00e9s; en sus sucesivos Proyectos, particularmente en el de 1853 y en el In\u00e9dito29, dej\u00f3 bien claro que la reglamentaci\u00f3n del contrato de mandato habr\u00eda de fincarse en la doctrina de los expositores galos (especialmente en Pothier; Delvincourt y Troplong), pero tambi\u00e9n, en la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola, particularmente en las Partidas de Alfonso X y en la Nov\u00edsima Recopilaci\u00f3n. <\/p>\n
El precepto 2289 del Proyecto In\u00e9dito, llamado as\u00ed por haber estado sin editar alg\u00fan tiempo, y que pasar\u00eda a la disposici\u00f3n 2116 del C\u00f3digo chileno sancionado en 1855, lo redact\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El mandato es un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3.1.3. El C\u00f3digo Civil colombiano, adoptado en 1873 y luego a la manera de legislaci\u00f3n nacional en 1887, acogi\u00f3 exactamente, como lo hicieron otros pa\u00edses del hemisferio (Guatemala; Ecuador y Uruguay), la regla 2116 del C\u00f3digo de Chile. <\/p>\n
As\u00ed, preceptu\u00f3 en su art\u00edculo 2142: \u201c(\u2026) El mandato es un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Del concepto legal se deriva su caracter\u00edstica m\u00e1s acusada, esto es, la de conferir al mandatario el poder de actuar a nombre del comitente y de representarlo jur\u00eddicamente30; naturalmente cuando el contrato lleva envuelta la representaci\u00f3n31, casos en los cuales \u00e9sta se torna esencial, por cuanto la gesti\u00f3n se realiza por cuenta y riesgo del mandante, y en proyecci\u00f3n de la confianza \u00ednsita en todos los pactos de la anotada clase32. <\/p>\n
En torno a esta cuesti\u00f3n la Corte, en fallo de 3 de octubre de 1939 (M.P. Fulgencio Lequerica), acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l mandatario, en cualquier forma que act\u00fae, obra por cuenta y riesgo de su comitente, lo representa de manera ostensible u oculta y para \u00e9ste son los beneficios derivados de los contratos o negocios que realice; en una palabra, obra jur\u00eddicamente en lugar del mandante y contrata para \u00e9l, como si \u00e9ste directamente realizara los actos jur\u00eddicos o negocios celebrados a su nombre (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En la CSJ SC del 11 de abril de 1957 (M.P. Guillermo Garavito), la Sala dej\u00f3 sentenciado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El mandante, al celebrar el contrato de mandato, tiene en cuenta la competencia del mandatario en la realizaci\u00f3n de los negocios que le encomienda y es en atenci\u00f3n a esa competencia que se celebra la convenci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)La doctrina ha aceptado que el mandato puede ser representativo o sin representaci\u00f3n. Cuando comporta representaci\u00f3n, \u00e9sta puede ser directa o indirecta. Para la representaci\u00f3n directa se requiere un contrato v\u00e1lido de mandato, que el mandatario acepte y que obre a nombre del mandante; de consiguiente, el mandatario al obrar debe entender que ejecuta el encargo o negocio que se le encomend\u00f3, en los t\u00e9rminos convenidos (\u2026)\u201d33. <\/p>\n
Tambi\u00e9n en fallo del 27 de marzo de 2012 (M.P. Jaime Arrubla), cuando se dijo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Desde el punto de vista jur\u00eddico, la noci\u00f3n de mandato viene asociada a la idea de favor o de encargo (\u2026). Se trata, entonces, de un instrumento de integraci\u00f3n y colaboraci\u00f3n que facilita satisfacer intereses del comitente, en cuyo beneficio se realizan actos que por circunstancias de diversa \u00edndole, no puede o no desea llevar a cabo \u00e9l directamente. Tal herramienta permite, pues, que a trav\u00e9s de una superposici\u00f3n personal, un sujeto de derecho realice una gesti\u00f3n por o para otro, ya como simple benevolencia, ora a cambio de una contraprestaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mismo razonamiento se aprecia en la doctrina de los expositores nacionales. Afirma Fernando V\u00e9lez: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El mandatario representa al mandante, es decir, habla y obra en su nombre, es propiamente obra del mandante, de modo que una vez ejecutado por el mandatario el acto que le ha encargado el mandante, \u00e9ste se halla en el mismo caso en que hubiese ejecutado el acto por s\u00ed mismo. Qui mandat ipse facisse videtur. El mandante queda acreedor y deudor por el s\u00f3lo hecho del mandatario, quien personalmente no se obliga, ni obliga a terceros respecto de \u00e9l, porque cumplido el mandato, desaparece y en su lugar est\u00e1 el mandante (\u2026)\u201d34. <\/p>\n
Seg\u00fan Wahl: \u201c(\u2026) el mandato es un contrato mediante el cual una persona confiere a otra le poder de representarla, a fin de que \u00e9sta, en nombre e inter\u00e9s de aqu\u00e9lla, realice uno o varios negocios jur\u00eddicos (\u2026)\u201d35 (Subrayas y negrillas fuera del original). <\/p>\n
M\u00e1s modernamente, el italiano De Ruggiero sostiene: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [El mandato] es el encargo conferido a una persona para que realice por cuenta nuestra y en nuestro nombre uno o varios negocios jur\u00eddicos, de modo que los efectos del negocio realizado se enlacen a nuestra persona como si nosotros mismos lo hubi\u00e9semos efectuado (\u2026)\u201d36. <\/p>\n
Por supuesto, no debe perderse de vista que la idea de la representaci\u00f3n viene cifrada en la circunstancia de que los efectos del acto celebrado o ejecutado por el representante se radican en cabeza del representado, como si \u00e9l mismo los hubiere adelantado. <\/p>\n
Magistralmente lo ha expuesto la Sala, al decir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Resulta incontrastable que las personas en el ejercicio ordinario de sus actividades laborales, econ\u00f3micas, financieras, y a\u00fan frente a asuntos de la vida como el matrimonio, etc., independientemente de las circunstancias que las conducen a determinaciones de ese temperamento, les corresponde, en l\u00ednea de principio, optar por cumplir dichos actos de manera directa y personal; empero, as\u00ed mismo, les es dable ejecutarlos a trav\u00e9s de terceros, con mayor raz\u00f3n cuando la ley\u00f3 alguna norma de car\u00e1cter imperativo no restringe esa prerrogativa. En esa perspectiva aparece la representaci\u00f3n como el mecanismo jur\u00eddico m\u00e1s id\u00f3neo para cumplir tales objetivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Deviene por lo mismo que el representante al aceptar y ejercitar el encargo dispensado por su representado, despliega ciertos comportamientos en los que explicita, frente a quienes est\u00e1 facultado, su verdadero rol, esto es, que vivifica la autorizaci\u00f3n recibida de un tercero para actuar en nombre suyo: vivifica, en consecuencia, la representaci\u00f3n en los t\u00e9rminos en los que se ha conferido, y en la mayor\u00eda de eventos la persona representada act\u00faa por su intermedio y es tanto como si ella misma ejecutara el acto o negocio encomendado; aparece, subsecuentemente, que la representaci\u00f3n no es nada diferente al a realizaci\u00f3n del pertinente acto o negocio por parte del mismo interesado, s\u00f3lo que lo realiza por interpuesta persona, es decir, configura la abstracci\u00f3n que la ley realiza de la presencia real del titular en el acto o negocio que se ejecuta; sin embargo, y esto es obvio, las responsabilidades derivadas de eventos como el de esta especie, recae en el representado y no en el representante (\u2026)\u201d [CSJ SC del 25 de febrero de 2009 (M.P. Pedro O. M\u00fanar)]37. <\/p>\n
3.1.4. Se impone, para efectos de la claridad en la exposici\u00f3n, distinguir \u2013conceptualmente- las tres figuras atr\u00e1s referidas, esto es, el contrato de mandato, la representaci\u00f3n y el acto de apoderamiento o poder. Los tres, aun cuando complementarios, son diferentes. <\/p>\n
El primero es un contrato consensual y bilateral, una convenci\u00f3n generadora de obligaciones; la segunda es una instituci\u00f3n propia del Derecho del Negocio Jur\u00eddico, a trav\u00e9s de la cual los efectos de los actos desarrollados por quien lleva la representaci\u00f3n de otro se radican en cabeza del representado; el poder es, grosso modo, un acto jur\u00eddico unilateral que relaciona apoderado y terceros, sin crear \u2013per se- obligaciones de ninguna clase por limitarse a habilitar a otro para actuar a nombre de quien lo confiere. <\/p>\n
El mandato viene definido en el art\u00edculo 2142 del C\u00f3digo Civil, cuando dice que es: \u201c(\u2026) un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellas por cuenta y riesgo de la primera (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La representaci\u00f3n, cuando es de las personas f\u00edsicas o naturales, tiene por objeto primario suplir la deficiencia que supone la limitaci\u00f3n de nuestras facultades, para de este modo ampliar el campo de nuestra actividad jur\u00eddica o, en su caso, econ\u00f3mica. <\/p>\n
En el estudio del sujeto como elemento de la relaci\u00f3n jur\u00eddica, es preciso diferenciar el titular del poder jur\u00eddico del portador efectivo de la voluntad, habilitado para poner en ejercicio el derecho, que bien puede no coincidir con el primero. <\/p>\n
De esta manera, la declaraci\u00f3n de voluntad puede hacerse por el mismo interesado en el negocio, caso en el cual coinciden titular y portador de la voluntad, o a trav\u00e9s de persona distinta. <\/p>\n
En este \u00faltimo caso, es donde se habla propiamente de representaci\u00f3n, pues se sustituye al titular en la manifestaci\u00f3n de voluntad por el representante, quien pasa a actuar como instrumento de transmisi\u00f3n de la voluntad ajena. <\/p>\n
Los autores38 separan la representaci\u00f3n indirecta de la directa. La primera se cifra en la idea de que el representante realiza el acto en nombre propio, aunque por cuenta e inter\u00e9s del otro, de tal modo que los derechos y obligaciones se producen en el representante; en la segunda, por el contrario, el representante realiza el acto a nombre del representado, radic\u00e1ndose los efectos del acto en cabeza de este \u00faltimo. <\/p>\n
Dentro de la representaci\u00f3n directa de personas naturales39 se distinguen40, en atenci\u00f3n a su fuente, dos clases principales: (i) necesaria o legal, es decir, la conferida por la ley a ciertas personas, que por virtud de un cargo u oficio o de una posici\u00f3n familiar, obran a nombre de otras que est\u00e1n impedidas para hacerlo por s\u00ed mismas; y (ii) voluntaria, esto es, aquella en cuya virtud una persona autoriza a otra para que concluya en su nombre uno o varios negocios jur\u00eddicos que han de producir sus efectos como si la primera, por s\u00ed misma, los hubiese celebrado. <\/p>\n
El poder, finalmente, es la facultad que da una persona a otra para que haga en su nombre cuanto ella har\u00eda por s\u00ed misma en el negocio que le encarga. M\u00e1s concretamente, es el instrumento mediante el cual alguno autoriza a otro para que en su lugar lo represente y ejecute alguna cosa o ejerza ciertas facultades41. <\/p>\n
Tradicionalmente se ha identificado el poder con el contrato de mandato. Nuestro C\u00f3digo Civil refleja en su articulado esa confusi\u00f3n. <\/p>\n
Empero, la doctrina moderna42 ha distinguido ambas instituciones. <\/p>\n
Mientras el mandato estriba en una relaci\u00f3n interna y material de gesti\u00f3n constituida contractualmente entre mandate y mandatario, o entre mandante y apoderado, el poder de representaci\u00f3n es un acto o negocio jur\u00eddico unilateral que relaciona apoderado y terceros, con car\u00e1cter meramente formal que trasciende a la esfera exterior, pues tiene como efecto propio y singular el de vincular al representado con los terceros, mediante la estimaci\u00f3n de que los actos jur\u00eddicos que el representante concluya a nombre del representante y est\u00e9n dentro de la \u00f3rbita del poder, habr\u00e1n de considerarse, en punto a sus consecuencias y efectos, como si \u00e9ste \u00faltimo los hubiese realizado. <\/p>\n
La aludida diferenciaci\u00f3n es la aceptada tambi\u00e9n en la jurisprudencia de esta Sala, cuando ha dicho: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En ese sentido, por lo tanto, se distinguen el mandato y el acto de apoderamiento, as\u00ed \u00e9ste sea una consecuencia de aqu\u00e9l, para significar que el primero por s\u00ed no confiere la representaci\u00f3n del mandante y que el segundo es un acto aut\u00f3nomo e independiente de su causa. De ah\u00ed que se hable de la coexistencia de dos actos jur\u00eddicos, uno bilateral, el contrato de mandato, y otro unilateral, el acto de procuraci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Distinci\u00f3n que es de capital importancia para efectos probatorios, porque si el contrato de mandato es esencialmente consensual, cualquier medio probatorio ser\u00eda id\u00f3neo para establecerlo. En cambio, cuando se trata de acreditar el acto de apoderamiento ante terceros y los poderes se refieren a asuntos respecto de los cuales la ley exige cierta formalidad, la prueba tendr\u00eda que restringirse a la solemnidad del escrito (\u2026)\u201d [CSJ SC del 15 de diciembre de 2005 (M.P. Jaime A. Arrubla)]. <\/p>\n
El chileno Stitchkin Branover, luego de explicar la naturaleza de ambas figuras, ilustra su distinci\u00f3n de la siguiente manera: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]artiendo de [sus] conceptos, podemos resumir las diferencias que separan el poder de representaci\u00f3n del mandato en las siguientes conclusiones: a) el mandato se origina siempre en una relaci\u00f3n contractual; es siempre un acto jur\u00eddico bilateral porque requiere acuerdo de voluntades; el poder de representaci\u00f3n puede ser legal, cuando emana de la ley (\u2026) o voluntario, si tiene su origen en un acto o declaraci\u00f3n de voluntad del poderdante; b) el mandato es un acto jur\u00eddico bilateral; es un contrato. El poder voluntario emana de un acto jur\u00eddico unilateral que no requiere la aceptaci\u00f3n y ni siquiera el conocimiento del apoderado; c) el mandato engendra obligaciones rec\u00edprocas entre las partes que lo acuerdan. El poder de representaci\u00f3n no crea por s\u00ed s\u00f3lo obligaciones de ninguna especie ya que su objeto consiste simplemente en facultar, capacitar al apoderado para afectar un patrimonio ajeno a las resultas de los actos o contratos que ejecute o acuerde en tal car\u00e1cter. En caso alguno impone al apoderado la necesidad jur\u00eddica de hacer uso del poder; d) el mandato determina las relaciones jur\u00eddicas entre el poderdante y los terceros; e) el mandato es contrato principal, pues subsiste por s\u00ed mismo, sin necesidad de otra convenci\u00f3n; el otorgamiento de poder tambi\u00e9n es un acto jur\u00eddico principal, que subsiste independientemente de todo otro acto jur\u00eddico, pero ordinariamente va unido a otro acto o contrato que puede ser cualquiera de los nominados o nominados que conocemos (\u2026); f) por \u00faltimo, el mandatario debe actuar a nombre propio, si carece de la facultad de representar al mandante; el apoderado siempre debe actuar a nombre el poderdante. Si omite esta circunstancia no opera la representaci\u00f3n (\u2026)\u201d43. <\/p>\n
3.1.5. Ahora bien, trat\u00e1ndose de los apoderados generales que ostentan la calidad de abogados titulados o habilitados para ejercer su profesi\u00f3n, los mismos principios atr\u00e1s enunciados resultan aplicables, conforme enseguida procedo a explicar. <\/p>\n
Ni quien contrata con un abogado a fin de que le represente en un litigio o en cualesquiera otra actividad inherente a su ciencia es amo, ni el profesional aceptante de la procuraci\u00f3n es criado, porque la ley ni siquiera quiso clasificar este contrato, o sea el de \u201cprestar servicios\u201d, como resulta del tenor del canon 2144 del C\u00f3digo Civil cuando sentencia: \u201cLos servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que est\u00e1 unida la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros, se sujetan a las reglas del mandato\u201d. <\/p>\n
La raz\u00f3n de ello es hist\u00f3rica. Como se\u00f1al\u00f3 la Sala, evocando a los franceses Planiol y Ripert, <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una tradici\u00f3n que se remonta al derecho romano considera que las artes liberales no pueden ser objeto de un contrato de trabajo y lo sustituyen por la noci\u00f3n de mandato. Esa tradici\u00f3n es consecuencia del car\u00e1cter de arrendamiento que tradicionalmente se asignaba al contrato de trabajo; parec\u00eda que ciertas profesiones repugnaban ser objeto de \u00e9l. No se arriendan los servicios de un m\u00e9dico, de un profesor, de un abogado. La jurisprudencia del siglo XIX ha seguido generalmente ese criterio, y considera que el contrato celebrado es un mandato y no un arrendamiento de servicios o de obra (\u2026)\u201d44 (Resaltados para hacer \u00e9nfasis). <\/p>\n
Los servicios profesionales, en l\u00ednea de principio, no constituyen propiamente un mandato, pues no conllevan por s\u00ed y ante s\u00ed la idea de representaci\u00f3n ni de gesti\u00f3n por cuenta del mandante. <\/p>\n
No obstante, si a ellos est\u00e1 ligada la facultad de representar y obligar a otra persona en frente de terceros, cual sucede muy particularmente en el caso de los abogados, la sujeci\u00f3n a las disposiciones del T\u00edtulo XXVIII del Libro IV del C\u00f3digo Civil se impone legalmente (art. 2144 ib.), pero tambi\u00e9n por su propias notas jur\u00eddicas, porque en tales casos se re\u00fanen las condiciones constitutivas de un genuino mandato, y quien lo ejecuta recibe el nombre gen\u00e9rico de \u201capoderado judicial\u201d, siguiendo la terminolog\u00eda del C\u00f3digo General del Proceso (art. 75). <\/p>\n
Desde este \u00e1ngulo, la sola circunstancia de que una persona acredite legalmente como apoderado suyo a otra para sus negocios judiciales, le confiere la calidad de mandatario, con todas las facultades, pero tambi\u00e9n deberes y responsabilidades propios de ese convenio, oblig\u00e1ndose a gestionar los actos adecuados a su objeto. Este razonamiento, es de acotar, se acompasa \u00edntegramente con las normas sustantivas que definen y reglamentan el mandato (arts. 2142, 2144, 2146 y 2150 del C.C.). <\/p>\n
S\u00edguese de ello que la actuaci\u00f3n del apoderado es actuaci\u00f3n del poderdante; lo que hace aqu\u00e9l se reputa hecho por \u00e9ste (art. 1505 C.C.). <\/p>\n
El reconocimiento de un sujeto como intermediario o vocero de otro en la verificaci\u00f3n de un particular negocio, afirma el poder especial (o general, seg\u00fan los casos) del intermediario para adelantar la comisi\u00f3n por cuenta del comitente. El mandato as\u00ed otorgado puede ser general, si es para todos los negocios, o especial, si se confiere de cara a una determinada gesti\u00f3n de naturaleza m\u00e1s o menos transitoria o duradera. Pero en todo caso es un mandato. <\/p>\n
Estas ideas se acompasan con la teor\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, invariable a lo largo del tiempo, y condensada en varias providencias que me limito a dejar referenciadas45. La tesis constituye doctrina probable y de obligatoria observancia, conforme lo establece el canon 7\u00ba del Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
4. Partiendo de las premisas expuestas y aplic\u00e1ndolas al subj\u00fadice, se deduce lo siguiente: <\/p>\n
La confianza depositada por el comitente en el procurador, cualesquiera sea la especie del mandato que se trate, es elemento inherente al convenio. <\/p>\n
Como lo expone D\u00edez-Picazo, el rese\u00f1ado acuerdo de voluntades encuentra su base y su fundamento en un v\u00ednculo de confianza y de fidelidad entre los participantes, deviniendo de all\u00ed, en l\u00ednea de principio, el car\u00e1cter intuitu personae del mismo, y la marcada relevancia de la personalidad de los intervinientes, al punto que <\/p>\n
\u201c(\u2026) [l]a modificaci\u00f3n sobrevenida o la desaparici\u00f3n de las circunstancias o cualidades personales sobre las cuales se bas\u00f3 la confianza de las partes tiene que tener un cauce para repercutir en la suerte de la relaci\u00f3n. La ley contempla alguno (sic) de estos cambios como causas especiales de terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n (la interdicci\u00f3n, la quiebra, la insolvencia), pero, en general, toda p\u00e9rdida de la confianza debe generar una posible terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n (\u2026)\u201d46. <\/p>\n
Es tan medular la confianza, que el contrato puede extinguirse unilateralmente cuando \u00e9sta se diluye: el mandante, revoc\u00e1ndolo, y el mandatario, renunciando, seg\u00fan emerge de lo consignado en los art\u00edculos 2189 a 2193 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, impedir a un sujeto provisto por un mandato general de la facultad de resguardar las garant\u00edas de un tercero la ejecuci\u00f3n de su gesti\u00f3n pretextando la falta de un poder especial y\/o la carencia de una calidad superflua, desconoce la particular naturaleza del mentado negocio jur\u00eddico y los principios que lo inspiran. <\/p>\n
El mandatario, sea o no abogado, se encuentra facultado para incoar la acci\u00f3n de tutela en nombre del supuestamente agraviado; distinto es que para el efecto constituya \u201cpoder especial\u201d, pero a un profesional del derecho. <\/p>\n
5. La tesis prohijada por la Sala deja inoperante lo estatuido en los preceptos 1505, 2142, 2144 y 2156, todos del C\u00f3digo Civil, porque vuelve in\u00fatil la potestad concedida por el legislador a los particulares a fin de que designen a un tercero para que los represente en cualquier negocio de la vida, y en los t\u00e9rminos que a bien tengan. <\/p>\n
Resulta contradictoria con la propia jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, que de manera uniforme y reiterada, y en sede de casaci\u00f3n, haya reconocido la licitud y eficacia de pactos extendidos en tales t\u00e9rminos, as\u00ed como sus rasgos caracter\u00edsticos y los efectos dimanantes de ellos, pero en materia de tutela camine a contrapelo, cuando precisamente se trata de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho. <\/p>\n
En materia de tutela, la tesis de la Sala es desacertada y se halla en contra de lo previsto en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual consagra el principio de informalidad, sin distinguir si la representaci\u00f3n proviene de un mandato general o especial o de un acto de apoderamiento. Permite, precisamente, formular la acci\u00f3n a la persona afectada en sus prerrogativas superiores \u201cpor s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u201d. <\/p>\n
No existiendo norma que proh\u00edba la estipulaci\u00f3n de convenciones de la clase indicada y echada de menos por la Corte, debi\u00f3 d\u00e1rsele aplicaci\u00f3n al principio de la autonom\u00eda privada, expresi\u00f3n de libertad, derechos fundamentales, libre desarrollo de la personalidad e iniciativa econ\u00f3mica y de empresa garantizadas por el Estado Social de Derecho, soporte y apoyo del sistema democr\u00e1tico, conforme se desprende del Pre\u00e1mbulo y de los art\u00edculos 2\u00ba, 13, 14, 16, 28, 58, 59 a 66, 78, 82, 94, 150 332, 333, 334, 335 y 373 de la Constituci\u00f3n. Mediante \u00e9l, se confiere al sujeto iuris el poder para engendrar el negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
No debe perderse de vista, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la autonom\u00eda privada en cuanto libertad contractual, comporta el razonable reconocimiento legal a toda persona de un c\u00famulo de poderes o facultades proyectadas en la posibilidad de disponer o abstenerse de la disposici\u00f3n (libertad de contratar o no contratar), seleccionar el sujeto con quien dispone (libertad de elegir parte o contratante), escoger o crear el tipo contractual (libertad de optar en el cat\u00e1logo legis o en los usos o pr\u00e1cticas sociales por la especie singular de contrato o crearlo), celebrarlo de inmediato o previo agotamiento de una fase formativa (libertad de celebrar el contrato en forma inmediata o progresiva), hacerlo directamente o por mandatario, representante o apoderado, expresar el acto dispositivo (libertad de expresi\u00f3n o de forma), determinar el contenido (libertad de estipular el contenido), asegurar el cumplimiento, prevenirla terminaci\u00f3n o disponerla, y garantizar, atenuar o ampliar la responsabilidad(\u2026)\u201d47. <\/p>\n
Ahora, dicho postulado no es lib\u00e9rrimo, absoluto ni ilimitado. Su ejercicio encuentra cortapisa en el orden p\u00fablico, las normas imperativas o del ius cogens, la moralidad o las buenas costumbres48. <\/p>\n
Dicho en t\u00e9rminos m\u00e1s simples: si el legislador o el ordenamiento no impone una restricci\u00f3n, prohibici\u00f3n o limitaci\u00f3n, las partes gozan de la facultad de pactar cuanto estimen conveniente, quedando atadas (o vinculadas) a sus estipulaciones, seg\u00fan lo disponen los c\u00e1nones 1602 del C\u00f3digo Civil y 871 del Estatuto Mercantil. <\/p>\n
Es una arbitrariedad pretender, a trav\u00e9s de una hermen\u00e9utica forzada y equ\u00edvoca de las normas regulatorias del mandato, limitar el ejercicio de esos poderes, cuya fuente \u00faltima se encuentra en la propia Carta. Jam\u00e1s se puede coartar de ese modo la libertad contractual que le asiste a los contrayentes, pues se estar\u00eda violando la ley so pretexto de interpretarla. <\/p>\n
6. Los derechos fundamentales, en el contexto de la Democracia Constitucional y Social de Derecho, donde el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva49, son base angular, no pueden resistir una conceptualizaci\u00f3n de ese talante. <\/p>\n
En ese orden: \u00bfpor qu\u00e9 se admite la instauraci\u00f3n del auxilio por conducto de agente oficioso, aun cuando \u00e9ste no dispone ni ha de exhibir autorizaci\u00f3n alguna ni acreditar ser abogado, habilit\u00e1ndosele incluso para conferir poder especial50, pero al apoderado general se le proh\u00edbe, a pesar de contar, \u00e9l s\u00ed, con la aquiescencia del directo interesado en la protecci\u00f3n de las prerrogativas presuntamente quebrantadas? <\/p>\n
Si se afirmara como parte de la respuesta a este cuestionamiento, el deber de asegurar la defensa t\u00e9cnica de las garant\u00edas del inmediatamente afectado y la eventual responsabilidad profesional del representante, tal tesis fallar\u00eda al intentar contestar la primera hip\u00f3tesis, pues a quien obra al abrigo de la agencia oficiosa no le son aplicables los comentados requerimientos. <\/p>\n
El mandatario, por tanto, sea o no abogado, se encuentra facultado para incoar la acci\u00f3n de tutela en nombre del agravado; y muy distinto es que para el efecto constituya apoderado especial a un profesional del derecho. <\/p>\n
7. Es m\u00e1s, al margen de lo plasmado, de cualquier modo, la postura de la Sala mayoritaria y de la Corte Constitucional carece de asidero jur\u00eddico, porque ni el art\u00edculo 86 de la Carta Nacional, consagratorio de la acci\u00f3n de tutela, ni el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de \u00e9sta, prescriben las memoradas exigencias. <\/p>\n
Por el contrario, el referido canon superior consigna -sin restricci\u00f3n- que reclamos iusfundamentales como el actual pueden ser invocados por toda persona, \u201cpor s\u00ed misma o por quien act\u00faa a su nombre\u201d, mientras el precepto 10 del Decreto 2591 reitera esa noci\u00f3n, a\u00f1adiendo la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados con miras a la formulaci\u00f3n de esta clase de tr\u00e1mites. <\/p>\n
De contera, la decisi\u00f3n de la cual discrepo est\u00e1 imponiendo a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia el cumplimiento de requisitos no previstos en la ley; deniega as\u00ed su libre acceso51, y soslaya la informalidad52 de actuaciones de este linaje, en el marco de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
8. T\u00e9ngase adem\u00e1s que el mandato consensual como es, no requiere solemnidad alguna, y por ese motivo, la ausencia de poder especial para impetrar una acci\u00f3n de tutela, no lo desvirt\u00faa. <\/p>\n
Sobre el particular, el Consejo de Estado se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si bien es cierto que, conforme ya se explic\u00f3, al demandante no se le confiri\u00f3 poder para presentar la solicitud de revocatoria directa, tambi\u00e9n lo es que este hecho no es suficiente para concluir, como lo hizo la Corte Suprema de Justicia, que aquel carec\u00eda de mandato para adelantar tal gesti\u00f3n. No debe perderse de vista que el poder es apenas uno de los requisitos que deben cumplirse para que se produzca la representaci\u00f3n, pero no es un elemento necesario para la formaci\u00f3n del mandato, pues \u00e9ste es de car\u00e1cter consensual y se reputa perfecto por la simple aceptaci\u00f3n del mandatario (C\u00f3digo Civil, arts. 2149 y 2150). Al respecto, la doctrina ha puntualizado que: (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) El poder es simplemente la facultad conferida a un intermediario de actuar en nombre de la persona interesada en la celebraci\u00f3n de alg\u00fan negocio y, de manera general, en la emisi\u00f3n o recepci\u00f3n de alguna manifestaci\u00f3n de voluntad; o dicho en otros t\u00e9rminos, el poder es la facultad de representaci\u00f3n. El poder, por s\u00ed solo, no obliga al apoderado a actuar, apenas autoriza a representar al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dicha facultad puede emanar de la ley o de la voluntad del propio interesado\u2026 Para la representaci\u00f3n voluntaria, en cambio, el propio interesado confiere el poder al representante, en virtud de un negocio jur\u00eddico unilateral que se denomina apoderamiento o acto de apoderamiento o procuraci\u00f3n (\u2026). Es aqu\u00ed en la representaci\u00f3n voluntaria donde residen la mayor\u00eda de las confusiones doctrinales e imprecisiones legales ata\u00f1aderas (sic) a la representaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En la representaci\u00f3n voluntaria, la procuraci\u00f3n, que es un negocio unilateral, y el poder, que es una facultad, por regla general no se dan solos, sino asociados a otro negocio jur\u00eddico, previo o simult\u00e1neo, por el cual el representante y el representado regulan las relaciones que existen entre ellos con motivo de la existencia y ejercicio del poder y el representante se obliga a ejercerlo. Se llama negocio fundamental o relaci\u00f3n fundamental. Puede ser y es en la mayor\u00eda de los casos un mandato, es decir, un contrato por el cual el mandatario se obliga a gestionar uno o m\u00e1s negocios por cuenta y riesgo del mandante (\u2026). Entonces, coexisten la procuraci\u00f3n, el poder y el contrato fundamental que se otorgan simult\u00e1neamente y se hacen constar en el mismo documento: por eso los propios autores suelen pensar que s\u00f3lo han celebrado un negocio. Pero son dos y no deben confundirse (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Para distinguir los tres fen\u00f3menos con toda nitidez basta pensar en la esencia de cada cual. Por ejemplo, la procuraci\u00f3n o acto de apoderamiento es un negocio jur\u00eddico unilateral del poderdante que s\u00f3lo crea facultades; mientras que el poder es una mera facultad; y el mandato es un negocio bilateral, un contrato, que no crea simples facultades sino obligaciones, en especial, las del mandatario de obrar por cuenta y riesgo (pero no necesariamente en nombre del mandate). Puede existir el mandato sin poder (\u201cmandato no representativo\u201d, lo ha llamado la Corte), que sirve de base a la mediaci\u00f3n reservada o el mandato con poder (\u201crepresentativo\u201d, seg\u00fan el l\u00e9xico de la Corte), que sirve de base a la representaci\u00f3n pero no por ser un mandato sino por envolver dos negocios, el mandato y la procuraci\u00f3n (\u2026). La distinci\u00f3n es tan radical que pueden coexistir la procuraci\u00f3n y el poder desprovistos de toda relaci\u00f3n fundamental: as\u00ed ocurre cuando el representado se limita a conferir la facultad de celebrar en nombre suyo alg\u00fan negocio al representante sin que \u00e9ste se obligue a hacerlo ni entre los dos medie contrato alguno que defina sus relaciones. En suma, la procuraci\u00f3n y el poder son fen\u00f3menos diferentes del negocio fundamental y en buen grado aut\u00f3nomo frente a \u00e9l (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se reitera, el hecho de que el abogado L\u00f3pez Morales careciera de poder para presentar a nombre de la quiebra de Industrias Ancon Ltda. la solicitud de revocatoria directa, no desvirt\u00faa la existencia del mandato. Esto solo prueba que la quiebra incumpli\u00f3 con una de sus principales obligaciones \u2013cual es la de proveer al mandatario de todo lo necesario para la ejecuci\u00f3n del encargo (C\u00f3digo Civil, art\u00edculo 2184)\u2013; y que, en contraste, el demandante fue diligente en el cumplimiento de gesti\u00f3n pues, ante la actitud asumida por el s\u00edndico de la quiebra, que se neg\u00f3 a otorgarle los poderes respectivos, actu\u00f3 en la forma prevista por el art\u00edculo 2160 del C\u00f3digo Civil, pues se vali\u00f3 de medios equivalentes \u2013esto es, acudi\u00f3 ante otra de las personas legitimadas para solicitar la revocatoria directa de la resoluci\u00f3n n.\u00ba 876 de 1981, el se\u00f1or V\u00edctor Manuel L\u00f3pez P\u00e1ramo, acreedor de la quiebra\u2013, con el fin conseguir que se lo facultara para gestionar ante la Superintendencia de Control de Cambios la revocatoria de la sanci\u00f3n impuesta a su mandante (\u2026)\u201d53. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignado mi anunciado salvamento de voto. <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. salvamentos de voto frente a los fallos STC9188-2018, exp. 2018-00155-01, de 18 de julio; STC6619-2018, exp. 2018-00436-01, de 23 de mayo; STC5990-2018, exp. 2018-00067-01, de 9 de mayo; STC14943-2018, exp. 2018-00442, de 19 de noviembre; STC2657-2019, exp. 2018-00316-01, de 5 de marzo; STC9787-2019, exp. 2019-01032-01, de 25 de julio; STC12356, exp. 2019-01228-01, de 17 de septiembre. Entre otros. <\/p>\n
3\u0002 La Corporaci\u00f3n no puso trabas a la legitimaci\u00f3n de profesionales del derecho que cobijados por un mandato general, comparecieron a esta v\u00eda residual, en casos como el de los fallos de 8 de abril de 2002, exp. 2002-00059-01; 3 de mayo de 2002, exp. 2002-00152-01; 31 de octubre de 2002, exp. 2002-12018-01; 4 de abril de 2003, exp. 2002-02973-01; 10 de marzo de 2004, exp. 2004-00078-01; 22 de junio de 2004, exp. 2004-00295-01 [en esta causa, la accionante exhibi\u00f3 un poder general a su favor y aleg\u00f3 ser abogada; empero, la Corte no le reconoci\u00f3 legitimaci\u00f3n, por ausencia de prueba de la precitada calidad]; 25 de junio de 2004, exp. 2004-00630-00; y 26 de noviembre de 2004, exp. 2004-00524-01. Es m\u00e1s, en fallo dictado el 21 de marzo de 2001, bajo el radicado n\u00ba 2001-00052-01, la Sala desat\u00f3, sin anteponer alg\u00fan obst\u00e1culo al respecto, la impugnaci\u00f3n interpuesta por el abogado, apoderado general, de quien actu\u00f3 en primera instancia, de manera personal, como agente oficiosa de su progenitora. <\/p>\n
4\u0002 Tal fue la reiterada doctrina de la Corte hasta el a\u00f1o 2005. Cons\u00faltense al respecto las siguientes sentencias de tutela: 27 de enero 1998, exp. 4684; 1\u00ba de septiembre de 1998, exp. 5295; 28 de septiembre de 1999, exp. 7213; 31 de julio de 2000, exp. 0206; 20 de febrero de 2001, exp. 2000-0965-01; 27 de marzo de 2001, exp. 2001-00406-01; 29 de noviembre de 2001, exp. 2001-00813-00; 20 de junio de 2002, exp. 2002-00174-01; 26 de junio de 2002, exp. 2002-00276-01 [en este caso, la Colegiatura indic\u00f3 que la all\u00ed actora, en su calidad de apoderada general, no estaba legitimada para impetrar la salvaguarda, por no ser abogada, subrayando la posibilidad del otorgamiento de un poder especial por aqu\u00e9lla, a un profesional del derecho]; 4 de julio de 2002, exp. 2002-00698-01; 5 de julio de 2002, exp. 2002-02239-01; 17 de julio de 2002, exp. 2002-00240-01; 16 de agosto de 2002, exp. 2002-00031-01; 28 de agosto de 2002, exp. 2002-00333-01; 14 de febrero de 2003, exp. 2002-00071-01; 30 de septiembre de 2003, exp. 2003-00042-01; 23 de febrero de 2004, exp. 2003-00621-01; 29 de abril de 2004, exp. 2004-00155-01; 29 de julio de 2004, exp. 2004-00654-00; 13 de octubre de 2004, exp. 2004-01096-00; 26 de octubre de 2004, exp. 2004-00728-01; 29 de octubre de 2004, exp. 2004-01156-00; 11 de noviembre de 2004, exp. 2004-00479-01; 10 de junio de 2005, exp. 2005-00155-01; 13 de julio de 2005, exp. 2005-00759-00; 1\u00ba de agosto de 2005, exp. 2005-00108-01; y 14 de diciembre de 2005, exp. 2005-00209-01. <\/p>\n
5\u0002 \u201c(\u2026) La acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos (\u2026). Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. (\u2026) (\u2026) Tambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6\u0002 As\u00ed se ha sostenido, cuando menos desde el a\u00f1o 2006, en diversos pronunciamientos, entre los cuales destacan: sentencias de 1\u00ba de noviembre de 2006, exp. 2006-01750-00, y de 3 de mayo de 2007, exp. 2007-00039-01; auto de 16 de enero de 2008, exp. 2008-00035-00; y fallos de 10 de junio de 2011, exp. 2011-00118-01; 3 de agosto de 2011, exp. 2011-00153-01; 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00145-01 [en dicha causa, aunque el promotor del resguardo era abogado, se concluy\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n para impetrar el auxilio a nombre de otro, por cuanto exhibi\u00f3 un poder general y no el especial requerido]; CSJ. STC de 25 de junio de 2015, exp. 2015-00365-01; CSJ. STC de 3 de julio de 2015, exp. 2015-00111-01 [en este caso, la Sala reconoci\u00f3 derecho de postulaci\u00f3n al abogado petente de la salvaguarda, quien obraba como apoderado especial constituido por el mandatario general del titular de los intereses iusfundamentales presuntamente agraviados]; CSJ. STC de 16 de junio de 2016, exp. 2016-00716-01 [en ese tr\u00e1mite, contrario sensu a lo manifestado en el precedente reci\u00e9n citado, la Corte sostuvo: \u201cAunado a lo anterior, le falta legitimaci\u00f3n al profesional del derecho que promueve el resguardo, pues el poder especial fue otorgado por mandatario general quien no est\u00e1 facultado para ello, como quiera que el instrumento p\u00fablico a \u00e9l conferido no transfiere derechos fundamentales de sus representados\u201d]; CSJ. STC de 9 de mayo de 2018, exp. 2018-00067-01; y CJS. STC de 23 de mayo de 2018, exp. 2018-00436-01. <\/p>\n
7\u0002 \u201cPor el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac\u00eda\u201d. <\/p>\n
8\u0002 \u201cPor la cual se establece el C\u00f3digo Disciplinario del Abogado\u201d. <\/p>\n
9\u0002 Corte Constitucional: T-550 de 1993, T-001 de 1997, T-658 de 2002, T-451 de 2006, T-493 de 2007 [en esta sentencia, no obstante se\u00f1alar que la acci\u00f3n de tutela se puede promover mediante apoderado judicial, \u201ccaso en el cual el apoderado debe tener la condici\u00f3n de abogado titulado, debiendo anexarse a la demanda el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo\u201d, rengl\u00f3n seguido esa Colegiatura expuso que en ese tipo de decursos el mandato siempre ha de ser espec\u00edfico, incurriendo en la misma contradicci\u00f3n en los fallos T-194 de 2012 y T-430 de 2017]; T-417 de 2013; y T-054 de 2014. <\/p>\n
10\u0002 Corte Constitucional: T-001 de 1997. <\/p>\n
11\u0002 Corte Constitucional: T-1025 de 2006. <\/p>\n
12\u0002 As\u00ed: DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIMENEZ ALFARO, Francisco. Diccionario de Derecho Privado. Tomo II. Editorial Labor S.A. Barcelona. 1950. P\u00e1g. 2582. Tambi\u00e9n: ESCOBAR SAN\u00cdN, Gabriel. Negocios Civiles y Comerciales I. Negocios de sustituci\u00f3n. Universidad Externado de Colombia. Bogot\u00e1. 1987. P\u00e1g. 297. <\/p>\n
14\u0002 Referente al tratamiento del contrato de mandato en el Derecho Romano, v\u00e9ase: GIRARD, Paul Fr\u00e9d\u00e9ric. Manuel \u00cbl\u00e9mentaire de Droit Romain. Librairie Arthur Rousseau. Paris. 1918. P\u00e1gs. 592 y ss.; ZIMMERMANN, Reinhard. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Clarendon Paperbacks. Oxford. 1996. P\u00e1gs. 413 y ss.; STITCHKIN BRANOVER, David. El Mandato Civil. Editorial Jur\u00eddica de Chile. Santiago. 1975. P\u00e1gs. 20-22. <\/p>\n
15\u0002 En su redacci\u00f3n original, visible en: Code Civil des Francais. \u00cbdition Original et Seule Oficielle. L\u2019Imprimerie de la R\u00e9publique. Paris. 1804. P\u00e1gs. 478 y ss. <\/p>\n
16\u0002 Cfr. HAANEBRIK, P.H. Code Civil N\u00e9erlandais. Traduit en Francais et mis en Concordance avec le Code Civil Belge. Ed. \u00c9mile Bruylant\/Librairie G\u00e9n\u00e9rale de Droit. Bruxelles\/Paris. 1921. P\u00e1gs. 376 y ss. <\/p>\n
17\u0002 Cfr. FRANCHI, Luigi (anotador y comentarista). Codice Civile. Editore Librario della Real Casa. Mil\u00e1n. 1913. P\u00e1gs. 410 y ss. <\/p>\n
18\u0002 Cfr. C\u00f3digo Civil Portugu\u00e9s. Imprenta Nacional. Lisboa. 1924. P\u00e1gs. 196 y ss. <\/p>\n
19\u0002 Cfr. C\u00f3digo Civil. Edici\u00f3n Oficial. Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia. Madrid. 1889. P\u00e1gs. 496 y ss.. <\/p>\n
20\u0002 HUI WANG, Chung (traductor y anotador). The German Civil Code. Stevens and sons Limited. Law Publishers. Londres. 1907. P\u00e1gs. 146 y ss. <\/p>\n
21\u0002 Cfr. ROSSEL, Virgile (compilador y anotador). Code Civil et Code des Obligations. Librairie Payot & Cie. Lausanne\/G\u00e9neve. 1921. P\u00e1gs. 101 y ss. <\/p>\n
22\u0002 Sobre el hecho hist\u00f3rico de la Codificaci\u00f3n en Am\u00e9rica, v\u00e9ase: CAST\u00c1N V\u00c1SQUEZ, Jos\u00e9 Mar\u00eda\/HERN\u00c1NDEZ GIL, Antonio (contestador). La Influencia de la Literatura Jur\u00eddica Espa\u00f1ola en las Codificaciones Americanas. Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci\u00f3n. Madrid. 1984. <\/p>\n
23\u0002 Vide: BORNO, Luis (anotador). Code Civil D\u2019Haiti Annot\u00e9. Avec une Conf\u00e9rence des articles entre eux et leur correspondance avec les articles du Code Civil francais. Ed. Chez L\u2019Auteur\/A. Giard & E. Bri\u00e9re. Port Au Prince\/Paris. 1892. P\u00e1gs. <\/p>\n
24\u0002 Cfr. C\u00f3digo Civil de M\u00e9jico. Ed. G\u00f3ngora Compa\u00f1\u00eda. Madrid. 1879. P\u00e1g. 140. P\u00e1gs. 120-123. <\/p>\n
25\u0002 Cosa que se hizo mediante mediante Real Decreto de 31 de julio de 1889. <\/p>\n
26\u0002 Cfr. C\u00f3digo Civil. Rep\u00fablica de Honduras. Tipograf\u00eda Nacional. Tegucigalpa. 1906. P\u00e1gs. 261 y ss. <\/p>\n
27\u0002 Cfr, Codigo Civil. Republica dos Estados Unidos de Brasil. Imprenta Nacional. Rio de Janeiro. 1915. P\u00e1gs. 226 y ss. <\/p>\n
28\u0002 Cfr. C\u00f3digo Civil de los Estados Unidos de Venezuela. Edici\u00f3n Oficial. Lit. y Tip. Del Comercio. Caracas. 1928. P\u00e1gs. 288 y ss. <\/p>\n
29\u0002 Los tengo a la vista y los he confrontado. Vide: BELLO, Andr\u00e9s. Obras Completas. Tomo III. Proyecto de C\u00f3digo Civil. Tomos II-III. Editorial Nascimento\/Universidad de Chile. Santiago. 1932. <\/p>\n
30\u0002 En este sentido: GRIOLET, Gaston\/VERG\u00c9, Charles. Dalloz Dictionaire Pratique de Droit. Bureau de la Jurisprudence G\u00e9n\u00e9rale Dalloz. Paris. 1908. P\u00e1g. 873; DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIMENEZ ALFARO, Francisco. Ob. cit. P\u00e1gs. 2583-2585. <\/p>\n
31\u0002 Porque tambi\u00e9n hay un mandato \u201csin representaci\u00f3n\u201d, admitido reiteradamente por la jurisprudencia de esta Corte con apoyo en los preceptos 2146 y 2177 del C.C. As\u00ed, entre otras: CSJ SSC del 16 de febrero de 1938 (M.P. Hern\u00e1n Salamanca); 28 de marzo de 1939 (M.P. Hern\u00e1n Salamanca); 3 de oct. de 1939 (M.P. Fulgencio Lequerica); 4 de marzo de 1940 (M.P. Hern\u00e1n Salamanca); 23 de nov. de 1941 (M.P. Liborio Escall\u00f3n); 23 de sept. de 1942 (M.P. Fulgencio Lequerica); 4 de nov. de 1943 (M.P. Liborio Escall\u00f3n); 30 de junio de 1947 (M.P. Manuel J. Vargas); 22 de sept. de 1952 (M.P. Pablo Emilio Manotas); 9 de nov. de 1956 (M.P. Pablo Manotas); 11 de abril de 1957 (M.P. Guillermo Garavito); 30 de agosto de 1964 (M.P. Arturo Posada); 3 de marzo de 1978 (M.P. Alberto Ospina); 9 de sept. de 1991 (M.P. H\u00e9ctor Mar\u00edn Naranjo); 11 de oct. de 1992 (M.P. Carlos E. Jaramillo); y 17 de abril de 2007 (M.P. Pedro O. M\u00fanar). <\/p>\n
32\u0002 Sobre la confianza como elemento central dentro de la noci\u00f3n del mandato, vide: CSJ SC del 17 de feb. de 1958 (M.P. Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Arbel\u00e1ez); y 30 de sept. de 1960 (M.P. Jos\u00e9 J. G\u00f3mez). Y otras varias. En doctrina: D\u00cdEZ PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial IV. Las particulares relaciones obligatorias. Editorial Aranzadi S.A. 2010. P\u00e1g. 475; STITCHKIN BRANOVER, David. Ob. cit. P\u00e1gs. 48-49. <\/p>\n
33\u0002 Ver tambi\u00e9n, en sentido an\u00e1logo: CSJ SSC del 5 de agosto de 1936; 3 de oct. de 1939 (M.P. Fulgencio Lequerica); 30 de nov. de 1940 (M.P. Daniel Anzola); 18 de oct. de 1949 (M.P. Ricardo Hinestrosa); 25 de febrero de 1952 (M.P. Rodr\u00edguez Pe\u00f1a); del 25 de julio de 1957 (M.P. Enrique Giraldo); 30 de agosto de 1962 (M.P. Arturo Posada); 17 de junio de 1964 (M.P. Arturo Posada); 30 de marzo de 1978 (M.P. Alberto Ospina). Entre muchas m\u00e1s. <\/p>\n
34\u0002 V\u00c9LEZ, Fernando. Derecho Civil Colombiano. Tomo VIII. N\u00famero 178. <\/p>\n
35\u0002 Citado en: DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIMENEZ ALFARO, Francisco. Ob. cit. P\u00e1g. 2583. <\/p>\n
36\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
37\u0002 Ver tambi\u00e9n: CSJ SC del 24 de oct. de 1975 (M.P. Humberto Murcia Ball\u00e9n); 25 de abril de 2000 (M.P. Jos\u00e9 F. Ram\u00edrez). <\/p>\n
38\u0002 Cfr. DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIMENEZ ALFARO, Francisco. Ob. cit. P\u00e1g. 3379. <\/p>\n
39\u0002 Porque en el \u00e1mbito propio de las personas jur\u00eddicas o entes morales se habla tambi\u00e9n de \u201crepresentaci\u00f3n org\u00e1nica\u201d. Sobre este tipo de representaci\u00f3n, vide: HINESTROSA FORERO, Fernando. Ob. cit. P\u00e1gs. 179 y ss. <\/p>\n
40\u0002 Ver: MESSINEO, Francesco. Manuale di Diritto Civile e Commerciale. Vol. I. Ed. Giuffr\u00e9. Mil\u00e1n. 1947. P\u00e1gs. 309 y ss.; HINESTROSA FORERO, Fernando. La Representaci\u00f3n. Universidad Externado de Colombia. Bogot\u00e1. 2008. P\u00e1gs. 155 y ss. <\/p>\n
41\u0002 As\u00ed: PUJOL, Pedro. Diccionario Tecnol\u00f3gico de Jurisprudencia, Econom\u00eda y Legislaci\u00f3n. Publicaciones Mundial. Barcelona. 1931. P\u00e1g. 405. <\/p>\n
42\u0002 Cfr. DE CASSO Y ROMERO, Ignacio\/CERVERA Y JIMENEZ ALFARO, Francisco. Ob. cit. P\u00e1g. 3381; STITCHKIN BRANOVER, David. El Mandato Civil. Editorial Jur\u00eddica de Chile. Santiago. 1975. P\u00e1gs. 38-39. <\/p>\n
43\u0002 STITCHKIN BRANOVER, David. Ob. cit. P\u00e1gs. 38-39. <\/p>\n
44\u0002 CSJ SC del 6 de abril de 1959 (M.P. Hernando Morales Molina); en sentido an\u00e1logo: 19 de sept. de 1958 (M.P. Alfredo Cock). <\/p>\n
45\u0002 Et al: CSJ SC del 21 de marzo de 1938 (M.P. Arturo Tapias Pilonetta); 17 de marzo de 1945 (M.P. Hern\u00e1n Salamanca); 18 de octubre de 1949 (M.P. Ricardo Hinestrosa Daza); 6 de julio de 1955 (M.P. Manuel Barrera Parra); 28 de julio de 1958 (M.P. Ignacio Escall\u00f3n); y 19 de septiembre de 1958 (M.P. Alfredo Cock). <\/p>\n
46\u0002 D\u00cdEZ PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial IV. Las particulares relaciones obligatorias. Editorial Aranzadi S.A. 2010. P\u00e1g. 475. <\/p>\n
47\u0002 CSJ SC del 30 de agosto de 2011 (M.P. William Nam\u00e9n Vargas). En sentido similar: CSJ SC del 16 de dic. 2014 (M.P. Jes\u00fas Vall de Rut\u00e9n); CSJ SC del 10 de marzo de 1995 (M.P. Pedro Lafont Pianetta). <\/p>\n
48\u0002 As\u00ed: CSJ SC del 30 de agosto de 2011 (M.P. William Nam\u00e9n Vargas); CSJ SC del 8 de oct. de 1997 (M.P. Pedro Lafont Pianetta). <\/p>\n
49\u0002 Sobre los derechos a las garant\u00edas y a la protecci\u00f3n judicial efectiva, pueden verse los arts. 8\u00ba y 25 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, tambi\u00e9n conocida como Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmada en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobada en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
50\u0002 En la sentencia T-430 de 2017, la Corte Constitucional reiter\u00f3 que \u201c(\u2026) ha reconocido la posibilidad de agenciar el derecho de postulaci\u00f3n judicial. En efecto, un tercero podr\u00eda otorgar poder a un abogado para que interponga la acci\u00f3n de tutela. Empero, en estos casos debe probarse la necesidad de acudir a la figura de la agencia oficiosa, es decir que debe acreditarse la imposibilidad que tiene el titular de un derecho de otorgar poder por s\u00ed mismo a un profesional del derecho. Esta hip\u00f3tesis podr\u00eda ocurrir, por ejemplo, en el caso de un incapaz absoluto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
51\u0002 Art. 229 de la Constituci\u00f3n Nacional: \u201cSe garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administraci\u00f3n de justicia. La ley indicar\u00e1 en qu\u00e9 casos podr\u00e1 hacerlo sin la representaci\u00f3n de abogado\u201d. <\/p>\n
52\u0002 Art. 14 del Decreto 2591 de 1991: \u201cEn la solicitud de tutela se expresar\u00e1, con la mayor claridad posible, la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad p\u00fablica, si fuere posible, o del \u00f3rgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripci\u00f3n de las dem\u00e1s circunstancias relevantes para decidir la solicitud. Tambi\u00e9n contendr\u00e1 el nombre y el lugar de residencia del solicitante. <\/p>\n
No ser\u00e1 indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado. La acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticaci\u00f3n, por memorial, telegrama u otro medio de comunicaci\u00f3n que se manifieste por escrito para lo cual se gozar\u00e1 de franquicia. No ser\u00e1 necesario actuar por medio de apoderado. <\/p>\n
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida verbalmente. El juez deber\u00e1 atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, podr\u00e1 exigir su posterior presentaci\u00f3n personal para recoger una declaraci\u00f3n que facilite proceder con el tr\u00e1mite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno\u201d. <\/p>\n
53\u0002 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n B, sentencia de 26 de julio de 2012, exp. 25000-23-26-000-1999-02010-01. <\/p>\n
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STC9516-2021 Magistrado Ponente STC9516-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00063-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de enero de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55861","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55861","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55861"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55861\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55861"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55861"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55861"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}