STC9517-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9517-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02355-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Francisco Azael Jim\u00e9nez Venegas contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abbuena fe\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita \u00abdejar sin efectos [la] sentencia de\u2026 18 de noviembre de\u20262020\u2026 mediante la cual se inadmiti\u00f3 Ila demanda de casaci\u00f3n presentada\u00bb; que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n acusada \u00abse sirva admitir la demanda de casaci\u00f3n interpuesta\u2026\u00bb; y se \u00abadopten todas las dem\u00e1s decisiones y medidas que\u2026 considere necesarias para el restablecimiento inmediato de [sus] derechos fundamentales\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra Francisco Azael Jim\u00e9nez Venegas, el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 13 de noviembre de 2018, en la que lo conden\u00f3 por la comisi\u00f3n del delito de receptaci\u00f3n. Esta decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En fallo de 25 de enero de 2019 la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad la confirm\u00f3, determinaci\u00f3n que fue recurrida en casaci\u00f3n, pero en prove\u00eddo de 18 de noviembre de 2020 fue inadmitida la demanda. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que las providencias emitidas adolec\u00edan de defectos f\u00e1cticos y sustantivos, de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea e indebida valoraci\u00f3n de los documentos; y que no se tuvo en cuenta la totalidad del acervo probatorio para demostrar su ausencia de responsabilidad. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que conforme con el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004 denunci\u00f3 el desconocimiento del debido proceso por afectaci\u00f3n sustancial de su estructura o de la garant\u00eda debida a cualquiera de las partes; que demand\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n desde la audiencia preparatoria; y que se dejaron de lado los elementos de convicci\u00f3n que demostraban su ausencia de responsabilidad. <\/p>\n
2.5. Adujo que estuvo desprovisto de una adecuada defensa t\u00e9cnica debido a las falencias de quienes asumieron su representaci\u00f3n judicial; que se acredit\u00f3 fehacientemente que el automotor ingreso a su taller de forma pac\u00edfica, no clandestina, en el d\u00eda, con observancia de los requisitos exigidos; y que la factura de venta probaba que la tenencia del remolque no era a su nombre, sino de una empresa legalmente constituida, la que cumpl\u00eda con los presupuestos de la normatividad tributaria y comercial. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que no se practicaron todos los testimonios necesarios que demostraban que no cometi\u00f3 un delito; que no se valor\u00f3 el recibo de ingreso del tractocami\u00f3n en donde constaba la fecha de entrada y cumplimiento de los protocolos; que dicho documento demuestra que recibi\u00f3 el automotor para el arreglo de un tr\u00e1iler, actividad comercial que ejerc\u00eda, siendo reconocido en el gremio, pues era mec\u00e1nico de automotores, su empresa estaba inscrita en la C\u00e1mara de Comercio y se dedicaba a la fabricaci\u00f3n, reparaci\u00f3n de remolques y venta de repuestos. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que era un tenedor de buena fe del automotor conforme con el testimonio de la persona que lo llev\u00f3 a su taller, pues contrat\u00f3 sus servicios para realizar reparaciones mec\u00e1nicas y reemplazo de unas partes, prueba vital, contundente y conducente, que demostraba que no era responsable de delito alguno; y que tampoco se apreciaron los testimonios de las personas que recibieron el tr\u00e1iler y quienes presenciaron la negociaci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
2.8. Manifest\u00f3 que de haberse valorado las pruebas se hubiese establecido la verdad procesal y concluido con su absoluci\u00f3n; que ante las irregularidades presentadas impetr\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n; que estuvo desprovisto de una adecuada defensa t\u00e9cnica; que ejerci\u00f3 todos los recursos con los que contaba; y que ante las ostensibles deficiencias probatorias, se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico asociado con la omisi\u00f3n en el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas conducentes y relevantes para superar las incertidumbres y cuestionamientos frente a su responsabilidad penal. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Procurador Segundo Delegado para la Casaci\u00f3n Penal indic\u00f3 que resolvi\u00f3 no insistir en la admisi\u00f3n de la demanda, lo que comunic\u00f3 al interesado y remiti\u00f3 al magistrado ponente; que su intervenci\u00f3n fue acorde con lo establecido en el art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004 y a las reglas definidas por la Corte Suprema de Justicia para su aplicaci\u00f3n; que del an\u00e1lisis de la solicitud, expediente y piezas procesales no encontr\u00f3 m\u00e9rito para acudir a la insistencia; que lo que se pretend\u00eda era debatir aspectos superados; que sus argumentos quedaron consignados en el concepto que rindi\u00f3 el 28 de enero de 2021; que no se argument\u00f3 adecuadamente la solicitud, sin que le corresponda a la Corte o al Ministerio P\u00fablico suplir los vac\u00edos; y que no se transgredieron los derechos fundamentales del promotor. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 130 Seccional de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que el asunto le fue asignado el 19 de julio de 2018, encontr\u00e1ndose inactivo por haberse emitido sentencia condenatoria; y que era ajena al conocimiento del proceso, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad relat\u00f3 lo acontecido en el tr\u00e1mite criticado y se\u00f1al\u00f3 que el gestor incumpli\u00f3 con las exigencias del recurso extraordinario y de forma oficiosa la Sala de Casaci\u00f3n acusada verific\u00f3 los aspectos relacionados con la materialidad, tipicidad y responsabilidad; y que no se vulner\u00f3 prerrogativa fundamental alguna. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n adujo que en auto de 18 de noviembre de 2020 resolvi\u00f3 inadmitir la casaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de segundo grado; que la demanda no era formal ni materialmente id\u00f3nea para ser admitida, pues adem\u00e1s que no demostr\u00f3 la causal de nulidad alegada, la defensa del procesado se limit\u00f3 a presentar un alegato propio de instancia; que atendiendo a la funci\u00f3n de velar por el estricto cumplimiento del principio de legalidad y evitar la violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, no advirti\u00f3 la necesidad de intervenir oficiosamente para conjurar cualquier da\u00f1o antijur\u00eddico; que no incurri\u00f3 en ning\u00fan defecto procedimental que sacrificara los derechos fundamentales del gestor; y que se aten\u00eda a las razones expuestas en el prove\u00eddo censurado. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en el prove\u00eddo de 18 de noviembre de 2020, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la demanda bajo estudio incumple los requisitos necesarios para su admisi\u00f3n. Desde la perspectiva formal, el reproche planteado por el demandante no acredita la configuraci\u00f3n de ninguna causal de casaci\u00f3n. Bajo la \u00f3ptica sustancial, el reclamo carece por completo de idoneidad, dada su insuficiencia refutatoria. <\/p>\n
Al analizarse la censura desde la perspectiva del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, dado que el demandante aleg\u00f3 la vulneraci\u00f3n del debido proceso en su componente del derecho de defensa t\u00e9cnica, se concluye que el cargo no puede admitirse para evaluar si ha de anularse la actuaci\u00f3n. El adecuado planteamiento del reproche por esta v\u00eda supone cumplir con las exigencias legales y jurisprudenciales pertinentes. En esa direcci\u00f3n, la Corte ha clarificado que la alegaci\u00f3n de nulidades ha de ajustarse a los principios concurrentes de taxatividad, acreditaci\u00f3n, protecci\u00f3n, convalidaci\u00f3n, instrumentalidad, trascendencia y residualidad. <\/p>\n
Sin embargo, en la demanda objeto de examen lo alegado por el demandante no cumple con el principio de trascendencia, pues, de entrada, se descarta que las situaciones por \u00e9l denunciadas comporten un vicio de estructura o de garant\u00eda que afecte sustancialmente el debido proceso, en la medida en que no se demostr\u00f3 la relevancia del yerro para afectar la validez del fallo cuestionado, es decir, no revel\u00f3 con plausibilidad y suficiencia c\u00f3mo el sentido de la decisi\u00f3n habr\u00eda de ser sustancialmente diverso si no se hubiera incurrido en la irregularidad procedimental. <\/p>\n
La trascendencia desde la perspectiva de la casaci\u00f3n se relaciona intr\u00ednsecamente con el sentido de la decisi\u00f3n. Por ende, si lo que se afirma es que la deficiente actividad probatoria desplegada por la defensa impidi\u00f3 que se acreditara su teor\u00eda del caso y que, por esa v\u00eda, hubiera tenido que absolverse al acusado, el censor est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de explicar a la Corte, en concreto, cu\u00e1les fueron las pruebas dejadas de practicar y, c\u00f3mo \u00e9stas, valoradas en conjunto con los dem\u00e1s medios de conocimiento, habr\u00edan dejado sin soporte la hip\u00f3tesis delictiva. <\/p>\n
Con todo, en el presente asunto, a\u00fan asumiendo en gracia de discusi\u00f3n que la defensora que asisti\u00f3 al procesado durante el juicio no practic\u00f3 las pruebas que realmente resultaban indispensables para demostrar su inocencia, la censura est\u00e1 hu\u00e9rfana de trascendencia. Esto es as\u00ed, como quiera que el demandante no logr\u00f3 demostrar de qu\u00e9 manera habr\u00eda de variar el sentido condenatorio de la decisi\u00f3n si su predecesora hubiera incorporado los elementos de juicio que ahora se denuncian como excluidos. <\/p>\n
En ese orden, resalta la Corte que el juicio de trascendencia no opera en abstracto, por lo que es insuficiente se\u00f1alar errores que, de ser suprimidos, especulativamente podr\u00edan conducir a diferentes resultados procesales. Para demostrar que el yerro es trascendente, la censura ha de poner de manifiesto, de forma espec\u00edfica, c\u00f3mo la subsanaci\u00f3n del error conducir\u00eda a variar el sentido de la decisi\u00f3n. Ello, aplicado al caso que se analiza, significa que la demanda debe se\u00f1alar, en concreto, de qu\u00e9 manera la incorporaci\u00f3n de las pruebas que se dicen omitidas alterar\u00eda la unidad decisoria conformada por los fallos de instancia, a un punto tal que la dejen desprovista de la suficiencia necesaria para soportar la declaratoria de responsabilidad penal. <\/p>\n
Esa exigencia no se cumple en la censura. La sustentaci\u00f3n del cargo por nulidad, derivada de la supuesta ausencia de defensa t\u00e9cnica, simplemente critica las actuaciones de la defensora desde la audiencia preparatoria y a\u00fan en el juicio oral, pero no logra demostrar que la incorporaci\u00f3n de los documentos y la pr\u00e1ctica de los testimonios aludidos habr\u00eda cambiado el sentido del fallo para tornarlo absolutorio. <\/p>\n
Y mal podr\u00eda hacerlo, ya que, a la luz de la estructura probatoria construida en las instancias, la incorporaci\u00f3n de dichos medios de conocimiento no alterar\u00eda las conclusiones a las que arribaron los falladores. <\/p>\n
En primer lugar, puesto que el recibo de entrada del tracto cami\u00f3n con el remolque al parqueadero \u00abel Play\u00f3n 2\u00bb, fechado el 6 de agosto de 2012 a la 1:43 p.m., no controvierte ninguno de los hechos de la acusaci\u00f3n que posteriormente fueron demostrados en el juicio. All\u00ed se prob\u00f3 que el 6 de agosto de 2012 a las 7:00 a.m., Benjam\u00edn Porras Vargas fue despojado del veh\u00edculo tracto cami\u00f3n de placas SKN040, cuando sal\u00eda del parqueadero \u00abel Play\u00f3n 2\u00bb y que, al d\u00eda siguiente, el propietario del automotor lo encontr\u00f3 en ese mismo parqueadero, procediendo a dar aviso de inmediato a la Polic\u00eda, quien hizo presencia en el lugar ese mismo d\u00eda, es decir, el 7 de agosto, a las 3:30 p.m. Luego, el hecho de que el veh\u00edculo hubiera ingresado al taller de propiedad de Francisco Azael Jim\u00e9nez Venegas horas despu\u00e9s de haber sido hurtado, como as\u00ed consta -al parecer- en el recibo de entrada que no se incorpor\u00f3 como prueba, en nada cambia la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica que estructur\u00f3 el delito de receptaci\u00f3n. Por el contrario, lo \u00fanico que hace es confirmar que, en efecto, el tracto cami\u00f3n ingres\u00f3 nuevamente a ese establecimiento el mismo d\u00eda en que fue hurtado. <\/p>\n
Ahora bien, a\u00fan si se hubiera incorporado a la actuaci\u00f3n el aludido documento, el mismo, atendiendo a lo que explic\u00f3 el demandante, apenas contiene la constancia de que el veh\u00edculo ingres\u00f3 al parqueadero el 6 de agosto de 2012, a la 1:43 p.m. Por ende, su capacidad probatoria para refutar la acusaci\u00f3n es nula, en el entendido de que los hechos por los cuales Francisco Azael Jim\u00e9nez Venegas fue llamado a juicio se contraen a que \u00e9l, en su calidad de propietario del taller mec\u00e1nico ubicado dentro del parqueadero \u00abel Play\u00f3n 2\u00bb, estaba en poder de un bien mueble (medio motorizado) cuyo origen inmediato fue un hurto que, casualmente, ocurri\u00f3 horas antes en ese mismo lugar. <\/p>\n
A la misma conclusi\u00f3n se llega respecto de la factura de venta No. 10998 del 7 de septiembre de 2012, en tanto que con este documento tampoco se controvierte el hallazgo del tracto cami\u00f3n que hicieron los miembros de la Polic\u00eda Nacional en el momento en el que el que ese veh\u00edculo estaba siendo transformado en su color, forma y piezas originales. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, se advierte que el desistimiento que la defensora del procesado hizo de los testimonios de \u00d3scar Fl\u00f3rez, Fernando Casallas Corredor y Samuel Estefan Oyola D\u00edaz no obedeci\u00f3 a una decisi\u00f3n caprichosa o que pueda ser considerada como desleal a sus deberes profesionales. El motivo de esa renuncia, como as\u00ed se pudo verificar en el registro de la sesi\u00f3n de juicio oral del 12 de abril de 2018, se contrajo a que no fue posible ubicar a esos testigos y se hac\u00eda necesario continuar con el proceso sin m\u00e1s dilaciones. <\/p>\n
Con todo, si lo que demuestran esos elementos de conocimiento es que el tracto cami\u00f3n ingres\u00f3 al taller del acusado el 6 de agosto de 2012 para ser sometido a unas \u00abmodificaciones\u00bb, las pruebas que aport\u00f3 la Fiscal\u00eda con las que se demostr\u00f3 que se encontr\u00f3 el tr\u00e1iler en ese mismo parqueadero, en donde se le estaba quitando uno de los troques y cambi\u00e1ndolo de color sin el correspondiente permiso del Ministerio de Transporte -lo que constituye el n\u00facleo de la decisi\u00f3n condenatoria-, permanecen, desde su contenido objetivo, intactas. <\/p>\n
A lo anterior cabe agregar que la censura no demuestra c\u00f3mo los elementos de juicio que se dicen omitidos afectan, en concreto, la credibilidad de los testimonios y documentos incorporados por cuenta de la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
La nulidad derivada de la ausencia de defensa t\u00e9cnica no es el resultado de cuestionar, de cualquier manera, la gesti\u00f3n de un profesional del derecho a la luz de su mayor o menor pericia o solidez conceptual, ni puede ser el resultado de plantear una mejor manera de ejercer el mandato defensivo. El remedio extremo de la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite por esta causa es excepcional y procede cuando, adem\u00e1s de grav\u00edsimos, los errores atribuibles a la defensa son de una entidad tal que s\u00f3lo anulando la actuaci\u00f3n pueden ser subsanados y esa correcci\u00f3n inexorablemente conducir\u00e1 a variar el sentido de la decisi\u00f3n impugnada en casaci\u00f3n. <\/p>\n
De tal forma, los se\u00f1alamientos denunciados por el censor son intrascendentes y tornan irrelevante la alegaci\u00f3n acerca de la supuesta desatenci\u00f3n e ineptitud en la labor de quien lo antecedi\u00f3 en la labor defensiva. Adem\u00e1s, no logran superar la mera postulaci\u00f3n acerca de cu\u00e1l debi\u00f3 haber sido la gesti\u00f3n adelantada por la defensora, pues: <\/p>\n
\u00abRecogiendo la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n en la materia, hay que advertir que \u00e9sta ha indicado de manera reiterativa que el defensor goza de plena autonom\u00eda en su estrategia defensiva, pudiendo entonces orientar la custodia de los intereses que representa de la forma que considere pertinente, y que el desacuerdo con la t\u00e1ctica de defensa asumida no basta para sostener que el derecho de defensa t\u00e9cnica ha sido violado por ausencia de defensor id\u00f3neo, pues la ley no le impone a los defensores alg\u00fan tipo de criterio estrat\u00e9gico. <\/p>\n
Los reparos en relaci\u00f3n con la forma como el defensor ha cumplido el compromiso de asistencia profesional en un determinado asunto, frente a lo que un nuevo apoderado cree que se ha podido hacer de haber tenido la representaci\u00f3n del procesado, no es de por s\u00ed argumento v\u00e1lido para reclamar la invalidaci\u00f3n del proceso por ausencia de defensa t\u00e9cnica, porque lo normal en el ejercicio de profesiones liberales como la abogac\u00eda, es que estas diferencias se presenten, en consideraci\u00f3n a que no se rigen por reglas fijadas de antemano, sino por el principio de libertad de iniciativa\u00bb. (CSJ AP 24 sep. 2014, rad. 44.469). <\/p>\n
Adem\u00e1s, de los reclamos elevados por el censor no se evidencia una situaci\u00f3n de desamparo total (CSJ AP, 22 Oct. 2014, Rad. 38044) que haga viable la nulidad por violaci\u00f3n del derecho a la defensa t\u00e9cnica, motivo por el cual no puede el demandante justificar la admisi\u00f3n del cargo invocando la CSJ SP154-2017. A diferencia del asunto analizado en esa ocasi\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de la divergencia de criterios defensivos que, desde el plano subjetivo, menciona el demandante, en el caso que se analiza, los defensores Armando Rugeles Mu\u00f1oz y Yolanda Margarita Rojas cumplieron con una carga m\u00ednima en la solicitud y pr\u00e1ctica de las pruebas. Pero, al margen de ello, lo cierto es que en el asunto bajo estudio, la intrascendencia de las cr\u00edticas formuladas en la censura impide admitir el reproche para estudiarlo de fondo. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la determinaci\u00f3n con la que se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n propuesta; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, encuentra la Sala que el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela alega, medio de defensa que no aprovech\u00f3 adecuadamente, pues su libelo fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 18 de noviembre de 2020, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir la valoraci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo <\/p>\n
(\u2026) desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Finalmente, en lo atinente a las supuestas anomal\u00edas en las que incurrieron los defensores del gestor, se advierte que la supuesta negligencia de los mismos: <\/p>\n
\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC 18 may. 2009, rad. 00508 -01). <\/p>\n
6. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9517-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9517-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02355-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Francisco Azael […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55862","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55862","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55862"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55862\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55862"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55862"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55862"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}