STC9521-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9521-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02401-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Marco Fidel Murcia Zapata contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abDEJAR SIN EFECTO la sentencia que deicidio (sic) el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, suscrita por los Conjueces en fecha 28 de mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En la causa penal seguida contra el accionante por el punible de prevaricato por acci\u00f3n, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo (con ocasi\u00f3n de diferentes fallos de tutela que como Juez Promiscuo de Familia de Honda emiti\u00f3 entre los a\u00f1os 2005 y 2006 accediendo de forma irregular al reconocimiento de m\u00faltiples pensiones gracia, de vejez y reliquidaciones de las mismas a cargo de CAJANAL), el 15 de julio de 2019 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 dict\u00f3 sentencia, en la cual lo hall\u00f3 responsable y lo conden\u00f3 a 96 meses de prisi\u00f3n, providencia que el 28 de mayo de 2021 confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte. <\/p>\n
2.2. El tutelante critic\u00f3 que la autoridad acusada le cercen\u00f3 su derecho a la defensa t\u00e9cnica porque pas\u00f3 por alto que su apoderado de confianza (el abogado Guti\u00e9rrez Romero), desde el 14 de agosto de 2020, renunci\u00f3 al poder que \u00e9l le otorg\u00f3 para que lo representara, lo que le impidi\u00f3 efectuar manifestaci\u00f3n u oposici\u00f3n alguna frente a las actuaciones surtidas desde ese momento hasta la emisi\u00f3n de la sentencia de segundo grado el 28 de mayo \u00faltimo. <\/p>\n
Como actuaciones surtidas en ese lapso recapitul\u00f3 que el 19 de agosto de 2020 el proceso ingres\u00f3 al Despacho; el 26 de mayo de 2021: i) el ponente inicial (Magistrado Quintero Bernate) registr\u00f3 proyecto de sentencia en el sistema de gesti\u00f3n judicial, ii) algunos integrantes de la Sala manifestaron causal de impedimento para conocer del caso1; iii) se sortearon y posesionaron los conjueces en reemplazo de quienes expresaron motivo de apartamiento; el d\u00eda 27 siguiente el despacho del Magistrado Quintero Bernate traslad\u00f3 el expediente al del doctor Acu\u00f1a Vizcaya; el 28 posterior: i) se aceptaron los impedimentos exteriorizados y ii) se dict\u00f3 sentencia confirmatoria de la decisi\u00f3n del Tribunal a-quo. <\/p>\n
Sostuvo el censor que no pudo cuestionar la irregular posesi\u00f3n de conjueces antes de la aceptaci\u00f3n de los impedimentos, varios de \u00e9stos, en su sentir, injustificados; que result\u00f3 extra\u00f1o que aqu\u00e9llos, en un solo d\u00eda, lograran estudiar toda la actuaci\u00f3n, destacando que era un expediente bastante voluminoso; y que el Magistrado Acu\u00f1a Vizcaya no manifest\u00f3 impedimento a pesar de estar incurso en igual causal que sus compa\u00f1eros. <\/p>\n
3. La Sala admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El profesional del derecho Guti\u00e9rrez Romero pidi\u00f3 ser desvinculado del presente tr\u00e1mite constitucional porque desde el 14 de agosto de 2020 dej\u00f3 de ser, en la causa penal fustigada, el defensor de confianza del accionante. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte indic\u00f3 no haber vulnerado derecho fundamental alguno al quejoso, en tanto que sus actuaciones se ajustaron a los par\u00e1metros legales exigibles. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00ab[c]omo quiera que el n\u00famero de magistrados que manifestaron separarse del conocimiento del asunto disminuy\u00f3 el quorum necesario para decidir los impedimentos (art. 54 Ley 270 de 1996)\u2026, para completar la Sala se acudi\u00f3 a la designaci\u00f3n de conjueces, como lo dispone[n] los art\u00edculos 140 y 144 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; y que el pasado 28 de mayo \u00abla Sala, conformada por magistrados y conjueces, acept\u00f3 los impedimentos, a la vez que ese mismo d\u00eda se emiti\u00f3 el respectivo fallo\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que aunque fue cierto que desde agosto de 2020 el apoderado del accionante renunci\u00f3 al poder que \u00e9ste le confiri\u00f3 para representarlo en la causa penal criticada, la situaci\u00f3n presentada \u00abno conllev\u00f3 a la afectaci\u00f3n de derecho fundamental alguno en la actuaci\u00f3n surtida ante [esa] Corporaci\u00f3n. De un lado, porque habiendo dicho profesional presentado y sustentado el recurso de apelaci\u00f3n motivo de pronunciamiento de la Sala, el motivo de impedimento del art\u00edculo 99-4 de la Ley 600 de 2000 aducido por algunos magistrados se manten\u00eda\u2026 De otro lado, porque aunque para el momento en que se hizo la designaci\u00f3n de los conjueces y se aceptaron los impedimentos el acusado\u2026 Murcia Zapata no contaba con un defensor, las mentadas decisiones no pod\u00edan ser recurridas (art. 111 Ley 600 de 2000)\u00bb; a m\u00e1s que \u00abla providencia a trav\u00e9s de la cual se confirma la sentencia condenatoria cobr\u00f3 ejecutoria el d\u00eda en que fue suscrita, es decir, el 28 de mayo de 2021, conforme a lo previsto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 187 de la Ley 600 de 2000 (C-641 de 2002)\u00bb; y en todo caso, esa providencia \u00abfue debidamente comunicada al nuevo apoderado de confianza designado por el enjuiciado\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tras historiar las actuaciones surtidas en la causa recriminada, indic\u00f3 que \u00abhabiendo sido resuelta en su oportunidad la sentencia y estando ce\u00f1ida a la legalidad y el derecho\u00bb, estimaba \u00abimpr\u00f3spera la acci\u00f3n propuesta al no haber sido vulnerado ni amenazado ning\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social – UGPP deprec\u00f3 rechazar por improcedente la salvaguarda al dirigirse frente a decisiones judiciales en las cuales los juzgadores naturales \u00abrealizaron el estudio del caso en concreto aplicando la normatividad vigente y acorde a derecho\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal tambi\u00e9n pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo debido a la ausencia de afectaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales invocadas, dado que \u00abno hubo ning\u00fan pronunciamiento ni gesti\u00f3n procesal sin que el procesado contara con la correspondiente defensa t\u00e9cnica. Y por otra parte, el estudio del proceso para la ponencia estuvo a cargo de un magistrado de la Sala y no de los conjueces, quienes s\u00ed hicieron sala y aprobaron la decisi\u00f3n propuesta por el ponente\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que para cuando el apoderado de confianza del quejoso renunci\u00f3 al mandato, \u00abya se hab\u00eda ejercido el derecho de defensa y contradicci\u00f3n contra la decisi\u00f3n recurrida por parte del defensor t\u00e9cnico del momento. Lo que indica, que solo restaba esperar la decisi\u00f3n de la Sala por cuanto el proceso, ya estaba al despacho para adoptar la determinaci\u00f3n que correspondiera en derecho\u00bb; que el tr\u00e1mite de los impedimentos se dio de acuerdo a los preceptos \u00ab56 [y 57] de la Ley 906 de 2004 (sic)\u00bb, lo cual no exig\u00eda \u00abla intervenci\u00f3n de los sujetos procesales\u00bb, a m\u00e1s que en la demanda de tutela se omiti\u00f3 se\u00f1alar \u00abc[\u00f3]mo se afect\u00f3 el debido proceso o el derecho de defensa del procesado por la aceptaci\u00f3n de tales impedimentos. Con lo cual, se infiere que se trata de una petici\u00f3n subjetiva sin ning\u00fan soporte legal ni f[\u00e1]ctico\u00bb; sumado a que tampoco se observa \u00abninguna irregularidad en la designaci\u00f3n de los conjueces ni en el procedimiento para asumir estos el conocimiento del asunto. El solo hecho de haberse emitido la decisi\u00f3n un d\u00eda despu\u00e9s, en principio denota es eficiencia en la labor de los Magistrados que asumieron el conocimiento del tema para tomar el debate en Sala y adoptar una decisi\u00f3n\u00bb, sin que el quejoso cuestionara \u00abel sentido ni el desarrollo de la decisi\u00f3n, solo la rapidez con la cual se profiri\u00f3, lo cual\u2026 no tiene ninguna trascendencia negativa para el proceso\u00bb. <\/p>\n
6. El abogado Luis Hernando Vel\u00e1squez Reyes, como nuevo apoderado de confianza designado por el accionante en la causa penal fustigada, coadyuv\u00f3 el reclamo constitucional de su mandante enfatizando en la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales cuyo resguardo se reclam\u00f3. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa y se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto al margen de las disquisiciones efectuadas por el actor en torno a la aparente afectaci\u00f3n de su derecho a la defensa t\u00e9cnica, lo cierto es que dicho aspecto resulta irrelevante de cara a la situaci\u00f3n concreta en la que aquel finc\u00f3 su reclamo supralegal. <\/p>\n
En efecto, el quejoso centr\u00f3 su inconformidad en que tal prerrogativa result\u00f3 cercenada porque a pesar de que desde agosto de 2020 su apoderado de confianza renunci\u00f3 al poder que \u00e9l le hab\u00eda otorgado para que lo representara en la causa penal cuestionada, a partir de esa data y hasta la emisi\u00f3n de la sentencia de segundo grado, el 28 de mayo \u00faltimo, se surtieron diferentes actuaciones que por aquella situaci\u00f3n no pudo controvertir; alegaci\u00f3n que se muestra constitucionalmente intrascendente si en cuenta se tiene que los \u00fanicos actos agotados en ese interregno fueron los relacionados con la manifestaci\u00f3n de impedimento de algunos magistrados, la designaci\u00f3n y posesi\u00f3n de conjueces para su resoluci\u00f3n, los que, como acertadamente lo adujo la accionada al contestar la demanda de amparo, no eran susceptibles de ning\u00fan recurso, acorde con los preceptos 111 de la Ley 600 de 2000 y 65 de la Ley 906 de 2004, art\u00edculos que expresamente ense\u00f1an que \u00ab[l]as decisiones que se profieran en el tr\u00e1mite de un impedimento o recusaci\u00f3n no tendr\u00e1n recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
Es decir que, sin desconocer la renuncia del apoderado a la que aduce el censor, cuyo memorial, al parecer, con ocasi\u00f3n de los cambios tra\u00eddos con la pandemia se traspapel\u00f3, lo cierto es que las actuaciones surtidas en el lapso atr\u00e1s referido, relacionadas, exclusivamente, con el tema de los impedimentos y su definici\u00f3n, adem\u00e1s de mostrarse ajustadas a derecho, no eran susceptibles de ning\u00fan recurso, de all\u00ed que el procesado estuviera impedido de censurarlas -tuviera o no apoderado-, lo que denota la intrascendencia de su queja, m\u00e1xime si en cuenta se tiene que: i) la posesi\u00f3n de conjueces evidentemente fue anterior a la resoluci\u00f3n de los impedimentos, pues precisamente se requer\u00eda de aqu\u00e9llos para resolver \u00e9stos; ii) contrario a lo aducido por el reclamante, el magistrado Acu\u00f1a Vizcaya no particip\u00f3 en la Sala en que se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n AP2891-2017 -con apoyo en la cual algunos de sus compa\u00f1eros manifestaron estar impedidos-, ni tampoco fue de los Magistrados elegidos en el bloque cuya elecci\u00f3n se encuentra demandada, de donde no estaba inmerso en las causales de apartamiento que encontr\u00f3 probadas respecto de sus otros compa\u00f1eros de Sala; y iii) ning\u00fan cuestionamiento efectu\u00f3 el quejoso frente a los argumentos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n acusada -reconformada con algunos conjueces- al confirmar la sentencia del a-quo, sin que la simple diligencia en su emisi\u00f3n pueda considerarse lesiva de sus derechos. <\/p>\n
En consecuencia, la situaci\u00f3n de la que se doli\u00f3 el querellante resulta intrascendente de cara a las actuaciones surtidas en el juicio recriminado, pues los tr\u00e1mites adelantados entre la renuncia de su apoderado de confianza y la emisi\u00f3n de la sentencia de segundo grado, no gener\u00f3 la conculcaci\u00f3n de las prerrogativas que invoc\u00f3. <\/p>\n
Sobre la carencia de trascendencia constitucional de la salvaguarda suplicada dijo la Sala que \u00abcon independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que\u2026 el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso\u00bb (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
3. Lo sucintamente consignado se muestra suficiente para declarar improcedente la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a todos los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y de no ser impugnado este fallo, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Los Magistrados Salazar Cu\u00e9llar, Fern\u00e1ndez Carlier y Hern\u00e1ndez Barbosa, con fundamento en la casual 6\u00aa del art\u00edculo 99 de la Ley 600 de 2000, por haber comprometido \u00absu criterio de manera sustancial al pronunciarse, en segunda instancia (AP2891-2017), sobre la nulidad de la audiencia preparatoria invocada por la defensa dentro del presente proceso, cuya solicitud de invalidaci\u00f3n ahora se presenta \u00abcon id\u00e9nticos supuestos\u00bb en la impugnaci\u00f3n\u00bb; mientras que los doctores Quintero Bernate, Chaverra Castro y Ospitia Garz\u00f3n, con apoyo en la causal 4\u00aa ib\u00eddem, porque \u00abfueron vinculados en condici\u00f3n de demandados a la acci\u00f3n p\u00fablica de nulidad electoral, acumulado jur\u00eddicamente con varios expedientes dentro de los que figura como demandante, entre otros ciudadanos, Ra\u00fal Alfonso Guti\u00e9rrez Romero, quien act\u00faa como apoderado del aqu\u00ed procesado Marco Fidel Murcia Zapata\u00bb. <\/p>\n
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