STC9524-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9524-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02415-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rub\u00e9n Dar\u00edo Dom\u00ednguez G\u00f3mez contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Solicit\u00f3, entonces, \u00abla anulaci\u00f3n de las decisiones emitidas por los accionados a trav\u00e9s de las sentencias del 16 de julio de 2020, proferida por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Barranquilla\u2026 y la sentencia del\u2026 11 de diciembre de dos mil veinte (2020), emitida por el Tribunal\u2026 dentro del proceso ejecutivo singular identificado con radicado 08001-31-53-005-2018-00208-00,\u2026 y en su lugar se disponga dictar fallo ajustado a derecho y con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Espumas Santander S.A.S. formul\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Rub\u00e9n Dar\u00edo Dom\u00ednguez G\u00f3mez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, que el 5 de septiembre de 2018 libr\u00f3 mandamiento de pago y, luego de surtir el tr\u00e1mite de rigor, el 16 de julio de 2020 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 11 de diciembre siguiente, en sede de alzada, el Tribunal confirm\u00f3 el fallo recurrido y, con prove\u00eddo de 19 de enero de 2021 neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por v\u00eda de tutela se duele el actor, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, habida cuenta de que \u00abconsider\u00f3 que los volantes de consignaci\u00f3n y dictamen pericial, por s\u00ed solos no probaban a cu\u00e1l obligaci\u00f3n correspond\u00edan los pagos\u00bb, situaci\u00f3n que no obedece a la realidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Anot\u00f3 que al rendir interrogatorio \u00abmanifes[t\u00f3] ser comerciante, [que el pagar\u00e9 era] garant\u00eda en la actividad comercial de la empresa que represen[ta] (comerciamuebles norte), que cance[l\u00f3] la obligaci\u00f3n comercial, que exist\u00edan tres procesos donde [lo] hab\u00edan demandado y que en todo present\u00f3 excepciones de pago de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. Refiri\u00f3 que \u00abse impuso una carga probatoria excesiva a la parte ejecutada en\u2026 el proceso. Lo anterior, toda vez que se present\u00f3 por parte del a-quo, se probara en un mismo proceso el pago de m\u00e1s de una obligaci\u00f3n. Situaci\u00f3n que no sucedi\u00f3 con la parte ejecutante, quien solo de manera verbal en el interrogatorio de parte aleg\u00f3 existir dos obligaciones y no fue requerido a aportar las pruebas que diera certeza de tal obligaci\u00f3n descubierta o alegada apenas en el interrogatorio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Agreg\u00f3 que \u00abel ejecutante plantea la existencia de una obligaci\u00f3n (demanda) y el ejecutado plantea el pago de la misma (excepciones) y posterior al traslado de dichas excepciones, en interrogatorio de parte realizado al representante legal del\u2026 ejecutante, plantea la existencia de dos obligaciones y manifiesta que una est\u00e1 paga y otra no, es a \u00e9ste \u00faltimo a quien le corresponde probar la existencia del hecho nuevo planteado (existencia de dos obligaciones en el proceso), lo anterior d\u00e1ndole alcance al art\u00edculo 167 del c\u00f3digo general del proceso y al art\u00edculo 1757 del c\u00f3digo civil colombiano, los que establecen que el corresponde probar a la parte el hecho planteado o alegado\u00bb; asimismo, se est\u00e1 desconociendo el precedente jurisprudencial, frente al deber de demostrar el hecho o acto jur\u00eddico invocado. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues atendi\u00f3 el reparo respecto de los pagos parciales, sin que el tutelante demostrara con cargo a cu\u00e1l de las obligaciones contra\u00eddas con el ejecutante correspond\u00eda, asimismo, atendi\u00f3 la alegaci\u00f3n atinentes o no en el objeto social de Espumas Santander S.A.S.; destac\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia para reabrir el debate probatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla manifest\u00f3 que no vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas; que en el fallo criticado quedaron plasmadas las consideraciones y valoraciones probatorias que dieron lugar a la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Gime Alexander Rodr\u00edguez y Leonardo Acosta Mora, en escritos separados, indicaron actuar como apoderados judiciales de Espumas Santander S.A.S. y Rub\u00e9n Dar\u00edo Dom\u00ednguez G\u00f3mez, respectivamente, allegaron escritos sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que sus manifestaciones no se tienen en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del prenotado requisito de inmediatez, atendiendo que la decisi\u00f3n cuestionada data del 11 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Entonces, entre dicha data (11 de diciembre de 2020) y la de interposici\u00f3n de la demanda de amparo bajo an\u00e1lisis, 16 de julio de 2021, transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses, fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
1. Se destaca que la anterior conclusi\u00f3n no sufre ninguna modificaci\u00f3n por el hecho de que la parte demandante hubiera formulado el recurso extraordinario de casaci\u00f3n respecto de la sentencia emitida por el Tribunal criticado, pues tal censura era \u00ababiertamente improcedente\u00bb contra este tipo de juicios, como lo indicara dicha Colegiatura. <\/p>\n
Sobre el particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al ac\u00e1 auscultado, de cara a la interposici\u00f3n de los remedios improcedentes a fin de justificar el presupuesto de inmediatez, esta Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
Se advierte el fracaso de este auxilio, por la desatenci\u00f3n del querellante en relaci\u00f3n con el presupuesto de inmediatez, pues entre la data del prove\u00eddo atacado, 8 de agosto de 2018, y la fecha de formulaci\u00f3n del resguardo, 17 de junio de 2019, trasegaron m\u00e1s de diez (10) meses, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad del supuesto afectado. <\/p>\n
El per\u00edodo trasegado entre tales cronolog\u00edas supera el plazo de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para reclamar la protecci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Cabe precisar que la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n no ten\u00eda la virtud de interrumpir el memorado lapso, toda vez que el citado mecanismo de defensa era abiertamente improcedente, pues las pretensiones econ\u00f3micas rechazadas por el ad quem ascend\u00edan a $612.000.000, distando por mucho del l\u00edmite m\u00ednimo del \u201cinter\u00e9s para recurrir estatuido por el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso (CSJ STC8697-2019, 4 jul. 2019, rad. 2019-01992-00). <\/p>\n
3. Lo anterior resulta suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
4 <\/p>\n
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